Archivo mensual: septiembre 2020

Presidente venezolano llamó en la ONU a respetar la soberanía de los países

Estas son las ordenes de la Corte Suprema de Justicia por intervención violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en protesta social

Tomado de: http://www.radiosantafe.com/2020/09/23/estas-son-las-ordenes-de-la-corte-suprema-de-justicia-para-frenar-intervencion-violenta-arbitraria-y-desproporcionada-de-la-fuerza-publica-en-protesta-social/

septiembre 23, 2020

–La Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica no destructiva, tras evidenciar «una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública».

Al tutelar también los derechos fundamentales a la expresión, reunión y libertad de prensa de un grupo de 49 personas, la sentencia mayoritaria de la Sala de Casación Civil del alto tribunal ordena la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.

Dispuso además la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

“La Corte señala explícitamente que la protesta intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial, religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio, no están protegidas por la Constitución Nacional”, consigna el pronunciamiento.

Sin embargo, luego de aplicar un test de sistematicidad a diversos episodios registrados en las principales ciudades del país y denunciados en la acción de tutela, la Sala encuentra elementos comunes de equivocado uso de la fuerza para controlar las movilizaciones.

“Se infiere de lo escrutado constitucionalmente –señala la sentencia–, por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes y por la conducta de algunos agentes de la policía y en el ESMAD que, hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”.

Por lo anterior, recuerda que “una de las obligaciones del Estado es proteger la libertad de expresión, de crítica y de opinión, aspectos que constituyen una conducta legítima de disenso social, siempre y cuando no se busque hacer propaganda por la guerra y el vandalismo, cuando no se pretende hacer apología del odio, de la violencia, del delito y, en general, de la violencia como forma de solucionar los problemas”.

Para la Sala de Casación Civil, lo advertido en el caso concreto estudiado, revela serios problemas en cuanto a:

(i) La falta de una Ley Estatutaria que desarrolle los alcances y limitaciones de la fuerza pública, su direccionamiento centralizado o descentralizado, su naturaleza y el juzgamiento de sus conductas, cuando se ejerce el derecho fundamental a la protesta pacífica.

(ii) La violación sistemática de tal prerrogativa por parte de la fuerza pública, en especial, del ESMAD, y la amenaza real que esa institución supone para esa garantía superlativa.

(iii) La incapacidad de los accionados de mantener una postura neutral frente a las manifestaciones de las personas y sus garantías a la libertad de expresión y de reunión.

(iv) Los estereotipos arraigados contra quienes disienten de las políticas del Gobierno Nacional.

(v) Allanamientos masivos, por parte de la Fiscalía General de la Nación, a los domicilios y residencias de quienes tienen interés legítimo en participar de las protestas.

(vi) Desatención a las obligaciones convencionales del Estado respecto de los Derechos Humanos.

(vii) Ausencia de vigilancia y control de las actuaciones de las autoridades demandadas, en relación el derecho de reunión.

(viii) El vacío que supone como institución del ESMAD que no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir, pues tampoco hace un uso adecuado de las armas de dotación asignadas.

(ix) La ausencia de resultados verificables de los cursos de formación en derechos humanos, ordenados respecto de los miembros de la fuerza pública, no sólo por el Consejo de Estado sino, además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en múltiples decursos donde ha sido condenado el Estado por el ejercicio excesivo y arbitrario de sus agentes .

(x) El uso inadecuado de instrumentos legales de la Policía Nacional para justificar detenciones ilegales arbitrarias contra ciudadanos.

(xi) La inapropiada delegación de “función de policía” del Ministerio de Defensa Nacional, para las entidades que realizan las “actividades de policía”, evidenciada en el Decreto 4222 de 23 noviembre de 2006, en donde se facultó al director de la policía, reglamentar en las resoluciones 02903 de 23 de junio de 2017 y 03002 del 29 de junio de 2017, el uso de la fuerza en manifestaciones y protestas.

“Una Nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo–enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”, concluye la Sala y resuelve conceder, en los siguientes términos, la tutela formulada contra el Presidente de la República, los ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el director general de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación:

SEGUNDO: ORDENAR a los aquí encausados que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción

TERCERO: ORDENAR a los demandados que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, insertar y facilitar la descarga del contenido completo y legible de este pronunciamiento, en la parte principal de sus respectivas páginas web y redes sociales, en un lugar visible y fácilmente identificable, hasta tanto el Congreso de la República emita una Ley Estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta pacífica.

CUARTO: ORDENAR al Ministro de Defensa que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes el enteramiento de esta providencia, proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales.

QUINTO: ORDENAR al Gobierno Nacional – Presidente de la República que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, proceda a:

a. Expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional, en el cual se incluya la obligación permanente de garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aun durante eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoción interior; o (iii) estado de emergencia.

b. Convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los aquí accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema.

De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas.

Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

En esa línea, deberá realizarse, con la participación directa de la ciudadanía, órganos de control y los mandatarios regionales y locales, un protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores que se denominará: “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”, que incluya, como mínimo, lo siguiente:

Protocolo de acciones preventivas

El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Así las cosas, es imprescindible que los miembros de la fuerza pública conozcan las disposiciones normativas que permiten el uso de las armas letales y no letales, y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo.

Igualmente, se establecerán límites al máximo del uso de la fuerza para el control de disturbios, por cuanto el entrenamiento que reciben no debe estar dirigido a derrotar al enemigo, sino en función de la protección y control de civiles.

