X CONFERENCIA DE LA FARC-EP: TESIS DE DISCUSIÓN

MIÉRCOLES, 21 SEPTIEMBRE 2016 04:53

X Conferencia – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del
Pueblo, FARC-EP Tesis para la discusión
Índice:
Presentación La solución política como parte de nuestra historia
Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política
Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de
la solución política
II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana
Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo
Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto
Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada.
III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana
Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica
Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política
Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado
Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la paz
Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral
Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas
Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto
Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz
Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”
Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil
Tesis 16: Sobre el componente de dejación de armas
Tesis 17: Sobre el capítulo de implementación
Tesis 18: Sobre el capítulo de verificación
Tesis 19: Sobre el enfoque diferencial y de género y la consideración de los pueblos étnicos
Tesis 20: Acuerdo Final, solución jurídica y proceso constituyente
Tesis 21: Sobre la refrendación del Acuerdo final
Tesis 22: Hacia una gran transformación cultural
IV. La perspectiva política inmediata
Tesis 23: La importancia del plebiscito
Tesis 24: Los primeros seis meses de la implementación
V. El tránsito de las FARC-EP hacia organización política legal
Tesis 25: La continuidad de la lucha a través de la acción política legal
Tesis 26: La batalla por la implementación del Acuerdo Final
Tesis 27: La batalla por el quiebre de la hegemonía política y cultural
Tesis 28: La batalla por la unidad del campo popular
Tesis 29: La vigencia de un proceso constituyente abierto
Tesis 30: Sobre el mandato de la X Conferencia
Introducción
Llegamos a esta X Conferencia de las FARC-EP con un parte de victoria para el pueblo colombiano
y para nuestra guerrilla. Se ha suscrito el pasado 24 de agosto el “Acuerdo Final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Hoy le podemos decir a
Manuel, a Jacobo, a Alfonso, al Mono, a Raúl, a Iván, a miles de nuestros mártires, hombres y
mujeres y a nuestra guerrillerada, que hemos cumplido.
Hemos puesto en manos de las gentes del común, de los humildes y desposeídos, hombres y
mujeres, un acuerdo que visto de conjunto sienta las bases para avanzar hacia las
transformaciones que siempre hemos deseado a fin de garantizar el bienestar y el buen vivir. Con
base en el reconocimiento por parte del régimen que hemos combatido, de nuestro alzamiento
armado, de nuestra condición de organización político-militar y del derecho a la rebelión que le
asiste a los pueblos, se ha alcanzado un cierre digno de nuestra experiencia de rebelión armada,
que inaugura una nueva etapa histórica para la sociedad colombiana y para nosotros, a fin de dar
continuidad a nuestra lucha y a nuestras aspiraciones por la vía exclusivamente política, en el
contexto del inicio del difícil proceso de construcción conflictiva de una paz estable y duradera.
Construir el Acuerdo Final no ha sido una tarea fácil. Ello ha sido posible gracias a la fuerza que
nos han dado las armas, a nuestra cohesión, unidad e identidad, al incansable y paciente trabajo de
nuestra Delegación en La Habana, a la acertada conducción de nuestro Estado Mayor Central y de
nuestro Secretariado. Todo ello permitió sortear condiciones y momentos difíciles, antes del inicio
de las negociaciones y durante ellas. Ha sido posible gracias a nuestro pueblo, a las más diversas
organizaciones sociales y populares, políticas, sociales y culturales, obreras, campesinas, indígenas
y afro descendientes, estudiantiles y de mujeres, de intelectuales y sectores de las capas medias, de
la población LGTBI, de artistas y trabajadores del arte y la cultura, de mujeres y hombres, todas
ellas y ellos, que supieron comprender el momento histórico y el significado de un acuerdo de paz
en las
circunstancias actuales.
Ello ha sido posible gracias al muy importante acompañamiento internacional de los países
garantes, Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile, y de un sinnúmero de gobiernos e
instituciones y pueblos del mundo entero, que vieron con simpatía y creyeron con firmeza en la
posibilidad de un acuerdo de paz en Colombia.
Ello ha sido posible también, debemos reconocerlo, por la voluntad y decisión política del
Gobierno de Juan Manuel Santos de buscar una salida política, en medio de nuestras profundas e
insuperables diferencias, y así los propósitos que nos guíen sean opuestos. Asimismo, por la
disposición de sectores del empresariado y de los poderes económicos y políticos que han
gobernado el país a lo largo de su vida republicana. Y desde luego, por el rol de los Estados Unidos,
partícipe directo a lo largo de la historia del conflicto.
Esta X Conferencia se reúne con dos objetivos fundamentales:
1.- Analizar y refrendar el Acuerdo Final que hemos suscrito, a fin de que éste adquiera carácter
vinculante y de obligatorio cumplimiento para nuestra guerrilla;
2.- Producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o
movimiento político, dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso constitutivo
que deberá definir el Programa, el Estatuto y la Dirección Política.
I. La solución política como parte de nuestra historia
Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política. El Acuerdo Final que hemos
suscrito con el Gobierno Nacional se inscribe dentro de nuestros propósitos históricos de lograr
una paz dialogada que siente las bases para emprender los cambios que reclaman las grandes
mayorías. Contra nosotros se emprendieron seis guerras que no lograron destruirnos: una a partir
de 1948; otra a partir de 1954; otra a partir de 1962; otra a partir del 18 de mayo de 1964 cuando
los Altos Mandos declaran oficialmente que ese día empezaba la “Operación Marquetalia”; otra
que enfrentamos a partir del 9 de diciembre de 1990 cuando se inició la operación de exterminio
contra el Secretariado en Casa Verde y se emprendió la “guerra integral” bajo el gobierno de
Gaviria; y la más reciente, iniciada en 2002, con la implementación a fondo del “Plan Colombia”
durante los gobiernos de Pastrana y Uribe. La guerra no fue para nosotros un fin en sí mismo. Al
tiempo que fue una guerra de resistencia social y popular, también asumió los rasgos de una
guerra ofensiva basada en planes político-militares para la toma del poder a fin de propiciar las
condiciones para las transformaciones que a nuestro juicio demanda la sociedad colombiana.
Siempre estuvimos empeñados en diferentes momentos de nuestra historia en la búsqueda de una
solución política. Por eso iniciamos procesos de diálogos en La Uribe en 1984; luego en Tlaxcala en
1992; posteriormente en El Caguán a partir de enero de 1999; y, más recientemente, en La Habana
desde noviembre de 2012, tras la firma del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera” el 26 de agosto de ese mismo año. Con la suscripción
del Acuerdo Final el pasado 24 de agosto se cierra para nosotros de manera exitosa un largo ciclo
de guerra que no deseamos.
Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de la solución política. Si la guerra se prolongó
hasta convertirse en la más larga del hemisferio occidental no fue por decisión unilateral nuestra.
