Golpe de Estado en Egipto. Y ahora Qué ?

GOLPE DE ESTADO EN EGIPTO. ¿Y AHORA, QUÉ?

Resumen:

Desde que la revolución de febrero de 2011 derrocara a Mubarak, la situación política en Egipto ha girado en torno al enfrentamiento entre los Hermanos Musulmanes y el mubakarismo sin Mubarak, principalmente representado por las cúpulas de las Fuerzas Armadas y del poder judicial. A cuya sombra se ha ido cobijando una heteróclita y poliédrica oposición movida por el adagio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y dejándose querer como el laicismo anti-islamista, que propiciando concentraciones, manifestaciones y algaradas populares, ha acabado induciendo un golpe de Estado contra el poder legalmente constituido. ¿Y ahora, qué?

EL GOLPE DE ESTADO

El 30 de junio de 2012, Mohamed Morsi, presidente del Partido Libertad y Justicia (PLJ) creado por la Cofradía de los Hermanos Musulmanes egipcia tras la caída del régimen de Hosni Mubarak (11 de febrero de 2011), tomaba posesión de su cargo de presidente de Egipto, tras ganar de forma internacionalmente aceptada y validada las correspondientes elecciones presidenciales.

Un año después, el 30 de junio de 2013, en su primer aniversario como presidente, la situación le explota en las manos. Una plataforma política de reciente creación (28 de abril de 2013) que se autodenomina Tamarod (rebelión en árabe) convoca para ese día masivas concentraciones en El Cairo y en un buen número de otras ciudades egipcias, acusando al presidente Morsi y a su Gobierno de ser el culpable de la grave crisis económica que padece el país, de acaparamiento de poder desoyendo las demandas de la población y de estar intentando islamizar al país, y exigiéndole su renuncia inmediata, la constitución de un Gobierno transitorio de tecnócratas encabezado por el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Maher al-Beheiry y la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales.

Las Fuerzas Armadas reaccionan al día siguiente 1 de julio exigiendo al presidente que cumpla en 48 horas las demandas de los manifestantes. El presidente Morsi se niega a dimitir alegando la legitimidad de su cargo. Y al cumplirse el plazo de las Fuerzas Armadas de 48 horas en la tarde del 3 de julio, éstas se hacen cargo del poder mediante un golpe de Estado, que recuerda, por una parte, el de Chile del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al presidente elegido Salvador Allende y, por otra, al del 11 de enero de 1992 en Argelia, que abortó la llegada del Frente Islámico de Salvación al gobierno de la nación.

EL CONTEXTO

Las tres acusaciones de la Plataforma Tamarod y del amplio espectro político y social que ha acabado uniéndose a ella en las concentraciones, manifestaciones y algaradas, son, en realidad, dos, casi, podría decirse incluso, reducibles a una. Porque, según los críticos, la islamización del país sólo es posible desde el acaparamiento de todos los resortes del poder, que deja a todas las demás opciones políticas sin posibilidad de expresión institucional. Y, la realidad es que el gran deterioro económico, que ya procede de los últimos años del régimen de Mubarak (probablemente la principal razón por la que estalló la revolución), no ha hecho más que empeorar desde entonces, no solamente durante los doce meses de gobierno del presidente Morsi (julio 2012-julio 2013), sino, asimismo, durante los dieciséis anteriores de gobierno del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, CSFAS, (febrero de 2011-junio de 2013), debido principalmente a la inestable y agitada situación política, que mantiene paralizadas inversiones e importantes sectores productivos como el turismo, retrae posibles créditos internacionales y distorsiona la normal vida laboral (huelgas, absentismo de manifestantes, interrupción de las comunicaciones, etcétera).

