Denuncias póstumas de Jorge Enrique Pizano

https://www.google.com.co/amp/s/www.lafm.com.co/judicial/la-muerte-de-alejandro-pizano-hijo-de-jorge-enrique-pizano-denunciante-de-nestor-humberto%3famp

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Ejército de EEUU vs Caravana de Migrantes

Pagar el IVA y apoyar a un ladrón… “La verdad y el pobre no valen nada”

Sujetos Transformadores

Por Gonzalo Salazar

El sujeto social no puede sino cambiarse a si mismo. Aún cuando aparentemente no lo hace cuando mantiene una misma forma y respeta las mismas instituciones, el mismo orden social, por largos períodos, ello es resultado de una repetida ratificación de ese orden,  de una recreación o hechura del mismo. No hay la posibilidad de un verdadero automatismo –ni animal ni cibernético- en el sujeto social.Bolívar Echeverría – El Sujeto[1]

La división de los pueblos que promueve el capitalismo entre sectores con intereses contrapuestos o antagónicos no debe llevarnos a individualizar las luchas, a competir y a excluir, menos a subestimar, ignorar, enfrentar o agredir al otro-a u otros-as (de nuestro pueblo) pues en últimas, todas y cada una de las personas de los sectores populares tenemos derechos, necesidades e intereses comunes, cualidades y capacidades diversas que en su ejercicio libre y democrático que nos relacionan nos complementan y nos integran como comunidad, haciéndonos iguales en el tejido social. Si reconocemos ese tejido, podemos mejorar y fortalecer las fibras y nodos que lo conforman haciéndolo dinámico e inteligente, uniendo, articulando inquietudes, conocimientos y luchas construyendo una plural y diversa visión de nuestro pensar, sentir, decir y hacer, es decir, transformar nuestra realidad.

Estos sectores en algún momento deberán desaparecer como entidades establecidas por su posición económica en la sociedad de clases racista y patriarcal, para reconstruirse como comunidades diversas por sus formas de pensar, decir, hacer y sentir con respeto, tolerancia y convivencia pacífica; de hecho la tecnología “transhumanista” en desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial, dirigida por los más poderosos económicamente del capitalismo, tiende a la transformación de la sociedad partiendo de las clases y sectores sociales para “crear superhombres o superhumanos” de acuerdo a sus necesidades de dominación, donde además de la clasificación económica de la población, se definirán por categorías biológico-cibernéticas de superioridad, o sea, nuevas razas post-humanas en el capitalismo senil; desde ya se percibe la personalización de los robots androides; sin embargo, en el contexto de los países periféricos, las comunidades territoriales seguirán expresando su diversidad de problemáticas y gestionando sus conflictos internos y con el Estado en ejercicio de su autonomía.

Ninguna sociedad puede ser totalmente homogénea, pues en el capitalismo siempre existirán clases y en otras, persistirán diferencias entre comunidades que desarrollan actividades diferentes, que conviven en espacios y contextos diversos, con sus identidades,  culturas y singularidades; diferencias no exclusivamente generadas por intereses económicos dependientes de la apropiación de los medios de producción y de vida (clases), por las concepciones de superioridad étnica, sexual o cultural de unos individuos sobre otros; también pueden ser de orden político, religioso y generacional, además, cada ser individual, vivo -así sea de la misma especie- o humano, es diferente y único, pero los humanos somos culturales e históricos;  por esas diferencias, en la sociedad de clases las comunidades populares son objeto de intervención, manipulación estigmatización persecución y exterminio por los poderes facticos y por los mismos Estados, cuando las asimilan a simples entes biológicos.

En la realidad social los individuos tienen múltiples relaciones que los ubican en diferentes contextos y grupos con intereses determinados, bien como clases, como sectores de clase, como movimientos sociales, como comunidades y como pueblos; por esto, una persona puede ser parte de varios grupos humanos de los mencionados, por ejemplo una persona puede ser mujer, trabajadora, estudiante, joven o ser campesina o desempleada, pertenecer a una etnia, a un partido y a una comunidad religiosa, ser portadora de una tendencia filosófica o ideológica, simultáneamente a ser madre, esposa, compañera hermana, hija, con parentescos determinados por las relaciones afectivas y los lazos de sangre que se dan en una familia o en un hogar,-como seres sociales solo existimos como comunidad- lo que hace de las relaciones sociales un fenómeno de alta complejidad; los pueblos son tejidos dinámicos de muchos hilos que se intercomunican, tejen y complementan; esos hilos se expresan en las organizaciones, grupos, movimientos y los mismos sectores populares; por esto las organizaciones y dirigentes que pretenden cambiar la sociedad y las relaciones sociales deben comprender esta complejidad, no aislando por sectores, sino, uniendo y articulando las luchas populares por la afinidades, necesidades y objetivos comunes en momentos y espacios determinados. Definiendo con elementos propios los conceptos de comunidad y de pueblo.

Ninguna nación ni país es homogénea cultural, social ni étnicamente, en todo el planeta los humanos nos mezclamos, unimos y fusionamos culturas, porque es parte de nuestra esencia, por lo que en estos 526 años los americanos o abiayalianos hemos llevado un mestizaje múltiple de todas las culturas y genes que llegaron a nuestro territorio, especialmente en los sectores populares; si miráramos la composición genética de los colombianos, encontraríamos que más del 60% de nuestro pueblo –no la oligarquía- lleva en sus cuerpos gran parte del genoma indígena y más de 25% de los africanos (mayoritariamente en la zona norte o caribeña y la pacífica) y el resto de europeos y asiáticos. Esto nos ayuda a comprender los sincretismos, las tradiciones y los lenguajes que fluyen en esa compleja red humana que es nuestro pueblo y descubrir lo común. lo diferente, lo diverso en todos y cada uno de los sectores populares.

Los europeos invasores con su complejo de superioridad racial, fueron incapaces de ver las diferencias étnicas de los pueblos abyayalianos, nombrándolos a todos indios por igual, posteriormente, para justificar la explotación y la esclavitud, identificaron como negros  a todos las personas africanas sin importarles la etnia o el pueblo al que pertenecían; esa visión occidental persiste en la mentalidad colonial que la oligarquía se ha preocupado por mantener mediante la política, la educación, la religión y la propaganda mediática, por esto la izquierda eurocentristano ha podido comprender la diversidad de nuestras comunidades y sectores populares para unir al pueblo y construir un fuerte movimiento cultural transformador.