En las clases dominantes siempre estuvo presente la pretensión de obtener una victoria militar
para lograr nuestro sometimiento y rendición. También de nuestra parte, valoramos la posibilidad
de lograr nuestros objetivos por la vía del alzamiento armado. No obstante, el desenvolvimiento de
la confrontación armada, la configuración específica del balance político-militar de la guerra, así
como la consideración del contexto político y económico nacional e internacional, llevaron al
gobierno actual y a nosotros mismos al convencimiento de que darle continuidad a la
confrontación llevaría a una prolongación indefinida del conflicto, extendiendo de manera
innecesaria el dolor y la victimización que es propia del accionar bélico, sin que se avizorara una
definición definitiva a favor de alguna de las partes. Sobre la aceptación de esa realidad, pero
también con fundamento en la voluntad y la decisión política, se abrió paso la posibilidad de
avanzar hacia la búsqueda de una solución que -basada en el reconocimiento mutuo de las partespropiciara
las condiciones de una salida política dialogada. De esa manera, se entró en el campo de
la transacción, el cual tiene como supuesto, si se pretende llegar a un acuerdo, la disposición
mutua de conceder. Una primera expresión de ello, fue la definición de la Agenda La Habana. Y,
más recientemente, el Acuerdo Final, objeto de análisis y refrendación por parte de esta
Conferencia.
II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana
Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo.
Luego de intensos intercambios, no exentos de dificultades, y como resultado del encuentro
exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de
2012, convinimos con el Gobierno de Juan Manuel Santos el “Acuerdo General para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en el que se definió la Agenda de
diálogos y discusiones, y se estableció que, tras la instalación pública en Oslo, Noruega, la Mesa de
conversaciones directas e ininterrumpidas se adelantaría en La Habana. Para nosotros, la Agenda
convenida respondía a las condiciones mínimas, bajo las cuales estaríamos dispuestos a dar por
terminado nuestro alzamiento armado contra el Estado y el orden social capitalista vigente, sin
renunciar a nuestros propósitos estratégicos por las transformaciones estructurales que requiere la
sociedad colombiana para superar la dominación impuesta por las clases más pudientes, la
ausencia de democracia real y verdadera, la miseria y la explotación derivada del modelo
económico, y la dependencia frente al imperialismo y las transnacionales y sus diversas formas de
intervención en la vida nacional.
Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto. La Agenda de
conversaciones contenía cuatro puntos que a nuestro juicio estaban orientados a generar
condiciones para la superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto social y
armado y sus impactos sobre la sociedad en su conjunto. De su lectura, se infiere una línea de
continuidad respecto de lo señalado en el “Programa agrario de los guerrilleros”, proclamado el 20
de julio de 1964, luego corregido y ampliado por la Octava Conferencia de abril de 1992, y
desarrollado a través de múltiples documentos de nuestras conferencias guerrilleras. En efecto,
teniendo en cuenta los cambios ocurridos durante las últimas décadas en la formación económico
social capitalista que impera en el país, en la Agenda de conversaciones quedó consignada la
necesidad de acordar un conjunto de reformas orientadas a:
a) La solución integral de la problemática agraria (en cuyo eje se encuentra la irresuelta cuestión
de la tierra y el territorio) en favor del campesinado y las comunidades campesinas y considerando
los intereses de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes.
b) La superación del régimen antidemocrático y excluyente que ha impedido el libre ejercicio de la
acción política por parte de los débiles y desposeídos;
c) El tratamiento integral y diferenciado al problema de las drogas ilícitas, con énfasis en los
cultivos de uso ilícito y un enfoque de salud pública del consumo.
d) Al reconocimiento y la materialización integral de los derechos de las víctimas del conflicto,
fundamentalmente de pobladores humildes a lo largo y ancho del territorio nacional.
Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada. Junto con lo
anterior, la Agenda de conversaciones comprendió las condiciones específicas para una
terminación de la confrontación armada basada en el reconocimiento y el compromiso mutuo y la
dignidad para las partes involucradas de manera directa en la contienda militar. En ese sentido, se
contempló convenir:
a) El cese bilateral definitivo de fuegos y de hostilidades; b) Las propiedades del proceso de
dejación de armas, y de la normalización guerrillera en lo político, lo económico y lo social, de
acuerdo con nuestros intereses, c) El desmonte de estructuras y modalidades de
contrainsurgencia, especialmente paramilitar, incluida la lucha contra la corrupción; d) Las
garantías de seguridad integral para nuestro tránsito hacia organización política legal.
La Agenda de Conversaciones consideró, además, convenir los mecanismos, medidas y acciones
necesarias para la implementación, la verificación y la refrendación de los acuerdos, en el
entendido de que con la firma de un Acuerdo final se daría inicio a lo más complejo de toda
negociación: el cumplimiento de lo pactado, es decir, la garantía efectiva, real y material, para el
desistimiento del alzamiento armado.
III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana
Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica. El análisis de conjunto del
“Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”
permite afirmar que se está frente al hecho político más importante de la historia de las últimas
décadas de nuestro país, básicamente por las siguientes razones: Primera, porque representa la
derrota de los sectores de las clases dominantes y de intereses foráneos interesados en la solución
militar y prolongación indefinida de la guerra, en cuanto hicieron de ella un instrumento esencial
para preservar su dominación política y sociocultural y obtener jugosos y lucrativos dividendos;
Segunda, porque crea las condiciones para dar por terminados el sufrimiento y la victimización
que ocasiona la guerra, lo cual ha afectado de manera principal a las gentes del común, a millones
de colombianos y colombianas humildes, especialmente en el campo; Tercera, porque establece un
conjunto de posibilidades reales para emprender un ciclo de reformas tendientes a la
democratización política, económica, social y cultural del país, en la medida en que se logre desatar
la potencia transformadora contenida en los acuerdos. En ese sentido, es el más significativo
aporte para transformar la vida de la generación presente y sobre todo de las generaciones futuras
de nuestro país; Cuarta, porque contribuye a los propósitos declarados de los pueblos de Nuestra
América de hacer de nuestra Región una zona de paz, en la cual desaparezca por siempre toda
amenaza de intervención militar imperialista.
Tras semejante hecho político se encuentra algo aún más hondo: la posibilidad real de una
inflexión política para inaugurar una nueva etapa histórica: la construcción conflictiva de una paz
estable y duradera. Y con ello, la producción colectiva de una gran transformación cultural en la
sociedad colombiana, sobre presupuestos de democracia real y avanzada.
Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política. El Acuerdo Final es una expresión de
la correlación social de fuerzas y del propio balance político-militar e histórico concreto de la
guerra; es un acuerdo de solución política que implica el reconocimiento de las partes
comprometidas directamente en la contienda militar de que las armas y el poder de fuego de
ninguna de ellas logró vencer a su adversario o enemigo declarado. En ese sentido, es el
reconocimiento de la continuidad de lucha a través de medios exclusivamente políticos. No
representa la materialización de nuestras aspiraciones estratégicas como fuerza revolucionaria;
tampoco es la claudicación de nuestra fuerza político-militar guerrillera. No es ni la revolución por decreto, ni tampoco la rendición. Con el Acuerdo Final no asistimos al fin del conflicto que es inherente al orden social capitalista, sino a la continuidad de la lucha social y de clases, y a la terminación de la expresión armada del conflicto en el caso de las FARC-EP, que con el tránsito a organización política legal proseguirán su brega por las transformaciones estructurales hacia un nuevo orden social de democracia verdadera y justicia social.
Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado. El Acuerdo Final es una
demostración de la validez de nuestro alzamiento armado por 52 años. Gracias a él ha sido posible
dejar sentadas las bases para abrir un campo de reformas que en otras condiciones difícilmente se
hubiera podido alcanzar, dadas las características de la organización del poder y la dominación en
nuestro país. En ese sentido, el Acuerdo Final es nuestro aporte a las múltiples luchas sociales y
populares en campos y ciudades, que en medio de las más difíciles condiciones han enfrentado y
continúan enfrentando las políticas estatales concebidas e implementadas para favorecer a los
poderosos.
Somos conscientes de que de la misma forma como el Acuerdo Final contiene una indiscutible
potencia transformada para adelantar cambios políticos y sociales a favor de las grandes mayorías,
también representa una opción de remozamiento del régimen de dominación de clase y una
posibilidad de absorción sistémica de la rebelión, si los cambios no se logran sacar adelante.
Así es que el Acuerdo Final y sobre todo su implementación representan un campo abierto de
lucha que contiene la opción del cambio y la transformación, pero también la posibilidad de la
preservación renovada del Establecimiento. La tarea histórica que se nos viene encima es hacer
germinar la semilla del Acuerdo Final para continuar avanzando hacia el logro de nuestras
mayores aspiraciones estratégicas.
Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la paz. En el componente del Acuerdo
Final que corresponde a la “Participación política: apertura democrática paz la paz” se convino un
conjunto de políticas, medidas y acciones orientadas a romper las configuraciones excluyentes,
corruptas y antidemocráticas del régimen político y, en particular, del sistema político y de
representación. Algunas de ellas previstas en la Constitución de 1991, pero no desarrolladas ni
implementadas por la persistencia de estructuras de dominación política y cultural que han
logrado imponer y reproducir un régimen de “democracia gobernable” con fachada electoral, pero
sin garantías reales para el ejercicio de la oposición política y social, la movilización y la protesta
social, y la participación social y ciudadana. El Acuerdo Final sienta las bases para emprender un
proceso de democratización política sobre dos presupuestos básicos: a) un entendimiento amplio
de la política y de la contienda política y b) la fijación de nuevas reglas y procedimientos para la
participación política, considerando de manera particular el proceso electoral.
En efecto, se convino un amplio régimen de garantías para el ejercicio de la oposición política que
comprende el estatuto de la oposición política y garantías integrales de seguridad para el ejercicio
de la política. Asimismo, la ampliación del concepto de la participación ciudadana abarcando
garantías para los movimientos y las organizaciones sociales, la movilización y la protesta social, la
reconciliación y la convivencia, el acceso a medios de comunicación, el control y la veeduría
ciudadana, el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, entre otros. Por otra
parte, las reformas acordadas en materia de participación política, además de promover el
pluralismo político y la representatividad del sistema de partidos, apuntan a estimular la
participación y la transparencia electoral y tienen como supuesto la transformación estructural del
régimen y la organización electoral, así como la promoción de una cultura política democrática y
participativa. Y de manera particular, la promoción de la representación política y ciudadana de la
mujer, y de los territorios afectados por el conflicto y el abandono estatal, como se expresa en las
16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz acordadas.
Con el acuerdo sobre participación política se reconoce que la contienda política se extiende a
otros campos de la vida social, distintos a aquellos que la limitan a la competencia electoral; se
fortalecen las bases de una contienda política efectivamente democrática, con garantías para
quienes intervienen en ella; y se dejan mojones para trascender la organización democrático
liberal.
Con este componente del Acuerdo Final queda trazado un marco jurídico-político de compromiso
para transitar hacia la democracia verdadera y avanzada en nuestro país. Con ello, las FARC-EP
aportamos a los esfuerzos de partidos y fuerzas políticas, así como de movimientos políticos y
sociales progresistas, democráticos y de izquierda, movidos por ese propósito.
Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral. Lo acordado sobre Reforma Rural Integral
está concebido esencialmente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado
en general, y sobre todo del campesinado pobre y desposeído, así como de las comunidades
campesinas, atendiendo los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades afro
descendientes. Sin haber logrado los propósitos de una reforma revolucionaria agraria integral,
que supere la escandalosa concentración de la propiedad sobre la tierra y el modelo imperante de
los grandes agro negocios, se convino la realización de un catastro rural durante los próximos siete
años, que será una herramienta de suma importancia no sólo para aclarar las relaciones de
propiedad ensombrecidas por la guerra y el despojo violento, sino para una más precisa definición
de los usos de la tierra, para el castigo al uso improductivo con impuestos, especialmente al
latifundio ganadero, y para el cierre de la frontera agrícola. Asimismo, se dio un paso importante
para el fortalecimiento de la propiedad campesina a través de dos vías, que comprometen en un
inicio 10 millones de hectáreas con la creación de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas
para los campesinos sin tierra o con insuficiente tierra y la formalización de la propiedad de 7
millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad y de Zonas de Reserva Campesina. Sobre
esa nueva relación de propiedad, se edifican propósitos mayores en dirección a un nuevo
ordenamiento territorial, hacia el fortalecimiento de la producción de alimentos y la superación de
la pobreza y la desigualdad, aspectos de nuestro máximo interés político. En efecto, el Acuerdo
Final contempla la elaboración e implementación de planes de desarrollo con enfoque territorial
(PDET) con una amplia participación de las comunidades en zonas priorizadas del territorio
nacional, así como de planes nacionales para la reforma rural integral. De esa manera, se logró
trascender un enfoque exclusivo de propiedad sobre la tierra, para agregar a éste una visión
integral que además de incorporar una concepción del territorio a construir y fortalecer “desde
abajo”, contempla medidas y acciones sobre financiación y crédito, subsidios, vías, riego,
infraestructura eléctrica y de conectividad, mercadeo, así como componentes sociales referidos a
educación, salud, educación rural, vivienda y agua potable, formalización laboral y protección
social y al derecho a la alimentación. Con el acuerdo agrario, quedan en manos de los campesinos y
de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas y de nuestros afrodescendientes, que
siempre hicieron parte de nuestras preocupaciones durante las conversaciones, invaluables
herramientas para su bienestar y buen vivir. La vida en el campo será otra. No sólo por la
terminación de la confrontación armada, sino por el marco y los referentes de reformas de
obligada implementación, que se agregan a las aspiraciones y plataformas del movimiento
campesino, indígena y afrodescendiente. Queda siembra para la verdadera reforma rural y agraria
integral a la que hemos aspirado históricamente y para un ordenamiento democrático,
participativo y sostenible socio- ambientalmente del territorio. A ello se opondrá, desde luego la
dimensión estructural vigente de la relación de propiedad basada en la concentración y el modelo
económico de extracción minero-energética y de agro negocios. No habrá fin del conflicto agrario.
