Colombia: “El erario como botín de guerra”

El erario como botín de guerra

Por: José Darío Castillón Orozco

Colombia mira el reciente escándalo de corrupción como si fuera único. Es una tradición: cinco o seis veces por año se desvela uno, permanece en cartelera hasta que otro se destapa y el anterior se olvida. Eso sí, el nuevo escándalo es más oneroso al fisco que el precedente.

Con el conocimiento de los sobornos de la firma brasileña Odebrecht que salpica a la casta política dominante, se rompió la usanza de incrementar el valor de los latrocinios, pues las coimas brasileñas rondan los once millones de dólares, mostrando a los politicastros colombianos como los más baratos del mundo, no más el Cholo Toledo se embolsicó él solito 20 millones de dólares; y se rompe la competencia por el monto del despojo, porque veníamos de ver la piñata de la Refinería de Cartagena, Reficar, donde unos señores, los de siempre, se alzaron con 6.080 millones de dólares (cerca de 17 billones de pesos), según cifras de la Contraloría General de la Nación, al lado de lo cual los sobornos de marras resultan el seis por ciento, un margen de error.

No quiere decir que no sea grave el caso Odebrecht. Lo es porque están prohibidos los sobornos, así como está prohibido matar gente y tenemos el reguero de asesinatos de cada día; y porque evidencia el carácter tramposo del Estado colombiano cuyas leyes no aplican para quienes medran en los ámbitos del poder. Cuando se trata de contratación resulta paradójico, pues la legislación anticorrupción ha puesto tantas trabas al proceso que excluye la participación de actores diferentes a los que tienen acceso al gobernante para que les levante condiciones, o para que excluya a posibles competidores.

Así empezó el asunto Odebrecht, con la reunión de representantes de esta firma con los hijos de Uribe, que no faltaron a ningún episodio de corrupción en el gobierno más corrupto de los últimos doscientos años, el de su padre. Reunión “social”, según el hoy expresidente, para cocinar que la empresa brasileña quedara sola en una aparente puja, así fuera con una alianza entre contratistas como los Nule. Aunque la unión no se dio, el contrato de la Ruta del sol fase dos la adjudicó Álvaro Uribe, a dedo, es decir sin concurso, a Odebrecht, 72 horas antes de dejar el gobierno, pese a que el presidente entrante, Juan Manuel Santos, le solicitó no hacerlo. Hoy se sabe que por esa adjudicación medió un soborno de seis millones y medio de dólares.

Ya se capturó un viceministro de transporte de ese gobierno, que confesó haber recibido coima. Sin embargo el señor fiscal general, Nestor Humberto Martínez, quien fungió de siempre como lobista, es decir, traficante de influencias al servicio de intereses privados, entre otros del grupo Sarmiento Angulo, socio de Odebrecht en Navelena, lanzó una conjetura: “A la campaña reelectoral de Juan Manuel Santos le entró un millón de dólares de Odebrecht”. Palabrerío sin fundamento probatorio y desmentido por el citado denunciante. Los efectos fueron enlodar la imagen internacional del presidente Santos, de paso golpear el proceso de paz, y desviar la atención no hacia los hijitos de Uribe, sino a la figura del premio Nobel.

Finalmente lo buscado llegó: se presentó a confesar quien imprimió unos afiches para la campaña de 2010 de Santos, cuando era candidato del uribismo, trabajo que costó 400.000 dólares, y que fue pagado por Odebrecht en Panamá. Todo ratificado por el señor Roberto Prieto, gerente de esa campaña.

Como era de esperar, diversos sectores salieron a pedir la renuncia del Presidente, primero los enemigos de la paz, luego un sector de los verdes que pretende pescar los votos que la extrema derecha construyó combinando poder legal y delincuencia. No hay afán moralizador, sino de procurar la desinstitucionalización del país para siniestrar el proceso de paz y desguazar la Constitución Política de 1991. Algo lograron: le arrancaron al Presidente la superioridad moral que tenía sobre Uribe, ya que ni Santos ni su familia se podían señalar como depredadores del tesoro público. Con estas revelaciones lo tiraron al lodo, de igual a igual con los emergentes del uribismo.

Un viejo recurso del Cartel de Medellín. En los años ochenta, cuando el entonces ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla denuncia a Pablo Escobar como mafioso, ripostó el cartel afirmando que financiaba al ministro, y hasta exhibieron un cheque girado por uno de sus miembros, Evaristo Porras, a favor de Lara. Con el tiempo se comprobó que tal documento era falso, y el ministro fue asesinado.

También con el tiempo Pablo de Antioquia se enfrentó al Estado, y en una extraña alianza de los gobiernos colombiano y norteamericano con un grupo de insubordinados de Cartel, llamados los Pepes: Perseguidos por Pablo Escobar, abatieron al capo. Los mafiosos que se alistaron en esta cruzada obtuvieron perdón por sus delitos, se les reconoció como botín de guerra los recursos que le arrebataron al jefe abatido, y otras rapiñas contra fortunas producto del trabajo. También se les reconocieron y toleraron las rutas del contrabando de cocaína que se apropiaron. Así pasó el Cartel de Medellín a manos del paramilitarismo.

Ante los desarrollos militares de la insurgencia en la década de 1990 se recurrió a una solución tipo Pepes para el país. Entonces se llama a Álvaro Uribe, gozne entre la legalidad y el crimen, pregonero del paramilitarismo y de alianzas non sanctas, para que conjure la amenaza subversiva. Aunque promete una victoria militar en dos años, pasan ocho sin lograrlo y aspira a nueva oportunidad, que es cuando el statu quo retoma el establecimiento. En ese lapso se cometieron cualquier tipo de delitos en nombre de lo que se llamó la lucha contra el terrorismo: ejecuciones extrajudiciales por miles; persecución a opositores, hostigamiento y persecución a las cortes, también a periodistas, a defensores de DDHH; patente de corso a los militares para robar, violar, o matar civiles; cooptación de organismos estatales por la delincuencia, como pasó con el DAS y con parte del Congreso… Hasta se dio patente a los soldados norteamericanos para violar niñas colombianas, permiso que aún subsiste. Por supuesto, quienes militaban en esta cruzada ejercían rapacería sobre los recursos públicos, e invocaban derechos sobre millones de hectáreas de tierra robadas, y  si alguien se atrevía a denunciarlos era acusado de cómplice del terrorismo. Incluso la familia presidencial se dedicó a incrementar su fortuna con decisiones de subalternos del presidente.

A siete años de haber acabado esos gobiernos aun protestan cuando se les llama a cuentas por lo que malversaron, o porque se les pide que devuelvan la tierra que despojaron a los campesinos. El erario se volvió botín de guerra.

Hoy son enemigos jurados de la paz. Lo que tiene fundamento en la Jurisdicción Especial para la Paz, y en la Comisión de la Verdad, que esclarecerá las atrocidades del conflicto y donde los nombres de ellos saldrán a relucir como determinadores de miles de crímenes. Pero no sólo eso, la construcción de la paz en Colombia les arrebata la bandera que tantos réditos les ha dado, y que al no ondearla perderán la coartada que han armado para robarse el país: que como ellos se sacrifican en la guerra contra la insurgencia, inclusive se autodenominan héroes, es de justicia que les permitan pillar algunos milloncejos. No importa que sea el dinero para alimentar niños guajiros, ellos son héroes y tienen prioridades.

Entretanto Santos mira para otro lado, no puede hacer otra cosa ya que fue uno de los artífices de esa alianza con el malandraje para atajar la insurgencia. Y para moralizar el país expidió un decreto contra las organizaciones sin ánimo de lucro.

 

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