De esta manera el Poder Popular es objetivo estratégico y praxis cotidianaen todos los ámbitos en que se desempeñen los humanistas y revolucionarios, es la forma de caminar de los pueblos libres, pues mientras exista lucha de clases, autoritarismo y patriarcado, es necesario construir y mantener formas democráticas de Poder Popular que los extinga, esta forma no solo incluye economía, autonomía y cultura propias, igualdad de géneros, sino, formas de justicia y de defensa propias en sus comunidades, proyectos y territorios, porque el poder legítimo y la soberanía radican solo en el pueblo cuando este los hace respetar, por lo que este poder no se delega, se ejerce. Diferente al poder del Estado que sí se toma, administra, se monopoliza y controla por los grupos interesados en ejercer dominación sobre el resto de la sociedad

Los sectores populares no solo deben actuar local, regional y nacionalmente, deben plantearse prácticas autonómicas y definir políticas para todos y cada uno de los espacios y momentos políticos, e incidir en el ámbito internacional. Si realmente queremos un mundo nuevo, los movimientos las comunidades autónomas, necesitan romper con la institucionalidad estatal, con los modos de pensar y hacer capitalistas; incluso con los conceptos de democracia, política, derecha e izquierda occidentales; prescindir de la dependencia política, económica y o ideológica de ONG nacionales e internacionales y de grupos y partidos políticos, incluidos los de izquierda, sin que esto signifique aislarse o definir como enemigos a estas organizaciones. Sin embargo, algunas organizaciones y comunidades que se movilizan contra el imperialismo, por soberanía alimentaria, en defensa de identidad y territorio, siguen dependiendo de la ayuda internacional para sus proyectos productivos y culturales, suministrada a través de ONG y de instituciones como la contrainsurgente e imperialista USAID.

El dominio ideológico que ejerce la oligarquía a través de sus instituciones (educación, religión, fuerzas represivas) Medios Masivos y programas asistenciales sobre los sectores más empobrecidos de la sociedad, hacen difícil la construcción de otros imaginarios para cambiar sus realidades; nuestros campesinos en su inmensa mayoría son conservadores política e ideológicamente, los y las obreras también en su mayoría permanecen en la ignorancia política, obedeciendo al empresario y al Estado, luchando solamente por el empleo y el salario; los profesionales y las clases medias viven aterrorizados ante las posibilidades de un cambio estructural, creen que pueden perder sus bienes y su bienestar, aunque vivan endeudados y tengan que aparentar lo que no son y lo que no tienen, casi todos viven para trabajar.

En la actual sociedad las mujeres y los hombres por lo general son igualmente autoritarios, individualistas, patriarcalistas, aunque en los sectores populares se expresan más la solidaridad y la fraternidad. Con todas sus luchas y su heroísmo, algunas comunidades indígenas siguen esperando que el estado respete sus culturas y territorios, que los defienda de los terratenientes, los narcotraficantes y las transnacionales depredadoras, -los mismos a quienes el Estado defiende, con quienes hace todo tipo de negociosdiscreta y secretamente-; quieren que los politiqueros y las ONG les ayuden a superar su miseria; igualmente lo hacen y piensan muchas comunidades negras, esperando que algún gobierno las saque de la pobreza, que no los discrimine, que les dé empleo, salud y educación, que les reconozca sus valores culturales, así también actúan los pobres de las ciudades, quienes también en su mayoría viven esperando las elecciones a ver que le sacan a los politiqueros a cambio del voto, puede ser un tamal, un bulto de cemento, una beca o un trabajo para uno de sus hijos;solo a los marginados sumisos, a los nihilistas, a los escépticos sociales, a los propietarios de la riqueza usurpada, no les importa su situación.

La mayoría de las personas que componen nuestros sectores populares, aunque reconozcan sus problemáticas y necesidades, temen salir de sus espacios de “confort”, de su jaula, pues en 526 años nos acostumbramos al terror del colonialismo, al oscurantismo religioso, a la ignorancia, al conformismo, al autoritarismo contenidos en la cosmovisión eurocéntrica cristiana-patriarcal occidental que nos ha sido impuesta durante este tiempo con la ideología de la sumisión y la incapacidad para tomar decisiones propias.

El propósito de este trabajo es reconocer estas realidades para que encontremos las formas de cambiarlas desde nuestros sectores sociales, desde nuestras comunidades, desde nuestros territorios, -en la localidad, la provincia, la región- fortaleciendo nuestras culturas con principios y valores humanistas, construyendo en conjunto una visión de mejor país, luchando por hacerlo una realidad; para ello, iniciamos acercándonos a los conceptos de Conocimiento y Progreso, haciendo énfasis en Cómo Pensamos y Sabemos, en la primera parte de este texto, y tratamos de acercarnos a los grupos humanos y comunidades que integran el pueblo colombiano, nombrando los más activos, los ancestrales, los raizales, (que han sido invisibilizados por el Estado y la oligarquía) los y las productoras/es y reproductores/as, quienes aportan su fuerza física, mental y creativa en la ciudad y en el campo, y que son las bases de nuestra identidad diversa nacional.

Para el objetivo propuesto, en anteriores capítuloshemos tratado las principales problemáticas que afectan a los sectores populares en sus economías, en su bienestar, en su libertad y culturas; allí los encontramos como protagonistas, como víctimas, como sujetos transformadores, con sus manos y pies, con sus sueños, con sus luchas particulares, parciales y comunes, dispuestos a emprender la tarea de recuperar la solidaridad, la libertad y la dignidad. Continuamos con una corta presentación de cada uno de estos sectores.

Gonzalo Salazar, noviembre 7 de 2018

[1] Definición de la cultura/Bolívar Echeverría—2ª — México: FCE, Editorial Itaca, 2010

En Colombia marcharon el diez de octubre por el futuro

Por: Ricardo Robledo

Si bien es cierto que se escucharon muchas voces para que no le metieran “política” a la marcha por la defensa de la educación pública, los estudiantes y demás asistentes, marcharon políticamente porque le expresaron al gobierno un pensamiento sobre la forma en que debe manejarse la educación en el país. Pero no lo hicieron a nombre de ninguna organización política en particular.

Los condicionamientos y acciones reales deben conducir a reflexiones a todos los involucrados en el evento; tanto a los supuestamente apolíticos, como a las diversas organizaciones de izquierda. Lo que se entiende es que los promotores no querían que se le pusiera un sello, como una acertada medida contra la politiquería que también invade a los diversos sectores de la izquierda. O sino considérese esta nota que circuló por las redes, como un comentario posterior a la marcha:

No se discute que deben existir acciones de confluencia para cambiar la historia en los momentos favorables y posibles, pero como un resultado de un trabajo de concientización con todos sus requerimientos, avances y tropiezos. En el fondo del meme, se expresa un lamento por no poder convertir ese volumen de marchantes, en pequeñas fracciones de votos de propietarios.

Es necesario tener siempre en cuenta que en todo proceso, existen los opositores, los neutrales y los que le son favorables. En este caso, los asistentes marcharon en defensa de la educación pública -acción de por sí ya política- pero si se quiere dividirlos en votantes, se encontrarían los de derecha, los indiferentes, los que cambian de acuerdo con el momento y los de izquierda.

Entre estos últimos se consideran como parte, a los nihilistas; es decir, aquellos a quienes no les gusta nada, no proponen nada, no hacen nada y protestan y protestan, de tal forma que si existiera un gobierno democrático y popular, estarían en la calle protestando. Luego, se abren las diversas fracciones de las sectas: los seguidores de Mahoma, los cristianos, los testigos de Jehová, los pentecostales, los neopentecostales, los ortodoxos, los sintoístas, los budistas, los talibanes, los adoradores de mokuma. Todos, seguidores de un solo dios verdadero: el propio, que ven como impíos despreciables a quienes profesen otras creencias y no se someten a las propias. Y así, es muy difícil obtener votos unificados para otro dios aceptable por todos y protector de todos.

