Archivo mensual: noviembre 2018

«La negociación», el tráiler del documental que enfureció a Uribe

El campesinado colombiano

Por Gonzalo Salazar

Es históricamente el sector básico en la estructura social y económica del país, el que junto a los demás trabajadores ha construido la riqueza, el que ha nutrido alimentaria y socialmente -con la producción y el desplazamiento obligado- las ciudades, el sector victimizado por los terratenientes con la connivencia del Estado, los narcotraficantes y extractivistas de los agronegocios, los commodities y la minería transnacionales, que le quitan violentamente la tierra, la tranquilidad y la vida.

El campesinado no es un sector homogéneo cultural, social, ni étnicamente, pues muchos son indígenas que han abandonado o han emigrado de sus comunidades y resguardos, adquiriendo propiedad individual de la tierra, otros son integrantes de comunidades negras raizales o asentados, otros mestizos y de otras procedencias que por tradición trabajan la tierra, pero lo inherente es la convivencia, posesión y trabajo de la tierra, aunque también son quienes viven en el campo y que la han perdido o que no poseen la suficiente para vivir de ella, pero que sí trabajan para otros, sean campesinos medios o terratenientes agroindustriales, estos son los jornaleros o proletarios agrícolas.

Si bien la inmensa mayoría del campesinado es pobre, con propiedad inferior a 5 hectáreas, también lo integran muchos jornaleros que no alcanzan a las 2 hectáreas (minifundistas), aparceros, colonos y una cantidad apreciable de campesinos medios con fincas de entre 20 a 50 hectáreas, existe una minoría que supera las 100 hectáreas por familia, que podríamos llamar campesinos ricos, (el 0.4% de los propietarios posee el 65% de las tierras) en lo referente a la cantidad de la tierra, y con más de 400 hectáreas son latifundistas como los inmensos hatos ganaderos, los azucareros, palmeros, empresarios agroindustriales que cuentan con miles y millones de hectáreas cada uno, en su mayoría robadas a los campesinos y a la nación.

Según un estudio realizado previamente por Oxfam para 15 países de América Latina, el 1% de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño concentra la misma extensión que el 99%. De acuerdo a los últimos datos, en Colombia el resultado es aun más dramático: el 1% ocupa 81% de la tierra, mientras el 99% ocupa tan solo el 19%. De otra parte, los predios grandes (de más de 500 Ha) ocupaban 5 millones de hectáreas en 1970 y en 2014 pasaron a ocupar 47 millones. En el mismo periodo su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas.

Mientras tanto, las explotaciones de menos de 10 hectáreas representan el 81% del total, pero ocupan apenas el 5% del área, con un tamaño promedio de 2 hectáreas. Las mujeres se ven especialmente afectadas por la falta de acceso a tierras. Solo el 26% de las unidades productivas están a cargo de mujeres y sus explotaciones son más pequeñas, predominando las de menos de 5 hectáreas, con menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica[1]

Si miramos la productividad de la tierra de indígenas y campesinos pobres, esta tendería a reducirse con la infertilidad, por estar situadas en zonas de ladera, con dificultad para transportar insumos y productos, con poca capacidad financiera, falta de tecnología y la inconsistencia de los mercados de los productos de los campesinos pobres y medios que no pueden competir con los grandes terratenientes que poseen más de 400 hectáreas (y transnacionales que adquieren de cualquier forma cientos de miles de hectáreas en la llanura oriental) agroindustriales y agroexportadores, agronegocios que cuentan con infraestructura adecuada, (maquinaria, distritos de riego, carreteras), biotecnología, líneas de exportación o mercados monopolizados internos (monocultivos: leche, carne, aceite de palma, azúcar), los que desde la apertura económica de los 90 se fortalecieron pero que algunos de ellos se han visto afectados con los TLC aplicados. Por otro lado, estos TLC promueven y protegen a los importadores de alimentos que se deberían producir dentro del país por pequeños y medianos campesinos como se hizo hasta los 80 en que el país era autosuficiente. Muchos de los predios no poseen títulos, mientras los latifundistas corren los cercos y se apropian de ejidos y baldíos fraudulentamente con ayuda de abogados, notarios y funcionarios corruptos del ministerio de agricultura y el INCODER.