De forma que desde hace ya bastante tiempo, parece estar creándose en el imaginario colectivo —dentro del país, pero sobre todo fuera— la simplista (¿e interesada?) interpretación de que la crisis económica es debida a la crisis política y que ésta es debida al intencionado esfuerzo de los Hermanos Musulmanes, personalizados en el presidente Morsi, de acaparar todo el poder posible para poder islamizar las leyes y las costumbres de acuerdo con su ideología islamista. Interpretación que arrastra como coralario, todavía más simplificador, que todo el problema político egipcio es reducible a la lucha por el poder entre islamistas y laicistas (algunas veces, incluso, entre islamistas y, directamente, laicos). Pero, ¿es lo mismo el enfrentamiento entre la Presidencia y la oposición que un enfrentamiento puramente ideológico entre laicismo e islamismo?

Por una parte, ni siquiera es posible hablar en el Egipto pos-Mubarak del islamismo como si fuera una corriente política única y cohesionada, sin luchas en su seno por hacerse con el poder (o con la mayor cuota posible de él). Mucho menos de la oposición, a la que aglutinar bajo el genérico de laicista puede llegar a resultar hasta grotesco. Como islamismos, de forma sintética y solamente atendiendo a las principales formaciones pública y notoriamente enfrentadas, cabe citar desde la propia Cofradía de los Hermanos Musulmanes, con la que normalmente se identifica al islamismo, hasta los minoritarios grupos ultra-salafistas, que sin llegar a preconizar la vía armada violenta, han también presionado, desde su radical oposición a las autoridades hasta ahora en el poder, para que se impusiera un extremado rigorismo costumbrista. Pasando por los compañeros de viaje (del Partido Libertad y Justicia de los Hermanos) salafistas de al-Nur o del Partido de la Construcción y el Desarrollo (antigua Yemá Ismailiya) y por los islamistas “de la oposición” como el Partido al-Wasat, los grupúsculos de los predicadores exmiembros de la Hermandad Abdel Moneim Abdulfutú, Hazem abu Ismail o Salem al-Awa, los partidos minoritarios de inspiración sufí o los miembros de las juventudes de los Hermanos insertos en el Movimiento 25 de Enero, en Revolución Continua y probablemente hoy en la Plataforma Tamarod, protestando en su nombre en la calle contra el presidente Morsi.

Sin contar con el juego de muñecas rusas que suponía el progresivo empotramiento de la expresidencia en el Partido Libertad y Justicia (PLJ) y de éste en la Hermandad. Debiendo cada “muñeca” hacer uso de una mayor dosis de pragmatismo que sus mayores que la contienen, lo cual produce no pocos descontentos y enfrentamientos internos.

En cuanto a la oposición y descontando ya a los variados grupos —que se acaban de ver— que se auto-identifican como islamistas, unos como más y otros como menos, pero todos como oposición al conjunto de muñecas rusas Hermandad-PLJ-Presidencia, ¿quién forma esta oposición?

Una heterogeneidad de partidos, ideologías e intereses. Veamos algunos de los que más significativos para la hipótesis de este trabajo. En primer lugar, la herencia del antiguo régimen, el mubakarismo sin Mubarak (futul en árabe), representado por las cúpulas que éste dejo en las principales instituciones del país, entre ellas las de las Fuerzas Armadas y la del poder judicial, que son las que principalmente interesan a este análisis. Aliadas tácticas de los Hermanos Musulmanes al inicio de la transición y hoy día ferozmente enfrentadas a ellos. En segundo lugar, la herencia disidente (a última hora) del régimen: ¿es posible creer que personajes de la actual primera fila de la oposición como Mohamed al-Baradei o Amr Musa —dignos representantes de las élites occidentalizadas e internacionalizadas del país— podrían haber llegado a ser director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) o secretario general de la Liga Árabe sin el consentimiento tácito, cuando no a propuesta, del presidente del país?