Es muy difícil convertir en votos a todos los asistentes a una marcha “apolítica” que no sigue mi línea; es muy difícil aceptar las condiciones de los movimientos; es muy difícil obedecer; es más fácil imponer lo mío e ir por lo mío. Al parecer la democracia es algo “para el día después”; pero una verdad es que ella se construye a partir del aprendizaje de su aplicación diaria. A aquellos que la atropellan, no es posible creerles que tienen una propuesta democrática para el país.

Para algunos la revolución es que miles, vestidos con boina y camisa rojas, perfectamente alineados, desfilen bajo la axila de mi brazo izquierdo extendido. Pero lo que se espera realmente es el avance de personas libres, capaces de construir una sociedad feliz en la que puedan desarrollar sus proyectos de vida como resultado del establecimiento de relaciones de respeto entre los seres humanos en todo el mundo, sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y de vida digna.

En todas partes del mundo se encuentra una humanidad oprimida y si no nos unimos todos los revolucionarios, nos van a seguir picando, particularmente en Colombia, el país de las masacres. Las derechas están mostrando como nunca, que el estado y sus instituciones es una herramienta de la lucha de clases, el mecanismo por el cual una clase oprime a otra. No es extraño, entonces, encontrar una fiscalía politizada y utilizada como medio contra los opositores al abusivo orden burgués, que ha visto cómo sus propias teorías democráticas pueden ser usadas como instrumentos revolucionarios, cuando se clama por el respeto a la democracia, a las instituciones, a las constituciones y al derecho a la vida digna.

En todo el mundo la misma derecha va rompiendo el orden constitucional; creen ganar con sus arbitrariedades contra los ciudadanos, pero ante el desprestigio social que esto genera, realmente se van quedando con el cascarón de sus instituciones. Los pueblos irán creando su propia institucionalidad y así las bases para nuevas formas de organizar las relaciones sociales.

Por eso en el mundo se enfrentan grandes contradicciones y el fundamentalismo se soporta en incoherencias. Es la lucha de lo nuevo contra lo decadente. Así se crean inestabilidades. Pero, ni la guerra ni la paz, se mendigan. En Colombia, los narcotraficantes y su anexo, la oligarquía, que conforman el gobierno de derecha, le mendigan la guerra al imperialismo contra los pueblos latinoamericanos; y la izquierda le mendiga la paz a esa triple alianza, como si la paz no fuera una necesidad y un derecho constitucional de todos los pueblos. No se puede seguir siendo una izquierda tan ingenua y obediente.

Octubre 31 de 2018

Análisis sobre la corrupción (Dagoberto Gutiérrez)

Aldeas De Prisión

Por Gonzalo Salazar

Las ciudades, creación de los pueblos sedentarios en todas las latitudes, en todos los tiempos, el capitalismo las convirtió de aldeas, en inmensas cárceles llenas de todo tipo de aparatos de sistemas de vigilancia, control y represión, en urbes con millones de familias, que en su mayoría sobreviven hacinadas en estrechas casas y apartamentos, muchas en las calles o debajo de los puentes; urbes productoras de basura, contaminación ambiental y miseria, territorios de desigualdad y violencias, en las que las máquinas y las personas se mueven a velocidades vertiginosas, donde nadie conoce a nadie, donde sus habitantes son sospechosos entre sí, rompiendo los lazos afectivos y solidarios de las familias y las comunidades, donde los ciudadanos compiten por todos los medios para llegar a las metas que les impone el mercado sin lograrlo, perdiendo la dignidad y la esperanza.

Desde que surge el capitalismo se generan desplazamientos de las áreas rurales a las periferias urbanas, donde  desde el inicio de la primera Revolución Industrial se instalan los talleres y las fábricas, pues la dinámica de la producción industrial mecanizada, luego automatizada hasta los 60 del siglo pasado, y ahorasistematizada-robotizada haciendo necesaria la concentración cada vez más elevada de la población en las ciudades, ya no en las metrópolis sino, en las periferias,como fuerza de trabajo para los procesos productivosindustriales (que se reduce con el desarrollo tecnológico) y en el caso de desindustrialización de nuestro país, para el comercio y la prestación de servicios, que ocupan millones de brazos y cerebros,(el proletariado) que a la vez ejercen como consumidores masivos de la producción masiva global, lo que implica la disposición de infraestructuras y servicios que la sociedad citadina  requiere; dejando en los campos la mano de obra “necesaria” para la agricultura, que también se automatiza e intensifica en los grandes feudos agroindustriales.

Las consecuencias de esos procesos se evidencian en el desarrollo de megaciudades o megalópolis con más de 10 millones de habitantes como Ciudad de México, Bombay o Buenos aires, que llevan consigo hacinamiento, dificultad en la movilización de la población trabajadora, altos índices de desempleo, de delincuencia, de corrupción, de concentración de la riqueza en muy pocas personas y la multiplicación de la pobreza en lasperiferias,

En la primera década del siglo XX, en los países del centro capitalista el 20% de la población era urbana y en los países de la periferia tan sólo el 5% residía en las ciudades. En 1950, el promedio mundial de la tasa de urbanización alcanzaba el 29,1%; en 1980 subía diez puntos y llegaba a 39,2%, y en 2008 la población urbana supera por primera vez a la población rural. Se prevé que para 2050 el 70% de los habitantes del planeta se concentrarán en las ciudades. El caso de China es paradigmático de como los procesos de urbanización alcanzan ritmos cada vez mayores, pues la tasa de urbanización de ese país entre 1963 y 2003 pasó de 17 a 39%, es decir que en cuarenta años, según Naciones Unidas, tuvo un cambio que demoró en Inglaterra 120 años y en USA 80.[1]

Junto a la pobreza y el desempleo, la falta de vivienda digna es uno de los principales problemas de los sectores populares más deprimidos económicamente en las grandes ciudades del país. El crecimiento de las ciudades en Colombia, en los últimos 60 años se multiplica geométricamente década tras década, por el desplazamiento violento de campesinos, que hacen todo tipo de terratenientes legales e ilegales y las Transnacionales, además de la migración “voluntaria” generada por el espejismo de las ciudades, ante la falta de estímulos a la pequeña y mediana producción agropecuaria.

Los inmigrantes pobres, desplazados  y destechados se ubican en tugurios en zonas marginales, mediante tomas de tierras, llamadas por los medios y los terratenientes urbanos “invasiones”, zonas de alto riesgo en laderas y a orillas de caños y ríos (convertidos en cloacas) con paredes de plástico y techos de cartón; donde no llegan los beneficios de ese inmenso desarrollo científico, industrial, tecnológico, que por el contrario, los excluye de una vida digna, libre y feliz. Prácticamente más del 40% del crecimiento demográfico y urbanístico de las cinco grandes ciudades desde los años 60 hasta hoy, se da en base a estos asentamientos. Territorios que se expanden aglutinando a cientos de miles, hasta millones de personas como el Distrito de Aguablanca en Cali y Ciudad Bolívar en Bogotá, creando ciudades dentro de las ciudades, agrandando otras intermedias como Villavicencio y Pereira.

