Archivo mensual: mayo 2016

Paz sí, pero no así ¿Cuántas clases de paz existen?

Por: Ricardo Robledo

La paz no existe en abstracto, se puede definir simplemente como un estado de no guerra. No es más que una relación entre seres vivos, en la que los racionales en un momento de la historia, deciden reconocerse como iguales y respetarse. Pero socialmente es mucho más. Representa para unos el poder tener siempre a su lado a sus seres queridos y poder abrazarlos sin el riesgo aleatorio de la muerte, así de simple o de vital- como se quiera asumir.

                                                                                

El padre Javier Giraldo Moreno, resalta “La PAZ es un valor ante todo ético, espiritual, social y también político. Exige un clima adecuado, configurado con otros valores profundamente conexos con ella, como la verdad, la justicia, la tolerancia, el respeto a la vida de todo ser humano y de todo ser viviente y a sus derechos fundamentales.” (Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos. Pag. 243). Los que quieran otro tipo diferente de paz, lo deben definir y comunicar.

En Colombia, la insurgencia –que es apenas un sector del país- está negociando mucho, por mucho. Está dejando atrás una larga historia de combate y está tratando de evitar más pérdidas de vidas humanas; está buscando que se abran opciones más civilizadas que permitan la democratización de la sociedad.

Resulta que ahora los señores en “resistencia civil” salieron con la consigna “paz sí, pero no así”. Tal vez quieran mostrarle a la sociedad colombiana que debe negociarse la paz que ellos quieren, la que le conviene a sus intereses, no la que le conviene al país. No se puede pretender que un sector, como la insurgencia, que negocia, se acoja a los deseos de otro sector minoritario que no negocia. La derecha no ha entendido que ellos también pueden negociar con la sociedad, acogiéndose a los programas de verdad, reparación y de no repetición, reconociendo su responsabilidad en las masacres contra el pueblo colombiano. Pero no pueden llamar a que se acojan con exclusividad sus estrechos conceptos particulares, y menos a cambio de nada.

Apenas iniciado el paro agrario, en el Valle del Cauca resultó muerto el indígena Willington Quibarecama Naquirucama, de 26 años y perteneciente al resguardo indígena Dachini, durante un procedimiento del ESMAD. Esas son algunas de las inconsecuencias de la paz; de manera particular, su familia sufre el dolor de la muerte. Es necesario que las acciones estatales valoren más la vida de todos y cada uno de los colombianos sin distinción de rango social y que garanticen el derecho a la protesta. Por encima de cualquier orden u objetivo debe estar el respeto a la vida.

De todas maneras representa un avance para la humanidad el que sectores de ultraderecha expresen un sí para la paz, así sea condicionado. Ahí van avanzando.

Paz sí, de todas las formas y para todos.

Mayo 31 de 2016

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Es justa la lucha de los pueblos por su soberanía

 Por: Ricardo Robledo

Colombia, como todo país colonizado, no es soberana; aquí las grandes decisiones económicas y políticas las toma el imperialismo. La oligarquía colombiana, que lo es solo de nombre, se ha enriquecido entregando los recursos naturales y humanos a la explotación extranjera, de quienes, como socia minoritaria, recibe la protección suficiente y necesaria para que tal estado de cosas se mantenga. Sumisión de vieja data como lo señala el investigador Hiram Hobson al referirse a las concesiones petroleras acordadas durante la presidencia de Enrique Olaya Herrera (1930-34) abiertamente favorables al capital externo: “si el pueblo colombiano  se diera cuenta de lo que había alrededor de esas negociaciones, ocurriría un levantamiento armado en esa república”

La venta de Isagen, y ahora de la ETB, son muy dicientes; pues son empresas estratégicas para la nación que son feriadas, con triquiñuelas, al menor postor. En cuanto al transporte, si una persona movilizaba pasajeros en su carrito viejo era perseguido como pirata; bastó que entrara una plataforma extranjera para que se volviera legal el que particulares presten el servicio de transporte de pasajeros. Con el plan de ordenamiento y manejo de cuencas (POMCAS), empresas multinacionales están inventariando los recursos hídricos de país y en general toda la estructura físico-biótica de las zonas.