A los conflictos socio-territoriales ya existentes, se le agregarán las luchas por la implementación
de lo acordado en esta materia.
Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas. Un logro significativo del
Acuerdo Final consiste en haber superado la visión punitiva y penalista que ha imperado en las
políticas estatales frente al problema de las drogas ilícitas en el contexto de la mal llamada guerra
contra las drogas, y que se ha concentrado en los eslabones más débiles de ese negocio corporativo
transnacional: los cultivadores de coca, amapola y marihuana y los consumidores urbanos. En su
lugar, se logró imponer un entendimiento del problema desde su naturaleza esencialmente social y
de pobreza, en cuanto a los cultivadores se refiere; y de salud pública, cuando de los consumidores
se trata. En el Acuerdo Final se convino la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito mediante
la elaboración e implementación de planes integrales de desarrollo concertados con las
comunidades y con garantía de participación directa por parte de ellas, articulados en bajo un
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que es concebido como parte
de la Reforma Rural Integral. Los planes integrales de desarrollo apuntan a enfrentar la
problemática económica y social de las comunidades de cultivadores, a propiciar garantías para su
bienestar y buen vivir, incluida la sostenibilidad y la recuperación ambiental, así como a
reformular el tratamiento penal y de criminalización, deshaciendo de facto la política antidrogas
vigente y superando en forma significativa uno de los argumentos para el intervencionismo
imperialista. El Acuerdo Final introdujo, por otra parte, un concepto de prevención del consumo y
de salud pública en la atención a los consumidores de drogas, distanciándose de los enfoques de
mera penalización.
Con base en el reconocimiento de que la producción y comercialización de narcóticos es un
fenómeno transnacional, se convinieron múltiples compromisos para combatirlas, que evidencian
que los eslabones de las ganancias espectaculares en esa cadena de valor no son precisamente los
de los cultivadores, sino que se encuentran en los proveedores industriales de insumos, los grandes
comercializadores y distribuidores, el lavado de activos y, en consecuencia, en los circuitos legales
de la economía, principalmente en el negocio financiero. El Acuerdo Final puso de presente la
falacia acerca de las FARC-EP como un cartel del narcotráfico y evidenció que las intervenciones
regulatorias puntuales de nuestra parte en esa cadena de valor, especialmente a través de la
tributación, lo han sido para la financiación de la rebelión y no para desarrollar una industria
criminal con fines de enriquecimiento de sus integrantes.
Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto. El capítulo del Acuerdo Final sobre “Víctimas
del conflicto” se sustenta en el diseño y formulación del “Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición”, con el cual –de manera novedosa respecto de otras experiencias
nacionales e internacionales- se ponen en el centro de las preocupaciones la víctimas del conflicto
y los procesos de victimización ocurridos a lo largo de décadas de confrontación armada, sobre la
base del reconocimiento de múltiples responsabilidades, contemplando las inherentes al orden
social vigente y las imputables al Estado y sus agentes, a las estructuras de contrainsurgencia,
especialmente paramilitar, promovidas por éstos y por organizaciones civiles y por poderes
económicos y gobiernos extranjeros, así como las que le corresponden a nuestro ejército
guerrillero en ejercicio del derecho a la rebelión. Todo ello, con estricta atención a las normas y los
estándares vigentes del Derecho Internacional de los derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario. Particular atención merece en ese contexto, el aporte del Acuerdo
Final al esclarecimiento de la verdad histórica con el “Informe de la Comisión Histórica del
Conflicto y sus Víctimas” y con el mandato de la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No
Repetición”.
De esa forma, la historia del conflicto tendrá la garantía de no ser una historia oficial, sino de
ofrecer una visión integral y plural, a la que se suman las numerosas investigaciones académicas y
de organizaciones y movimientos políticos y sociales. Sobre el entendido que la principal exigencia
de las víctimas del conflicto es la de la verdad (incluida la situación de las personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto), el Sistema integral acordado descansa,
primero, sobre un concepto de integralidad de la reparación, en el que junto con las reparaciones
individuales se hace énfasis en las reparaciones colectivas, superando disposiciones legales
vigentes; segundo, en el diseño y puesta en marcha de un sistema de justicia para enfrentar la
impunidad, denominado Jurisdicción especial para la paz; y tercero, en un conjunto de políticas,
medidas y acciones para la no repetición, dentro de las cuales se encuentra la propia
implementación y el cumplimiento de todo lo acordado. Uniéndose a todo ello, el compromiso de
promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, definidos en su integralidad e
inescindibilidad. El Acuerdo Final demuestra el indeclinable compromiso de las FARC-EP con las
víctimas del conflicto y constituye una herramienta del mayor significado para el movimiento de
víctimas en el largo trasegar por el reconocimiento de sus derechos. El Acuerdo es demostrativo
además de nuestra determinación de asumir las responsabilidades que nos corresponden.
Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz. El componente del Acuerdo
sobre la Jurisdicción Especial para la Paz representa el diseño y la puesta en marcha de un sistema
de justicia que atendiendo de manera estricta estándares internacionales está concebido para
“satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana,
proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar
decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o
indirecta en el conflicto, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante éste que
supongan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los
Derechos Humanos” (AF, p. 130). En ese sentido, la JEP no es un acuerdo de impunidad; tampoco
un acuerdo para el juzgamiento de la rebelión de las FARC-EP o de nuestra comandancia. No es un
sistema de sometimiento a la justicia estatal vigente en la que ha primado el enfoque del derecho
penal del enemigo, sino una solución creativa que garantiza la imparcialidad debida y requerida en
un acuerdo de paz. Sobre la base del acuerdo del indulto y la más amplia amnistía posible como
está previsto en la normatividad internacional, nos hemos comprometido a acudir a la JEP a
ofrecer nuestra verdad sobre los hechos del conflicto de los que ella se ocupa, a asumir las
responsabilidades en lo que nos corresponda, y a aceptar las sanciones que ella imponga, si a ello
hubiere lugar. De la misma manera, esperamos que acudan y se pongan a disposición de la JEP
todos quienes, de manera directa o indirecta, sean civiles o militares, han intervenido en el
conflicto.
Sólo así será posible superar la impunidad, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad y
garantizar un genuino ejercicio de justicia. Con la JEP convenida en el Acuerdo Final queda en
manos de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana en general un instrumento
fundamental para la construcción de una paz estable y duradera.
Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”. El capítulo sobre el “Fin del Conflicto” fue
concebido bajo la premisa de que se trata de un proceso integral y simultáneo, contentivo de
condiciones de aprestamiento y de contexto, así como de condiciones específicas para garantizar el
tránsito a la vida civil.