¿Son estos grupos sociales compatibles con el Movimiento 6 de Abril? Nacido al calor de las revueltas iniciadas este día del año 2008 motivadas por la significativa subida de los precios de los alimentos básicos y que continúa representando la protesta social frente a la carestía de las condiciones de vida, como lo era frente al antiguo régimen. ¿O con el Movimiento 25 de Enero? Creado en conmemoración del primer “día de la ira” egipcio por la vanguardia juvenil originaria que, al grito de kefaya! (¡basta ya!), inundó y ocupó la Plaza Tahrir (Libertad), informalmente organizada a través de las redes sociales. O con lo que probablemente es su heredera intelectual y activista, al menos en sus inicios, la Plataforma Tamarod, que ahora al grito de erhal! (vete) vuelve a inundar y ocupar las calles. O con los numerosos pequeños partidos del arco ideológico izquierdista, para quienes ser ilmani (secularista, laicista), sí es realmente una seña de identidad. O con los combativos sindicatos.

Cada una de estas opciones políticas (o la mayoría) tuvo sus representantes en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 23 y 24 de mayo de 2012—como los tuvo en las legislativas de noviembre de 2011-enero de 2012— pero a la segunda vuelta sólo pasaron dos. El de los Hermanos Musulmanes y el PLJ, que resultó vencedor en la segunda vuelta un mes más tarde y fue electo presidente del país, y el del mubakarismo sin Mubarak, el general Shafiq. Desde entonces, cada una de estas opciones, como tiene sentido que así ocurra, se enfrentaba a quien ostentaba el poder desde sus respectivas perspectivas cratotrópicas (de ambición de poder) e ideológicas, entre las que el laicismo va desde una auténtica convicción hasta la más pura postura táctica de conveniencia.

Esta ideológicamente múltiple y poliédrica oposición es quien realmente se ha estado enfrentando al presidente Morsi y sus apoyos, al poder político constituido, como ocurre en cualquier democracia de corte electoral. Llevando como ariete y vanguardia al sector que, aunque haya ido perdiendo poco a poco poderes formales como se verá a continuación, continúa manteniendo el poder fáctico: el mubakarismo sin Mubarak, a estos efectos principalmente representado por el poder judicial heredado del régimen anterior, respaldado en la sombra por el también heredado del régimen anterior poder militar.

 LA SECUENCIA

Puede decirse que todo empieza el 18 de noviembre de 2011, cuando, a diez días de la primera ronda de las elecciones legislativas pos-Mubarak (noviembre 2011-febrero 2012), Alí al-Selmy, viceprimer ministro para Asuntos Políticos del Gobierno de Essam Sharaf —designado primer ministro por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CSFAS), el organismo que ejerce en la práctica, desde la caída de Mubarak, las funciones de la Presidencia (Jefatura del Estado)— presenta el conocido como “documento Selmy”, según el cual, el CSFAS nombraría a ochenta de los cien miembros de la comisión constitucional que debería redactar la nueva constitución una vez celebradas las elecciones. Constitución que debería blindar a las Fuerzas Armadas (garantes del mubakarismo sin Mubarak), cuyo presupuesto sería secreto, y a quien correspondería en exclusiva presentar iniciativas legislativas relativas a ellas mismas. Documento que provoca el rechazo de todas las fuerzas políticas y vuelve a inundar las plazas de todo el país de manifestantes, debiendo finalmente ser retirado.

Cuatro meses más tarde, cuando las nuevas Cámaras salidas de las elecciones legislativas designen (marzo de 2012) a los cien miembros de la comisión constitucional, la mitad parlamentarios y la otra mitad miembros de la sociedad civil, con mayoría de diputados o simpatizantes, como es democráticamente lógico, de los dos partidos mayoritarios en ellas (PLJ y al-Nur) por haber ganado las elecciones ampliamente, el poder judicial anula (10 de abril de 2012) su composición alegando que nada decía la normativa vigente de que los miembros de la comisión pudieran ser parlamentarios (como tampoco decía nada de que no pudieran serlo). Lo que llevó a que hubiera que nombrar una nueva comisión consensuada entre el CSFAS y los partidos (7 de junio de 2012), fundamentalmente el PLJ. Además, el CSFAS se reservaba la prerrogativa de nombrar a la nueva comisión constitucional que hubiera que nombrar en caso de que la recién nombrada no fuera capaz de acabar sus trabajos en los plazos previstos (dando así la opción de obstruccionismo en caso de necesidad). El PLJ y al-Nur transigirán con la componenda para evitar una nueva versión del enero del 92 argelino, cuando ven el poder tan al alcance de sus manos.