Es de resaltar la importancia de los sectores populares en la construcción de ciudades, pues realmente la expansión urbana desde mediados del siglo XX se origina en la recuperación por los sectores populares desplazados destechados, de espacios para hacerse a un techo; pequeños y grandes asentamientos que en pocos años se convierten en barrios periféricos hoy llamados informales, donde sus habitantes inicialmente con sus escasos recursos ubican vías de acceso, fuentes de agua, canales de aguas servidas, líneas de electricidad, sitios para una pequeña escuela y un puesto de salud, infraestructura precaria que estas comunidades tratan de mejorar con la movilización que exige al Estado adecuación y mejoramiento de servicios domiciliarios, y derechos a la salud y la educación, cuando no se exige la reubicación habitacional de las familias en inminente riesgo por la topografía o la inestabilidad de los terrenos. Aunque esta tendencia ha disminuido, el movimiento por vivienda digna no ha desaparecido, al contrario, se hace más vigente y necesario fortalecer con iniciativas y alternativas asociativas y solidarias de autoconstrucción, de defensa de la vivienda digna y de sus territorios constituidos. En los 70 y 80 se darían asentamientos al oriente el Rodeo, al sur occidente como Villa Laguna, continuados en Aguablanca con el Pondaje, Yira Castro, Comuneros (Siloé en los 50 y Terrón Colorado en los 60) en Cali; una gigantesca ola que después de los Juegos Panamericanos, (la más grande infraestructura construida en la ciudad en el siglo XX), multiplicó el número de habitantes, la mayoría venidos de regiones vecinas

Desde los 50 el estado trató de implementar una política de vivienda popular a través del Instituto de CréditoTerritorial, ICT (1939) y del Banco Central Hipotecario (1932) con planes dirigidos por el Estado, en base al ahorro, las cesantías y el subsidio familiar (de las Cajas de Compensación Familiar) que incluía proyectos de autoconstrucción, planes de mejoramiento de vivienda y compra de vivienda nueva y usada subsidiada, luego el Estado y los constructores privados realizaron complejos como Ciudad Kennedy en Bogotá (parte del plan contrainsurgente Alianza para el Progreso), Modelia, Madelena (Mazuera), y se vendieron lotes para autoconstrucción en lo que se llamó Unión de Vivienda Popular, urbanizaciones como Vipasa al norte y Villa del sur en Cali.

Fue unaépoca de crecimiento industrial y de violencia terrateniente en los campos. Posteriormente viene el gran movimiento por la vivienda con experiencias como el Distrito de Aguablanca y Ciudad Bolívar (contaron los habitantes de los nuevos barrios en sus épocas con solidaridad y dirección de sectores de izquierda), a la par del crecimiento de pequeñas ciudades como Soacha y Bosa en Bogotá, Itagüí y Bello en Medellín anexadas a estas capitales. En este proceso se infiltran los acaparadores especuladores inmobiliarios de terrenos públicos, ejidos, cerros y bosques aledaños, además de los politiqueros de turno, promoviendo la construcción informal y precaria de vivienda, en los que se paga a invasores profesionales (urbanizadores ilegales) para que ilegalmente vendan lotes a ingenuos destechados que adecúan servicios públicos y vías de acceso, hasta que aparecen los propietarios de los lotes o vuelven los grandes urbanizadores privados a comprar las mejoras o a expulsar jurídica y violentamente a los pobladores para ejecutar grandes proyectos fraudulentos en connivencia con funcionarios del Estado, hechos que se dan en las capitales departamentales, especialmente en el Distrito Capital.

Independiente del Estado se generaron programas de vivienda popular, desde asociaciones Provivienda -en algún tiempo promovidas por sectores de izquierda-  y cooperativas en varias ciudades del país, casas con patios y espacios suficientes para más habitaciones, realizados con los ahorros de los beneficiados, con bajos o nulos intereses. Sin embargo en muchos barrios que se construyeron con gran esfuerzo y sufrimiento, no solo de necesidades y presión judicial, sino también de la represión policial y paramilitar, sus dirigencias -serviles de politiqueros- y hasta comunidades enteras se han dejado influenciar por politiqueros -que les llevan miserables programas de asistencia-, y narcotraficantes, convirtiéndose en defensores del régimen, olvidando sus luchas y a sus dirigentes caídos en estos procesos,  cambiando los nombres, como en el caso del sector Los Comunerosde la ciudad de Cali, que fue dividido en varios barrios, llamando a uno de estos Laureano Gómez (el tristemente célebre genocida).

A partir de los 80 el narcotráfico irrumpe incrustándose en todos los sectores de la economía nacional, encareciendo la vivienda, pues compraba a cualquier precio todo tipo de inmuebles, participando en el mercado inmobiliario y de la construcción, en el que el sector financiero y constructor se beneficiaron con el incremento del valor de la tierra y la demanda de materiales para vivienda suntuosa, Por otro lado, hasta los 80, los trabajadores sindicalizados de algunas empresas (públicas y privadas) lograron sostener en sus Convenciones Colectivas aportes para mejoramiento, consecución y/o construcción de vivienda a través de fondos y préstamos concertados con los empresarios, sin  o con muy bajos intereses, utilizando parte de sus cesantías.

La lucha por la vivienda digna hoy va unida a la lucha por el territorio como espacio de autonomía, de realización integral, individual y colectiva de los sectores populares urbanos, pero también de los rurales. Miles de familias en las ciudades pasan sus vidas, generación tras generación pagando arriendo por pequeños apartamentos (de una o de 2 habitaciones) donde sobreviven hacinadas familias numerosas, porque sus presupuestos no les alcanzan para acceder a un plan de Vivienda de Interés Social o Prioritario.

Con la apertura neoliberal la Vivienda de Interés Social pasó de ser un derecho fundamental de las familias, una preocupación del sector solidario y una responsabilidad del Estado, a un gran negocio de las grandes constructoras y del sector financiero a través de las Corporaciones Financieras de Vivienda con grandes proyectos de miles de soluciones habitacionales que los beneficiarios pagaban durante 10 o 15 años, hasta los 90, cuando el capital financiero asume la totalidad de la política de vivienda, quedando el INURBE, antiguo ICT, relegado a sirviente de las constructoras y de los bancos; quienes empezaron a diseñar tipos de vivienda para estratos bajos, reduciendo los espacios, multiplicando el valor de la vivienda popular, esclavizando a los deudores con la UPAC -cuyo principal componente era el alto interés progresivo- que luego llamarían UVR. Con la privatización de la banca pública, se acabó con el derecho a la vivienda como compromiso del Estado, con los proyectos de ahorro y vivienda del sector cooperativo, quebrando y liquidando las cooperativas de ahorro y crédito y financieras, mientras las Cajas de Compensación Familiar se convertían en empresas privadas (fueron dirigidas y administradas por representantes de empresarios, trabajadores y del Estado)  al servicio de los bancos y las constructoras.