Los campesinos y trabajadores del campo requieren la unidad, y prepararse para dar la pelea junto a los indígenas y los consumidores frente al Estado oligárquico, por la soberanía agroalimentaria, por sus derechos y mejores condiciones económicas, pero a la vez por crear modelos colectivos, comunitarios y solidarios de propiedad y de producción, articulados local, regional y nacionalmente, incluso con movimientos campesinos de todo el mundo como la Vía Campesina y los movimientos ecologistas. Sería parte de esta lucha, exigir al Estado actual y al posible gobierno democrático de transición, una autentica y democrática reforma agraria que contenga por lo menos estos puntos, además de los incluidos en la propuesta agroalimentaria de este trabajo:

  • Un nuevo catastro rural y Ordenamiento Territorial (con participación decisoria de jornaleros, campesinos pobres y medios y las comunidades indígenas y negras) privilegiando las formas colectivas de propiedad y de producción, que pueda dar paso a democratizar la propiedad de la tierra, priorizando las zonas de producción agroalimentarias, definiendo el número máximo y mínimo de UAF.
  • Fomento y protección a la producción agroalimentaria, priorizando las formas de propiedad y de producción colectivas, (economía solidaria y comunitaria).
  • Soberanía Alimentaria y nutricional, que garantice la producción de la dieta básica del pueblo colombiano por los campesinos pobres y medios, determinando la infraestructura necesaria (vías de comunicación, maquinaria agroindustrial, ampliar y construir distritos de riego, centros de acopio, vivienda digna) para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y la producción agropecuaria, permitiendo y respetando la formación de redes populares de productores y consumidores desligados de los hipermercados, los grandes supermercados y las transnacionales de la producción y comercialización de alimentos.
  • Producción de fertilizantes e insumos orgánicos limpios, por los propios campesinos, con capacitación y apoyo de las entidades correspondientes nacionales e internacionales.
  • Desarrollo de investigaciones de nuestra agrodiversidad y de la diversidad biológica de nuestros campos, bosques y selvas, como de los ríos y lagos, para proteger y recuperar especies en vía de extinción, y mejorar sin manipulación genética (comercial) transgénica las especies vegetales y animales de nuestra base alimentaria, nativa y adoptada.
  • Eliminación del ICA como instituto rector en la aplicación de las políticas imperialistas neoliberales en la investigación, producción y comercialización de los alimentos en nuestro país.
  • Proteger la diversidad de nuestras semillas y especies alimenticias nativas, de la apropiación y modificación genética artificial por monopolios transnacionales, y los conocimientos que indígenas y campesinos han acumulado con la producción agroalimentaria limpia, ancestral familiar y colectiva.
  • Anulación de todos los TLC firmados en el contexto neoliberal con potencias imperialistas, y desconocimiento de las directrices e imposiciones de la OMC.
  • Realización de una auténtica reforma agraria democrática integral, como se expresa en el capítulo “Propuesta Agroalimentaria”

El campesinado gremializado en el monoproducto (paperos, arroceros, cafeteros, lecheros paneleros, algodoneros, cocaleros, Etc.) ha tenido una participación activa que los mantiene en la individualidad, que los ha ido alejando de las luchas por objetivos comunes y estratégicos como la reforma agraria y la soberanía agroalimentaria. En estas luchas se ha invisibilizado a los jornaleros locales y al proletariado agrícola, que migra en el territorio nacional recogiendo las cosechas del café, la caña de azúcar, el algodón, la coca y otros productos, pero que se integran a las movilizaciones agrarias como en el Catatumbo, en el Putumayo, en los Paros Nacionales Agrarios de 2013 y 2016; sin embargo el proletariado agroindustrial de la caña de azúcar y de la palma aceitera (mano de obra administrada por supuestas cooperativas de trabajo) se hace sentir en sus organizaciones y luchas; que desde 2005 se vienen expresando junto a los indígenas del Cauca.

