El blindaje de la paz: jurídico y político

20 may. 2016

La preocupación por la manera de garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica de los acuerdos de paz, ha rondado desde que se iniciaron, los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Sin resolverse ese asunto de mutuo interés, era imposible un final feliz de esas negociaciones.

No es para menos, en un país como el nuestro, donde la seguridad y estabilidad jurídicas han sido un privilegio de los poderosos (“seguridad inversionista” han tenido siempre); donde los acuerdos de paz se pisotean y las guerras se reciclan, donde “hecha la ley, hecha la trampa”, donde “se obedece pero no se cumple”, y los trabajadores han sido despojados de sus derechos adquiridos como quien recupera el producto de un robo. Además hay inmensos poderes de facto que no hacen parte de la mesa de negociación y a diario atentan contra lo ya avanzado.

Dicen los que saben, que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Pero Colombia funciona de manera diferente. A la hora de violar compromisos, en el mejor de los casos se guardan las formas, los protocolos y procedimientos, pero más allá de ellos, funciona una para-institucionalidad que decide e impone su propia realidad. Así, la Constitución colombiana de 1991 prohibía la reelección presidencial, pero cuando hubo un interesado en que la hubiera, lo suficientemente poderoso e inescrupuloso, se valió de un delito para hacer la correspondiente reforma a la carta y mantenerse en el cargo. El delito se llamó cohecho, los condenados están en prisión, y el único beneficiario, ahí… ahí campante como expresidente senador.

La seguridad jurídica pues, no es cosa menor en Colombia. El verbo “blindar” se conjuga ahora donde quiera que se discuta una norma. Darle seguridad a los acuerdos de paz era uno de los problemas más complicados a resolver; era tanto como indagar, luego de firmados los textos finales, dónde botar la llave de la guerra que no fuera encontrada por nadie; buscar el más profundo de los mares o el planeta más distante de la tierra para arrojar esa llave, además en estricto secreto donde no lo supieran el expresidente Uribe, ni Vargas Lleras ni sus círculos de allegados. Eso no era del todo posible, y por ello la decisión fue tramitar el acuerdo final ante el Consejo de seguridad de la ONU y depositarlo en el Consejo federal Suizo en Berna.

El asunto pareciera un juego de leguleyos de ambos bandos negociadores, si no fuera porque dos días antes de anunciado el acuerdo, debidamente “dateado” como siempre, el expresidente Uribe lanzó la consigna de la “resistencia civil” como nueva forma de oposición a lo que finalmente se acuerde en La Habana. El llamado a esa resistencia civil es una copia perversa y tragicómica de una expresión que líderes pacifistas de otras latitudes como Gandhi, Luther King y Mandela, llenaron de contenido y significado ético. Ofende la inteligencia, que dicha consigna sea utilizada por un guerrerista tan corto de miras como el expresidente.

Con todo, la “resistencia civil” uribista, plantea por lo menos una pregunta y una deducción. La pregunta está referida a los métodos de la oposición que desarrolla la extrema derecha contra la paz en Colombia, que ha sido una combinación integrada de movilización social, ofensiva mediática con alta dosis de falsedad, hiperactividad de un sector del funcionariado público (la Procuraduría, por ejemplo) y la dirigencia gremial (Fedegan, verbigracia), paros armados, asesinatos selectivos de dirigentes de base, control territorial y rearme paramilitar. En tanto una oposición verdaderamente civil, descarta de plano algunas de las anteriores formas de lucha y por lo tanto su combinación, nos quedamos sin saber si el expresidente piensa trazar esa línea divisoria y convertirse en la cabeza de una oposición nueva al proceso de paz, que rompa implícita y explícitamente con la zaga violenta, que quepa dentro del estado de derecho y sepamos a qué atenernos con Él quienes empujamos el carro hacia la reconciliación.

La deducción que cabe, apunta directamente al asunto de la refrendación de los acuerdos mediante votación popular. No cabe duda que en un escenario de contienda electoral, el NO será la carta uribista para desbaratar el edificio de la paz, solo que ya Uribe le puso nombre a su campaña, desde luego efectista y tramposo, la “resistencia civil”. Qué tan civil será esa resistencia, está pues por verse. Está por verse qué tan tranquila será la campaña en que la pedagogía de la paz se enfrentará al proyecto de que todo siga igual. La refrendación de los acuerdos directamente por los ciudadanos, es realmente la prueba más ácida para los acuerdos de La Habana; es la etapa reina que el proceso tendrá que superar para que el blindaje jurídico sea efectivo. Uribe lo sabe, y por eso ha defendido otro procedimiento de refrendación, la constituyente, escenario donde podría obtener un margen de maniobra mayor para derrotar o vulnerar lo acordado entre el gobierno y las FARC.

Pero más que el jurídico, es el blindaje político el más necesario para que la paz sea sostenible y duradera, porque finalmente, son los ciudadanos con sus decisiones libremente adoptadas y su voluntad de cambiar la historia, quienes podrán pasar la página de la violencia política organizada. El blindaje político de la paz, está referido no solo a que los colombianos ejerzan la democracia directa para decirle sí a los acuerdos y sí a la reconciliación en un plebiscito o en cualquier otra forma de escrutinio.