De nuevo, el 14 de junio de 2012, a tan sólo dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a disputar entre Morsi, el representante de los Hermanos Musulmanes, y el general Shafiq, el representante del mubakarismo sin Mubarak, éstos volverán a repetir sus intentos de “golpe de Estado institucional” desde las posiciones de poder que aún ocupan. El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales las elecciones legislativas, quedando, en consecuencia disuelta la Asamblea del Pueblo (cámara baja). Para lo que alega que algunos de los elegidos como independientes militaban en partidos políticos, aunque no habían sido presentados por ellos, lo cual mermaba las opciones de los ciudadanos independientes. Los Hermanos Musulmanes vuelven a reaccionar prudente y pragmáticamente, limitándose a tildar de política la sentencia, pero acatándola. Habrá intentos posteriores de resucitar la cámara, pero todos resultarán infructuosos. Seguirá predominando el síndrome del enero del 92 argelino.

El golpe de Estado institucional se completará el mismo 17 de junio de 2012, segundo día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y cuando ya se sabe que el vencedor (al menos provisional en esos momentos) es Mohamed Morsi. El CSFAS promulga unas nuevas disposiciones constitucionales —recuérdese que en tanto no se las entregase al nuevo presidente, el CSFAS seguía ejerciendo las funciones de la Presidencia— asignándose a sí mismo, ante la falta de poder legislativo constituido y en tanto no lo hubiera, las funciones de éste. El mubakarismo sin Mubarak podía haber perdido la primera batalla, el poder presidencial, pero aún mantenía el fáctico, con el que se dispuso a combatir las siguientes.

La siguiente, sin embargo, la iniciarán el propio presidente Morsi y su entorno, aprovechando, a sólo dos meses (agosto de 2012) de su investidura, no solamente su aureola, interna y externa, de primer presidente democráticamente elegido de Egipto, sino, asimismo, la favorable coyuntura de la Operación Águila, que, bajo su mandato directo, han emprendido las Fuerzas Armadas en El Sinaí, tras el asalto por comandos procedentes da la Franja de Gaza de un puesto fronterizo, con cuyas armas y vehículos intentan sin éxito internarse en Israel. La reacción presidencial es rápida y contundente. Consigue en menos de cuarenta y ocho horas el beneplácito tácito de Israel para incrementar los efectivos militares en la península muy por encima de lo establecido por los Acuerdos de Camp David. Y aprovecha la Operación Águila para no solamente vigilar el área e intentar impedir los movimientos de muyahidín por ella, sino para intentar también limpiar la zona de contrabandistas y tribus disidentes, con cuyos jefes logra llegar a acuerdos que las devuelven, al menos formalmente, al acatamiento a la autoridad estatal. Revirtiendo una situación, largamente dejada de la mano de dios, considerada como peligrosa tanto por el vecino Israel, como por el propio Egipto.