El desarrollo de nuestras ciudades  se realiza alrededor de los centros comerciales, las modernas catedrales o cavernas, como lo dibuja Saramago, que acabaron con las populares plazas de mercado, incluso en las pequeñas ciudades, desarrollo “planificado” de vías, infraestructura de servicios y suntuaria de los nuevos modelos de desarrollo urbanístico ordenado por las instituciones financieras internacionales, definiendo prioridades en áreas determinadas para estratos 4, 5 y 6, con la infraestructura de servicios y de comunicaciones integrados a los proyectos, mientras para los estratos “bajos”, se ejecuta en sitios de riesgos ambientales o naturales, sin la infraestructura adecuada o debidamente terminada, lo que propicia la actividad clientelista y demagógica de los politiqueros, que prometen la terminación o ejecución de las obras necesarias y complementarias en los sectores populares, que nunca se realizan; mientras se monopoliza la producción de cemento y de acero y se instalan hipermercados (tipo Home Center) con todos los materiales y servicios para la construcción en los polos de desarrollo urbanístico planificado para los estratos altos y medios; iniciativa que acaba con los pequeños distribuidores, monopolizando el mercado de los materiales de construcción.

En los nuevos diseños urbanísticos los centros de educación, de salud y culturales se establecen alejados de los barrios populares, donde vive la mayoría de los trabajadores. Después de los 90 los negociantes de la salud y la educación diseñaron áreas específicas para estos negocios, las llamadas Ciudadelas de la salud de propiedad privada que cuentan con infraestructura, logística, tecnología de última generación y personal médico y profesional de alta formación y, las ciudadelas de la educación, que privatizan este derecho y excluyen a los niños, niñas y jóvenes de los sectores empobrecidos en la disputa por un cupo de la mal llamada ampliación de cobertura, mientras las instituciones universitarias se localizan en los suburbios de estrato 6 en las grandes capitales. Las secretarías de desarrollo urbano y o de vivienda y medio ambiente trabajan para los terratenientes urbanos y los centros comerciales, más que para resolver los graves problemas sociales. Las políticas de vivienda y medioambientales están siendo privatizadas desde los 80 con la creación de empresas e institutos de desarrollo o de renovación urbana, entes prácticamente descentralizados e independientes que planifican y definen con los terratenientes, las constructoras, los bancos y los grandes comerciantes los proyectos urbanísticos, la infraestructura, los POT y los Planes de Desarrollo.

El diseño y la planificación de la ciudad y de la vivienda popular, aprobados por las administraciones (concejos y alcaldías) locales y/o por el gobierno nacional mediante los POT, los Planes de Desarrollo, Planes de inversión Pública y privada, no consultan las opiniones ni las reales necesidades de los supuestos beneficiarios o afectados, son los tecnócratas al servicio del sector financiero, de la construcción, de las inmobiliarias y de infraestructura, los que dirigen y determinan la viabilidad, los tamaños, los lugares, los entornos sanitarios y ecológicos, la composición y costos de las soluciones habitacionales. Las políticas de desarrollo y renovación urbana en la actualidad obedecen a los objetivos macroeconómicos del sector financiero y extractivista para un país desindustrializado reprimarizado.

Por otro lado, muchas familias que con gran esfuerzo adquirieron sus casas o apartamentos, al perder sus empleos o quebrar sus pequeños negocios, no pueden pagar las cuotas o se retrasan, sus casas son rematadas, sus familias desalojadas violentamente (con el ESMAD) por órdenes de jueces corruptos que obedecen a los bancos y a las agencias inmobiliarias, terminando en la indigencia o desintegradas las familias ante la imposibilidad de obtener los recursos para pagar el arriendo o la cuota del préstamo, pues aun quitándoles sus viviendas, los financieros les siguen cobrando con intereses multiplicados. El poder del sector financiero ha hecho del hipotecario urbano el mejor negocio especulativo, como lo hacen los políticos corruptos y multimillonarios como los jóvenes Uribe, pues estos sectores determinan la viabilidad financiera del Estado, disponiendo del ahorro de las familias y dejando a millones de ellas en la calle, como también ocurre en EE.UU. España y otros países (crisis financiera inmobiliaria de 2008).

La arquitectura en las viviendas de interés social –estratos 1, 2 y 3- reduce cada vez más el espacio vital, acortando la visión de larga distancia, violando la intimidad de las personas por las paredes (y pisos en los edificios de apartamentos) pues son tan delgadas que no alcanzan a aislar los sonidos; en los edificios de apartamentos no se puede correr un asiento porque se despierta a los del piso de abajo; los patios internos casi no existen, ellos garantizan aire, luz y salubridad. La vivienda digna es un privilegio difícil de adquirir para las familias pobres de cinco personas que disponen de menos de cuatro salarios mínimos, pues las viviendas para los trabajadores de las ciudades son estrechos dormitorios de no más de 3 habitaciones y 40 m2 de área construida; realmente los proletarios en su mayoría salen al amanecer y regresan cansados en la noche, sin posibilidades de disfrutar un espacio amable propio con sus familias, mientras las ciudades colombianas siguen creciendo en detrimento del campo y de los pequeños pueblos aledaños. Millones de familias, la mayoría desplazadas por la guerra, sobreviven hacinadas en pequeñas áreas; tugurios de cemento, carentes de espacios verdes, con servicios deficientes, con infraestructura a medias, con  centros de esparcimiento, cultura y recreacióndeficientes, con calles tan estrechas, que escasamente pueden transitar los peatones. Sin embargo, millones de familias no tienen ni techo ni suelo donde dormir y criar sus hijos digna y cómodamente.

Tanto la academia como las instituciones del estado, en materia de vivienda, han clasificado el déficit en dos categorías: déficit cuantitativo, que corresponde a las necesidades de vivienda para quienes no la poseen en propiedad, y cualitativo para quienes la tienen, pero con deficiencias que requieren reparación, ampliación o mejoramiento; sin embargo, no se tiene un inventario real soportado en un censo veraz familia por familia, especialmente en las grandes ciudades, pues los desplazamientos y migraciones con acogida en las periferias (barrios, suburbios y municipios de áreas metropolitanas) donde se incrementan el hacinamiento y los asentamientos llamados subnormales, que no son cuantificados en su totalidad.  Tampoco se tienen en cuenta los desplazamientos internos generados por los planes de renovación y la construcción de infraestructuraurbanas (ampliación de vías, construcción de puentes, centros comerciales y espacios para la recreación).

En todo el país hacen falta más de 2 millones de viviendas, además de las 500.000 prometidas por el gobierno (sin incluir las zonas rurales) adecuadas a las necesidades de las familias de los estratos 1, 2 y 3. El déficit de vivienda pasa sobre un millón de unidades en las cinco principales ciudades del país para estos estratos.