En cuanto a las primeras, nuestra decisión unilateral de cese indefinido de fuegos fue fundamental
para mostrar la inutilidad del enfoque impuesto por el Gobierno de negociar en medio del
conflicto, presionar el des escalamiento de la confrontación militar y, junto con otras medidas y
acciones bilaterales, preparar el terreno para el acuerdo de cese bilateral definitivo de fuegos y
hostilidades, suscrito el 23 de junio de este año. Y sobre esa base, pero en conexión con otros
aspectos de lo acordado, convenir la dejación de armas como un proceso con componentes
políticos y técnico-militares, diseñados de manera en extremo cuidadosa. En igual sentido, debe
considerarse el acuerdo sobre el combate y desmonte a estructuras de contrainsurgencia,
especialmente de carácter paramilitar. No hay posibilidad de paz estable y duradera si persiste y
continúa reproduciendo el paramilitarismo, así éste se encubra con nuevas denominaciones.
Por ello, debe destacarse que el Acuerdo final en esta materia se sustenta en la promoción de un
pacto político nacional para la superación de la utilización de las armas en la política y para que no
se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. En particular existe el
compromiso del Gobierno de incorporar en la Constitución “la prohibición de la promoción,
organización financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares, y a
desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución
penal, sanciones administrativas y disciplinarias.
Además, se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia” (AF, p. 72). En este aspecto, el
Acuerdo Final abunda en múltiples previsiones, políticas, acciones y medidas y diseños
institucionales, que nos permiten afirmar que quedan sentadas las bases para hacer posible
superación definitiva de la doctrina y las prácticas de contrainsurgencia, especialmente de carácter
paramilitar, así el Gobierno se haya rehusado a una modificación explícita de la política de
“seguridad nacional” y se haya resistido al reconocimiento de la persistencia del paramilitarismo.
Con la terminación del conflicto armado con las FARC-EP no queda justificación ética y política
alguna para darle continuidad a una política que sólo ha producido sangre y victimización de los
humildes del país. De hecho, ya se viene anunciando la puesta en marcha de un cambio en la
doctrina militar, lo cual debe ser interpretado como una consecuencia directa de las
conversaciones. A lo anterior, se agregan los compromisos de garantías de seguridad para nuestro
partido o movimiento político, sus integrantes y sus familias, mediante un sistema de protección
integral, una vez se haya producido nuestro tránsito a la vida civil. En dicho programa, por cierto,
participará un contingente importante de nuestros integrantes. Por otra parte, las condiciones
específicas para el “Fin del conflicto” se refieren al acuerdo sobre el proceso de reincorporación de
las FARC-EP a la vida civil.
Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Hemos hecho
valer la letra de la Agenda cuando estableció que la reincorporación a la vida civil en lo político, lo
económico y lo social, es de acuerdo con nuestros intereses. El Acuerdo Final en esta materia se
distingue de los procesos de reinserción guerrillera del pasado y de la estrategia contrainsurgente
de la desmovilización, desarme y reinserción, conocida como DDR, que responde a una concepción
de sometimiento. Por esa misma razón, la institucionalidad de la reincorporación no nos vincula
con ninguna agencia estatal; será bipartita y por cuenta del Consejo Nacional de la
Reincorporación.
El proceso de reincorporación tiene como fundamento, nuestra voluntad y decisión política de
darle continuidad a la lucha por nuestras aspiraciones históricas bajo las condiciones generadas
por el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno, particularmente en lo referido a las
reformas para la apertura democrática, al desmonte del paramilitarismo y a las garantías de
seguridad, más también las convenidas de manera específica para nuestra organización y sus
integrantes. Hemos convenido en ese aspecto, que nuestra reincorporación es la de una
comunidad de alzados en armas, hombres y mujeres, y a la vez de individuos, con sus propias
aspiraciones. Por tal razón, el proceso de reincorporación contempla, por una parte, nuestro
tránsito a partido o movimiento político legal, bajo normas y reglas excepcionales, y la
conformación de una organización de economía social que hemos denominado de Economías
sociales del común – ECOMÚN. Y por la otra, un sistema de prestaciones económicas y sociales
individuales, concebidas como mínimos para la vida digna de nuestros combatientes tras su
tránsito a la vida civil.
Tenemos la aspiración de preservar nuestra comunidad bajo las nuevas circunstancias, pues ella
constituye el núcleo básico que habrá de expandirse hacia todo el campo popular para avanzar en
nuestros propósitos de construcción de un nuevo poder social “desde abajo” y de toma de
posiciones de poder político y de gobierno para los cambios que reclaman las mayorías.
Consideramos que hemos convenido condiciones aceptables de excepcionalidad para nuestro
partido o movimiento político legal referidas a personería jurídica, financiación, acceso a medios,
participación y representación política y vocerías en corporaciones públicas. De la misma forma
valoramos la posibilidad de construir una economía propia a través de ECOMÚN y en asociación
con las comunidades con las que nos hemos relacionado históricamente. Apreciamos igualmente
que hemos respondido con entereza, en el contexto de lo acordado, a las preocupaciones que
tienen actualmente nuestros combatientes, hombres y mujeres, respecto de su inmediato futuro.
Tesis 16: Sobre el componente de dejación de armas. La dejación colectiva e individual de las
armas representa probablemente el momento más difícil para quienes hemos ejercido el derecho a
la rebelión. Las armas nos han dado el poder de la resistencia, del honor y de la dignidad; han sido
nuestra compañía inseparable por décadas de lucha y gracias a ellas ha sido posible el Acuerdo
Final de solución política.
Tenemos la satisfacción de que en medio de las condiciones de mayúscula asimetría tecnológica y
de recursos militares, del apoyo de potencias extranjeras, especialmente del gobierno de los
Estados Unidos, de dispositivos culturales y de comunicaciones, así como de un gigantesco
esfuerzo fiscal del Estado, nuestras armas no pudieron ser vencidas. Pudieron más la convicción y
el heroísmo de nuestros miles de hombres y mujeres para resistir y persistir en los propósitos
nobles de nuestra rebelión armada. Por ello es que el Acuerdo Final no es un acuerdo de
desmovilización y de entrega de armas a quien ha sido nuestro adversario y enemigo declarado. En
su lugar, hemos convenido un proceso de dejación “mediante el cual la ONU recibe la totalidad del
armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos” (AF, p. 59),
uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en el lugar del territorio nacional que
nosotros definamos. Con esta decisión le hemos concedido espacio y significación a nuestro
propósito ético y político mayor: simbolizar ante el mundo nuestra determinación de construir una
paz estable y duradera para nuestro pueblo, manifestar nuestro agradecimiento perenne al pueblo
de Cuba por su irrestricto compromiso con la paz de Colombia y sembrar en tierra colombiana la
memoria de nuestro alzamiento y la gloria a nuestras víctimas.
