Acuerdos y desacuerdos para el post-neoliberalismo

Por: Gonzalo Salazar
Parecía haber concluido con gran celebración mediática la negociación de la terminación del conflicto armado entre dos fuerzas políticas y militares: un sector de la insurgencia y el Estado oligárquico colombiano, lo que la institucionalidad del Estado ha llamado “fin del conflicto” y “proceso de paz””, pero las clases en el poder en su disputa por el protagonismo, desarrollaron una campaña de polarización y desinformación en torno al contenido de los acuerdos, que pretendía el presidente refrendar con el sí de un “plebiscito” (no necesario jurídicamente) realizado el 2 de octubre y que terminó por negar esa posibilidad, ganando el nó por un mínimo de votos (menos del 0.5% de los votos válidos) en un empate técnico que dejó en la incertidumbre a la sociedad y un vacío de poder en el ejecutivo.

El nó defendido por los sectores del narcotráfico y terrateniente, que pretenden nuevamente y para siempre, manejar los destinos de este país, exigieron la anulación de estos acuerdos, para que el uribismo los vuelva a negociar, continuando con la guerra que tanto les beneficia, y que no es únicamente contra las FARC; exigencia que no aporta nada nuevo, pues a última hora no importan los acuerdos firmados, sino, el protagonismo que pueda alcanzar alguno de los representantes de las clases en el poder, para hegemonizar la campaña electoral presidencial de 2016.

Sin embargo, la insurgencia y el gobierno manifiestan continuar con el plan de desarme y reincorporación y aceptan la participación del uribismo en la mesa de La Habana, pues la llamada comunidad internacional apoya este proceso, que según el jefe de las FARC “no tiene reversa”, pues la aplicación de los acuerdos con los cambios que le quieran hacer, no incidirá en la estructura social y económica de nuestra sociedad (fue la primera condición para dialogar), pero que de alguna manera el silencio de las armas nos alegra a las y los demócratas, revolucionarios y humanistas colombianos que nacimos y vivimos en la cultura de crueldad, violencia y exclusión que nos ha impuesto la oligarquía. Es un paso importante que baja un poco los factores de violencia de los últimos 60 años y muy significativo para los campesinos, indígenas y comunidades negras rurales, quienes han puesto la inmensa mayoría de los muertos y víctimas en esta guerra.

Los habitantes de los campos siempre han sufrido la crueldad y la ignominia de militares del Estado y de mercenarios al servicio de terratenientes, de narcotraficantes y de empresas agroindustriales, mineras y energéticas, quienes les han despojado de sus tierras, sus territorios, su tranquilidad y sus vidas; en varias ocasiones también han soportado la presión y el maltrato de la insurgencia; no tiene la misma importancia la confrontación armada para la mayoría de los habitantes urbanos, especialmente los jóvenes, pues aunque el conflicto social y armado se ha desarrollado en todo el país, los sectores populares de las grandes ciudades -a excepción de Bogotá-, donde la polarización mediática atizó la disputa por el nó de la refrendación no la han vivido con la misma intensidad en su componente militar, aunque sí económica y políticamente; se comprobó con los resultados de la elección, en los territorios donde las comunidades han sufrido y resistido la atrocidad de la guerra, como Chocó, el Cauca, Putumayo, Nariño y Boyacá la mayoría se decidieron por el sí (Bojayá con el 96% Toribío con el 87%), pero donde es fuerte la influencia paramilitar, como Antioquía, el Eje Cafetero, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, obtuvo mayor votación el nó. Este plebiscito, como casi todas las elecciones en Colombia, (campaña con desinformación, mentiras y terrorismo difundida por los medios masivos privados) es ilegítimo, pues votó menos del 35% de los ciudadanos aptos para hacerlo y más del 90% de los electores no conocían el contenido de los acuerdos, votaron por la presión de las maquinarias electoreras, el chantaje de los gamonales en las zonas rurales y por la propaganda mediática de la ultraderecha.
La firma de los acuerdos, promocionada por el establecimiento, apoyada por los organismos “multilaterales” como el FMI, el BM y la OMC (grandes beneficiarios del conflicto y del “posconflicto”) e instituciones internacionales como la OCDE, la ONU, la UE y la OEA, y que fue negada por los votantes, despertó los anhelos de verdad, justicia y reparación en las víctimas; mientras por otro lado, el conflicto -con su componente de violencia- originado en la desigualdad social y económica se intensifica, con acuerdos o sin ellos, continuarán siendo los sectores populares las víctimas (indígenas, campesinos, negros y sectores urbanos organizados).

