Archivo mensual: mayo 2016

Paz sí, pero no así ¿Cuántas clases de paz existen?

Por: Ricardo Robledo

La paz no existe en abstracto, se puede definir simplemente como un estado de no guerra. No es más que una relación entre seres vivos, en la que los racionales en un momento de la historia, deciden reconocerse como iguales y respetarse. Pero socialmente es mucho más. Representa para unos el poder tener siempre a su lado a sus seres queridos y poder abrazarlos sin el riesgo aleatorio de la muerte, así de simple o de vital- como se quiera asumir.

                                                                                

El padre Javier Giraldo Moreno, resalta “La PAZ es un valor ante todo ético, espiritual, social y también político. Exige un clima adecuado, configurado con otros valores profundamente conexos con ella, como la verdad, la justicia, la tolerancia, el respeto a la vida de todo ser humano y de todo ser viviente y a sus derechos fundamentales.” (Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos. Pag. 243). Los que quieran otro tipo diferente de paz, lo deben definir y comunicar.

En Colombia, la insurgencia –que es apenas un sector del país- está negociando mucho, por mucho. Está dejando atrás una larga historia de combate y está tratando de evitar más pérdidas de vidas humanas; está buscando que se abran opciones más civilizadas que permitan la democratización de la sociedad.

Resulta que ahora los señores en “resistencia civil” salieron con la consigna “paz sí, pero no así”. Tal vez quieran mostrarle a la sociedad colombiana que debe negociarse la paz que ellos quieren, la que le conviene a sus intereses, no la que le conviene al país. No se puede pretender que un sector, como la insurgencia, que negocia, se acoja a los deseos de otro sector minoritario que no negocia. La derecha no ha entendido que ellos también pueden negociar con la sociedad, acogiéndose a los programas de verdad, reparación y de no repetición, reconociendo su responsabilidad en las masacres contra el pueblo colombiano. Pero no pueden llamar a que se acojan con exclusividad sus estrechos conceptos particulares, y menos a cambio de nada.

Apenas iniciado el paro agrario, en el Valle del Cauca resultó muerto el indígena Willington Quibarecama Naquirucama, de 26 años y perteneciente al resguardo indígena Dachini, durante un procedimiento del ESMAD. Esas son algunas de las inconsecuencias de la paz; de manera particular, su familia sufre el dolor de la muerte. Es necesario que las acciones estatales valoren más la vida de todos y cada uno de los colombianos sin distinción de rango social y que garanticen el derecho a la protesta. Por encima de cualquier orden u objetivo debe estar el respeto a la vida.

De todas maneras representa un avance para la humanidad el que sectores de ultraderecha expresen un sí para la paz, así sea condicionado. Ahí van avanzando.

Paz sí, de todas las formas y para todos.

Mayo 31 de 2016

Es justa la lucha de los pueblos por su soberanía

 Por: Ricardo Robledo

Colombia, como todo país colonizado, no es soberana; aquí las grandes decisiones económicas y políticas las toma el imperialismo. La oligarquía colombiana, que lo es solo de nombre, se ha enriquecido entregando los recursos naturales y humanos a la explotación extranjera, de quienes, como socia minoritaria, recibe la protección suficiente y necesaria para que tal estado de cosas se mantenga. Sumisión de vieja data como lo señala el investigador Hiram Hobson al referirse a las concesiones petroleras acordadas durante la presidencia de Enrique Olaya Herrera (1930-34) abiertamente favorables al capital externo: “si el pueblo colombiano  se diera cuenta de lo que había alrededor de esas negociaciones, ocurriría un levantamiento armado en esa república”

La venta de Isagen, y ahora de la ETB, son muy dicientes; pues son empresas estratégicas para la nación que son feriadas, con triquiñuelas, al menor postor. En cuanto al transporte, si una persona movilizaba pasajeros en su carrito viejo era perseguido como pirata; bastó que entrara una plataforma extranjera para que se volviera legal el que particulares presten el servicio de transporte de pasajeros. Con el plan de ordenamiento y manejo de cuencas (POMCAS), empresas multinacionales están inventariando los recursos hídricos de país y en general toda la estructura físico-biótica de las zonas.

Es descarada la injerencia en los asuntos internos de la nación; algo que tiene tanto peso que le da un carácter internacional al conflicto social y armado, por la orientación ideológica y militar que le dan los intereses imperiales al ejército conformado en Colombia, que opera como una fuerza de invasión.

Este es uno de los escollos para la paz en Colombia puesto que los acuerdos a los que se ha llegado en la Habana, no resuelven las reivindicaciones de la lucha por la soberanía. En los países colonizados, estas luchas toman las formas de movimientos de liberación nacional, los cuales son catalogados como delincuentes desde la identidad de intereses entre la oligarquía y el imperialismo.

Por la defensa que de los intereses foráneos hacen los gobernantes nacionales, las instituciones se dirigen a combatir el enemigo interno mediante políticas contrainsurgentes para enfrentar a los sectores populares que luchan por su liberación en pleno ejercicio del derecho de rebelión. El ejército que tiene como función resguardar las fronteras se orienta a luchar contra la población que en armas defiende la soberanía de la nación. 

La clase dominante en Colombia y sus instituciones, entre las que están las fuerzas armadas, funcionan como apéndices del ejército norteamericano para el que cumplen misiones en la región para atacar a aquellos países que se salgan de los mandatos imperiales.

Esto explica por qué en el caso de la pretendida crisis en Venezuela, no se llama a iniciar campañas para hacerles llegar alimentos y demás materiales de primera necesidad, como es de esperarse desde una posición humanitaria, y por qué sí hay una labor continua de desprestigio de su proceso revolucionario, de su gobierno, sus dirigentes y de su Presidente obrero y legítimamente elegido; cumpliendo los lineamientos de la guerra de cuarta generación, todos los días se hace un ataque mediático constante desde países supuestamente hermanos como Colombia.  Lo normal ha sido que cuando aparecen noticias de pueblos famélicos en África – al menos en mi caso- el sentir que surge es cómo hacerles llegar comida, agua y servicio médico a las familias; no se piensa de qué bando son. En nuestras naciones los periodistas promueven un concepto muy extraño de hermandad. No se llama ni siquiera a desearles lo mejor. La posición con respecto Venezuela es entonces política. Algo preocupante es la acogida que tiene entre la población el odio difundido desde los medios de comunicación colombianos, orientados a fomentar los intereses extranjeros y la opresión.

Tal vez lo ignoren, pero los que se hacen eco de tales acciones se vuelven cómplices del ataque a los pueblos que luchan por su soberanía, apoyan el castigo que implementa el imperialismo a quienes buscan la liberación nacional –esto no es nuevo en la Historia Patria; ya había pasado con Bolívar y los Libertadores, quienes se vieron repudiados por sus connacionales cuando iniciaron su campaña de Independencia de América- los desposeídos que ven como enemigos a aquellos que luchan por la liberación de los oprimidos, son mentes sometidas al más crudo servilismo y que no saben lo que es vivir con dignidad, por eso se regocijan cuando se cierra el sitio sobre los patriotas, que aguantan heroicamente otra vez, como en la Cartagena de 1815 que enfrentó el bloqueo del imperio español.

No es justo que los recursos naturales de Colombia, sean usufructuados en beneficio de extranjeros, mientras el pueblo sufre el desempleo y pasa hambre y dificultades. Es de esperar que los acuerdos de la Habana abran nuevas opciones que permitan alcanzar la soberanía nacional, el respeto a las instituciones democráticas y la paz para la región.

Contra la corriente hay que demostrar que los rancios conservadores no lograrán detener la lucha del pueblo venezolano por su soberanía.

Referencia:

Estrada Alvarez, Jairo et al. «Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos críticos»

Mayo 26 de 2016

El blindaje de la paz: jurídico y político

20 may. 2016

La preocupación por la manera de garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica de los acuerdos de paz, ha rondado desde que se iniciaron, los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Sin resolverse ese asunto de mutuo interés, era imposible un final feliz de esas negociaciones.