Es descarada la injerencia en los asuntos internos de la nación; algo que tiene tanto peso que le da un carácter internacional al conflicto social y armado, por la orientación ideológica y militar que le dan los intereses imperiales al ejército conformado en Colombia, que opera como una fuerza de invasión.

Este es uno de los escollos para la paz en Colombia puesto que los acuerdos a los que se ha llegado en la Habana, no resuelven las reivindicaciones de la lucha por la soberanía. En los países colonizados, estas luchas toman las formas de movimientos de liberación nacional, los cuales son catalogados como delincuentes desde la identidad de intereses entre la oligarquía y el imperialismo.

Por la defensa que de los intereses foráneos hacen los gobernantes nacionales, las instituciones se dirigen a combatir el enemigo interno mediante políticas contrainsurgentes para enfrentar a los sectores populares que luchan por su liberación en pleno ejercicio del derecho de rebelión. El ejército que tiene como función resguardar las fronteras se orienta a luchar contra la población que en armas defiende la soberanía de la nación. 

La clase dominante en Colombia y sus instituciones, entre las que están las fuerzas armadas, funcionan como apéndices del ejército norteamericano para el que cumplen misiones en la región para atacar a aquellos países que se salgan de los mandatos imperiales.

Esto explica por qué en el caso de la pretendida crisis en Venezuela, no se llama a iniciar campañas para hacerles llegar alimentos y demás materiales de primera necesidad, como es de esperarse desde una posición humanitaria, y por qué sí hay una labor continua de desprestigio de su proceso revolucionario, de su gobierno, sus dirigentes y de su Presidente obrero y legítimamente elegido; cumpliendo los lineamientos de la guerra de cuarta generación, todos los días se hace un ataque mediático constante desde países supuestamente hermanos como Colombia.  Lo normal ha sido que cuando aparecen noticias de pueblos famélicos en África – al menos en mi caso- el sentir que surge es cómo hacerles llegar comida, agua y servicio médico a las familias; no se piensa de qué bando son. En nuestras naciones los periodistas promueven un concepto muy extraño de hermandad. No se llama ni siquiera a desearles lo mejor. La posición con respecto Venezuela es entonces política. Algo preocupante es la acogida que tiene entre la población el odio difundido desde los medios de comunicación colombianos, orientados a fomentar los intereses extranjeros y la opresión.

Tal vez lo ignoren, pero los que se hacen eco de tales acciones se vuelven cómplices del ataque a los pueblos que luchan por su soberanía, apoyan el castigo que implementa el imperialismo a quienes buscan la liberación nacional –esto no es nuevo en la Historia Patria; ya había pasado con Bolívar y los Libertadores, quienes se vieron repudiados por sus connacionales cuando iniciaron su campaña de Independencia de América- los desposeídos que ven como enemigos a aquellos que luchan por la liberación de los oprimidos, son mentes sometidas al más crudo servilismo y que no saben lo que es vivir con dignidad, por eso se regocijan cuando se cierra el sitio sobre los patriotas, que aguantan heroicamente otra vez, como en la Cartagena de 1815 que enfrentó el bloqueo del imperio español.

No es justo que los recursos naturales de Colombia, sean usufructuados en beneficio de extranjeros, mientras el pueblo sufre el desempleo y pasa hambre y dificultades. Es de esperar que los acuerdos de la Habana abran nuevas opciones que permitan alcanzar la soberanía nacional, el respeto a las instituciones democráticas y la paz para la región.

Contra la corriente hay que demostrar que los rancios conservadores no lograrán detener la lucha del pueblo venezolano por su soberanía.

Referencia:

Estrada Alvarez, Jairo et al. “Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos críticos”

Mayo 26 de 2016

El blindaje de la paz: jurídico y político

20 may. 2016

La preocupación por la manera de garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica de los acuerdos de paz, ha rondado desde que se iniciaron, los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Sin resolverse ese asunto de mutuo interés, era imposible un final feliz de esas negociaciones.

