Archivo diario: 6 julio, 2020

Instan a gobierno Trump a presionar por defensores en Colombia

Carta de congresistas estadounidenses instando a su gobierno a presionar por defensores en Colombia

Lunes 6 de julio de 2020

Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19.

6 julio, 2020

Estimado Secretario Pompeo:

En la medida en que la pandemia del coronavirus expone y acentúa los problemas que existen en cada uno de los países que arrasa, nos preocupa especialmente su impacto sobre la seguridad de los valientes defensores de los derechos humanos y los líderes sociales en Colombia, quienes están arriesgando sus vidas para construir una paz duradera.

Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19.

Actualmente, Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos. Más de 400 defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz, siendo esta una pérdida de líderes cívicos comprometidos y valientes que Colombia no puede permitirse.

La lentitud del Gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, el fracaso en llevar las instituciones civiles del estado a las zonas de conflicto y su persistente incapacidad para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control. Esto parece haberse agudizado, ya que los grupos armados ilegales aprovechan la pandemia al tiempo que el Gobierno no responde, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos y los líderes locales que son objeto de persecución.

Por ejemplo, el 19 de marzo, tres hombres armados se presentaron en una reunión en la que campesinos discutían acuerdos voluntarios de erradicación de coca, y asesinaron al líder comunitario Marco Rivadeneira. Él promovía la paz e iniciativas de sustitución de coca en su comunidad, representaba a su región en la mesa de garantías para la protección de los defensores de derechos humanos y era miembro de la plataforma de derechos humanos nacional Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Las comunidades afrocolombianas, indígenas y de campesinos pobres, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, siguen sufriendo y se tornan aún más vulnerables por la presencia descontrolada de actores armados ilegales en sus territorios.

Marco Rivadeneira fue uno de los 23 líderes sociales asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas de la cuarentena por la pandemia en Colombia. Según la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), hasta el 27 de junio de 2020, fueron asesinados en Colombia 155 líderes y defensores sociales.

Para poner fin a esta tragedia, le pedimos que inste a la Administración Duque a que:

• Mejore la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones.

• Desarrolle una hoja de ruta de protección en consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.

• Financie y aplique medidas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y por medio de la Unidad de Protección Nacional. Se deben garantizar las medidas colectivas acordadas con las autoridades de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.

• Desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.

• De manera eficaz, investigue, judicialice y presente los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nació. Acogemos con agrado el nuevo acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que tiene por objeto capacitar a los fiscales y los investigadores para que aborden enérgicamente estos delitos contra los derechos humanos. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y otros defensores.

• Responsabilice prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.

• Implemente decididamente el Acuerdo de Paz, lo que incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional, implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

Sr. Secretario, le instamos a que vele para que todas las agencias de los Estados Unidos se expresen con una voz única y clara para condenar los cada vez más frecuentes asesinatos y para presionar a la Administración Duque a que emprenda las acciones necesarias para identificar y judicializar a los autores intelectuales de estos delitos y desmantelar las estructuras delictivas que los protegen.

Por último, le instamos a que continúe brindando la valiosa cooperación de los Estados Unidos a Colombia, para implementar el Acuerdo de Paz, prestar asistencia humanitaria a los refugiados venezolanos y a las comunidades que los reciben y abordar la crisis de salud y seguridad alimentaria causada por la pandemia de la COVID-19. Estados Unidos también debería aprovechar las oportunidades que ofrecen el Acuerdo de Paz para llevar a cabo la erradicación sostenible y duradera de los cultivos ilícitos actuando en colaboración con las comunidades a fin de sustituir la coca con medios de vida legales y desmantelar las redes de tráfico.

Descargar carta en inglés con las firmas: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/colombia_2020_-_final_-_hr_defenders_in_time_of_covid-19.pdf


Tomado de: https://www.colectivodeabogados.org/?Carta-de-congresistas-estadounidenses-instando-a-su-gobierno-a-presionar-por

EL ORO DE VENEZUELA Y EL BANCO DE INGLATERRA

Un grupo de 96 congresistas piden se proteja a los líderes sociales en Colombia

Congresistas de EE.UU. piden a Trump que presione a Duque y se proteja a los líderes sociales en Colombia

Un importante grupo de congresistas estadounidenses envió este lunes una dura carta al gobierno de Donald Trump en la que le piden que presiona al gobierno de Colombia para que proteja a los defensores de derechos humanos del país, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena por la emergencia del COVID-19.

Un grupo de 96 congresistas firmó la carta, dirigida al secretario de Estado Mike Pompeo.Un grupo de 96 congresistas firmó la carta, dirigida al secretario de Estado Mike Pompeo.

Un importante grupo de congresistas estadounidenses envió este lunes una dura carta al gobierno de Donald Trump en la que Colombia es protagonista.

La misiva, dirigida al secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, firmada por 94 legisladores estadounidenses, manifiesta su preocupación por la grave situación de seguridad de los líderes sociales en Colombia, agudizada por las cuarentenas decretadas para enfrentar la crisis del coronavirus.