Los cafeteros, sector de pequeños y medianos campesinos han tenido una dinámica que cambió desde la extinción del pacto internacional del café, que permitía alguna estabilidad en precios y cuotas de exportación, al que los TLC también golpea y obliga a los pequeños y medianos productores a movilizarse por sus intereses particulares, referidos a subsidios y mercados. Los paperos, integrado también por pequeños y medianos productores, han visibilizado su presencia en al ámbito de las luchas agrarias como lo hicieron los arroceros y los algodoneros desde el inicio de la apertura económica con paros y bloqueos de carreteras ante la importación masiva de estos productos, generalmente subsidiados en los países de origen. Igual sucede con los cacaoteros, paneleros y los lecheros; luchas comunes por intereses particulares como respuesta a la agresión neoliberal que los lleva a confluir en el paro agrario de 2013, la más grande movilización popular agraria nacional de los últimos 30 años, que logró reunir en resistencia,  participación y solidaridad a gran parte de la población del campo y la ciudad, (obligando al gobierno a instalar una mesa de diálogo MIA) pero que no alcanzó para la unidad programática y política del sector, para consolidar una articulación entre lo urbano y lo rural como alternativa o superación a la Mesa de la Habana, porque el gobierno logró dividirlo tanto gremial como política y regionalmente en una negociación en que el gobierno se niega a cumplir lo pactado. En lugar de solucionar los puntos del pliego que incluye temas como subsidios, POT, actualización catastral, garantías para la producción y el mercadeo, el gobierno nacional opta por un falaz Pacto Agrario con los terratenientes, con los agronegocios y commodities, pero sin campesinos ni soberanía alimentaria ni reforma agraria, para continuar con el despojo y políticas como la de Agro Ingreso Seguro (AIS), implementada por Uribe Vélez, que repartió miles de millones de pesos entre los más grandes terratenientes del país. Sin embargo, los agricultores populares retoman sus banderas junto a los indígenas, los mineros en la Cumbre Agraria con mejores propósitos pero débil en la unidad por las decisiones de algunos dirigentes que buscan beneficios personales en la institucionalización del movimiento mediante la lucha electoral.

Para un mejor país se necesita cambiar las políticas agropecuarias y las estructuras económicas y sociales del campo y la ciudad, una redistribución de la tierra en forma equitativa entre los productores directos, una transformación en el uso de la tierra y unos límites a la frontera agrícola y minera, reduciendo el área de pastoreo y el número de ganado bovino, estimulando la producción de otras espacies menores no contaminantes, que requieran menos espacio, eliminando el monoproducto, y el monocultivo, recuperando la fertilidad de la tierra y la diversidad agroalimentaria en las regiones, definiendo los propios campesinos organizados, en diálogos con los consumidores directos internos -también organizados- los productos a cultivar, las infraestructuras a construir y las políticas económicas, comerciales y ambientales a implementar.

La violencia en el país, hasta hoy, tiene como origen y fin, la apropiación de la tierra y la producción agropecuaria por terratenientes tradicionales, narcotraficantes y empresas transnacionales de alimentos (agronegocios, commodities) y mineras, violencia casi siempre promovida, ejercida y justificada por el Estado oligárquico. Las docenas de conflictos regionales y las guerras civiles en 200 años han sido generadas por la avaricia de los latifundistas contra campesinos, comunidades negras e indígenas; utilizando fuerzas armadas del Estado y mercenarios o paramilitares como en la llamada Violencia de los años 40, 50 y 60  y la guerra narcoparamilitar de los últimos 25 años, que sumados, las víctimas llegan a más de un millón de muertos y 8 millones de campesinos desplazados. El problema de la tierra es origen de más del 80% de la injusticia, desigualdad y violencia que ha vivido nuestro pueblo, especialmente el campesinado, en los últimos 200 años