Respaldado por esta toma de autoridad como jefe de las Fuerzas Armadas y haciendo ver que sabe emplearlas para sus cometidos específicos y constitucionales como instrumento del Estado y no como facción política, el presidente Morsi dictamina, el 12 de agosto de 2012, el pase a la reserva con carácter inmediato del mariscal Tantaui, presidente del CSFAS y ministro de Defensa, del jefe de Estado Mayor, general Sami Anan y de media docena de altos cargos militares; el nombramiento como nuevo ministro de Defensa del general Abdel Fatah al-Sisi, el más joven de los miembros del CSFAS y ya no perteneciente a la generación de Mubarak y Tantaui; y la anulación de las disposiciones constitucionales del CSFAS del 17 de junio de 2012, que son remplazadas por el artículo 25 del texto constitucional aprobado en referéndum el 19 de marzo de 2011, que estipula que el CSFAS entregaría el poder al presidente que ganara las elecciones, por lo que éste en su investidura no solamente ha heredado el poder ejecutivo que hasta ese momento ostentaba el CSFAS, sino asimismo el poder legislativo que éste se había auto-adjudicado con su enmienda constitucional del 17 de junio de 2012. Un contragolpe presidencial que las Fuerzas Armadas sabrán encajar, emitiendo un comunicado en el que califican de “normales” los cambios en su cúpula y reiteran que su intención nunca fue perpetuarse en el poder, por lo que encauzada la transición y con nuevo presidente, su misión podía darse por finalizada.

Desde esta posición, Morsi ni puede ni parece interesarle la anulación de la inconstitucionalización y disolución de la Asamblea del Pueblo elegida en las últimas elecciones legislativas. No puede porque es una decisión del Tribunal Constitucional, sobre el que no tiene jurisdicción y con quien sigue enfrentado. Y no le interesa porque en estos momentos de incertidumbre política, con cada vez más sectores en contra dentro y fuera del país y con la nueva constitución en proceso de redacción, mantener en su mano los poderes legislativo y ejecutivo es una garantía de posibilidades de supervivencia.

Son los momentos en que empieza a limitarse el múltiple juego de enfrentamientos políticos a la falsa por reduccionista dicotomía islamismo acaparador —lo es en parte, efectivamente, el presidente Morsi, que reúne en su persona, en función del desarrollo de los acontecimientos, los poderes legislativo y ejecutivo— y únicamente obsesionado por introducir la sharía, frente a una oposición al parecer únicamente preocupada por evitar un Irán suní en Egipto, en el doble sentido de radical islamización forzada de la sociedad y de imposición de la misma desde el autoritarismo de la concentración de poderes. Concentración de poderes que la propia oposición sabe que es necesariamente temporal y que se acabará en el momento en que, con una nueva constitución, puedan celebrarse nuevas elecciones legislativas y la Asamblea del Pueblo (cámara baja) recupere su función. A pesar de lo cual, harán todo lo posible por retrasar ambas, temerosas, quizás, de nuevas victorias electorales, es decir, democráticas, de quien les disputa el poder.

En este sentido, una de las obstrucciones que ciertos sectores de la oposición van a plantear consiste en presentar al Tribunal Constitucional demandas de inconstitucionalidad de la comisión constitucional y de la Shura (cámara alta), que el alto tribunal acepta. La alta probabilidad de que efectivamente el Tribunal Constitucional decrete la inconstitucionalidad de ambas, debiendo empezarse otra vez todo el proceso casi desde cero y corriéndose el riesgo de que la próxima declaración de inconstitucionalidad sea de las propias elecciones presidenciales, es lo que probablemente va a incitar al presidente Morsi a ultimar su contragolpe presidencial con los decretos del 22 de noviembre de 2012, volviendo a aprovechar una nueva subida de cotización nacional e internacional, al saber erigirse en el mediador exitoso que logra detener la Operación Pilar Defensivo israelí en la Franja de Gaza, que tanto está costando a ambos contendientes. Políticamente a Israel, en sangre a los palestinos.

Decretos con los que, haciendo uso de su prerrogativa —heredada del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFAS) al hacerse cargo de la presidencia— de ostentar la capacidad legislativa en tanto no se reelija una nueva Asamblea del Pueblo (cámara baja) en función de la nueva constitución —todavía en elaboración por esos días— se blindan las decisiones presidenciales, a la comisión constitucional y al Shura de posibles interferencias del poder judicial y se sustituye al fiscal general, que se había negado hasta entonces a dejar el cargo alegando su carácter vitalicio.