Los congresistas pidieron a Trump a que presione al gobierno de Iván Duque para que “renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016″ y a “proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos”.

“Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19″, dice la carta, promovida por los congresistas demócratas James P. McGovern y Mark Pocan.

En la comunicación, los legisladores estadounidenses resaltaron que desde que se firmaran los Acuerdos de Paz con las Farc en 2016, han sido asesinados más de 400 líderes y defensores de derechos humanos. Los congresistas afirman que el gobierno colombiano “fracasó” en “llevar las instituciones civiles del estado a las zonas de conflicto”.

“Su persistente incapacidad (del gobierno colombiano) para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control”, agrega la misiva.

Los congresistas pusieron como ejemplo el caso de Marco Rivadeneira, uno de los 23 líderes sociales asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas de la cuarentena por la pandemia del COVID-19 en Colombia. Rivadaneira hace parte de la triste lista de 157 líderes y defensores sociales asesinados en los que va de 2020, de acuerdo con registros de la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).

Para ello, en la carta, los legisladores norteamericanos pidieron que se inste a la administración de Iván Duque a que cumpla con las siguientes condiciones:

  • Mejore la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones”.

  • Desarrolle una hoja de ruta de protección en consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.

  • Financie y aplique medidas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y por medio de la Unidad de Protección Nacional. Se deben garantizar las medidas colectivas acordadas con las autoridades de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.

  • Desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.

  • De manera eficaz, investigue, judicialice y presente los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Acogemos con agrado el nuevo acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que tiene por objeto capacitar a los fiscales y los investigadores para que aborden enérgicamente estos delitos contra los derechos humanos. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y otros defensores.

  • Responsabilice prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.

  • Implemente decididamente el Acuerdo de Paz, lo que incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional, implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

Al final de la comunicación, los congresistas estadounidenses piden a Pompeo a que vele para que todas las agencias de los Estados Unidos se expresen “con una voz única y clara para condenar los cada vez más frecuentes asesinatos” y a que “continúe brindando la valiosa cooperación a Colombia, para implementar el Acuerdo de Paz, prestar asistencia humanitaria a los refugiados venezolanos y a las comunidades que los reciben y abordar la crisis de salud y seguridad alimentaria causada por la pandemia de la COVID-19″.

Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/congresistas-de-eeuu-piden-a-trump-que-presione-a-duque-y-proteja-a-los-lideres-sociales/


 

Lo que no borró el desierto – Capítulo 1

06 Julio, 2020

Lo que no borró el desierto - Capítulo 1

Por DIANA LÓPEZ ZULETA

1

     Año tras año había anhelado encarar al hombre que mató a mi padre. Ahora que iba a tenerlo enfrente, mi plan era hacerle la pregunta que tanto me había atormentado: ¿Por qué lo había mandado asesinar?

     Yo tenía veintiséis años y a la sazón trabajaba como pe­riodista. Desde Bogotá me enviaron a cubrir una cumbre de gobernadores. El entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, comprometería a todos los mandata­rios regionales en el difícil proceso de paz que se desarro­llaba en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

     El criminal estaría allí, en ese encuentro que se celebra­ría en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Mede­llín. Era jueves 15 de agosto de 2013, fecha en que, por coincidencia, el asesino de mi padre cumplía cincuenta y cinco años.

     Yo iba vestida con un pantalón blanco, sandalias de ta­cones y una blusa negra de arandelas que se ajustaba con un cinturón adornado de piedras transparentes. Tenía suelto el cabello negro. En mis entrañas retumbaba el ulu­lar de mis miedos y me sentía perturbada, quizás vulnerable. De mi cuello colgaba la escarapela de periodista de una institución pública, con mi nombre escrito en esta.

     Durante dieciséis años había sentido la ausencia de mi padre. Y aunque parte de mi familia, incluida mi mamá y mis hermanos, me recomendaban que dejara las cosas en manos de Dios, no me resignaba a la impunidad. Desde antes de empezar mi carrera de periodista sentía que debía hacer algo.

     Llegué media hora antes de que comenzara el evento que se realizaba en un inmenso salón con capacidad para mil personas. El lugar estaba lleno de ministros, gobernadores, periodistas, comitivas oficiales y hasta el entonces expresidente Belisario Betancur era uno de los asistentes. El aire acondicionado creaba un clima casi benigno. Había mesas rectangulares, largas, decoradas con manteles blan­cos y sillas negras. En cada una de ellas se habían dispuesto cartulinas blancas marcadas con el nombre y el cargo de los funcionarios.

     Recorrí las mesas todavía vacías de la gran Cumbre de Gobernadores, Preparémonos para la Paz, y observé los ró­tulos de cada invitado. Establecí el sitio exacto donde esta­ría Juan Francisco Gómez Cerchar, gobernador de La Guajira, el hombre que había ordenado la muerte de mi padre.