Los acuerdos pueden ser refrendados mayoritariamente; pero el veredicto de las urnas siendo indispensable, significa menos en la vida real que la desaparición de factores materiales y actuantes cotidianamente como el paramilitarismo, que podría sabotear la implementación, la incorporación de combatientes a la vida pública y la refrendación popular misma. El tema del blindaje es de complejidad suma; incluye lo jurídico pero sin caer en la ficción normativa; pasa necesariamente por la política y por transformaciones garantistas fundamentales que abran el espectro de la participación y la representación; y está asociado a cambios mentales que empiecen a remover el sentido común dominante que predispone a la gente a aceptar la violencia como algo fatal e inmutable.

La fórmula para garantizar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final, desatranca otras discusiones y resuelve dilemas que venían copando los debates sobre el proceso de paz y la coyuntura política. Es indudable que el panorama de la refrendación ha cambiado. De alguna manera la incorporación del acuerdo final al bloque de constitucionalidad y al ordenamiento jurídico interno, es de hecho una refrendación por el estado colombiano, en cabeza del Congreso de la república, la Corte Constitucional y el Presidente, quien pedirá al Secretario General de la ONU que lo incorpore a la Resolución 2261 del Concejo de Seguridad del 25 de enero de este año. Son así las instituciones máximas del estado y el sistema político, las que se han abrogado la refrendación de los acuerdos gobierno-FARC. La otra cara de la moneda, es que la insurgencia recíprocamente, ha reconocido la legitimidad plena de esa institucionalidad nacional e internacional, y de paso, se bajó en buena hora, de la exigencia irrealista de una Asamblea constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos.

En estas condiciones, la votación popular para aprobar o rechazar los acuerdos, ha sido resignificada. Más que una refrendación, aunque lo es, será el blindaje político máximo que los acuerdos de paz podrán alcanzar. El período de transición que sigue a la firma de los acuerdos, estará lleno de tropiezos; la implementación de ellos implicará batallas cotidianas contra los fantasmas que se resisten; la paz en Colombia tiene sus perdedores, y son de los malos. El carácter estable, duradero, sostenible, de la paz que puede alcanzarse al final del proceso, descansa en la legitimidad que le transfiera la participación masiva de los ciudadanos que el día acordado salgan a decir “no más guerra”.

En La Habana siguen las negociaciones y la dinámica de los últimos debates, mientras en Colombia la política empieza a rodar hacia el  máximo certamen democrático de la paz. El Congreso adelanta los debates del Acto Legislativo que incorpora el acuerdo final como Acuerdo Especial de DIH y la Corte Constitucional estudia la ley de convocatoria al plebiscito por la paz. Los partidos y actores políticos por su parte, han empezado a formular sus apuestas, a pesar de que cualquier forma de refrendación ciudadana de los acuerdos que apruebe o sugiera la Corte, debe ser consensuada en la mesa de diálogo como decisión bilateral. Todos los colombianos que asumimos los asuntos de la vida pública, incluidos (a pesar del Procurador Ordóñez) los funcionarios estatales, empezamos a alinearnos desde ya alrededor de un “sí” o un “no” a la solución negociada del conflicto.

Finalmente, hay un salto cualitativo menos perceptible pero clave, en la reciente decisión sobre blindaje de los acuerdos. Por virtud de ella, el proceso de paz y la solución negociada, toman la forma de una política de estado. El protagonismo del poder ejecutivo se mantiene, y es lo normal, pero ningún acuerdo anterior salido de la mesa de discusión, había comprometido al conjunto del estado y sus instituciones básicas como este del 12 de mayo. En cierto sentido se redefine la mesa de discusión: el interlocutor de la insurgencia es ahora, más que el gobierno Santos, el estado colombiano.

Una política de estado sobre paz y reconciliación sin embargo, no puede ser equivalente a una política centralizada. Toda la institucionalidad central que se despliega territorialmente, debe agenciar dicha política y retroalimentarla en sentido inverso. La estructura demográfica del país hará que sean mayoritariamente los citadinos quienes inclinen la balanza democrática hacia la paz o hacia el continuismo, pero son las poblaciones rurales, los campesinos y las minorías étnicas, quienes más han cargado las desgracias de la violencia política. Esta es una paradoja propia de la problemática de la paz territorial, que plantea serios interrogantes y desafíos a la hora de la refrendación popular y del diseño de políticas públicas para el posconflicto armado.

Con muchos interrogantes pero de todas maneras, el estado decidió refrendar los acuerdos finales de La Habana. Ahora somos los ciudadanos a quienes corresponde hacerlo; nos corresponde darles el verdadero blindaje: el de las urnas, o en otras palabras, nos corresponde blindar el blindaje con un evento de democracia directa, de resultado incontestable.

Derrotando las amenazas de los violentos a las comunidades y a los líderes sociales, y del Procurador Ordóñez a los funcionarios públicos que promuevan la firma de los acuerdos, es la hora de la pedagogía de la paz. Ningún blindaje es absoluto porque ninguno está por encima de la política, pero los colombianos sí tenemos el derecho a dejar atrás un conflicto de cinco décadas y entrar en otra dinámica que sea esperanzadora para las nuevas generaciones. La estabilidad y la seguridad jurídicas son indispensables para una paz sostenible y duradera, pero si la política dominante sigue siendo la tradicional, en Colombia los compromisos se seguirán burlando con los formalismos del estado de derecho o sin ellos.

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