No es para menos, en un país como el nuestro, donde la seguridad y estabilidad jurídicas han sido un privilegio de los poderosos (“seguridad inversionista” han tenido siempre); donde los acuerdos de paz se pisotean y las guerras se reciclan, donde “hecha la ley, hecha la trampa”, donde “se obedece pero no se cumple”, y los trabajadores han sido despojados de sus derechos adquiridos como quien recupera el producto de un robo. Además hay inmensos poderes de facto que no hacen parte de la mesa de negociación y a diario atentan contra lo ya avanzado.

Dicen los que saben, que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Pero Colombia funciona de manera diferente. A la hora de violar compromisos, en el mejor de los casos se guardan las formas, los protocolos y procedimientos, pero más allá de ellos, funciona una para-institucionalidad que decide e impone su propia realidad. Así, la Constitución colombiana de 1991 prohibía la reelección presidencial, pero cuando hubo un interesado en que la hubiera, lo suficientemente poderoso e inescrupuloso, se valió de un delito para hacer la correspondiente reforma a la carta y mantenerse en el cargo. El delito se llamó cohecho, los condenados están en prisión, y el único beneficiario, ahí… ahí campante como expresidente senador.

La seguridad jurídica pues, no es cosa menor en Colombia. El verbo “blindar” se conjuga ahora donde quiera que se discuta una norma. Darle seguridad a los acuerdos de paz era uno de los problemas más complicados a resolver; era tanto como indagar, luego de firmados los textos finales, dónde botar la llave de la guerra que no fuera encontrada por nadie; buscar el más profundo de los mares o el planeta más distante de la tierra para arrojar esa llave, además en estricto secreto donde no lo supieran el expresidente Uribe, ni Vargas Lleras ni sus círculos de allegados. Eso no era del todo posible, y por ello la decisión fue tramitar el acuerdo final ante el Consejo de seguridad de la ONU y depositarlo en el Consejo federal Suizo en Berna.

El asunto pareciera un juego de leguleyos de ambos bandos negociadores, si no fuera porque dos días antes de anunciado el acuerdo, debidamente “dateado” como siempre, el expresidente Uribe lanzó la consigna de la “resistencia civil” como nueva forma de oposición a lo que finalmente se acuerde en La Habana. El llamado a esa resistencia civil es una copia perversa y tragicómica de una expresión que líderes pacifistas de otras latitudes como Gandhi, Luther King y Mandela, llenaron de contenido y significado ético. Ofende la inteligencia, que dicha consigna sea utilizada por un guerrerista tan corto de miras como el expresidente.

Con todo, la “resistencia civil” uribista, plantea por lo menos una pregunta y una deducción. La pregunta está referida a los métodos de la oposición que desarrolla la extrema derecha contra la paz en Colombia, que ha sido una combinación integrada de movilización social, ofensiva mediática con alta dosis de falsedad, hiperactividad de un sector del funcionariado público (la Procuraduría, por ejemplo) y la dirigencia gremial (Fedegan, verbigracia), paros armados, asesinatos selectivos de dirigentes de base, control territorial y rearme paramilitar. En tanto una oposición verdaderamente civil, descarta de plano algunas de las anteriores formas de lucha y por lo tanto su combinación, nos quedamos sin saber si el expresidente piensa trazar esa línea divisoria y convertirse en la cabeza de una oposición nueva al proceso de paz, que rompa implícita y explícitamente con la zaga violenta, que quepa dentro del estado de derecho y sepamos a qué atenernos con Él quienes empujamos el carro hacia la reconciliación.

La deducción que cabe, apunta directamente al asunto de la refrendación de los acuerdos mediante votación popular. No cabe duda que en un escenario de contienda electoral, el NO será la carta uribista para desbaratar el edificio de la paz, solo que ya Uribe le puso nombre a su campaña, desde luego efectista y tramposo, la “resistencia civil”. Qué tan civil será esa resistencia, está pues por verse. Está por verse qué tan tranquila será la campaña en que la pedagogía de la paz se enfrentará al proyecto de que todo siga igual. La refrendación de los acuerdos directamente por los ciudadanos, es realmente la prueba más ácida para los acuerdos de La Habana; es la etapa reina que el proceso tendrá que superar para que el blindaje jurídico sea efectivo. Uribe lo sabe, y por eso ha defendido otro procedimiento de refrendación, la constituyente, escenario donde podría obtener un margen de maniobra mayor para derrotar o vulnerar lo acordado entre el gobierno y las FARC.

Pero más que el jurídico, es el blindaje político el más necesario para que la paz sea sostenible y duradera, porque finalmente, son los ciudadanos con sus decisiones libremente adoptadas y su voluntad de cambiar la historia, quienes podrán pasar la página de la violencia política organizada. El blindaje político de la paz, está referido no solo a que los colombianos ejerzan la democracia directa para decirle sí a los acuerdos y sí a la reconciliación en un plebiscito o en cualquier otra forma de escrutinio.

Los acuerdos pueden ser refrendados mayoritariamente; pero el veredicto de las urnas siendo indispensable, significa menos en la vida real que la desaparición de factores materiales y actuantes cotidianamente como el paramilitarismo, que podría sabotear la implementación, la incorporación de combatientes a la vida pública y la refrendación popular misma. El tema del blindaje es de complejidad suma; incluye lo jurídico pero sin caer en la ficción normativa; pasa necesariamente por la política y por transformaciones garantistas fundamentales que abran el espectro de la participación y la representación; y está asociado a cambios mentales que empiecen a remover el sentido común dominante que predispone a la gente a aceptar la violencia como algo fatal e inmutable.

La fórmula para garantizar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final, desatranca otras discusiones y resuelve dilemas que venían copando los debates sobre el proceso de paz y la coyuntura política. Es indudable que el panorama de la refrendación ha cambiado. De alguna manera la incorporación del acuerdo final al bloque de constitucionalidad y al ordenamiento jurídico interno, es de hecho una refrendación por el estado colombiano, en cabeza del Congreso de la república, la Corte Constitucional y el Presidente, quien pedirá al Secretario General de la ONU que lo incorpore a la Resolución 2261 del Concejo de Seguridad del 25 de enero de este año. Son así las instituciones máximas del estado y el sistema político, las que se han abrogado la refrendación de los acuerdos gobierno-FARC. La otra cara de la moneda, es que la insurgencia recíprocamente, ha reconocido la legitimidad plena de esa institucionalidad nacional e internacional, y de paso, se bajó en buena hora, de la exigencia irrealista de una Asamblea constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos.

En estas condiciones, la votación popular para aprobar o rechazar los acuerdos, ha sido resignificada. Más que una refrendación, aunque lo es, será el blindaje político máximo que los acuerdos de paz podrán alcanzar. El período de transición que sigue a la firma de los acuerdos, estará lleno de tropiezos; la implementación de ellos implicará batallas cotidianas contra los fantasmas que se resisten; la paz en Colombia tiene sus perdedores, y son de los malos. El carácter estable, duradero, sostenible, de la paz que puede alcanzarse al final del proceso, descansa en la legitimidad que le transfiera la participación masiva de los ciudadanos que el día acordado salgan a decir “no más guerra”.

En La Habana siguen las negociaciones y la dinámica de los últimos debates, mientras en Colombia la política empieza a rodar hacia el  máximo certamen democrático de la paz. El Congreso adelanta los debates del Acto Legislativo que incorpora el acuerdo final como Acuerdo Especial de DIH y la Corte Constitucional estudia la ley de convocatoria al plebiscito por la paz. Los partidos y actores políticos por su parte, han empezado a formular sus apuestas, a pesar de que cualquier forma de refrendación ciudadana de los acuerdos que apruebe o sugiera la Corte, debe ser consensuada en la mesa de diálogo como decisión bilateral. Todos los colombianos que asumimos los asuntos de la vida pública, incluidos (a pesar del Procurador Ordóñez) los funcionarios estatales, empezamos a alinearnos desde ya alrededor de un “sí” o un “no” a la solución negociada del conflicto.

Finalmente, hay un salto cualitativo menos perceptible pero clave, en la reciente decisión sobre blindaje de los acuerdos. Por virtud de ella, el proceso de paz y la solución negociada, toman la forma de una política de estado. El protagonismo del poder ejecutivo se mantiene, y es lo normal, pero ningún acuerdo anterior salido de la mesa de discusión, había comprometido al conjunto del estado y sus instituciones básicas como este del 12 de mayo. En cierto sentido se redefine la mesa de discusión: el interlocutor de la insurgencia es ahora, más que el gobierno Santos, el estado colombiano.