El déficit de vivienda en Colombia, afecta al 31% de los hogares. El gobierno reconoce que el déficit alcanza los 2,3 millones de unidades habitacionales, de las cuales 1,5 equivalen a la diferencia entre el número de hogares y unidades de vivienda (déficit cuantitativo) y 800.000 corresponden a aquellas susceptibles de ser mejoradas en términos de calidad y servicios (déficit cualitativo).[2]

Ante esta realidad el gobierno de turno saca de su sombrero mágico una emergencia electorera, desviando la atención sobre el principal problema de las ciudades: entregar viviendas gratis en todo el país a 100.000 familias (desplazadas, desempleados e indigentes)  que no obtienen ingresos suficientes para alimentarse y que en el momento que reciban sus “casas” pasarán a ser deudores de impuestos y usuarios de servicios públicos, cargos que obligan a estas familias sin recursos a vender o entregar sus casas; esto es burlarse de las necesidades de la gente pobre; estos planes de vivienda popular para ser viables, deben contar con planes de seguridad social y oportunidades de empleo o de generación de ingresos suficientes para sostener a los hogares beneficiados, además de los espacios, servicios y comodidades suficientes para el óptimo desarrollo físico, sicológico y social de sus habitantes. A finales de 2014 el gobierno lanza otra propuesta demagógica, construir 400.000 soluciones de vivienda para los estratos 2, 3 y 4 supuestamente subsidiando la cuota inicial y una parte de los intereses, mientras permite que el sector financiero expropie violentamente a los miles de deudores morosos, que en muchos casos ya han pagado más de dos veces sus casas.

En el país no existe una justa política de vivienda y desarrollo urbano (Planes de Desarrollo Social Urbano, diferentes a los POT) concertada con las comunidades destechadas de acuerdo a sus necesidades, en las que ellas mismas puedan diseñar y construir sus barrios y definir sus entornos ecológicos (también conjuntos de apartamentos de varios pisos), planes que incluyan la infraestructura vial y de servicios sociales como salud, educación académica y profesional dentro de sus territorios; que doten de espacios comunitarios adecuados para la cultura y la recreación, de servicios públicos domiciliarios, que ofrezcan oportunidades para desarrollar actividades de  generación de ingresos por las propias comunidades, o garantizarles por el Estado posibilidades de empleo digno cerca a sus hogares. Planes locales de vivienda que puedan ser ejecutados entre un Estado realmente democrático o en transición y las comunidades beneficiarias con asesoría de profesionales humanistas de la arquitectura y la construcción, no de los bancos ni de organismos como el Banco mundial. La vivienda digna es un derecho fundamental como la salud y la alimentación que se debe garantizar a todas y cada una de las personas y familias del país.

Se ejecutan proyectos de vivienda diseñados, dirigidos, financiados por los terratenientes urbanos, las grandes firmas constructoras y las corporaciones bancarias financieras para las clases medias, de las que se aprovechan los grandes inversionistas inmobiliarios, acaparando y encareciendo el mercado de este sector, planes que muchas veces no incluyen el factor ecológico ni espacios recreativos adecuados; simultáneamente se construyen en los suburbios inmensas mansiones con más de 200 mts2, con la moderna domótica, (casas que prácticamente operan automáticamente)  con múltiples y amplias habitaciones para que duerman familias de tres o cuatro personas con mucho poder económico.

En algunas zonas del país el mercado de la vivienda popular se ha dinamizado en los últimos 20 años con los ahorros que hacen los trabajadores y trabajadoras que emigran a los países del norte a esclavizarse por el mejor estar de sus familias, especialmente del Eje Cafetero y del Valle del Cauca. En 2011 el 10% de la compra de vivienda en Colombia se hizo con dinero de las remesas que hacen los colombianos en el exterior a sus familias dijo a Efe Eduardo Loaiza Posada, gerente de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) en 2012. El sector de la construcción de vivienda es el más dinámico, aportando el 5.7% del PIB en 2011 (Banco de la república) empleando 1´228.000 trabajadores, con una tasa de ocupación del 58.1% de la fuerza de trabajo, para el trimestre mayo-julio de 2014; por otro lado, en 2005 el déficit de vivienda fue de 624.441 en las cuatro principales ciudades (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla)Según el Isvimed, Medellín en 2017 tenía un déficit cuantitativo de 32.481 viviendas correspondiente al 3.04% y cualitativo de 51.408, equivalente al 6.46%  [3]. La falta de vivienda popular en Bogotá pasa de las 300 mil soluciones, “…con una oferta cada vez menor de vivienda para los sectores de menores ingresos, pues mientras que al inicio de 2008 la oferta de vivienda de interés prioritario (VIP) representaba en promedio el 10% de la oferta total de vivienda, en diciembre de 2011 descendió a su nivel más bajo con una participación de apenas el 2% del stock disponible. En el 2012 representaron apenas el 5% del mercado, según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)”[4].

La crisis de la vivienda en Colombia tiene varios componentes generadores de desigualdad y pobreza en los sectores populares y de inmensa riqueza para las constructoras y el sector financiero:

  • La concentración y especulación de la tierra por los terratenientes urbanos
  • la monopolización de los materiales de construcción como el cemento el ladrillo y el acero, más el IVA que los encarece.
  • El creciente poder de los monopolios de la construcción,
  • La monopolización del sector financiero inmobiliario, la especulación, la devaluación del peso y el aumento de las tasas de interés (UVR), que impiden el acceso al crédito a los más pobres
  • La incapacidad del Estado para diseñar y aplicar una política más equitativa en materia de vivienda, desarrollo urbano, y medio ambiente
  • El desempleo, los bajísimos salarios y la escasa capacidad económica de las familias para adquirir su propio suelo y techo

El problema de la vivienda pasa por varias alternativas que tienen que ver por un lado con los espacios disponibles dentro de los perímetros de las ciudades; con una reforma urbana democrática que regule y ordene la propiedad privada, estatal y comunitaria del suelo para la construcción de los estratos 1, 2 y 3; las formas de construcción horizontal y o vertical; por otro lado, las opciones posibles para descongestionar o congelar la cantidad de habitantes, mejorando la calidad física y ambiental de las habitaciones en las grandes ciudades. La primera parte es la que el Estado trata de solucionar con proyectos, entregando al sector privado la planeación y ejecución de los mismos con grandes costos sociales y ambientales que densifican la población por metro cuadrado, que es la forma predominante en los últimos 60 años. La segunda es la que se viene utilizando en la planeación en los suburbios y la distribución de la población en municipios y áreas cercanas como viene ocurriendo en la Sabana de Bogotá, Medellín y Cali con proyectos para estratos  4, 5 y 6, -con polos de desarrollo en torno a infraestructura, logística, comercial y de servicios estilo ciudadela- generalmente al norte o al sur, que terminan expandiendo las urbes, como en Cali, extinguiendo las lagunas y humedales (que alimentaba el rio Cauca), acabaron con las lagunas: El Pondaje, Aguablanca y Charco Azul, además de una serie de corrientes superficiales y subterráneas. Igual sucede en Bogotá, donde la expansión urbanística ordenada por el sector financiero y constructor, atenta contra los pocos humedales (La Conejera y la reserva forestal Thomas Van Der Hammen) que aún sobrevive, lugares donde se produce y mantiene agua, donde aún existe gran parte de la biodiversidad de la sabana, como los santuarios de aves migratorias,contra los cerros orientales, donde cortan la roca para construir grandes edificios de apartamentos para estratos 5 y 6.