Tesis 17: Sobre el capítulo de implementación. Con lo acordado acerca de la implementación, se
buscó propiciar las condiciones para que lo contenido en el Acuerdo Final logre materializarse. Las
experiencias internacionales demuestran que existe una marcada tendencia hacia un bajo nivel de
cumplimiento de lo pactado en acuerdos paz. Considerando ello, se convino un sistema robusto de
implementación que conjuga institucionalidad, planes, desarrollos normativos, prioridades y una
amplia participación social y ciudadana. Se acordó la conformación de la Comisión de
Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz (CSVR), de carácter
bipartito, con un primer período de funcionamiento hasta enero de 2019, prorrogable hasta diez
años, que corresponden al lapso definido para el proceso de implementación. Asimismo, se definió
un Plan Marco de Implementación (PMI) de diez años, que se desagregará en Planes Cuatrienales
de Implementación (PCI), con los que lo acordado tendrá que incorporarse al Plan Nacional de
Desarrollo (PND) de los respectivos gobiernos, garantizando de esa manera las inversiones
necesarias, así como la asignación correspondiente de recursos del presupuesto nacional y de
recursos provenientes de los entes territoriales. Para proveer el marco normativo y los soportes
institucionales que le den a la implementación un carácter vinculante específico, se convino la
expedición de un CONPES del PMI en los términos que apruebe la CSVR, así como el trámite de
las reformas constitucionales y legales de incorporación del PCI al PND. Por otra parte, se definió
una agenda legislativa a través del procedimiento previsto en el Acto Legislativo 01 de 2016, cuya
materia corresponde a los aspectos fundamentales de los desarrollos normativos constitucionales y
legales que demanda la implementación del Acuerdo final, y se estableció que los contenidos de
tales desarrollos tendrán que ser constatados por la CSVR, previa presentación o expedición por el
Presidente de la República. Junto con lo anterior, se definieron mecanismos de participación de la
sociedad, un sistema integrado de información y medidas de transparencia para la
implementación, así como medidas y acciones de implementación prioritaria. De esa forma
consideramos que quedaron sentadas las bases para un proceso de exitoso de implementación,
cuya premisa es a nuestro juicio la apropiación social del Acuerdo Final y el más amplio respaldo y
compromiso social y popular.
Tesis 18: Sobre el capítulo de verificación. El Acuerdo Final convino un mecanismo de
verificación internacional concebido como parte del mecanismo de implementación de los
acuerdos que “tendrá como propósito comprobar el estado de avances de la implementación de los
mismos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así
como contribuir a fortalecer su implementación” (AF, p. 184).
Dos notables, uno elegido por nosotros y otro por el Gobierno Nacional, y el componente
internacional conformado por un representante de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile,
respectivamente, constituyen en primera instancia la verificación internacional, que además
contará con el apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la
Universidad de Notre Dame, en los términos que le señale la CSVR. El mecanismo internacional de
verificación presentará informes periódicos sobre la implementación, a los que muy seguramente
se unirán aquellos que produzcan las organizaciones sociales y populares y nuestro Centro de
pensamiento y formación política. A lo anterior se suma la solicitud de las Partes a través de la
Asamblea General de Naciones Unidas de “una Misión Política con el mandato de verificar la
reincorporación de las FARC-EP y la implementación de las medidas de protección y seguridad
colectiva” (AF, p.186), asegurando un funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables.
Por otra parte, se convino la renovación del actual mandato del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas (ONU Derechos Humanos) por un periodo de tres (3) años renovables, en cuyo informe
anual se solicitará sea incluido un capítulo de implementación de los derechos humanos. Habrá
además un acompañamiento internacional a la implementación del Acuerdo final en cada uno de
sus puntos con instituciones internacionales especializadas, que deberán elaborar informes
periódicos a la CSVR. Como se aprecia, el Acuerdo final cuenta igualmente con un sistema de
verificación que ofrece garantías en múltiples sentidos para el proceso de implementación.
Tesis 19: Sobre el enfoque diferencial y de género y la consideración de los pueblos étnicos. Todo
el Acuerdo final posee un enfoque diferencial y de género, con énfasis en los derechos de las
mujeres. Ello obedece a nuestra firme convicción acerca de la necesidad de reconocer las
particularidades de grupos sociales diferenciados, comúnmente excluidos y sometidos a la
continua discriminación. Y en el caso de las mujeres, se trata además de las circunstancias propias
de la dominación patriarcal que apuntala aún más la propia dominación capitalista, acentuando su
condición de víctimas principales del conflicto. La lectura transversal del Acuerdo Final permite
afirmar que se está en presencia de una posibilidad para el mayor reconocimiento de sus derechos
y de su papel activo como sujetos políticos de la construcción de una paz estable y duradera. El
Acuerdo Final, por otra parte, se fundamenta en una consideración y respeto de los derechos de los
pueblos étnicos y está concebido en todos sus componentes para contribuir a expandirlos, tal y
como se demuestra en el capítulo étnico. No habrá paz verdadera, estable y duradera, sin la
materialización de los derechos de las mujeres y de los pueblos étnicos.
Tesis 20: Acuerdo Final, solución jurídica y proceso constituyente. El Acuerdo Final además de
ser un acuerdo de transacción política para la terminación de la expresión armada del conflicto en
el caso de nuestra guerrilla, impuso la necesidad de una solución jurídica con base en el
presupuesto del origen político del derecho. En las condiciones actuales, acuerdos políticos sin
definiciones jurídicas resultan insuficientes, si se considera que lo convenido debe tener fuerza
vinculante para las Partes, dotándolas así de la necesaria seguridad jurídica. Se sobreentiende
además que la solución jurídica en sí misma no es una garantía de que lo acordado efectivamente
sea objeto de cumplimiento, pero sí prefigura un marco normativo de compromiso de las Partes,
que establece pautas y parámetros para la acción política en demanda del cumplimiento y la
implementación. Se convino que el Acuerdo Final es un Acuerdo Especial de los previstos en el
artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Igualmente, que por medio del procedimiento
expedito del Acto Legislativo 01 de 2016 habrá una ley aprobatoria del Acuerdo Final como
Acuerdo Especial y un Acto Legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución
Política, es decir, habrá un proceso de constitucionalización del Acuerdo Final, que se acompañará
de los desarrollos legales requeridos para su implementación. En ese sentido, bien puede afirmarse
que la Mesa de La Habana ha desempeñado una función constituyente y ha transformado para
bien del pueblo colombiano el orden constitucional vigente, poniendo de paso en evidencia los
límites de dicho orden para perfeccionar el acuerdo de solución política. Dicha situación
constitucional nueva, no niega nuestros propósitos de persistir en impulsar un proceso
constituyente abierto, una de cuyas estaciones necesarias tendrá que ser una Asamblea Nacional
Constituyente, no sólo para abordar las salvedades a los acuerdos logrados, sino para acompasar el
marco jurídico institucional a la construcción de una paz estable y duradera y generar las debidas
respuestas constitucionales a otros problemas estructurales sensibles de la formación económica y
social.
Sin que se haya convenido explícitamente en el Acuerdo Final la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente, sí ha quedado el compromiso de promover un gran acuerdo político
nacional que por su contenido debe interpretarse como un paso en esa dirección.