Una política de estado sobre paz y reconciliación sin embargo, no puede ser equivalente a una política centralizada. Toda la institucionalidad central que se despliega territorialmente, debe agenciar dicha política y retroalimentarla en sentido inverso. La estructura demográfica del país hará que sean mayoritariamente los citadinos quienes inclinen la balanza democrática hacia la paz o hacia el continuismo, pero son las poblaciones rurales, los campesinos y las minorías étnicas, quienes más han cargado las desgracias de la violencia política. Esta es una paradoja propia de la problemática de la paz territorial, que plantea serios interrogantes y desafíos a la hora de la refrendación popular y del diseño de políticas públicas para el posconflicto armado.

Con muchos interrogantes pero de todas maneras, el estado decidió refrendar los acuerdos finales de La Habana. Ahora somos los ciudadanos a quienes corresponde hacerlo; nos corresponde darles el verdadero blindaje: el de las urnas, o en otras palabras, nos corresponde blindar el blindaje con un evento de democracia directa, de resultado incontestable.

Derrotando las amenazas de los violentos a las comunidades y a los líderes sociales, y del Procurador Ordóñez a los funcionarios públicos que promuevan la firma de los acuerdos, es la hora de la pedagogía de la paz. Ningún blindaje es absoluto porque ninguno está por encima de la política, pero los colombianos sí tenemos el derecho a dejar atrás un conflicto de cinco décadas y entrar en otra dinámica que sea esperanzadora para las nuevas generaciones. La estabilidad y la seguridad jurídicas son indispensables para una paz sostenible y duradera, pero si la política dominante sigue siendo la tradicional, en Colombia los compromisos se seguirán burlando con los formalismos del estado de derecho o sin ellos.

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Pobre respuesta de Uribe a Timochenko

Por: Ricardo Robledo

La desatinada carta del procurador general en Colombia

Por : Ricardo Robledo

El procurador general de Colombia escribió el 13 de mayo de 2016, una carta dirigida al Presidente de Colombia, en la que se refiere críticamente a las acciones de respaldo judicial a los acuerdos de paz adelantados en la Habana.

Dice el procurador que se pretende que los acuerdos sean integrados a la constitucionalidad, que se colocan por encima de ella, que “tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional”, que el presidente se toma atribuciones, que va derrocar la constitución, que la sociedad va a ser sometida a la dictadura de las FARC; esos y otros comentarios pueriles y carentes de prudencia si se tiene en cuenta el carácter que debe tener un funcionario de tal rango.

Exagera el procurador y dado el papel que cumple la institución que dirige, le miente al país. Es presa de su interpretación subjetiva, de su posición política y de su catadura retardataria. La constitución colombiana consta de 380 artículos, además de otros complementos y estos no están siendo revisados en la Habana.

No suenan bien en sus labios las palabras ordenamiento jurídico, derechos humanos, intereses de la sociedad, constitucionalidad, voluntad del pueblo, régimen democrático, pueblo soberano, derecho constitucional, poder constituyente, procedimiento democrático, estado de derecho, orden constitucional. Porque nunca las ha cumplido.

Un piadoso caballero carente de ética, de moral y de compasión cristiana, pretende erigirse en defensor de la constitución, cuando en lugar de defender la moralidad institucional del país, se mantiene en su cargo con base en el clientelismo, la corruptela y la manipulación, usufructuando sus funciones en beneficio personal, de su grupo político y rigiéndose por sus creencias particulares y poco por la constitución. Hace tiempo que debió renunciar o haber sido retirado de su cargo por cobijar a corruptos y por sus decisiones amañadas.

Resulta que  aquellos que han violado sistemáticamente la constitución en Colombia, quieren aparecer como sus defensores ahora que la justicia los llama a cuentas. Todo el alboroto armado y en el cual el procurador es partícipe, es en el fondo una “no-constitucionalidad” contra la constitucionalidad del país, al que pretenden seguir usurpando. Como que para el procurador, los “falsos positivos” estaban muy ajustados a la ley.

No se da cuenta el señor procurador que el pueblo colombiano no es soberano; que Colombia es un país invadido, en el que tropas extranjeras y mercenarios deambulan a sus anchas en contra de toda constitucionalidad y soberanía; que 54 niñas fueron violadas y grabadas por aquellos asentados en la patria por cuenta del Plan Colombia. (Señor procurador, fueron relaciones sexuales por fuera del matrimonio y sin la bendición de dios; actúe. Usted que obra en nombre de la virgen santísima, salve  a Colombia de tantas niñas malvadas que corrompen a los abnegados soldados norteamericanos y los distraen de su noble labor de matar colombianos ).

Es bueno tener una Patria donde sus funcionarios sean probos, ajustados a la ley, prudentes, objetivos, mesurados, que llamen a la reconciliación ciudadana y sean defensores de la soberanía nacional.

Mayo 16 de 2016   

BOLETÍN DE PRENSA PLAN DE DESARROLLO O PLAN DE ILUSIONES Y BUENAS INTENCIONES

BOLETÍN DE PRENSA

PLAN DE DESARROLLO O PLAN DE ILUSIONES Y BUENAS INTENCIONES

 Los  Concejales de Medellín, por estos días, se encuentran con la bola de cristal en la mano, tratando de adivinar de donde van a salir los recursos para financiar el Plan de Desarrollo para nuestra ciudad. El Proyecto de Acuerdo 011 de 2016, no contiene un plan integral de desarrollo para Medellín, pues aparte de estar lleno de generalidades, es un plan parcial, en un claro desconocimiento de que la administración municipal está compuesta por la administración central y las entidades descentralizadas.

Las entidades descentralizadas, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, forman parte de la rama ejecutiva. Radicar un Proyecto de Plan de Desarrollo, sin que esté acompañado de los anexos que contienen los planes y programas de las entidades descentralizadas, refleja las deficiencias y la falta de comprensión del Alcalde y los Concejales de Medellín, del funcionamiento de la administración pública y de lo que es la función administrativa. Los servidores públicos no tienen por qué saberlo todo, para eso tienen asesores, pero que estén pagando personas que muchas veces no saben dónde están parados, con los dineros de los contribuyentes, es demasiado reprochable.

 Mientras los Concejales de Medellín se devanan los sesos, buscando recursos para construir una escuelita, un escenario deportivo, o una callecita, el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín,  acaba de declarar  que como consecuencia de la delicada situación financiera de EPM, se suspenden las adquisiciones por dos años, pero no son solamente éstas, hoy nadie puede garantizar que los recursos que está prometiendo EPM, que va a entregar al Municipio de Medellín, estén seguros.

Los Concejales de Medellín, deberían estar debatiendo, a profundidad, la crisis financiera de las Empresas Públicas de Medellín, pues resulta escandaloso que el endeudamiento en el solo año 2015, fuera superior al 26%. ¿Estarán discutiendo los Señores Concejales, las implicaciones que tienen para las finanzas del Municipio, las inversiones que la pasada administración hizo en el exterior, y el empréstito por mil millones de dólares, en momentos en que el dólar estaba por encima de los tres mil pesos?

¿Estarán teniendo en la cuenta los Señores Concejales, en la discusión del Plan de Desarrollo, el saqueo que está haciendo Millicom de los dineros públicos de Medellín, a tal punto que tiene a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y a Colombia Móvil Tigo, en total bancarrota económica y financiera, y que los platos rotos los vamos a pagar, tanto EPM como todos los contribuyentes?

Adenda, ¿Cuándo se irá a pronunciar la Señora Contralora General de Medellín, Patricia Bonilla Sandoval, sobre el saqueo que está haciendo Millicom a Medellín? Esto, en tanto ya tiene los elementos suficientes que prueban nuestras afirmaciones.