En un proceso democrático de acceso a la viviendapopular digna (dirigido por un gobierno democrático o de transición) se podría no solo ampliar los espacios de la vivienda familiar en las grandes ciudades brindando las mismas comodidades de los estratos altos con los servicios, la infraestructura, vías y logística adecuados, garantizando facilidades de acceso a medios de subsistencia o de generación de ingreso en actividades productivas y de servicios,preferencialmente  edificios de apartamentos de más de diez pisos.

Una alternativa democrática al hacinamiento en las grandes ciudades se puede viabilizar con la conformación voluntaria de organizaciones o asociaciones de los sin techo ni trabajo, que amen la ecología y la agricultura, que estén dispuestos a regresar o a emigrar al campo, a cambiar sus zonas de residencia a áreas semi-rurales y sus actividades económicas en territorios distantes de las grandes ciudades, concretamente a zonas agropecuarias y o agroindustriales (Zonas de Producción Agroalimentaria Populares) que contarían además de la tierra suficiente para producir lo necesario para la subsistencia, con la infraestructura para todos los servicios básicos domiciliarios y agropecuarios además de salud, educación (hasta la formación profesional), recreación y actividades artísticas; estos proyectos incluirían a los sin techo ni tierra del campo en las localidades objeto, sería crear nuevas aldeas o pequeñas ciudades realmente planificadas, de 10.000 a 100.000 habitantes, contando para ello con los conceptos y las decisiones de las comunidades campesinas de esos territorios, dentro de un ordenamiento democrático del territorioo Plan de Desarrollo Social Urbano-rural, diferente a los actuales POT,concertado con las comunidades locales y adaptados a sus Planes de Vida Comunitarios; esto implicaría necesariamente la realización simultanea de las reformas agraria y urbana democráticas, que provea colectiva y equitativamente la tierra para los nuevos habitantes y productores en cada localidad y región o territorio donde se pueda implementar esta política, iniciativa que la puede desarrollar un gobierno democrático popular o de transición hacia el bien vivir.

La solución alafalta de vivienda digna para los más pobres no puede estar únicamente en los programas o políticas que el estado capitalista diseña y ejecuta, menos en los monopolios financieros y de la construcción, pues persiste el interés económico sobre el social, que se refleja en los conceptos estrechos de espacio vital, calidad y comodidad que las clases dominantes tienen para el bienestar de las familias trabajadoras. Tiene que surgir de los propios sectores sociales implicados en esta problemática, no solo luchando contra las tasas de interés, por la renegociación y condonación de los créditos, también por la calidad y la comodidad de la vivienda nueva (que puede utilizar materiales autóctonos alternativos y tecnologías sencillas y eficientes, no necesariamente ladrillo, cemento y acero) y mejoramiento en los sectores más pobres, por la dotación eficiente de servicios e infraestructura. Necesita de propuestas y alternativas, de confrontar al Estado por una política de beneficio social con participación decisoria de las comunidades y de los sectores populares destechados, apoyo del sector solidario cooperativo y unidad política con todos los sectores populares.

El movimiento por la vivienda digna resurge, no solo con la toma o invasión de predios baldíos, incluso viviendas y edificios abandonados (ocupas), sino también por acceder al subsidio o para adquirir un lote dónde construir su vivienda para dejar de pagar arriendo, quienes devengan algún ingreso; mientras otros, los que están endeudados con los bancos y luchan por conservar la propiedad de sus inmuebles enfrentando jurídica y hasta físicamente la violencia del ESMAD. El movimiento por vivienda digna debería integrar arrendatarios, deudores morosos, ahorradores aspirantes a subsidios, a los que necesitan mejorar o ampliar sus viviendas, y a los que con iniciativas de autoconstrucción levantan sus casas con muchos esfuerzos pagando altos precios en materiales, servicios públicos e impuestos; los trabajadores de la construcción, que generalmente no poseen casa, los ingenieros y arquitectos humanistas, deberían formar parte de este movimiento. La problemática de la vivienda debe ser parte fundamental de un programa de transformación social, económica y ambiental, el movimiento por la vivienda digna, ser parte de ese gran movimiento popular transformador que nuestro pueblo y país necesitan, en un proceso de transición simultáneamente a construir bases de poder popular, emplace al Estado a hacer las reformas y cambios estructurales que garanticen la solución real a las necesidades de las comunidades como el derecho a la vivienda. Para un gobierno democrático popular debe ser prioritaria una política de vivienda diseñada desde los mismos sectores destechados organizados en cada una de las ciudades, que se sustenten en el ahorro, la autoconstrucción y la planeación urbanística y territorial concertada.

Los lugares de trabajo generalmente están tan alejados, que obligan al desplazamiento diario de millones de trabajadores de un extremo a otro de las grandes ciudades, generando problemas de in-movilidad, stress y angustia, aumentando los tiempos y los costos por transporte a las familias que pagan las onerosas cuotas de sus viviendas, o el arriendo que suben cada año más que el salario. La movilidad se ha convertido en el más grave problema de las administraciones locales, pues se llega a un cuello de botella en el que por un lado los medios promueven el consumo del automóvil individual y por el otro, se limitan los espacios para la circulación de esos aparatos; no hay vías adecuadas, no se constituyen verdaderos sistemas integrados de transporte masivo urbano, no se reduce el consumo de combustibles fósiles y agrocombustibles, no se reglamenta ni garantiza la movilización en bicicleta, pero sí se monopoliza el transporte masivo por los llamados operadores, quienes exigen infraestructura, tarifas y subsidios pagados por todos los ciudadanos, sin desempeñar efectivamente sus funciones, haciendo inoperante y costoso este sistema; todo esto sin contar con el daño ecológico generado por el consumo de combustibles fósiles y agrocombustibles. Estos sistemas de transporte masivo automotriz de superficie (tipo Transmilenio y Mio) se están imponiendo por los monopolios internacionales financiero, petrolero y automotriz, los grandes beneficiarios.

El modelo de ampliación y modernización de las redes de carreteras nacionales –vías 4G- y la reestructuración (privatización y monopolización) del transporte masivo urbano, negocios de miles de millones de dólares, impuestos en las grandes y medianas ciudades de América Latina en los últimos 25 años, no va dirigido a solucionar problemas de inmovilidad, es una estrategia para el endeudamiento de nuestros países por el sector financiero mundial, garantizar la llamada inversión extranjera con contratos por construcción de infraestructura y “modernización” del parque automotor; proyectos -que multiplican las inmensas ganancias de los corruptos gestores y administradores como en el caso Odebrech- que forman parte de planes como la IIRSA y de acuerdos como la Alianza Pacífico,el ingreso a la OCDE y a la OTAN, en los que está comprometido el Estado, sin consultar al pueblocolombiano.