El sector popular de mayor incidencia de la insurgencia en los últimos 50 años ha sido el campesinado, en el que la izquierda institucionalizada ha tenido poca injerencia frente a la derecha y ultraderecha que más por coerción y violencia, inducen una posición conservadora en este sector, siendo los medianos agricultores afectados por las políticas económicas que favorecen a los terratenientes y a los TLC, siendo estos agricultores que en gran medida han promovido y financiado las últimas movilizaciones, pues en ellas no se plantean la eliminación de agrotóxicos y transgénicos, ni la anulación total de los TLC -piden el ingreso al país y bajos precios de agroquímicos- ni cambios estructurales en la economía agrícola como puede ser la Soberanía Alimentaria o la Reforma Agraria, por lo que aunque son bienvenidas y muy importantes, no se les puede asignar un carácter radical o revolucionario a estas luchas. Los cambios en el sector agropecuario requieren una forma de unidad y organización de los productores, incluidos los jornaleros, los sin tierra, los desplazados y expropiados, que permita consensuar un programa unificado de luchas y objetivos, apoyados en los trabajadores y los consumidores de alimentos de las ciudades. Los campesinos pobres tienen la posibilidad de organizarse en Asociaciones Campesinas, en Cooperativas, en zonas de producción agroalimentarias, en Zonas de Reserva Campesina, en comunas o las que puedan crear,  compartiendo tierras, trabajo y beneficios, simultáneamente unidos, orgánica y políticamente al proletariado agrícola en la lucha por la distribución equitativa de la tierra y la reforma agraria integral -buscando para los sin tierra la propiedad y la producción colectiva de la tierra que necesitan para vivir dignamente-, unidos local, regional y nacionalmente a los pescadores artesanales, a las comunidades negras y al movimiento indígena por la liberación de la madre tierra, por reconocimiento y defensa de sus territorios, por la autogestión.

El campesinado, productor agroalimentario, en general no se ha hecho consciente de la necesidad de prescindir de las prácticas agresivas contra el medio ambiente con el consumo de agrotóxicos industriales, la tala que amplía la frontera agrícola y las quemas (existe más conciencia ecológica en las ciudades) ni de la nocividad para su salud como para el consumidor y para los ecosistemas, de los insumos agroquímicos, petroquímicos, transgénicos en la producción, tanto para el productor; su misma dieta sigue siendo deficiente en nutrientes, así produzca los alimentos más nutritivos, desconoce y olvida la importancia de cultivar los alimentos aborígenes de su dieta, limpios y de alto valor nutricional para auto consumo.

Es preocupante ver que la mayoría de los campesinos va a la ciudad a comprar carne, verduras, frutas y granos secos y enlatados que puede cultivar en su parcela -e intercambiar con sus vecinos-, viéndose en la “necesidad” impuesta por el Mercado, de consumir alimentos industrializados, tratados química y genéticamente, generalmente provenientes de otros países, porque supuestamente son más económicos, pero también porque el estado les obliga aplicar el monocultivo, o cultiva los productos que le impone el supermercado y le exige la empresa comercializadora. Estas prácticas impuestas, el despojo y la distribución inequitativa de la tierra, destruyeron la soberanía agroalimentaria en nuestro país y en todos los países agrarios.

La asesoría o la influencia de los grupos políticos de izquierda para cambiar las formas nocivas de producción y distribución (monoproducto, utilización de insumos agro-petroquímicos, venta a las grandes superficies) mediante la formación política del campesinado, ha sido escasa, pues muchos dirigentes políticos creen que solo basta el adoctrinamiento en los mandamientos políticos del partido (o del grupo armado), cuando no es por la falta de interés o de escasa información científica del tema de esos dirigentes; lo mismo pasa con la promoción de formas de asociación para la producción, y de la propiedad colectiva y comunitaria; por el mismo motivo existe poca preocupación de los propios productores por unir sus asociaciones (recuperar y fortalecer la ANUC, el Coordinador Nacional Agrario, los sindicatos agrarios) en federaciones, en entes cooperativos, solidarios y comunitarios unidos y articulados con los consumidores y productores populares de la ciudad; de la necesidad de la participación de todos los subsectores del campesinado en un proyecto de nuevo país en libertad, democracia y justicia social; que para los campesinos, indígenas y comunidades afro, empieza por ejercer soberanía alimentaria en sus territorios y en la lucha por la realización de la reforma agraria integral democrática, como de alguna forma se plantea en el pliego de la Cumbre Agraria Étnica y popular.  En este sentido es importante el mantenimiento, mejoramiento, ampliación integración de zonas de convivencia y producción campesina, que puedan convertirse en zonas o comunas autogestionarias rurales; la constitución de provincias y regiones (enmarcadas en lo geográfico, en las particularidades económicas, las prácticas productivas y la cultura) formando redes de producción y distribución, integrando elementos de nueva economía popular, con economía de equivalencias, intercambio de productos y mercado justo con los consumidores urbanos; intercambiando conocimientos, experiencias, semillas y productos entre ellos y con los indígenas, como se plantea en la propuesta agroalimentaria de este trabajo.