 De la Comunidad y los Trabajadores en General,

GONZALO ÁLVAREZ HENAO                                                              JESÚS MARÍA LÓPEZ VELÁSQUEZ

Presidente                                                         Presidente

Movimiento Cívico de Medellín                 UNIGEEP

Y El Área Metropolitana                             Unión Sindical Grupo Empresarial EPM

Comunicado Conjunto #69, La Habana

Comunicado Conjunto #69

La Habana, Cuba, 12 de mayo de 2016

En el día de hoy las delegaciones del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional.

Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos enunciados en el párrafo anterior.

El texto del acuerdo adoptado es el siguiente:

I.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional introducirá, antes del 18 de mayo de 2016, el siguiente texto en la tramitación del Acto Legislativo nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara:

 “Artículo xxx: La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

En desarrollo del Derecho a la paz, el procedimiento legislativo especial para la aprobación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial” con los siguientes criterios procedimentales especiales: envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaria del Senado y publicación, debate en comisiones  constitucionales conjuntas  del Senado y Cámara, votación, debate en plenario del senado; y debate en plenario de la Cámara. El tránsito del proyecto entre una y otra cámara será de 8 días, las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto, por mayoría calificada; control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial; sanción presidencial y publicación en diario oficial; el Gobierno se obligará a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y entrado en vigor el presente Acto Legislativo.

El procedimiento legislativo de aprobación de leyes o actos legislativos para la implementación o desarrollo del Acuerdo Final, será el Procedimiento legislativo especial para la paz establecido en el artículo transitorio xxxx contemplado en el artículo primero de este Acto Legislativo, y estará en vigencia para la aprobación de normas de implementación y desarrollo del Acuerdo Final durante el tiempo establecido en el artículo xxxx

El control constitucional relacionado con la aprobación de La ley aprobatoria del Acuerdo Especial, será único y automático.

El control constitucional relacionado con la implementación del Acuerdo Final mediante Leyes ordinarias o leyes estatutarias, será único y automático.

II.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional, antes del 18 de mayo de 2016, añadirá en el parágrafo j)  del artículo 1  del PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 04 DE 2015 SENADO, 157 DE 2015 CÁMARA, la palabra “único” en el siguiente párrafo:

“j) Los proyectos de Acto Legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático de constitucionalidad  (….)”

quedando así dicho texto:

“j) Los proyectos de Acto Legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único  de constitucionalidad  (….)”

III.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional, antes del 18 de mayo de 2016,  retirará de la tramitación del Acto Legislativo nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara la proposición aditiva “artículo transitorio. Jurisdicción Especial para la paz”

IV.- Una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio, en el que tendrá que constar expresamente el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz de 15 de diciembre de 2015. Dicho artículo transitorio entrará en vigor una vez entre en vigor el Acuerdo Final.

V.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, se depositará, inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

VI.- Igualmente, el Gobierno Nacional y las FARC EP acuerdan que una vez aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se efectuará una declaración presidencial con forma de declaración unilateral del Estado colombiano ante el Secretario General de las Naciones Unidas, citando la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de enero de 2016, pidiendo al Secretario General que se dé la bienvenida al Acuerdo Final y lo relacione con la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad del 25 de enero,  generando un documento oficial del Consejo de Seguridad, y anexando a dicha Resolución 2261 el texto completo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

La destitución de Dilma Rousseff – la clase dominante brasileña en pie de guerra

El Senado de Brasil acaba de votar por una mayoría de 55 votos a 22 destituir a la Presidenta Dilma Rousseff. Michel Temer, el vicepresidente y miembro del partido burgués PMDB, está haciendo ahora los preparativos para formar un nuevo gobierno de la derecha. Esto marca el final de un largo período de relativa estabilidad política en Brasil. La economía está en su peor recesión desde la década de 1930. Es en este contexto que podemos entender los recientes cambios y giros dramáticos en la situación política.

Los marxistas nos oponemos totalmente a la destitución de Dilma, puesto que comprendemos muy bien las fuerzas de clase que están detrás de esto y por qué lo están haciendo. Sin embargo, nuestra oposición a la destitución de ninguna manera implica el apoyo al gobierno de coalición de Dilma con partidos burgueses o a sus medidas de austeridad contra la clase obrera.

Hay dos factores importantes que han llevado a la gran mayoría de los políticos burgueses en Brasil a actuar para remover a Dilma, uno es la grave crisis económica que enguye a Brasil y el otro es la investigación en curso por corrupción sobre el 60% de los actuales diputados en el Congreso, el Parlamento brasileño. Al destituir a Dilma y llevarla a juicio, esperan enterrar las investigaciones y escapar de ser llevados ellos mismos a juicio. Pero primero vamos a esbozar la crisis económica.

La crisis económica

Brasil no se vio afectado de la misma manera que Europa o América del Norte por la crisis de 2007-08. En 2008, el crecimiento fue del 5,1%, que se desaceleró bruscamente hasta el -0,1% en 2009, y luego se recuperó de manera significativa al 7,5% en 2010. Esto siguió a los acontecimientos en China, donde en 2009 se produjo una desaceleración significativa en la tasa de crecimiento, pero después sobre la base de un programa de gasto público masivo y un gran bombeo de crédito, la economía china se recuperó muy rápidamente. Esto tuvo el efecto de amortiguar en muchas partes de la economía mundial las secuelas de las crisis europeas y norteamericanas. Esto explica el crecimiento continuado en muchos países latinoamericanos, especialmente Brasil, que estaban operando a gran escala con China.

Hasta hace poco Brasil estaba en auge, con una tasa media de crecimiento anual del PIB del 3,5 por ciento entre 2000 y 2013, con su punto más alto del 7,5 por ciento en 2010. Todo esto terminó en 2013, cuando la economía brasileña se paró súbitamente con un crecimiento de sólo el 0,1%, seguido de una caída del 3,8% el año pasado, a la espera de que se produzca una nueva caída del 3,5% en 2016.

En septiembre del año pasado la deuda de Brasil fue rebajada al nivel de basura por Standard & Poor, aumentando los temores de que Brasil no pudiera pagar. En respuesta a esto, el gobierno anunció un nuevo paquete de austeridad con recortes del gasto público de 17 mil millones de dólares, por encima de lo que ya había anunciado a principios de año. En estas condiciones, el real se devaluó un 30% frente al dólar, alimentando la inflación que se disparó al 7,4%. Esto ha estado comiéndose el poder adquisitivo real de los trabajadores. Este alto nivel de la inflación significa que el banco central no puede disminuir el tipo de interés, que es lo que las empresas requerirían para facilitar los préstamos y la inversión. De hecho, la inversión ha estado cayendo a lo largo de este período. Por lo tanto, la única respuesta que podía llegar del gobierno era recortar masivamente el gasto público y aumentar los impuestos, agravando aún más la desaceleración económica.

Mientras que la economía estaba en auge, el gobierno del PT podía hacer algunas concesiones, como también los patrones. El auge permitió a los líderes sindicales un cierto margen de maniobra en la medida que los patrones podían permitirse el lujo de hacer concesiones más grandes de lo que de otro modo habrían podido afrontar. Con una economía en expansión y con el PT en el gobierno se podían alcanzar acuerdos con los sindicatos, y la derecha podía tolerar al gobierno, al cual, sin embargo, nunca consideraron como propio.

El cambio en la situación económica ha sido dramático. En la región de Sao Paulo solo, un área con 40 millones de habitantes, más de 4.000 fábricas han cerrado desde que esta crisis estalló, con el anuncio diario de cierres de fábricas. El desempleo oficial a principios del año 2014 era del 4,8%, pero ahora se ha disparado hasta el 10,9% (marzo de 2016) y se espera que siga aumentando a más del 11% en junio de este año.

Impactos de la desaceleración de China en Brasil

La conexión de la economía brasileña con China ha sido como una espada de doble filo. Por un lado, las exportaciones brasileñas a una China en auge, además de la inversión china en Brasil, fueron los principales factores que contribuyen al crecimiento de Brasil. Pero la otra cara de esto era también una apertura del mercado brasileño a los productos chinos más baratos y competitivos. La penetración de los productos chinos en el mercado brasileño creció significativamente desde mediados de la década de 2000 en adelante, y en algunos sectores esto ha llevado al cierre de muchos productores nacionales con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

China también ha estado desplazando a los productores brasileños de sus mercados tradicionales de América Latina como Argentina y Chile. Esto ha afectado a una amplia gama de industrias y no sólo de baja tecnología o de productos de mano de obra intensiva, sino también a sectores de alta tecnología, tales como productos electrónicos, teléfonos móviles, etc.