Para que se consolide la perspectiva de un proceso constituyente, será necesario que desate un
amplio movimiento político y social que se trace ese propósito. Las múltiples dinámicas
constituyentes del campo popular experimentadas durante los últimos años, así como el proceso
de La Habana representan un importante acumulado para el logro de ese objetivo.
Tesis 21: Sobre refrendación del Acuerdo Final. Los actos de refrendación del Acuerdo Final
constituyen una condición necesaria para su entrada en vigor y para que se pueda surtir el trámite
y la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y de Tratamientos Penales Especiales, a fin de que
se dé inicio al proceso de localización de nuestra fuerza guerrillera en las Zonas Veredales
Transitorias de Normalización y con ello al proceso de dejación de armas y de nuestra
reincorporación a la vida civil. En igual sentido, a la implementación de todo lo acordado. Durante
las conversaciones nos allanamos a la refrendación popular a través del plebiscito, primero porque
discutir, acordar y formalizar jurídicamente otro mecanismo hubiera prologado de manera
innecesaria las conversaciones por al menos un año, situando el proceso de La Habana en medio
de la campaña presidencial hacia el 2018, en un contexto político complejo de creciente oposición
llena de falacias de la ultraderecha y el militarismo. Y segundo, por cuanto consideramos que la
forma plebiscitaria produciría una clara delimitación entre la construcción de la paz y la
continuidad de la guerra, generando la posibilidad de infligir una derrota a la segunda, bajo el
supuesto en todo caso de que la opción de la paz demanda procesos de diferenciación entre los
entendimientos y aspiraciones del campo popular de paz con democracia verdadera y justicia
social y aquellos de sectores de las clases dominantes de paz como silencio de los fusiles y de
oportunidad para nuevos negocios. Tenemos el convencimiento de un potente acto de legitimación
política del Acuerdo Final por parte del pueblo colombiano. De esa manera, lo acordado en La
Habana tendrá un mayor blindaje para su implementación. Por otra parte, la refrendación
guerrillera del Acuerdo Final en esta nuestra X Conferencia, además de representar un voto de
respaldo y confianza frente a lo actuado por nuestra Delegación en La Habana y por las decisiones
que en distintos momentos tomaron el Estado Mayor Central y el Secretariado, es un claro
mensaje al pueblo colombiano de nuestra indeclinable decisión de reafirmar el fin de nuestro
alzamiento armado y de nuestro compromiso irrestricto con la implementación de todo lo
acordado.
Tesis 22: Hacia una gran transformación cultural. De la misma forma como el Acuerdo Final se
sustenta en acuerdos ciertos que han de implementarse, también debe afirmarse que él posee unos
intangibles cuyos alcances sólo podrán ser definidos por la historia. Pero desde ahora puede
anticiparse que probablemente uno de esos intangibles consiste en la inauguración de una gran
transformación cultural: la que habrá de conducir a la superación definitiva de estructuras de
pensamiento en las que se ha entronizado incluso en la vida cotidiana el uso de la violencia, la
pretensión de exterminio del enemigo y una especie de fascismo social como formas de ejercicio
del poder y la dominación y de solución de los conflictos, para darle una nueva oportunidad a la
política y a la coexistencia pacífica en medio de la conflictividad que le es inherente al orden social
vigente hasta su necesaria superación a través de una nueva calidad social.
IV. La perspectiva política inmediata
Tesis 23: La importancia del plebiscito. A la firma del Acuerdo Final le sigue en lo inmediato el
acto de refrendación popular a través del plebiscito. Más allá de representar un acto de
legitimación política de lo convenido en La Habana, con indiscutibles consecuencias para la
implementación del Acuerdo Final, consideramos que se está frente a una decisión no solo con
efectos presentes, sino sobre todo futuros de cara a las próximas generaciones. Aunque por esa vía
se aprobará o improbará popularmente el Acuerdo Final, en sentido estricto la que se está
definiendo es algo de más profundo calado: la continuidad o no de la guerra; la perspectiva de
construcción o no de una paz estaba y duradera. Frente a una determinación con semejantes
implicaciones, tenemos la confianza en una respuesta masiva y contundente del pueblo
colombiano a favor del sí. El SÍ mayúsculo debe contribuir a despejar el campo político, conflictivo
por naturaleza, pero oscurecido por la presencia de instigadores de la guerra que, haciendo uso de
la confusión y la mendacidad, no sólo añoran con su prolongación por los rendimientos que ella le
produce, sino que desde ahora -previendo su derrota- anuncian que se constituirán en obstáculo
de los esfuerzos de paz, recurriendo con a todos los medios que en el pasado les han sido útiles.
Debemos decirlo con claridad:
¡Es el momento de superar de manera definitiva la página de la violencia y la guerra!
Necesitamos tener la estatura histórica colectiva para ello. No contemplamos en absoluto la
renegociación de un acuerdo cerrado y construido con tanto cuidado. No hay otro
posible; como no lo fue en el pasado.
Tesis 24: Los primeros seis meses de la implementación.
Con la firma del Acuerdo Final, las prioridades se trasladan a una fase mucho más compleja y
difícil: el inicio de la implementación de lo acordado. Nuestra agenda inmediata está claramente
definida: Con la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y tratamientos penales especiales, nos
localizaremos en las ZVTN, iniciaremos la dejación de armas que durará 180 días, se producirán
los alistamientos para nuestra reincorporación a la vida civil y se surtirá el proceso de conversión
de nuestra guerrilla en partido o movimiento político legal. En el transcurso del mes de abril de
2017, deberemos estar listos para el inicio formal de nuestra actividad política legal. En
correspondencia, en ese mismo período el Gobierno deberá haber cumplido con lo establecido en
el Plan Marco de Implementación y particularmente con los compromisos de los desarrollos
normativos allí establecidos, empezando por la Ley de Amnistía, Indulto y tratamientos penales
especiales, la Ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial y el Acto Legislativo para
la incorporación del Acuerdo Final al ordenamiento constitucional, entre otros. En ese sentido,
parte significativa del énfasis de nuestro trabajo se trasladará a la Comisión de Implementación,
Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) y al Consejo
Nacional de la Reincorporación (CNR). Durante estos primeros seis meses no debe descartarse
una contraofensiva de la ultraderecha y el militarismo a través de múltiples acciones y
provocaciones, orientadas a hacer fracasar la implementación de lo acordado. Por tal razón, la
verificación internacional del Acuerdo Final, así como el acompañamiento del movimiento social y
popular en protección y demanda de cumplimiento de lo acordado jugarán un papel central, que
deberá permanecer a lo largo de todo este proceso.