     En medio de la barahúnda de los invitados, lo busqué entre la multitud que iba atiborrando los espacios. Pero él no llegaba.

     Pocas horas antes yo había revisado las redes sociales para verificar la participación de Gómez Cerchar en la Cumbre. A través de un trino, él había confirmado su asistencia al evento, de manera que mi encuentro con él se daría tarde o temprano.

     Entrevisté a varios de los asistentes, siempre con la ca­beza en otra parte. Examinaba a cada persona que entraba por la puerta opuesta a la tarima principal sobre la que se pronunciarían los discursos protocolarios.

     La ceremonia de apertura inició. Todos los asistentes entonaron de pie el himno nacional sobre música de fon­do que salía por los altoparlantes. Pero el gobernador de La Guajira seguía sin aparecer.

     Comencé a sentirme nerviosa y me refugié en la sala de prensa a escribir una noticia. A las 11:05 de la mañana se la envié a mi jefa por correo electrónico y le sugerí dos tí­tulos.

     Presa de la ansiedad y la angustia, llamé a Bogotá al periodista Gonzalo Guillén, a quien le había confiado mi secreto. Me recomendó que reprendiera con dureza y severidad al gobernador de La Guajira delante de otros pe­riodistas. Esa sería mi garantía y protección si Gómez Cer­char llegaba a reaccionar con violencia.

     Pensé que, si llegaba, primero lo interrogaría sobre al­guna generalidad del evento. Mi mente trabajaba a un rit­mo vertiginoso.

     Durante el almuerzo, repasé una y otra vez la macabra muerte de mi padre, las noches de insomnio. Sabía que cuando enfrentara a Gómez Cerchar no me reconocería como la hija de Luis López Peralta. Pero me sentía insegura, ese torbellino de cavilaciones y sensaciones me abrumaba.

     De repente, él apareció presuroso entre la gente. More­no, barrigón y de mediana estatura, ocupó su puesto en el preciso momento en que el presidente Santos comenzaba a pronunciar su discurso. Eran las tres de la tarde.

     Cuando el presidente terminó, me acerqué a la mesa del gobernador. Antes de llegar a su puesto, me pregunté si estaba segura de lo que iba a hacer y si mi impertinencia podría costarme el empleo. Me temblaron las piernas, las palpitaciones retumbaban en mi pecho. Ya estaba frente a él. Suspiré, traté de vencer el miedo y me lancé:

     —Señor gobernador, quiero hacerle una pequeña en­trevista.

     El hombre se levantó de la silla y me saludó sonriente. En la comisura de los labios se le dibujaba una rugosidad. Tan pronto me vio, pensé que su conciencia debía ser tan negra como mi blusa.

     —Claro que sí, reina —repuso.

     Ningún otro periodista estaba a mi lado. Había olvida­do la recomendación de Gonzalo. Hubiera sido más fácil enfrentarlo en una rueda de prensa, amparada por colegas y amigos.

     Gómez Cerchar dio unos pasos para alejarse de la mesa, encendí mi grabadora y le hice dos preguntas sobre la perspectiva desde la cual asumía el tema de la paz y el pos­conflicto, y la propuesta que haría como gobernador de La Guajira. Contestó con frases de cajón diciendo que su de­partamento había vivido el flagelo de la guerra, que él ha­cía mucha fuerza para que el proceso de La Habana saliera bien y que había que realizar inversión social sostenible en las regiones.

     En medio de su declaración, a veces me miraba fija­mente, pero también desviaba su vista y parecía detallar algún punto perdido del salón. Yo no escuchaba sus pala­bras. Si ahora las recuerdo es porque las grabé. Observé su papada, su gran nariz. Todavía hoy me parece que su tono de voz y sus modales eran amables, tal vez caballerosos.

     —Muchas gracias —le dije con voz queda.

     Fui incapaz de increparlo. Respiré hondo y traté de sonreír.

     Me miró fijamente y clavó sus ojos en mi escarapela invertida, cuyo giro involuntario ocultaba mi nombre. Acercó su mano, de manera invasiva, y con un rápido mo­vimiento volteó mi carné y reparó en mi nombre. Diana Carolina López Zuleta. Tal vez alcanzó a leerlo completo. Tal vez sabía que yo era una de las hijas de López Peralta. No puedo asegurarlo.

     Retrocedí y le di la espalda. Quizás él me miró mientras me alejaba. Caminé decepcionada de mí misma hasta la sala de prensa para recoger mi cartera y mi computador. Me sentí cobarde, pero no lloré. Coraje, era lo que necesi­taba en aquel momento y quizá yo no lo tenía. Ahora que escribo estas líneas pienso que fue mejor así. Tal vez debía entender que era mejor enfrentarlo de otra manera, con mis armas de periodista, con la investigación que ya estaba haciendo y que al cabo de los años contribuiría a condenar a Kiko Gómez, el asesino de mi padre.

TOMADO DE «La nueva Prensa» https://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/lo-que-no-borro-el-desierto-cap-1-2914