«La Confederación Nacional de la Industria [la organización patronal de Brasil] informa de que más de un cuarto de las empresas brasileñas se enfrentan a la competencia de los productos chinos en el mercado nacional, y que esta proporción se eleva a más del 40% en las grandes empresas. Más de la mitad de los exportadores brasileños compiten con los productos chinos en sus mercados de exportación». (La manufactura brasileña frente a la competencia china).

En los períodos de expansión, incluso los países con un menor nivel de productividad del trabajo podían encontrar un hueco en el mercado mundial para sus exportaciones, pero en el período de severa disminución mundial, los más aptos sobreviven y los otros se hunden. China en 2014 tuvo una tasa de crecimiento en la productividad del 7 por ciento – fue del 9,5 por ciento promedio entre 2007-2012 – Brasil, mientras, sólo alcanzó el 0,3% en 2014, por debajo del 1,8 por ciento de 2013. [Fuente: Productivity Brief 2015]

Esto plantea un gran dilema a la burguesía brasileña. Si han de permanecer en el mercado mundial como exportadores de productos industriales tienen que recortar el coste de producción. Para que los capitalistas brasileños sean más competitivos en el mercado mundial necesitan aumentar la productividad mediante una mayor inversión y las denominadas «reformas», como The Economist ha planteado: «reformas económicas muy necesarias», lo que quiere decir la destrucción de las conquistas de la clase trabajadora brasileña ganadas en décadas de lucha.

La tasa de inversión de China el año pasado – a pesar de que comenzó a caer – fue de alrededor del 46% del PIB, mientras que en Brasil fue inferior al 20%. Esto revela la debilidad de la burguesía brasileña en relación con los chinos. A este ritmo, la diferencia de productividad entre los dos países aumentará aún más, lo que agrava los problemas de los capitalistas brasileños.

El problema es que en condiciones de mercados a la baja, es decir, de caída de las ventas, el incentivo para invertir es aún más débil. Por lo tanto, la burguesía brasileña se ve obligada a descargar el peso de la crisis sobre los hombros de la clase obrera brasileña, lo que significa ataques contra los salarios, las condiciones, jornada, etc., así como un ataque contra el «salario social», con los recortes del gasto en salud, pensiones y educación. En efecto, esto significa exprimir más aún a la clase obrera, con la extracción de más plusvalía, con una transferencia de riqueza de los trabajadores a los capitalistas.

Este es un elemento importante en la comprensión del procedimiento del juicio político y destitución de Roussef. Teniendo en cuenta lo que las condiciones del mercado mundial imponen a los capitalistas brasileños, requieren un gobierno de derechas de línea dura, que elimine las sutilezas en la negociación con los sindicatos. Los burgueses están en pie de guerra contra los trabajadores de Brasil. Ellos tienen la intención de quitarles todo lo que han concedido en el pasado. Esto abre un período de lucha de clases renovada e intensa en Brasil.

Enterrando las investigaciones sobre corrupción

Dilma y TemerComo señalamos anteriormente, la crisis económica, sin embargo, no es la única razón que ha empujado a los políticos burgueses brasileños a moverse rápidamente para eliminar al PT del gobierno. Hay otra muy buena razón: la mayoría de ellos están bajo investigación por una forma de corrupción u otra en las famosas investigaciones Lava Coches (Lava Jato) del Tribunal Supremo.

Eduardo Cunha, un diputado del PMDB y presidente del Parlamento, después de enfrentarse a las investigaciones por corrupción, junto con muchos otros parlamentarios, había pedido al gobierno que pusiera fin a las investigaciones, pero Dilma no podía hacer esto, ya que se habría expuesto totalmente a los ojos de su propia base electoral. Cunha no se lo puso más fácil a Dilma con sus constantes arrebatos reaccionarios, como por ejemplo sus declaraciones homófobas sobre los homosexuales que son parte de la «obra del diablo». De hecho, es un evangelista reaccionario extremo. Fue debido a la negativa de Dilma a poner fin a las investigaciones en curso contra los parlamentarios corruptos que éstos reaccionarios decidiendo actuar contra ella.

La argumentación de los líderes del PT fue que se estaba preparando un «golpe», para terminar con la democracia, y que todos debían unirse contra el «fascismo», y en contra de un retorno de la dictadura. El proceso de destitución de Dilma no era un «golpe de Estado», como algunos han afirmado. Esto no era más que un intento de la dirección del PT de reunir apoyo para el gobierno de dentro del movimiento obrero. No hay fascismo aquí ni fin inminente de la democracia burguesa. Es una maniobra dentro de las instituciones del estado burgués, que es vista por las masas como antidemocrática. Es una acción de la burguesía para liberarse del gobierno del PT en un momento en el que pensaban que el colapso del apoyo popular a Dilma haría esto más fácil.

En realidad, el llamamiento a la unidad contra el fascismo fue un intento de agrupar fuerzas alrededor del gobierno de Dilma para permitirle continuar con sus medidas de austeridad contra la clase trabajadora, un programa por el que ella no fue elegida. Ella se presentó con un programa y una vez elegida llevó a cabo exactamente lo contrario. Esto expone la farsa de la democracia burguesa: se puede prometer una cosa y luego hacer lo contrario después de ser elegido, y las masas no tienen manera de controlar al gobierno.

Esto explica por qué las masas no estaban con Dilma. El 18 de marzo hubo hasta 400.000 en las calles de Sao Paulo contra el llamado «golpe de Estado», en contra del proceso de destitución de Dilma, pero esas mismas masas no estaban apoyando al gobierno. El 18 de marzo fue una reacción contra la movilización del 13 de marzo de la derecha a favor de la destitución. Fue una contra-revolución en las calles que provocó las fuerzas de la revolución. El movimiento contra la destitución refleja un odio ardiente de los trabajadores y los pobres hacia la derecha, que ha estado provocándoles constantemente.

La derecha tenía de su parte los «tecnicismos» legales para proceder al juicio político. El año pasado Cunha, utilizando su posición como presidente del Congreso, pidió al Tribunal de Cuentas de Brasil que investigara si Dilma había «mentido» sobre el déficit presupuestario de 2014, y si ella había usado dinero de los bancos estatales para cubrir el déficit, ocultando de este modo lo grande que era éste en realidad.

Esta es la razón por la que los partidos burgueses estaban enojados. Al jugar con las cifras de déficit, Dilma pudo presentar la economía en un estado más saludable de lo que realmente estaba, y ella usó esto en la campaña electoral de 2014 para derrotar por poco al candidato presidencial de la derecha, Aecio Neves.

El Tribunal de Cuentas declaró que Dilma de hecho había «mentido», y esto dio al Congreso la excusa técnica que permitió iniciar el proceso de destitución. Curiosamente, el Tribunal Supremo está investigando si Dilma cobró en realidad sobornos de Petrobras, la gran empresa estatal de petróleo, para financiar su campaña electoral, pero sólo dará a conocer los resultados a finales de este año. Este sería un problema mucho más serio que maquillar las cuentas del déficit, pero no ha sido utilizado en el proceso de destitución. Se podría especular la razón de esto en el hecho de que la gran mayoría de los diputados que votaron por el juicio político están ellos mismos implicados en este mismo tipo de corrupción, así que ¿para qué levantar la tapa de este pozo negro que podría también llamar la atención sobre todos los demás casos similares que implican a todos estos parlamentarios?

La ironía de esta situación es que el PMDB, el partido de Temer, fue el mayor aliado del gobierno de Dilma hasta ahora. Cunha es también del PMDB. Este partido fue presentado por los líderes del PT como un partido «progresista» en el que los trabajadores podían confiar. Esto demuestra que los burgueses han decidido que ya no  necesitan los servicios de los líderes del PT, y ahora que se han vuelto impopulares los están echando del gobierno.