V. El tránsito de las FARC-EP hacia organización una política legal
Tesis 25: La continuidad de la lucha a través de la acción política legal. El Acuerdo Final conlleva
la continuidad de nuestra lucha a través de la acción política legal, con fundamento en las
condiciones de contexto y las reglas de juego que emanan del conjunto de lo acordado. El ejercicio
de la política no es para nosotros una novedad. Las motivaciones de nuestro alzamiento armado
siempre fueron políticas. El accionar político-militar de nuestra guerrilla y de nuestras milicias, el
trabajo clandestino de nuestro Partido y de nuestro Movimiento Boliviano siempre estuvieron
guiados por propósitos políticos, a fin de organizar a nuestro pueblo para alcanzar los cambios y
las transformaciones estructurales que reclaman las grandes mayorías. Con el acuerdo de solución
política consideramos que se dan las condiciones mínimas requeridas para producir nuestro
tránsito a la vida política legal y proseguir la brega por nuestras aspiraciones estratégicas de
superación del orden social capitalista vigente en el país. El Acuerdo Final representa una ruptura
en nuestra historia, pero traza al mismo tiempo una línea de continuidad. El desistimiento del
alzamiento armado no conduce a nuestra desmovilización; se trata de más bien de un
acontecimiento que nos encauza hacia un nuevo tipo de movilización y accionar político,
entendidos como expresión de nuestra indeclinable decisión y voluntad política colectiva de
persistir en la lucha a través de la organización de un nuevo partido o movimiento político. Nos
seguiremos orientando por un ideario inspirado en el marxismo, el leninismo, el
pensamiento emancipatorio bolivariano y, en general, en las fuentes del
pensamiento crítico y revolucionario de los pueblos.
Tesis 26: La batalla por la implementación del Acuerdo Final. Además de las tareas propias de la
organización del nuevo partido o movimiento, que deberán ser mandatadas por esta X
Conferencia, y que nos habrán de llevar a su Congreso Constitutivo, somos conscientes de que se
avecinan nuevas batallas. La primera de ellas, la que corresponde a la implementación de los
acuerdos que son para beneficio de la sociedad colombiana y del pueblo en su conjunto. Si la
potencia transformadora contenida en ellos se logra desatar y sale adelante en forma victoriosa,
estaremos frente a la más importante posibilidad reciente de democratización política, económica,
social y cultural de la Nación. Se avecina un ciclo reformista que, en las condiciones del
régimen de dominación de clase existente en el país, debe ser catalogado como
revolucionario. Pero la posibilidad de materialización de ese ciclo, demanda la existencia de un
poder y una fuerza social con capacidad de hacerlo efectivo, que estamos obligados a contribuir a
construir.
Tesis 27: La batalla por el quiebre de la hegemonía política y cultural. La segunda
batalla se refiere al necesario quiebre de la hegemonía política y cultural para llegar a lo profundo
de los corazones del pueblo colombiano y lograr su más amplio respaldo, principalmente en los
centros urbanos. Tras décadas de estigmatización y continuo falseamiento de nuestra historia y de
nuestro accionar, tendremos la posibilidad de establecer otro tipo de relacionamiento y de
interlocución con las grandes mayorías, distinto al de la guerra, y así ofrecer y compartir nuestra
visión y propuesta de país. Se acerca lo que bien podríamos llamar una “batalla de ideas” y
tenemos la esperanza de que ella se pueda adelantar libremente y sin ejercicio de violencia alguna.
Ha llegado el tiempo de la verdad histórica. Ha llegado el tiempo de desnudar el régimen de
dominación de clase existente, sin los ropajes y disculpas de la confrontación armada y de la
guerrilla como causante de los males y problemas que campean a lo largo y ancho del país.
Tesis 28: La batalla por la unidad del campo popular. La tercera batalla es la concerniente
a la unidad del campo popular, de los sectores democráticos, progresistas y revolucionarios. Sin un
amplio proceso de unidad no hay posibilidad de avanzar hacia el cambio político y las
transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana.
Estamos dispuestos y abiertos a abordar las discusiones para construir los consensos necesarios,
siempre privilegiando las definiciones y los acuerdos programáticos, sobre las decisiones
pragmáticas. Si pretendemos resignificar y reivindicar la política e introducir nuevas formas de
acción política, tenemos la obligación de regresar a la discusión programática, a los debates sobre
la táctica y la estrategia, a la construcción colectiva del programa o la plataforma política y del
instrumento político, trascendiendo el concepto de oposición o de frente electoral para demostrar
vocación de poder y deseo de ser gobierno. Si se contempla que el Acuerdo Final puede abrir el
camino de una transición política debe considerarse la posibilidad de unir esfuerzos hacia un
“Gobierno de construcción de paz y reconciliación nacional”. No hay perspectiva política como
opción de poder si los esfuerzos de unidad se limitan a las valiosas expresiones organizativas y
procesos existentes, incluidas nuestras fuerzas. El campo de acción e influencia ha demostrado ser
limitado, pues no hemos logrado llegar a las grandes mayorías no organizadas, particularmente en
los principales centros urbanos. Debemos reconocer nuestras carencias colectivas para identificar
las aspiraciones de las nuevas generaciones de clase trabajadora producidas por las
transformaciones capitalistas durante las últimas décadas, y traducirlas a nueva gramática de la
política.
Tesis 29: La vigencia de un proceso constituyente abierto. Nuestra experiencia de décadas
de lucha nos ha enseñado que al tiempo que se lucha por el poder, es necesaria una construcción
social del poder “desde abajo”. Eso es lo que hemos hecho cuando hemos promovido e impulsado
procesos organizativos territoriales basados en la democracia directa, autogestionaria y
comunitaria. Eso mismo reconocemos en importantes procesos campesinos, indígenas y
afrodescendientes, en diferentes movimientos urbanos estudiantiles, de mujeres, de víctimas del
conflicto y de trabajadores en general en defensa de bienes comunes de la sociedad, enfrentando
en diferentes momentos y con intensidad diferenciada las tendencias de mercantilización
capitalista extrema de la sociedad. En todos esos casos reconocemos la existencia de dinámicas
constituyentes, dentro de las cuales inscribimos los alcances del Acuerdo Final, que bien pueden
confluir hacia un proceso constituyente abierto, en el cual se vayan edificando las bases de un
nuevo poder social. En la conjunción de la construcción de nuevo poder social y la conquista de
posiciones en el poder establecido, incluida la perspectiva de ser gobierno, es que concebimos
nuestro tránsito hacia la vida política legal en condición de nuevo partido o movimiento político.
Tesis 30: Sobre el mandato de la X Conferencia. Frente a todas estas preocupaciones, aunque
tenemos visiones preliminares, no poseemos aún elaboraciones definitivas. Por ello consideramos
que esta X Conferencia, además de avanzar en la identificación de lineamientos para nuestra
acción política inmediata, debe producir el mandato para abrir la más amplia discusión interna
que conduzca a las definiciones programáticas que demanda el nuevo momento político
inaugurado por el Acuerdo Final. Deberá ser sometido al Congreso constitutivo de nuestro partido
o movimiento político legal el programa político de orden estratégico, la propuesta de plataforma
política para la confluencia en un bloque popular alternativo o en un movimiento de movimientos
y la propuesta de programa para un “Gobierno de construcción de paz y reconciliación
nacional”, de amplia convergencia. Se nos avecina en ese aspecto una tarea de máximo
compromiso, responsabilidad y construcción colectiva.
Llanos del Yarí. Sept. 2016.

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