Decretos y concentración de poder presidenciales que desatan, como no podía ser de otra manera, la indignación de todo tipo de oposición, que a partir de ese momento le niega al presidente Morsi y a su entorno cualquier legitimidad y se niega a ningún tipo de negociación con ellos que no suponga su renuncia y la invalidación de todo lo alcanzado hasta ese momento, abandonando, incluso, la comisión constitucional algunos de sus miembros. Todo ello, enmascarando lo que es pura lucha política por el poder con la populista bandera del peligro islamista. Y de la que se hará principal portavoz, por su capacidad de repercusión internacional, un recién creado Frente de Salvación Nacional, que reúne a los partidos y asociaciones encabezados por personajes conocidos como Mohamed al-Baradei, Amr Musa o Hamdin Sabahi.

Una ola de rechazo que, incluso, alcanza a las propias filas islamistas en las que se producen numerosas dimisiones y disensiones y desde las cuales se oyen también numerosas condenas. Y una ola de enfrentamiento de la que es importante protagonista el sector mubakarista de la judicatura, que queda dividida por las posturas representadas principalmente por el Club de Jueces, que se niega a aceptar los decretos presidenciales, y Jueces por Egipto, dispuestos a seguir colaborando con el poder constituido. Tesitura en la que el presidente Morsi se reúne con el Consejo Judicial Supremo, llegándose al acuerdo de que los efectos de los últimos decretos presidenciales solamente afectarían a las cuestiones de soberanía que pudiesen paralizar o retrasar el proceso de transición en marcha.

Pero precisamente el abandono de los principales miembros obstruccionistas de la comisión constitucional, es lo que va a permitir a ésta acelerar sus trabajos, votar un texto definitivo el 29 de noviembre de 2012 y presentarlo al día siguiente, 30 de noviembre. El 1 de diciembre, en una auténtica carrera contra reló, el presidente Morsi convoca el referéndum de ratificación para el 15 de ese mismo mes de diciembre de 2012. Y el Tribunal Constitucional, que tenía convocatoria para dictaminar sobre la constitucionalidad de la comisión constitucional el 2 de diciembre, se reúne y decide posponer su dictamen, sin especificar si, cómo ni cuándo lo haría, en una especie de aceptación tácita del decreto presidencial que le impide revocar decisiones presidenciales relativas al proceso de transición. Una vez más, el presidente lograba ganar la batalla del tiempo.

Con el Frente de Salvación Nacional y el resto de la oposición divididos entre la propuesta de abstención y la del no, el referéndum se celebra efectivamente el 15 de diciembre de 2012, con escasa participación: el 39’2%, pero amplia aceptación: 63’8%. A pesar de lo cual, el Frente de Salvación Nacional impugna los resultados por irregularidades, provocando incomprensiblemente que el Tribunal Constitucional suspenda la convocatoria de elecciones legislativas programadas oficialmente por el Gobierno para el 22 de abril de 2013. Incomprensiblemente porque la celebración de estas nuevas elecciones legislativas, y la constitución de unas nuevas Asamblea del Pueblo y Consejo de la Shura en función de ellas, parecía ser el método más rápido y democrático de acabar con la concentración de poder presidencial.

El mubakarismo sin Mubarak judicial contratacará de nuevo el 2 de junio de 2013 —coincidiendo (¿casualmente?) con el inicio el día anterior de una huelga de jueces para protestar por la ley que está estudiando la Shura para rebajar su edad de retiro que, de aprobarse, afectaría a más de 3.000 magistrados del antiguo régimen— al declarar inconstitucionales tal como se le había pedido, por una parte, la ley que reguló la elección de la Shura alegando que ésta permitía presentarse a los escaños reservados a independientes a personas afiliadas a los partidos (la Shura no quedaba disuelta, pero sí imposibilitada para refrendar nuevas leyes) y, por otra, la que reguló la elección de la comisión electoral que había redactado la Constitución aprobada por referéndum el 15 de diciembre de 2012.