El punto es que ellos podían haber encontrado un detalle técnico como éste para proceder contra Dilma hace mucho tiempo. Así ¿por qué precisamente ahora todos los partidos burgueses, tanto los que estaban en el gobierno como en la oposición, han decidido avanzar en esta dirección? Hay dos razones muy buenas. Una de ellas es la reciente desaceleración económica en Brasil y la otra es para encubrir un escándalo de corrupción mucho mayor y más importante que implica a un 60% de los actuales parlamentarios que se sientan en el Congreso.

Por lo tanto, como Dilma no quiso entrar en su juego de encubrir las investigaciones de corrupción en su contra, se han movido por muy buenas razones personales, para salvar sus propias carreras políticas, en un intento de forzar un acuerdo que finalmente entierre toda la investigación.

La creciente impopularidad de Dilma y Lula

Lo que ha incrementado la determinación de la derecha para eliminar a Dilma ha sido su gran colapso de apoyo popular, que, irónicamente, se debe a su intento de satisfacer las demandas de los patrones mediante la imposición de la austeridad.

En su campaña electoral de 2014, Dilma, con la ayuda de Lula, había virado a la izquierda, vistiendo camisetas rojas, y levantando una retórica izquierdista contra la derecha. Para ganar la segunda vuelta en octubre de 2014, la dirección del PT presentó una cara de izquierdas, saliendo contra las privatizaciones, etc. Afirmaron que los puestos de trabajo, los salarios y las prestaciones sociales estaban bajo amenaza si la derecha ganaba las elecciones.

Pero una vez elegida – con una ligera mayoría – Dilma se movió muy rápidamente para aplicar la austeridad y llevó a cabo precisamente ¡lo que había advertido que haría la derecha! Dilma comenzó a aplicar el programa de la burguesía. Ella sentó a representantes directos de la burguesía en el gobierno, tales como Levi, un director de banco.

La destitución, por tanto, no es un movimiento en contra de «un gobierno de izquierdas», que está actuando en interés de la clase obrera. Dilma ya estaba llevando a cabo una política de austeridad. El año pasado ella explicó la necesidad de que todos tenían que apretarse el cinturón. El déficit presupuestario alcanzó el 6,75% del PIB, duplicando el del año anterior, y ella explicó la necesidad de recortes en el gasto público y que: «hay que dividir parte de este esfuerzo entre todos los sectores de la sociedad.» En realidad, esto significaba que pagaran los trabajadores y los pobres.

Tan sólo a las dos semanas de ser elegida – en octubre de 2014 – ella dió un giro de 180 grados y el apoyo popular al gobierno colapsó. De acuerdo con la agencia de sondeos Datafolha, el índice de aprobación de Dilma se redujo del 42% en diciembre de 2014 al 23% en marzo de 2015, y el índice de popularidad más reciente (marzo de este año) la puso en un mero 11%.

Mientras Dilma estaba anunciando la necesidad de más austeridad, un juez del Tribunal Supremo publicó los nombres de los políticos que podrían investigarse en relación con una trama de soborno enorme en Petrobras (Lava Jato), incluyendo muchos diputados y senadores, la mayoría de ellos relacionados con las autoridades. Esto también involucró directamente a Lula, que fue sorprendido en casos de corrupción.

La verdad es que no había caso legal real contra Lula en términos de su participación directa en la corrupción, pero un juez se dirigió a la prensa, hizo declaraciones sobre el caso, y también hubo altos directivos y otros jefes importantes de la compañía detenidos, y luego se les ofreció un trato en el que si colaboraban – es decir, si acusaban a las personas adecuadas – obtendrían sentencias menores. Así que hicieron confesiones que involucraban a Lula. Fue un escándalo absoluto en términos de procedimiento legal, incluso desde un punto de vista burgués.

Así, en marzo de este año, Lula fue detenido de manera teatral para ser interrogado en lugar de ser convocado al despacho del juez, lo que habría sido el procedimiento usual. Sin embargo, Lula había sondeado ser nombrado ministro por Dilma como medio legal de evitar la investigación. Esto dio la impresión de que tenía algo que ocultar y que estaba usando esto como una estratagema para escapar de la justicia.

Vale la pena señalar, sin embargo, si ha aceptado sobornos directamente o no, que desde que Lula dejó el cargo en 2011 ha conseguido por lo menos 20 millones de dólares en «pagos por realizar conferencias», de la misma manera que Bill Clinton y Tony Blair, que, una vez fuera del gobierno, dieron la vuelta al mundo dando discursos a cambio de cientos de miles de dólares en honorarios. Este es un medio «legal» por el cual la burguesía paga los servicios prestados por estos políticos. Esto significa que Lula ha acumulado gran riqueza personal a espaldas del movimiento de los trabajadores brasileños que construyeron el PT desde la nada a través de un poderoso movimiento de los trabajadores del metal a finales de los 70. En estas condiciones, la popularidad de Lula también se vio mermada, aunque ahora que la derecha ha maniobrado tan abiertamente en contra del PT, Lula podría ser utilizado de nuevo en una etapa posterior, para ser usado en el futuro como un intento de calmar el movimiento de revuelta que surja desde abajo.

Antecedentes del escenario actual

Este es el trasfondo del proceso de destitución. Fue en condiciones de una fuerte desaceleración económica repentina y la caída de popularidad de Dilma, a principios de 2015, que comenzó el impulso del juicio político. Esto fue sólo unos meses después de su victoria electoral. La primera indicación de cómo iban a ser las cosas para Dilma llegó el 1 de febrero del año pasado, cuando Eduardo Cunha derrotó al candidato del PT para la presidencia del Congreso.

Esto era todavía en las primeras etapas y el principal partido burgués, el PSDB aún no estaba en campaña para la destitución. Su posición era desgastar a Dilma para las elecciones de 2018 y luego ir a por una victoria electoral de la derecha, lo que habría legitimado en términos parlamentarios la formación de un gobierno de la derecha. Estaban pensando en un escenario venezolano, donde finalmente la derecha podría «legítimamente» ganar las elecciones.

Esto estaba en línea con la posición de las potencias imperialistas y también reflejaba los puntos de vista del sector más inteligente y previsor de la burguesía brasileña. Los imperialistas estaban preocupados porque la acusación pudiera desencadenar fuerzas desde abajo. Esto ha sido confirmado por los movimientos estudiantiles generalizados que han tenido lugar antes, durante y después de la votación del 17 de abril en el Congreso que aprobó la destitución, antes de pasar al Senado. Ha habido protestas en Sao Paulo de hasta 20.000 estudiantes y en Río de Janeiro 100 escuelas fueron ocupadas por estudiantes, profesores y padres. En Sao Paulo durante las manifestaciones se lanzaron huevos al gobernador Geraldo Alckmin del PSDB, un individuo que también está conectado con el archirreaccionario Opus Dei.

En el período entre abril y septiembre del año pasado, los propietarios de los bancos estaban también contra el juicio político, al igual que los industriales en ciudades importantes como Sao Paulo y Río de Janeiro, al considerarlo «irresponsable». Sin embargo, las cosas cambiaron muy rápidamente ya que la crisis económica de Brasil empeoró, lo que obligó a los patrones a prepararse para una ofensiva seria contra la clase obrera.

El hecho es que la burguesía brasileña había perdido el control de sus propios representantes políticos parlamentarios y de sus partidos. Pero con el tiempo la burguesía brasileña también se vio obligada a deslizarse por la vía de la destitución, aunque los imperialistas a través de sus voceros como el Financial Times, The Washington Post etc. siguieron oponiéndose al juicio político y eran muy críticos con los políticos brasileños. Ellos ven el juicio político y la eliminación del actual gobierno como una provocación a las masas, la eliminación de cualquier legitimidad de cualquier gobierno futuro de la derecha, que podría provocar un auge de las fuerzas desde abajo.

Mientras tanto, la crisis económica continuó empeorando, y la derecha salió a culpar a Dilma. Se trata de la peor recesión en Brasil desde la década de 1930. Esto fortaleció aún más su decisión de ir al juicio político. Cada vez son más los políticos de derecha que comenzaron a presionar a favor del juicio político, por ejemplo, Aecio Neves, el candidato del PSDB en las elecciones presidenciales de 2014.