Lo otro es el futuro cumplimiento de esos acuerdos, sobre todo el primer punto, relacionado con la propiedad y uso de la tierra, origen y factor permanente en esta confrontación violenta de clases, para lo cual el Estado dice garantizar la redistribución de tres millones de hectáreas -cuando las robadas son más de siete millones en los últimos veinticinco años-; expropiando algunas tierras a narcotraficantes y corruptos procesados, comprando otras a los que las robaron y formalizando la propiedad de baldíos, sin tocar al latifundio ni al minifundio estructurales; este proceso se hará con una parte de las víctimas (las que sobreviven y se atreven a reclamar) pues muchos de los y las desplazadas le tienen más miedo al regreso que a la miseria en que sobreviven en las periferias y en las calles de las ciudades.

En lo que el documento llama Reforma Rural Integral no aparece la soberanía alimentaria ni la disminución de los monocultivos ni la creación de un ente con participación de los campesinos de pequeña y mediana propiedad, que garantice la producción de alimentos para consumo interno sin recurrir a la importación; tampoco se plantea la disminución de la minería a cielo abierto ni de las cientos de licencias ambientales para prospección y explotación, que prácticamente entregan más del 67% del territorio nacional para el negocio minero transnacional, donde no cuenta la importancia de los ecosistemas generadores y albergues de biodiversidad, de fuentes hídricas y productoras de oxigeno y, de las comunidades que habitan estos territorios. El primer punto, que mínimamente beneficiaría a las víctimas, es el que los terratenientes y los extractivistas pretenden renegociar, mientras el uribismo quiere meter en la cárcel a toda la dirigencia de la guerrilla y dejar en la total impunidad el genocidio propiciado por el Estado.

Muchos son los propósitos democrático-liberales económicos y políticos acordados (aparecen en la Constitución como derechos y, obligaciones del Estado en los planes de desarrollo departamentales y en el Plan Nacional de Desarrollo), como los que tienen que ver con educación, salud, comunicaciones, garantías para la participación política, estimulo a la producción e infraestructura campesina, nunca cumplidos ni ejecutados, que adornan estos acuerdos y que las victimas esperaban no fuera otro truco de tahúr o el señuelo para volver a la tragedia tantas veces repetida en nuestra historia, que después de 1781 la amnesia colectiva no nos deja reconocer. Mientras tanto, los demócratas, revolucionarios y humanistas que anhelan un mejor país, continúan en la construcción de alternativas económicas, sociales y culturales con los sectores y movimientos populares sin ingerencia de la institucionalidad capitalista, simultáneamente a la lucha por los derechos y el respeto, consignados en la Constitución Política de Colombia y en las cartas internacionales de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derechos de los Pueblos.

Este tipo de acuerdos obedecen más a las necesidades de adecuar las condiciones políticas, económicas y jurídicas para la ejecución de planes estratégicos en el post-neoliberalismo (extractivismo), tratando de eliminar las resistencias y reducir los incentivos a la rebelión que generan la desigualdad social y el modelo económico, combatiendo a los que persistan en cambiar las estructuras del Estado y de la sociedad, (así lo hagan con las armas o con la movilización social) y reinsertando a los que desistan de hacerlo, ofreciéndoles ayuda económica y dándoles espacios de participación política a nombre de la paz, o sea, institucionalizando las luchas de los rebeldes.

La movilización popular empieza a exigir la aplicación de los acuerdos firmados en La Habana y la continuación de la negociación con el ELN, en los territorios más golpeados por el conflicto las comunidades rechazan la forma en que quienes no han sufrido la guerra decidan por ellas; los estudiantes han sido los primeros que se han tomado las calles diciéndole nó a la guerra; aunque haya sido una decisión ciega de una parte del pueblo, los deseos de la mayoría de los que votaron, incluyendo muchos del no, realmente quieren la paz; los violentos siempre serán una minoría que manipula la voluntad de los ingenuos. En medio de la crisis política, en las primeras 48 horas después del conteo de los votos, el gobierno perdió el control, dando palos de ciego, tratando de complacer al uribismo, arriesgando lo alcanzado con los acuerdos, por lo que la presión popular y la comunidad internacional que le asignó el Premio Nobel de Paz como forma de expresar su respaldo, prácticamente obligan al presidente a continuar con el proceso. Este no es precisamente un proceso revolucionario, pero los sectores populares pueden y deben aprovechar esta crisis para organizarse y luchar desde la localidad y la región, por su autonomía y democracia radical con independencia de la institucionalidad del Estado, por cambios estructurales, por respeto y justicia social, por su bien vivir, como parte de esa paz que ansían.

La paz no es ni siquiera una utopía común para todos los y las colombianas, pues unos la consideran como el Estado que les garantiza libertad y seguridad para acumular riquezas, defender por todos los medios sus propiedades y mantener su estatus social; para la mayoría, es sencillamente dejar de sufrir necesidades básicas, intercambiar y compartir con alegría en solidaridad y respeto, en igualdad de condiciones, los bienes naturales y culturales y los productos de sus trabajos económicos, utilizando racionalmente los adelantos científicos y tecnológicos no perjudiciales a su salud ni al medio ambiente, y convivir pacíficamente en sus territorios comunes.

Por: Gonzalo Salazar

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