No es para menos, en un país como el nuestro, donde la seguridad y estabilidad jurídicas han sido un privilegio de los poderosos (“seguridad inversionista” han tenido siempre); donde los acuerdos de paz se pisotean y las guerras se reciclan, donde “hecha la ley, hecha la trampa”, donde “se obedece pero no se cumple”, y los trabajadores han sido despojados de sus derechos adquiridos como quien recupera el producto de un robo. Además hay inmensos poderes de facto que no hacen parte de la mesa de negociación y a diario atentan contra lo ya avanzado.

Dicen los que saben, que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Pero Colombia funciona de manera diferente. A la hora de violar compromisos, en el mejor de los casos se guardan las formas, los protocolos y procedimientos, pero más allá de ellos, funciona una para-institucionalidad que decide e impone su propia realidad. Así, la Constitución colombiana de 1991 prohibía la reelección presidencial, pero cuando hubo un interesado en que la hubiera, lo suficientemente poderoso e inescrupuloso, se valió de un delito para hacer la correspondiente reforma a la carta y mantenerse en el cargo. El delito se llamó cohecho, los condenados están en prisión, y el único beneficiario, ahí… ahí campante como expresidente senador.

La seguridad jurídica pues, no es cosa menor en Colombia. El verbo “blindar” se conjuga ahora donde quiera que se discuta una norma. Darle seguridad a los acuerdos de paz era uno de los problemas más complicados a resolver; era tanto como indagar, luego de firmados los textos finales, dónde botar la llave de la guerra que no fuera encontrada por nadie; buscar el más profundo de los mares o el planeta más distante de la tierra para arrojar esa llave, además en estricto secreto donde no lo supieran el expresidente Uribe, ni Vargas Lleras ni sus círculos de allegados. Eso no era del todo posible, y por ello la decisión fue tramitar el acuerdo final ante el Consejo de seguridad de la ONU y depositarlo en el Consejo federal Suizo en Berna.

El asunto pareciera un juego de leguleyos de ambos bandos negociadores, si no fuera porque dos días antes de anunciado el acuerdo, debidamente “dateado” como siempre, el expresidente Uribe lanzó la consigna de la “resistencia civil” como nueva forma de oposición a lo que finalmente se acuerde en La Habana. El llamado a esa resistencia civil es una copia perversa y tragicómica de una expresión que líderes pacifistas de otras latitudes como Gandhi, Luther King y Mandela, llenaron de contenido y significado ético. Ofende la inteligencia, que dicha consigna sea utilizada por un guerrerista tan corto de miras como el expresidente.

Con todo, la “resistencia civil” uribista, plantea por lo menos una pregunta y una deducción. La pregunta está referida a los métodos de la oposición que desarrolla la extrema derecha contra la paz en Colombia, que ha sido una combinación integrada de movilización social, ofensiva mediática con alta dosis de falsedad, hiperactividad de un sector del funcionariado público (la Procuraduría, por ejemplo) y la dirigencia gremial (Fedegan, verbigracia), paros armados, asesinatos selectivos de dirigentes de base, control territorial y rearme paramilitar. En tanto una oposición verdaderamente civil, descarta de plano algunas de las anteriores formas de lucha y por lo tanto su combinación, nos quedamos sin saber si el expresidente piensa trazar esa línea divisoria y convertirse en la cabeza de una oposición nueva al proceso de paz, que rompa implícita y explícitamente con la zaga violenta, que quepa dentro del estado de derecho y sepamos a qué atenernos con Él quienes empujamos el carro hacia la reconciliación.