En este contexto de incertidumbre legal (ya no se sabe qué instituciones pueden o no funcionar y cuál es el cometido de cada cual) y tensión política institucional y callejera es en el que nació (28 de abril de 2013) la Plataforma Tamarod, que rápidamente se autoimpone la tarea de reunir quince millones de firmas solicitando la renuncia del presidente Morsi, la constitución de un Gobierno interino y la celebración inmediata de elecciones presidenciales. Firmas con las que piensan avalar masivas concentraciones sin límite de tiempo a partir del 30 de junio de 2013, primer aniversario de la subida al poder del presidente Morsi, hasta conseguir su renuncia.

Exigencias a las que progresivamente se van uniendo las muy diversas facciones de la heteróclita y poliédrica oposición egipcia. La oposición más clásica y conocida del Frente de Salvación Nacional, en el que cada vez se perfila más como figura prominente Mohamed al-Baradei, la de los Movimientos sociales Kafiya o 25 de Enero o la de la vieja oposición sindicalista del tipo Movimiento 6 de Abril. Apoyada en todo momento por las más prominentes figuras del mubakarismo sin Mubarak, como el general Shafik o el magistrado Maher al-Beheiry, sustituido por su correligionario Adly Mansur en mayo, pero que se mantendrá en su puesto hasta el mismo 30 de junio, día en el Mansur se hará cargo de la presidencia del Tribunal Constitucional. Oposición a la que acabarán uniéndose incluso, en una probable medida de carácter táctico ante las perspectivas que parecen vislumbrarse, los Partidos salafistas al-Nur y Construcción y Desarrollo (la antigua Jamat al-Ismailiya). Pero que inducirán también, por otra parte, a la constitución a última hora de movimientos de apoyo a la legitimidad de Morsi y su Gobierno, como la Alianza Nacional de Apoyo a la Legitimidad o las Plataformas Muhayed (partidarios en árabe) o Tagarod (imparcialidad en árabe).

Así polarizada la sociedad egipcia empezarán las concentraciones pro y contra Morsi a partir del 21 de junio de 2013. Y los enfrentamientos callejeros con cada día más muertos y heridos. Hasta el día culmen del 30 de junio. Al día siguiente 1 de julio, las Fuerzas Armadas dan a Morsi un ultimátum de 48 horas para que acceda a las peticiones de los concentrados. Al negarse éste, defendiendo la legitimidad de su cargo y Gobierno, las Fuerzas Armadas toman el poder en la tarde del 3 de julio de 2013, designan un Gobierno interino presidido por el magistrado Adly Mansur y le encargan la redacción de una nueva Constitución y la celebración de nuevas elecciones presidenciales y legislativas. El presidente Morsi y un buen número de cuadros de los Hermanos Musulmanes son detenidos.

¿Y AHORA, QUÉ?

Como en febrero de 20111, la plaza Tahrir ha propiciado la revolución (cambio drástico y violento de régimen) y el mubakarismo sin Mubarak la ha llevado a cabo. El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CSFAS) se ha hecho con el poder fáctico y el Tribunal Constitucional con el institucional. Sus dos cabezas visibles y representativas, el general Abdel Fatah al-Sisi y el magistrado Adly Mansur ya ostentaban estos títulos con Mubarak y bajo su régimen desarrollaron sus carreras, prosperaron profesionalmente y ocuparon importantes cargos de carácter político, aunque ambos fueron designados para los altos puestos que ocupaban el 2 de julio de 2013 por el derrocado presidente Mohamed Morsi, probablemente por ser de los menos inflexibles dentro de sus correligionarios.

1 Vega Fernández, Enrique, “Desarrollo de los procesos políticos en el Magreb”, en Monografía 133 Análisis y evaluación de la estabilidad en el Magreb, de la EALEDE (CESEDEN), mayo 2013, pp. 15-27.