Los servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones deben ser propiedad de todos los colombianos y prestados directamente por el Estado actual; en un gobierno de transición, ser administrados por las propias comunidades locales y/o regionales, buscando que las comunidades se apropien y dispongan de estos servicios de acuerdo a sus necesidades, y en los casos como la energía eléctrica y el gas, ser socias directas en igualdad de condiciones, sin intervención del sector privado, para concertar nacionalmente la generación y la distribución –que deben cubrir a todos y cada uno de los hogares colombianos- con tarifas nacionales, limitadas a los costos reales que en ellas se invierten. Para utilizar energías limpias y de mínimo costo, es necesario fomentar la investigación, la adecuación y la utilización de fuentes naturales (eólica, solar, biomasa, hidrógeno, geotérmica) de acuerdo a las posibilidades locales, regionales y nacionalmente. Las telecomunicaciones (televisión, radio, internet, telefonía) deben ser servicios gratuitos o subsidiados para toda la población, sin ningún tipo de estratificación, eliminando a los llamados operadores y la codificación de las señales, entrando las comunidades locales a definir la ampliación de cobertura, la modernización o renovación de equipos y la calidad de las señales, de acuerdo a sus propias necesidades, mediante comisiones rotativas de regulación y ética elegidas democráticamente en cada localidad, coordinadas regional y nacionalmente.

En las grandes ciudades del país, otrora con algún desarrollo industrial, las administraciones locales enfocan la modernización hacia el turismo, no solo recreativo cultural, también sexual, o como espacios para eventos, negocios internacionales y servicios  médicos (cirugías estéticas), como en los casos de Medellín, Cali, Bucaramanga y el eje cafetero, con el turismo dentro y alrededor de las ciudades. Por esto se desplaza dentro de las ciudades a comunidades enteras para ocupar sus territorios con infraestructuras, centros comerciales, hoteles, parques recreacionales, ecológicos y culturales, no para disfrute de los nativos, sino exclusivamente para brindar bienestar a los turistas extranjeros; ya lo vimos hace mucho tiempo en Cartagena, hace 20 años en Bogotá (El Cartucho y el Bronx),en Medellín(Moralia y El Picacho) y hoy lo viven los caleños en el centro con el proyecto Ciudad Paraíso en el sector El Calvario; con habitantes del jarillón del rio Cauca, proyecto que pretende habilitar el río para pequeños barcos turísticos y comerciales, que también incluye un malecón y un complejo hotelero; este proyecto afecta directamente a más de 5000 familias de estratos 1, 2 y 3 que viven sobre el jarillón y alrededor, que se benefician del río (areneros y comerciantes de la guadua) a lo largo de 17 kilómetros. No es que no nos interese que nos visiten de otros países y culturas, lo que no podemos justificar es que se violen los derechos individuales y colectivos de las comunidades, desplazándolas, expropiándolas y lanzándolas a la miseria a nombre del progreso y del embellecimiento de las ciudades, sin consultar ni concertar con ellas los planes y proyectos de renovación urbana.

Aceleradamente las ciudades y los pueblos se van convirtiendo en museos con caras bonitas de culturas embalsamadas, para ofrecer al turista una pantalla de país en paz, alegre y progresista, aunque no se produzca nada útil para sus propios ciudadanos, mientras en las periferias las miserias, el desempleo y los inconformismos hierven como ollas de presión

Los cambios en las actividades productivas de la grande, mediana y pequeña industria, (desindustrialización) que prácticamente desaparecieron con la importación masiva de manufacturas y alimentos provenientes de diferentes lugares del mundo, y  la reprimerización de la economía como consecuencias de la aplicación de los TLC y del extractivismo; la guerra para el despojo, la concentración del poder político y económico, la corrupción y la generalización de la cultura mafiosa, generan y propician el fortalecimiento de actividades delincuenciales  y marginales como las mafias de narcóticos y microtráfico, el contrabando, la mendicidad, la violencia juvenil, la prostitución, los microcréditos gota-gota administrados por las mismas mafias, migraciones de millones de cabeza de hogar como esclavos en los países del norte, únicas formas que encuentran para su sostenimiento muchas familias de las grandes y medianas ciudades. Situación que ha llevado a que muchos jóvenes y niños de los sectores populares (organizados en pandillas, combos, bandas) que perdieron la dignidad y la esperanza en su propia realización, manipulados y armados por las mafias legales e ilegales, dividan sus pequeños territorios convirtiendo sus barrios en guetos o en campos de concentración, actuando como esbirros de los poderosos, como carceleros de sus propias comunidades y familias, como ocurre en pequeñas ciudades como Puertotejada Cauca y en las periferias de las grandes ciudades.

Todo esto como parte del conflicto social y armado que se toma las calles de los sectores populares, ya no enfrentados como ejércitos regulares, sino, polarizados por la sobrevivencia individual de poder y de placer a cualquier costo, promovida por los medios y sectores mafiosos y políticos de derecha y del mismo Estado, que se dirigen a la desintegración de la familia, del tejido social y a dificultar la construcción de alternativas de poder popular por quienes anhelan un mejor país.Condiciones que inevitablemente continuarán con o sin acuerdos de paz con la insurgencia, mientras no se cambien a fondo las estructuras social y económica del país.

Todos los conflictos sociales generados por las estructuras socioeconómicas en las ciudades, las administraciones las resuelven militarmente, mediante la violencia: una huelga, una protesta por deficiencia en los servicios domiciliarios o públicos, por altos cobros en tarifas, por no poder pagar a las mafias financieras las altas cuotas de la vivienda, por cualquier motivo o sin motivo, los administradores ordenan a la fuerza pública atacar a los sectores populares, decretan estado de sitio en barrios y comunas, como principal forma de control social; pero no solucionan de raíz ningún problema. Este ambiente de violencia se reproduce en todo el territorio nacional con la criminalización de la protesta popular, sustentada en el concepto del “enemigo interno” y la ideología de la Seguridad Nacional. Sin embargo, los sectores populares organizados generan alternativas de resistencia en las ciudades, crean espacios de convivencia, de solidaridad, redes de consumidores y agricultores urbanos, redes de comunicación alternativa, movimientos sociales, culturales y políticos para la defensa de sus intereses y de sus territorios. Sectores que se cuestionan la posibilidad de un mejor país, de verdadera justicia social y ambiental.

Gonzalo Salazar, octubre 28 de 2018

[1]Colmenas humanas para un futuro inhumano Álvaro Sanabria Duque Edición: 192 desde abajoJunio 20 – julio 20 de 2013

 

[2]Políticas alternativas de vivienda en América Latina y el Caribe – revista La Vía Urbana – colección multimedia hacia la vía urbana – Buenos Aires 2013

[3]www.elcolombiano.com/../estas-son-las-cifras-de-la-vivienda-social-en-antiuquia enero de 2018

[4]Álvaro Sanabria Duque – Edición 192 periódico desde abajoJunio 20 – julio 20 de 2013