La deducción que cabe, apunta directamente al asunto de la refrendación de los acuerdos mediante votación popular. No cabe duda que en un escenario de contienda electoral, el NO será la carta uribista para desbaratar el edificio de la paz, solo que ya Uribe le puso nombre a su campaña, desde luego efectista y tramposo, la “resistencia civil”. Qué tan civil será esa resistencia, está pues por verse. Está por verse qué tan tranquila será la campaña en que la pedagogía de la paz se enfrentará al proyecto de que todo siga igual. La refrendación de los acuerdos directamente por los ciudadanos, es realmente la prueba más ácida para los acuerdos de La Habana; es la etapa reina que el proceso tendrá que superar para que el blindaje jurídico sea efectivo. Uribe lo sabe, y por eso ha defendido otro procedimiento de refrendación, la constituyente, escenario donde podría obtener un margen de maniobra mayor para derrotar o vulnerar lo acordado entre el gobierno y las FARC.

Pero más que el jurídico, es el blindaje político el más necesario para que la paz sea sostenible y duradera, porque finalmente, son los ciudadanos con sus decisiones libremente adoptadas y su voluntad de cambiar la historia, quienes podrán pasar la página de la violencia política organizada. El blindaje político de la paz, está referido no solo a que los colombianos ejerzan la democracia directa para decirle sí a los acuerdos y sí a la reconciliación en un plebiscito o en cualquier otra forma de escrutinio.

Los acuerdos pueden ser refrendados mayoritariamente; pero el veredicto de las urnas siendo indispensable, significa menos en la vida real que la desaparición de factores materiales y actuantes cotidianamente como el paramilitarismo, que podría sabotear la implementación, la incorporación de combatientes a la vida pública y la refrendación popular misma. El tema del blindaje es de complejidad suma; incluye lo jurídico pero sin caer en la ficción normativa; pasa necesariamente por la política y por transformaciones garantistas fundamentales que abran el espectro de la participación y la representación; y está asociado a cambios mentales que empiecen a remover el sentido común dominante que predispone a la gente a aceptar la violencia como algo fatal e inmutable.

La fórmula para garantizar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final, desatranca otras discusiones y resuelve dilemas que venían copando los debates sobre el proceso de paz y la coyuntura política. Es indudable que el panorama de la refrendación ha cambiado. De alguna manera la incorporación del acuerdo final al bloque de constitucionalidad y al ordenamiento jurídico interno, es de hecho una refrendación por el estado colombiano, en cabeza del Congreso de la república, la Corte Constitucional y el Presidente, quien pedirá al Secretario General de la ONU que lo incorpore a la Resolución 2261 del Concejo de Seguridad del 25 de enero de este año. Son así las instituciones máximas del estado y el sistema político, las que se han abrogado la refrendación de los acuerdos gobierno-FARC. La otra cara de la moneda, es que la insurgencia recíprocamente, ha reconocido la legitimidad plena de esa institucionalidad nacional e internacional, y de paso, se bajó en buena hora, de la exigencia irrealista de una Asamblea constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos.

En estas condiciones, la votación popular para aprobar o rechazar los acuerdos, ha sido resignificada. Más que una refrendación, aunque lo es, será el blindaje político máximo que los acuerdos de paz podrán alcanzar. El período de transición que sigue a la firma de los acuerdos, estará lleno de tropiezos; la implementación de ellos implicará batallas cotidianas contra los fantasmas que se resisten; la paz en Colombia tiene sus perdedores, y son de los malos. El carácter estable, duradero, sostenible, de la paz que puede alcanzarse al final del proceso, descansa en la legitimidad que le transfiera la participación masiva de los ciudadanos que el día acordado salgan a decir “no más guerra”.

En La Habana siguen las negociaciones y la dinámica de los últimos debates, mientras en Colombia la política empieza a rodar hacia el  máximo certamen democrático de la paz. El Congreso adelanta los debates del Acto Legislativo que incorpora el acuerdo final como Acuerdo Especial de DIH y la Corte Constitucional estudia la ley de convocatoria al plebiscito por la paz. Los partidos y actores políticos por su parte, han empezado a formular sus apuestas, a pesar de que cualquier forma de refrendación ciudadana de los acuerdos que apruebe o sugiera la Corte, debe ser consensuada en la mesa de diálogo como decisión bilateral. Todos los colombianos que asumimos los asuntos de la vida pública, incluidos (a pesar del Procurador Ordóñez) los funcionarios estatales, empezamos a alinearnos desde ya alrededor de un “sí” o un “no” a la solución negociada del conflicto.

