¿Es pro-colombiano el gobierno colombiano?

Por: Ricardo Robledo

La superintendencia de industria y comercio puso una multa de 324.000 millones de pesos a 12 ingenios bajo el supuesto de implementar “acuerdos para obstruir la importación de azúcar”. Lejos de compartir la política antiobrera  de este sector y de su práctica de explotación rayana con el esclavismo, es una medida repudiable desde el punto de vista de la defensa de la industria nacional, de la que dependen un buen número de familias, ya que este renglón genera 118.000 empleos directos e indirectos, ocupando a personas que encuentran en esto la única forma de obtener sus ingresos. Ley evidente del capitalismo que muestra claramente como en este sistema hay, por un lado, dueños de los medios de producción; y por el otro, personas despojadas que sólo poseen su fuerza de trabajo para venderla en el mercado laboral como única forma de subsistencia.

De este sector productivo no sólo viven los grandes empresarios y los obreros de la caña, hay un sinnúmero de pequeños productores de panela que se verían afectados por el ingreso de productos de azúcar desde el exterior -en beneficio de intereses foráneos- que de esta forma irían copando el ramo con un evidente deterioro de la soberanía alimentaria del país.

Surgen muchas inquietudes. Cómo la de para quien trabajan los funcionarios del gobierno que son pagados con los impuestos de los colombianos, pero que buscan fomentar la importación de productos agrícolas en un país en crisis humanitaria, donde millones de campesinos esperan la más mínima oportunidad para ocuparse o tener un sembradío que les permita sentirse útiles y sobrevivir, así sea en las difíciles condiciones que les ofrece la sociedad capitalista. Hace apenas unas semanas, entrevistaron a uno que dijo que sólo sembraba “por amor al campo”. Son los agricultores los que aseguran que las familias siempre tengan alimentos frescos a disposición.

Estas acciones contrarias al país, no son aisladas. Es preocupante y grave que desde el gobierno se impulse la venta de Isagen, que es una empresa del sector de generación eléctrica, estratégica y clave para la nación. Hace poco apareció en los medios el ministro de minas y energía, anunciando que ante la disminución de los embalses por el “fenómeno del niño”, se incrementarían los precios de las tarifas de la electricidad.

Medida olímpica de manejo de los mercados que al día siguiente tuvo que corregir en las palabras de presentación. Pero que de hecho se implementarán. ¿Qué pasará con los colombianos y las industrias asentadas en el país, si esta empresa pasa a manos de particulares, nacionales o extranjeros? ¿Se podrían controlar los precios?

Isagen, por demás, es una empresa construida con los impuestos y endeudamiento de los colombianos, que han corrido con los riesgos de las inversiones y con la afectación social y ambiental de las zonas donde opera; entonces, es improcedente, irracional y antipatriótico pretender su venta, una vez ya consolidada, rentable y con un mercado establecido. Sólo por mentes traidoras pasa la idea de feriar un bien tan primordial para la nación.

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