El Congreso de los Pueblos, asociaciones agrarias, el Coordinador Agrario y la Marcha Patriótica en sus programas reúnen varios de estos objetivos y estrategias que es necesario aplicar y desarrollar en los territorios, sin sectarismo ni vanguardismo, rompiendo con la democracia burguesa. Propuestas como la del Congreso de los pueblos, que tiene arraigo indígena, como la de Marcha Patriótica, con predominio de lo campesino, deben ser valoradas enriquecidas, complementadas en lo urbano de los sectores populares, en un programa económico, cultural y de gobierno popular, deben ser difundidas y asumidas como proyecto político y social con miras a integrar el gran Movimiento Político Social y Cultural Transformador, que sea producto del debate, el consenso y la unidad de los sectores populares en las localidades y en las regiones. Algunos puntos pertinentes al propósito de este texto en lo referente al problema agrario y alimentario, del Pliego de Exigencias que La Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, presentó al gobierno nacional. Mandatos para el buen vivir, por la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social

  1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial
  2. Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos.
  3. El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo: • Resguardos indígenas y territorios ancestrales
  • Territorios colectivos afrocolombianos• Zonas de Reserva Campesina• Zonas Agroalimentarias• Zonas de biodiversidad• Territorios interétnicos e interculturales• Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades. Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.
  1. La economía propia contra el modelo de despojo
  2. Transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana.Impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre comercio.
  3. Una política que restrinja y regule el uso y precio de los agroquímicos, así como el inicio de un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica basada en el respeto al ambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.
  4. Condonación de las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a través del sistema financiero. Acceso al crédito agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado.
  5. Creación y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias.
  6. Desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia, y la detención de la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional. Que se priorice la integración con los pueblos de Nuestra América Latina y el Caribe, en el marco de la protección de la producción nacional. Que todo tratado de comercio internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo colombiano.
  7. Subsidios que proteja la producción nacional, en especial a los sectores afectados por la apertura, en la cual se establezca por parte del Estado precios de sustentación rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios. Subsidios al transporte de alimentos y productos de comunidades campesinas, indígenas y afros.
  8. Estímulo a la producción de alimentos básicos por los pequeños productores, que tendrá como base el apoyo a la economía campesina en los términos propuestos en el punto anterior. Fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integración regional, en el marco de las prácticas de comercio justo eliminando intermediarios.
  9. Apoyo a la transformación de alimentos y productos agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de industrialización acordes con los intereses de las mismas.
  10. Prohibición a la importación de los productos agropecuarios estratégicos para la economía nacional.

10 Derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual (patentes y derechos de obtentores vegetales), y que propician su privatización, que el gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Que se deroguen las leyes 1032 de 2006, la 1518 de 2012 y la resolución 970 del ICA.