Finalmente, hay un salto cualitativo menos perceptible pero clave, en la reciente decisión sobre blindaje de los acuerdos. Por virtud de ella, el proceso de paz y la solución negociada, toman la forma de una política de estado. El protagonismo del poder ejecutivo se mantiene, y es lo normal, pero ningún acuerdo anterior salido de la mesa de discusión, había comprometido al conjunto del estado y sus instituciones básicas como este del 12 de mayo. En cierto sentido se redefine la mesa de discusión: el interlocutor de la insurgencia es ahora, más que el gobierno Santos, el estado colombiano.

Una política de estado sobre paz y reconciliación sin embargo, no puede ser equivalente a una política centralizada. Toda la institucionalidad central que se despliega territorialmente, debe agenciar dicha política y retroalimentarla en sentido inverso. La estructura demográfica del país hará que sean mayoritariamente los citadinos quienes inclinen la balanza democrática hacia la paz o hacia el continuismo, pero son las poblaciones rurales, los campesinos y las minorías étnicas, quienes más han cargado las desgracias de la violencia política. Esta es una paradoja propia de la problemática de la paz territorial, que plantea serios interrogantes y desafíos a la hora de la refrendación popular y del diseño de políticas públicas para el posconflicto armado.

Con muchos interrogantes pero de todas maneras, el estado decidió refrendar los acuerdos finales de La Habana. Ahora somos los ciudadanos a quienes corresponde hacerlo; nos corresponde darles el verdadero blindaje: el de las urnas, o en otras palabras, nos corresponde blindar el blindaje con un evento de democracia directa, de resultado incontestable.

Derrotando las amenazas de los violentos a las comunidades y a los líderes sociales, y del Procurador Ordóñez a los funcionarios públicos que promuevan la firma de los acuerdos, es la hora de la pedagogía de la paz. Ningún blindaje es absoluto porque ninguno está por encima de la política, pero los colombianos sí tenemos el derecho a dejar atrás un conflicto de cinco décadas y entrar en otra dinámica que sea esperanzadora para las nuevas generaciones. La estabilidad y la seguridad jurídicas son indispensables para una paz sostenible y duradera, pero si la política dominante sigue siendo la tradicional, en Colombia los compromisos se seguirán burlando con los formalismos del estado de derecho o sin ellos.

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Pobre respuesta de Uribe a Timochenko

Por: Ricardo Robledo

La desatinada carta del procurador general en Colombia

Por : Ricardo Robledo

El procurador general de Colombia escribió el 13 de mayo de 2016, una carta dirigida al Presidente de Colombia, en la que se refiere críticamente a las acciones de respaldo judicial a los acuerdos de paz adelantados en la Habana.

Dice el procurador que se pretende que los acuerdos sean integrados a la constitucionalidad, que se colocan por encima de ella, que “tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional”, que el presidente se toma atribuciones, que va derrocar la constitución, que la sociedad va a ser sometida a la dictadura de las FARC; esos y otros comentarios pueriles y carentes de prudencia si se tiene en cuenta el carácter que debe tener un funcionario de tal rango.

Exagera el procurador y dado el papel que cumple la institución que dirige, le miente al país. Es presa de su interpretación subjetiva, de su posición política y de su catadura retardataria. La constitución colombiana consta de 380 artículos, además de otros complementos y estos no están siendo revisados en la Habana.

No suenan bien en sus labios las palabras ordenamiento jurídico, derechos humanos, intereses de la sociedad, constitucionalidad, voluntad del pueblo, régimen democrático, pueblo soberano, derecho constitucional, poder constituyente, procedimiento democrático, estado de derecho, orden constitucional. Porque nunca las ha cumplido.