Han prometido elecciones presidenciales y legislativas. Pero la incógnita no es si realmente las va a haber, que es difícil pensar que no las vaya a haber (el cuándo es otra cuestión, de no baladí importancia), sino si a ellas se podrán presentar los Hermanos Musulmanes (y otros grupos islamistas más o menos rigoristas) y en qué condiciones, porque a menos de 48 horas del golpe de Estado ya había empezado la caza de brujas de dirigentes de la Cofradía con acusaciones tan peregrinas como “haber insultado al sistema judicial” o “conspiración” por haber incitado a abrir fuego a los defensores de la sede de la Cofradía en El Cairo el 30 de junio de 2013, cuando ésta estaba siendo asaltada (terminaría saqueada e incendiada, sin muertos ni heridas de bala). Una situación que parece presentar demasiadas similitudes con el golpe de Estado de Argelia del 11 de enero de 1992, que acabo trayendo una guerra civil de 200.000 muertos. Aunque ésta no parece ser la hipótesis más probable.

Supongamos que se les deja volver a presentarse, bajo la misma sigla del PLJ o de cualquier otra, y en unas condiciones que no amedranten demasiado a presentarse o a votarles. Y que vuelven a ser la lista (o el candidato) más votada, lo cual no es nada improbable porque, después de todo, piensen lo que piensen, nos guste o no, han ido ganando todas las citas electorales y referendos que hasta ahora —con mayor o menor pulcritud democrática— se han celebrado en Egipto desde la revolución del 11 de febrero de 2011. En este caso, ¿nueva versión de la plaza Tahrir? ¿Revolución Continua?2

2 No se olvide que precisamente así “Revolución Continua” se autodenomina uno de los variados grupos salidos de la vanguardia juvenil originaria que ha estado presente en los múltiples Tahrir egipcios, primero contra Mubarak, después contra el gobierno del CSFAS, más tarde contra Morsi y, ahora mismo, ahí continúan con consignas del tipo “derrocar, derrocar al gobierno militar”, que son las mismas que los partidarios de Morsi gritan en la concentración de enfrente.

Supongamos que no se les deja presentarse (o se les deja bajo condiciones en las que sea imposible su victoria electoral). Es decir, que gana cualquiera de las otras opciones (porque candidato único es materialmente imposible que haya) que han conformado durante el último año, y especialmente desde noviembre de 2012, la, como ya se ha señalado varias veces, diversa y poliédrica oposición supuestamente laicista. ¿Qué permite suponer que las castigadas y cada vez más empobrecidas masas egipcias van a ser más benévolas con esta nueva opción de lo que han sido con el último Mubarak, con el CSFAS o con Morsi? ¿Qué permite suponer que no va a haber nuevos Tahrir contra ella?

¿O de verdad puede creerse que la deteriorada situación económica egipcia puede resolverse en cuestión de pocos meses? ¿Y que la mentalidad musulmana y tradicionalista de la mayoría de los egipcios puede modificarse en pocos meses? ¿O es que se van a retrasar las siguientes elecciones tanto como para que aquélla esté resuelta y ésta modificada? ¿O es que la siguiente opción piensa imponerse a sangre y fuego? En definitiva, ¿y ahora, eliminado el supuesto demonio islamista, qué?

A MODO DE COMENTARIO FINAL

En Europa, solamente Alemania ha condenado el golpe de Estado. Ni siquiera la Unión Europea. En el mundo musulmán, sólo Turquía. En Oriente Próximo, solamente Catar. Estados Unidos y el resto se han limitado a aconsejar a los egipcios que sean buenos a partir de ahora.

Enrique Vega Fernández*

Profesor UNED

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*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

FUENTE: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO63-2013_Egipto…y_ahora…que_EnriqueVega.pdf

http://iugm.es/adefal/inicio/investigadores/enrique-vega-fernandez/

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