A mediados de 2015, comenzaron a ser promovidas las protestas callejeras organizadas por la derecha, a través de su control de los medios de comunicación. Se orquestó una campaña por los grandes medios de comunicación sobre la «corrupción» y luego los parlamentarios del PSDB también comenzaron a cambiar a favor del juicio político, y en septiembre / octubre el conjunto del partido ya se había desplazado totalmente a favor de esto. Así pues, el proceso oficial del juicio político se inició en diciembre de 2015.

Es importante plantear la pregunta: ¿qué capas de la sociedad están apoyando el juicio político? Los de las manifestaciones a favor de la acusación eran principalmente la base de los partidos de la derecha, capas de la clase media, elementos de extrema derecha, etc. La composición social de las manifestaciones de la derecha se destacaba por las encuestas realizadas, que revelaban que menos del 5% de los participantes ganaban menos de cinco veces el salario mínimo.

El estado de ánimo entre la clase obrera, por el contrario, fue revelado en San Bernardo, un bastión industrial metalúrgico tradicional, donde están las plantas de Volkswagen, Ford, General Motors, Fiat, entre otras. En las asambleas de los trabajadores fueron sometidas a votación dos resoluciones: una contra el juicio político y la pérdida de derechos democráticos, que obtuvo el apoyo unánime, y otra en defensa del gobierno Dilma, que fue bastante abucheada y silbada. Ni una sola asamblea de fábrica salió en apoyo del gobierno. Esto confirma la exactitud de la posición de los marxistas de la Esquerda Marxista en su oposición al juicio político pese a no dar ningún apoyo al gobierno.

Esta postura de los trabajadores se explica fácilmente si se recuerda que Dilma había estado recortando la prestación por desempleo, atacando las pensiones – incrementando el número de años que un trabajador tiene que trabajar con el fin de tener derecho a una pensión – y recortando en la seguridad social y el sistema de salud.

Se inicia la destitución

El 17 de abril, el Congreso votó por una gran mayoría destituir a la presidenta en ejercicio, Dilma Rousseff. Los procedimientos fueron orquestados por Eduardo Cunha, el Presidente del Congreso, un político extremadamente corrupto. Los fiscales que llevan la investigación de Lava Jato, afirmaron que tenían pruebas de que Cunha poseía cuentas bancarias secretas en Suiza para esconder grandes sumas de dinero que había recibido de sobornos.

No mucho tiempo después de la votación para destituir a Dilma en el Congreso, el 4 de mayo, el Tribunal Supremo de Brasil suspendió a Cunha de su cargo para que fuera acusado de «corrupción, intimidación a los legisladores, obstrucción a la justicia y abuso de poder». Lo que es de notar aquí es el papel del poder judicial a lo largo de todo este proceso. Podrían haber removido a Cunha hace mucho tiempo, pero decidieron dejarlo en su lugar hasta que hubiera impulsado el juicio político en el Congreso.

A continuación, Cunha fue sustituido por el Vicepresidente de la cámara Waldir Maranhão, que también está siendo investigado por el Tribunal Supremo por lavado de dinero y aceptar sobornos, y por estar involucrado en el escándalo de Petrobras. Maranhão pertenece a esa minoría de políticos burgueses que estaba en contra del juicio político. Había ignorado la línea de su propio partido cuando votó el 17 de abril contra el juicio político. Esto pone de relieve las divisiones que existen dentro de la clase dirigente de Brasil.

El lunes, 9 de mayo, Maranhão anunció la anulación de la destitución del 17 de abril aprobada por el Congreso, argumentando que había habido irregularidades durante el procedimiento de votación. Esto provocó el pánico en los mercados de Brasil, con el real cayendo un 4,6% en el día, y el índice bursátil de referencia Ibovespa cayendo hasta un 3,5%. Esto reveló que los inversores – o más bien los especuladores – quieren ver al PT fuera del gobierno tan pronto como sea humanamente posible, y que cualquier retraso en el proceso de juicio político podría poner esto en peligro. Los medios brasileños empezaron a decir que Maranhão había sido presionado por su Partido Progresista, de centro-derecha, alegando que habían amenazado con expulsarlo si no revocaba la anulación de la votación del lunes 17 de abril. Maranhao luego hizo otro giro y revocó la anulación previa, ¡todo sin explicar por qué!

En un intento de último minuto para evitar el juicio político, Dilma se dirigió a la Corte Suprema el martes – de nuevo tratando de involucrar al Poder Judicial – instándola a bloquear la votación programada en el Senado, pero aunque el Fiscal General había pedido a la Corte que anulara el juicio político, ésta se negó a hacerlo y confirmó los procedimientos parlamentarios, dejando el camino abierto para la destitución.

Dilma ahora será suspendida como Presidenta mientras que su Vice-Presidente Michel Temer asumirá el cargo de presidente, que también designará a su propio gobierno. Las encuestas de opinión han mostrado que si Michel Temer llegara a presentarse a las elecciones sólo el 2% de la población votaría por él. Es un hombre de los súper-ricos y es odiado por las masas de trabajadores y pobres de Brasil. La eliminación de Dilma, a pesar de su impopularidad, será vista como totalmente ilegítima, y cualquier gobierno dirigido por Temer será visto carente del mandato democrático del pueblo.

Esta es una situación muy peligrosa para la burguesía, y explica también sus divisiones. La situación económica requiere medidas de austeridad estrictas, mucho peores que cualquier cosa que se haya aplicado hasta el momento. En una situación de este tipo se requiere un gobierno con autoridad para que proceda sin desatar un conflicto de clases desde abajo. La ventaja del PT en el gobierno era su capacidad para contener a la clase obrera, pero en los últimos tiempos había perdido la autoridad que tenía en las capas más extensas de los trabajadores y los pobres. Tener un gobierno que es percibido por las masas trabajadoras y pobres como ilegítimo hará que sea mucho más difícil para la clase dominante actuar a su antojo.

Esto explica también el conflicto entre un sector de la clase dominante brasileña y la burguesía imperialista que ha estado consistentemente en contra de la destitución. Los imperialistas entienden las poderosas fuerzas que podrían desencadenarse desde abajo, de los trabajadores, los jóvenes, los desempleados, los sin techo, los sin tierra, una vez que perciban que el gobierno de turno no sea «legítimo». Esto también pone de relieve el hecho de que mientras que Brasil sigue siendo una economía dominada por las grandes potencias imperialistas, también tiene una burguesía local – aunque muy corrupta – que tiene sus propios intereses particulares. Y este conflicto de intereses es un elemento importante en la comprensión de la política brasileña en la actualidad.

Algo se mueve a la izquierda

Así que lo que tenemos es un PT en declive desde ha tiempo, como revelan los índices de popularidad. Muchos trabajadores y jóvenes están disgustados por lo que ha hecho en el gobierno. El partido que iba a defenderlos se ha vuelto contra su propia base social. Esto explica la debilidad actual del PT tanto en términos de sus militantes activos como en su apoyo más amplio dentro de la clase obrera.

La tragedia de todo esto es también que los dirigentes de la central sindical CUT no han movilizado a los trabajadores. Ellos han estado colaborando con el gobierno. La votación del Congreso para destituir a Dilma en abril los empujó – junto con los líderes del PT – a plantear la idea de organizar asambleas de trabajadores el Primero de Mayo, pero luego dieron marcha atrás y optaron por organizar concentraciones que eran más parecidas a festivales y conciertos.

El propio Lula ha estado trabajando activamente para desmovilizar el movimiento contra la destitución y ha estado particularmente preocupado por las movilizaciones de los trabajadores. Su línea, y la de la cúpula del PT, es la de la colaboración de clases conciliadora y no la lucha de clases. Y siguen con esta política, ¡incluso cuando los burgueses van a por ellos personalmente!

Está claro que los trabajadores y los jóvenes de Brasil están sacando conclusiones de todos los acontecimientos recientes. El capitalismo brasileño está en crisis y está atacando a la clase obrera. Los dirigentes reformistas no sólo no han logrado detener esto, sino que en realidad han sido instrumentos fundamentales para llevar a cabo los ataques. Ahora están desacreditados y la burguesía está buscando otro medio de gobernar el país.