Un piadoso caballero carente de ética, de moral y de compasión cristiana, pretende erigirse en defensor de la constitución, cuando en lugar de defender la moralidad institucional del país, se mantiene en su cargo con base en el clientelismo, la corruptela y la manipulación, usufructuando sus funciones en beneficio personal, de su grupo político y rigiéndose por sus creencias particulares y poco por la constitución. Hace tiempo que debió renunciar o haber sido retirado de su cargo por cobijar a corruptos y por sus decisiones amañadas.

Resulta que  aquellos que han violado sistemáticamente la constitución en Colombia, quieren aparecer como sus defensores ahora que la justicia los llama a cuentas. Todo el alboroto armado y en el cual el procurador es partícipe, es en el fondo una “no-constitucionalidad” contra la constitucionalidad del país, al que pretenden seguir usurpando. Como que para el procurador, los “falsos positivos” estaban muy ajustados a la ley.

No se da cuenta el señor procurador que el pueblo colombiano no es soberano; que Colombia es un país invadido, en el que tropas extranjeras y mercenarios deambulan a sus anchas en contra de toda constitucionalidad y soberanía; que 54 niñas fueron violadas y grabadas por aquellos asentados en la patria por cuenta del Plan Colombia. (Señor procurador, fueron relaciones sexuales por fuera del matrimonio y sin la bendición de dios; actúe. Usted que obra en nombre de la virgen santísima, salve  a Colombia de tantas niñas malvadas que corrompen a los abnegados soldados norteamericanos y los distraen de su noble labor de matar colombianos ).

Es bueno tener una Patria donde sus funcionarios sean probos, ajustados a la ley, prudentes, objetivos, mesurados, que llamen a la reconciliación ciudadana y sean defensores de la soberanía nacional.

Mayo 16 de 2016   

BOLETÍN DE PRENSA PLAN DE DESARROLLO O PLAN DE ILUSIONES Y BUENAS INTENCIONES

BOLETÍN DE PRENSA

PLAN DE DESARROLLO O PLAN DE ILUSIONES Y BUENAS INTENCIONES

 Los  Concejales de Medellín, por estos días, se encuentran con la bola de cristal en la mano, tratando de adivinar de donde van a salir los recursos para financiar el Plan de Desarrollo para nuestra ciudad. El Proyecto de Acuerdo 011 de 2016, no contiene un plan integral de desarrollo para Medellín, pues aparte de estar lleno de generalidades, es un plan parcial, en un claro desconocimiento de que la administración municipal está compuesta por la administración central y las entidades descentralizadas.

Las entidades descentralizadas, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, forman parte de la rama ejecutiva. Radicar un Proyecto de Plan de Desarrollo, sin que esté acompañado de los anexos que contienen los planes y programas de las entidades descentralizadas, refleja las deficiencias y la falta de comprensión del Alcalde y los Concejales de Medellín, del funcionamiento de la administración pública y de lo que es la función administrativa. Los servidores públicos no tienen por qué saberlo todo, para eso tienen asesores, pero que estén pagando personas que muchas veces no saben dónde están parados, con los dineros de los contribuyentes, es demasiado reprochable.

 Mientras los Concejales de Medellín se devanan los sesos, buscando recursos para construir una escuelita, un escenario deportivo, o una callecita, el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín,  acaba de declarar  que como consecuencia de la delicada situación financiera de EPM, se suspenden las adquisiciones por dos años, pero no son solamente éstas, hoy nadie puede garantizar que los recursos que está prometiendo EPM, que va a entregar al Municipio de Medellín, estén seguros.

Los Concejales de Medellín, deberían estar debatiendo, a profundidad, la crisis financiera de las Empresas Públicas de Medellín, pues resulta escandaloso que el endeudamiento en el solo año 2015, fuera superior al 26%. ¿Estarán discutiendo los Señores Concejales, las implicaciones que tienen para las finanzas del Municipio, las inversiones que la pasada administración hizo en el exterior, y el empréstito por mil millones de dólares, en momentos en que el dólar estaba por encima de los tres mil pesos?