  1. Un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias, que no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la producción, la libre circulación y comercialización por las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico, de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodias de semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.
  2. Enfocar la investigativa académica de las universidades según el contexto y las necesidades del agro, en particular de los pequeños productores, reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes.
  3. Protección de la soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como utilidad pública, interés social y bien común de la nación.
  4. Reglamentación del capítulo VII de la ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de los territorios colectivos y tradicionales afro. conforme a la consulta previa y el consentimiento libre, e informado de los pueblos.
  5. Financiación del sector agrario, en particular del fortalecimiento de la pequeña y mediana producción,especialmente de alimentos, mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan, de la eliminación de las exenciones tributarias a grandes empresas de capital nacional y trasnacional, así como de la explotación de recursos minero energéticos.
  6. Minería, energía y ruralidad
  7. Proceso democrático discusión nueva política nacional minero–energética, con participación efectiva de comunidades campesinas, indígenas, afro y pequeños mineros tradicionales y de sobrevivencia, a través de un ejercicio de legislación popular e incluyente.
  8. Reformulación del modelo de redistribución de las rentas petroleras y minero-energéticas, fomentar, promover e invertir en desarrollo rural, mayores recursos para la inversión social y garantía de los derechos de las comunidades.
  9. Detener concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros, hasta tanto se defina concertada con las comunidades rurales y los trabajadores del sector la política minero-energética del país.
  10. Moratoria minera que congele la adjudicación de títulos en todo el país. hasta que se den condiciones reales para una explotación minera razonable para el país y las comunidades.

5 Reversión de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales en casos de grave deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la nación y violación de los derechos de los trabajadores.

  1. Reversión de todos los títulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada.
  2. no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios ancestrales, en territorios indígenas y afros, sin pasar por el requisito de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. En caso aprobatorio de las comunidades, que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
  3. en ningún caso se aprueben proyectos minero–energéticos, (títulos, concesiones y similares) sin la autorización derivada de la realización de consultas campesinas y populares en los territorios que puedan verse afectados. Tales consultas se realizarán durante la fase de solicitud del proyecto, del título o la concesión.
  4. Que deje de considerarse la minería como actividad de utilidad pública y de interés social de la nación.
  5. en el desarrollo de la política minera se garantice el estricto respeto por el agua, los páramos, bosques, áreas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias, zonas de reserva campesinas, territorios ancestrales y resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, fuentes de agua y todos los ecosistemas estratégicos para la vida y la biodiversidad. Que no se apruebe ningún título minero en dichos territorios.
  6. Suspender la implementación de megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afro,
  7. Revocar las licencias ambientales de megaproyectos hidroeléctricos, hasta que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por las hidroeléctricas.

13 Reestructuración de la fórmula que define precios de combustibles, procurando la regulación ambiental de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos.

  1. Reconocer y reparar a las víctimas por los proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos. 15. Suspender los proyectos de fracking apelando al principio de precaución..[2]

Este pliego presentado al Estado, aunque en algunos puntos se manifiesta la dependencia  del Estado  y del modelo, como la creación de cooperativas, uso de agroquímicos, (no exige la devolución inmediata de los 8 millones de las tierras robadas, el retorno garantizando la vida y la paz a los 8 millones de campesinos desplazados, el resarcimiento económico, cultural, social ambiental por los últimos 70 años de genocidio, desplazamiento y despojo, no exige el freno inmediato de la expansión de la frontera agrícola) reúne las necesidades, propuestas y exigencias de los tres principales sectores populares del campo colombiano (indígenas, campesinos-as y comunidades afro), sus preocupaciones por la situación económica y política del país, confirma el compromiso de solidaridad y unidad con los demás sectores urbanos, recoge y sintetiza todo un proyecto de reconocimiento de derechos, de cumplimiento por el Estado, de compromisos adquiridos con anteriores movilizaciones populares, democratización y desarrollo económico, reivindicaciones a alcanzar dentro de la democracia burguesa en el marco de la Constitución Política; por consiguiente es un insumo fundamental en la formulación de vías y condiciones para la elaboración de un proyecto consensuado de construcción de mejor país entre los sectores populares, que debería continuar con la integración de un gran movimiento político-social popular transformador.

Gonzalo Salazar, noviembre 30 de 2018

 

 

[1]https://www.oxfam.org/es/informes/radiografia-de-la-desigualda

[2]  Partes de los puntos del pliego agrario tomados de http://www.prensarural.org  Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular / Viernes 11 de abril de 2014

 

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