En estas condiciones, veremos el intento de la burguesía de utilizar a los partidos abiertamente de derechas, algunos de ellos con enlaces directos con la dictadura militar que llegó al poder en 1964. Esto, sin embargo, va a producir una reacción igual y opuesta a la izquierda, con la erupción de protestas de los trabajadores y de los estudiantes por todo el país. Ya ayer, hubo varias movilizaciones enormes, en particular de los jóvenes, que son una muestra de lo que está por venir.

Esto abre un espacio a la izquierda del PT, con la radicalización generalizada que está teniendo lugar entre los trabajadores y la juventud. Pero ¿qué fuerza puede llenar el vacío? En este momento el único partido que tiene el potencial para llenarlo es el PSOL, una ruptura por la izquierda del PT en 2002, que en los últimos años ha conseguido algunos resultados razonables, tales como el 28,15% conseguido por el candidato del PSOL en Río de Janeiro en 2012. El PSOL actualmente tiene cinco diputados federales. La Esquerda Marxista, la Corriente Marxista Internacional (CMI) en Brasil, se ha comprometido a reforzar el PSOL como una alternativa de izquierda al PT en declive. Esto sólo se puede hacer convenciendo al PSOL en su conjunto de la necesidad de una ruptura total con el capitalismo.

Grecia muestra cómo un pequeño partido de la izquierda puede ser catapultado de repente para convertirse en el principal partido de la clase obrera. Esto fue lo que ocurrió con Syriza. Pero Grecia también muestra lo que puede suceder cuando tal partido en el gobierno intenta administrar el sistema, en lugar de abolirlo. La burguesía le preparará trampas al PSOL, que debe evitarlas a toda costa. Eso es lo que los marxistas van a explicar pacientemente dentro de sus filas.

Este es el comienzo de un nuevo período, un nuevo proceso que va a ver un giro brusco a la izquierda de las capas más avanzadas, una situación en la que las ideas del marxismo pueden ganar un eco dentro de la clase obrera y de la juventud. Los compañeros de la CMI en Brasil, la Esquerda Marxista, están interviniendo en estos eventos con sus pancartas, consignas, folletos y revistas, llevando las ideas del marxismo al movimiento. Cuando la situación cambia tan drásticamente, ideas que en el pasado tenían problemas para avanzar dentro del movimiento de los trabajadores y de la juventud, podrán convertirse ahora en muy relevantes, y una poderosa fuerza marxista puede ser forjada en estas condiciones.

http://www.luchadeclases.org/internacional/america-latina/brasil/2426-2016-05-13-00-15-51.htmlcondiciones. LUCHA DE CLASES

 

En Venezuela toca resistir como en Leningrado

 Por: Ricardo Robledo

Ni más ni menos, la situación de guerra no convencional del imperialismo contra el pueblo venezolano es comparable a los sufrimientos infringidos por el nazismo a los ciudadanos rusos con la invasión a Leningrado que duró 872 días desde el 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944, cuando el ejército rojo, en tres meses, expulsó de su territorio a los alemanes.

 Los relatos históricos de esa lucha hablan de bloqueo, corte del suministro de alimentos, suspensión de electricidad, falta de combustibles, mercado negro. Algo que llama bastante la atención es el apoyo de España a los invasores de entonces. Acciones con hondas similitudes con la situación que hoy se vive en Venezuela, país sometido a un verdadero sitio por la alianza del imperialismo, las mafias paramilitares y las oligarquías regionales.

 Son evidentes los planes del comando sur y de la CIA, para atacar al gobierno legítimo y tomar posesión de la riqueza en recursos naturales que posee este país suramericano. Se usa la presión diplomática, los acuerdos regionales proimperialistas, la manipulación mediática, la presencia de expresidentes, la MUD, el paramilitarismo, el narcotráfico, los mercenarios, las acciones ilegales del ejército norteamericano. Se promueve el desconcierto y el descontento de la población, las protestas estudiantiles así como de los industriales. Los medios mundiales se encargan de enlodar la imagen del gobierno popular de la revolución bolivariana y justificar las intervenciones extranjeras en supuesta defensa de la estabilidad democrática y de la condición humanitaria mínima de los habitantes.

 Así como Leningrado es reconocida como la “ciudad heroica”, la “ciudad que nunca se rindió”, así tendrá que pasar a la historia el bravo pueblo venezolano que ha resistido los embates del imperialismo y sus secuaces. El mismo pueblo que llevó la libertad a la Patria Grande, de la mano de Bolívar enfrentando el entonces poderoso imperio español.

 Así como los habitantes de Leningrado dicen con orgullo: “Troya cayó, Roma cayó, Leningrado no cayó” así se sellarán otras jornadas de gloria de los patriotas que hoy resisten el sitio de su país. La resistencia venezolana es crucial para los pueblos del mundo; los países que han iniciado la lucha contra el capitalismo deben persistir en su camino de no retorno a un sistema criminal e inhumano. No hay alternativa. Sólo los espera la gloria y la gratitud eterna.

 En Venezuela luchan todos los pueblos del mundo. A resistir como en Leningrado. Los invasores conocerán la derrota una vez más. Los patriotas mostrarán su tesón como lo hicieron en el paso del páramo de Pisba. Gloria al bravo pueblo.

  Mayo 03 de 2016

COLOMBIA (Medellín): BOLETIN DE PRENSA

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DICE EL DICHO POPULAR: QUE DESDE  EL DESAYUNO  SE SABE  CÓMO VA A SER EL ALMUERZO

 Hasta donde llega nuestro conocimiento, en la historia de la ciudad de Medellín, no habíamos visto un alcalde tan emproblemado y envuelto en tanta polémica iniciando su periodo, por sus desaciertos administrativos y por la violación flagrante de la Constitución y de la Ley, como el Doctor FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA, quien corre el riesgo de no terminar su mandato, pues como es sabido, a los funcionarios públicos solo les está permitido hacer lo que les autoriza la normatividad vigente.

La gran apuesta del mandatario es combatir el delito y devolverles la seguridad a los ciudadanos, pero para el logro de este loable empeño, debe estar investido de autoridad, dando ejemplo de respeto por la Constitución y la Ley. En otras palabras, respetando el principio de legalidad, que no es otro que el sometimiento al ordenamiento jurídico del país. Si el mandatario quiere con éxito combatir el delito, no puede infringir las normas que nos rigen, pues eso le resta potestad moral para pedirles a los habitantes de Medellín, que las cumplan.

Empezando su mandato lo pusimos al tanto de la estafa de que había sido víctima la ciudad  de Medellín, por parte de la multinacional Millicom y le solicitamos que cumpliera e hiciera cumplir el Acuerdo 17 de 2013, pero  se ha hecho el desentendido, y muy seguramente va a ser procesado por omisión en el desempeño de su cargo.

Conjuntamente con el Director del Área Metropolitana y los alcaldes de los municipios vecinos y sin soportes técnicos y jurídicos, les dio por ordenarle al Metro de Medellín que movilizara de manera gratuita a los usuarios, con el argumento de combatir la contaminación ambiental, y esta alcaldada le costó al medio masivo de transporte 1.700 millones de pesos, que para pagarlos pretenden sacarlos de los dineros de los contribuyentes, o con un incremento en las tarifas del Metro. Las respuestas emocionales, el afán de protagonismo y el abuso en el ejercicio del poder, no los tienen que pagar los ciudadanos.

Y por último, impulsado por los caballistas vinculados a su administración, pretendió violar el Acuerdo 104 de 2013, que en la práctica quitó la posibilidad de que en la Feria de las Flores, se realizara la cabalgata. Esta polémica propuesta, aunque finalmente fue descartada, nos sirvió para conocer que tanto el Gerente General de EPM, como el Secretario de Gobierno, saben mucho de caballos, pero muy poco del funcionamiento de la administración pública.

De la Comunidad y los Trabajadores en General,

GONZALO ÁLVAREZ HENAO     JESÚS MARÍA LÓPEZ VELÁSQUEZ

Presidente                                                      Presidente

Movimiento Cívico de Medellín           UNIGEEP

Y El Área Metropolitana                        Unión Sindical Grupo Empresarial EPM