¿Estarán teniendo en la cuenta los Señores Concejales, en la discusión del Plan de Desarrollo, el saqueo que está haciendo Millicom de los dineros públicos de Medellín, a tal punto que tiene a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y a Colombia Móvil Tigo, en total bancarrota económica y financiera, y que los platos rotos los vamos a pagar, tanto EPM como todos los contribuyentes?

Adenda, ¿Cuándo se irá a pronunciar la Señora Contralora General de Medellín, Patricia Bonilla Sandoval, sobre el saqueo que está haciendo Millicom a Medellín? Esto, en tanto ya tiene los elementos suficientes que prueban nuestras afirmaciones.

 De la Comunidad y los Trabajadores en General,

GONZALO ÁLVAREZ HENAO                                                              JESÚS MARÍA LÓPEZ VELÁSQUEZ

Presidente                                                         Presidente

Movimiento Cívico de Medellín                 UNIGEEP

Y El Área Metropolitana                             Unión Sindical Grupo Empresarial EPM

Comunicado Conjunto #69, La Habana

Comunicado Conjunto #69

La Habana, Cuba, 12 de mayo de 2016

En el día de hoy las delegaciones del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional.

Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos enunciados en el párrafo anterior.

El texto del acuerdo adoptado es el siguiente:

I.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional introducirá, antes del 18 de mayo de 2016, el siguiente texto en la tramitación del Acto Legislativo nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara:

 “Artículo xxx: La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

En desarrollo del Derecho a la paz, el procedimiento legislativo especial para la aprobación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial” con los siguientes criterios procedimentales especiales: envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaria del Senado y publicación, debate en comisiones  constitucionales conjuntas  del Senado y Cámara, votación, debate en plenario del senado; y debate en plenario de la Cámara. El tránsito del proyecto entre una y otra cámara será de 8 días, las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto, por mayoría calificada; control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial; sanción presidencial y publicación en diario oficial; el Gobierno se obligará a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y entrado en vigor el presente Acto Legislativo.

El procedimiento legislativo de aprobación de leyes o actos legislativos para la implementación o desarrollo del Acuerdo Final, será el Procedimiento legislativo especial para la paz establecido en el artículo transitorio xxxx contemplado en el artículo primero de este Acto Legislativo, y estará en vigencia para la aprobación de normas de implementación y desarrollo del Acuerdo Final durante el tiempo establecido en el artículo xxxx

El control constitucional relacionado con la aprobación de La ley aprobatoria del Acuerdo Especial, será único y automático.

El control constitucional relacionado con la implementación del Acuerdo Final mediante Leyes ordinarias o leyes estatutarias, será único y automático.

II.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional, antes del 18 de mayo de 2016, añadirá en el parágrafo j)  del artículo 1  del PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 04 DE 2015 SENADO, 157 DE 2015 CÁMARA, la palabra “único” en el siguiente párrafo:

“j) Los proyectos de Acto Legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático de constitucionalidad  (….)”

quedando así dicho texto:

“j) Los proyectos de Acto Legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único  de constitucionalidad  (….)”

III.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional, antes del 18 de mayo de 2016,  retirará de la tramitación del Acto Legislativo nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara la proposición aditiva “artículo transitorio. Jurisdicción Especial para la paz”

IV.- Una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio, en el que tendrá que constar expresamente el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz de 15 de diciembre de 2015. Dicho artículo transitorio entrará en vigor una vez entre en vigor el Acuerdo Final.

V.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, se depositará, inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

VI.- Igualmente, el Gobierno Nacional y las FARC EP acuerdan que una vez aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se efectuará una declaración presidencial con forma de declaración unilateral del Estado colombiano ante el Secretario General de las Naciones Unidas, citando la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de enero de 2016, pidiendo al Secretario General que se dé la bienvenida al Acuerdo Final y lo relacione con la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad del 25 de enero,  generando un documento oficial del Consejo de Seguridad, y anexando a dicha Resolución 2261 el texto completo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.