Deberá hacerse énfasis en la formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos de sus miembros, guiada por el respeto a la comunidad, donde sus integrantes actúen como agentes de paz, de protección a la ciudadanía y al derecho a la vida.

Así mismo, se hará un análisis cuantitativo y cualitativo del incremento de la profesionalización de los agentes destinados a la contención y alteración del orden público por causa del ejercicio de marchas y manifestaciones públicas, incluyendo una veeduría permanente de la ciudadanía y los órganos de control.

Protocolo de acciones concomitantes

Al momento de realizar el despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben implementar un procedimiento verificable que evalué la situación y un plan de acción previo a su intervención. De tal forma, los operativos policiales deben estar dirigidos a la contención o restablecimiento del orden, y no a la privación de la vida o agresiones injustificadas.

Con todo, en caso de que resultare obligatorio el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de la finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad.

Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica.

Protocolo de acciones posteriores

Del mismo modo, debe implementarse procedimientos que verifiquen la legalidad y/o proporcionalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales, así como de las órdenes de la cadena de mando relacionadas con el hecho. En efecto, una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad hicieron uso de armas letales o no letales, causando daños a la vida e integridad de las personas, deberá iniciarse inmediatamente, y dentro de un plazo que no supere los seis (6) meses contados a partir del suceso, al margen de las investigaciones a que haya lugar, la obligación de proveer una explicación pública satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.

Tal procedimiento será acompañado por redes de veeduría ciudadana, mandatarios regionales, locales, y órganos de control.

Al señalado estatuto se le hará pedagogía nacional, es decir, se enseñará y divulgará a todos los colombianos.

c. De los avances para el cumplimiento de lo antes ordenado, el Gobierno Nacional – Presidente de la República deberá rendir, de manera directa a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, un informe quincenal, claro, detallado y exhaustivo del desarrollo de las negociaciones hasta la emisión del correspondiente acto administrativo.

SEXTO: ORDENAR a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas.

SÉPTIMO: ORDENAR el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, dentro de los treinta (30) días siguientes al enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar.

OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos.

Cuando se requiera cualquier participación del ESMAD en eventos públicos o privados, ese organismo de manera antelada, deberá poner a disposición DEL DEFENSOR el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e, igualmente, la Policía Nacional deberá designar a un oficial superior común que sirva de enlace entre los agentes y el DEFENSOR DEL PUEBLO.

Asimismo, la aludida institución recibirá las quejas y denuncias que, por cualquier medio expedito y eficaz, se hagan sobre las conductas del ESMAD o integrantes de la fuerza pública en el desarrollo de manifestaciones y protestas.

NOVENO: ORDENAR a los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional -ESMAD- y a cualquier institución que efectué “actividades de policía” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, suspenda el uso de las “escopetas calibre 12”, hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento.

DÉCIMO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, mensualmente remita un informe al juez de primera instancia de esta acción constitucional del cumplimiento de las disposiciones aquí adoptadas.

DÉCIMOPRIMERO: INDICAR que cuando la Corte lo considere necesario, asumirá la competencia para exigir el obedecimiento de lo aquí ordenado.

DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.

La acción de tutela fue interpuesta contra el Presidente de la República, los Ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía, el Comandante General de la Policía Metropolitana de esta ciudad, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, por las siguientes personas:

Soledad María Granda Castañeda, Sandra Borda Guzmán, Sergio Alejandro Martín
Vergara, Andrés Juan Guerrero, Alejandro Briceño Díaz,
Ana Benilda Ángel Orjuela, Alexandra Paola González
Zapata, Fabián de Jesús Laverde Doncel, Cristian Raúl
Delgado Bolaños, Aleida Murillo Gómez, Jenny Alejandra
Romero González, Carlos Sleyter Obregón Ramírez, Juan Felipe
Castañeda Durán, Olga Lucía Quintero Sierra, Alirio
Andrés Mojica Montañez, Paola Marcela Silva Pérez, Héctor
Alejandro Alba Siboche, María Fernanda Ovalle Alvarado,
Angye Katherine Rojas Rivera, Wilman Silva Betancourt,
Eneried Aranguren, Frank Melo Restrepo, Ángel Duván
Ortiz Rodríguez, Yuri Enrique Neira Salamanca, Peter
Esteban Santiesteban Castillo, María Alejandra López
Mendoza, Diana Carolina Ojeda Ojeda, Victoria Lucena
Góez, Mariángela Villamil Cancino, Alejandra Soriano
Wilches, Carolina Moreno Velásquez, Carlos Perdomo
Guerrero, Catalina Botero Marino, Manuel Alejandro
Iturralde, Natalia Ramírez Bustamante, Carlos Julián
Mantilla Copete, Johan Sebastián Ramírez Vargas, Fabián
Darío Bernate Bastidas, Brian Valencia Ayala, Harrison
Steven Valderrama Palencia, David Ricardo Pérez Castro,
Carol Tatiana Gómez Suarez, Perla Tatiana Bayona Rojas,
Eduardo Enrique Cáceres Téllez, Cristian Andrés Aristizábal
Parra, Mohamed Mussa Shek Giraldo, Juan Camilo Gómez
Olarte, María Fernanda Montiel Murillo y Santiago de Jesús
Andrade Gaitán.

Septiembre 21: Colombia, Gran Movilización Nacional

Corrupción en E.P.M y su impacto para el pueblo Antioqueño

Conversatorio con Gonzalo Álvarez Henao

Tomado de: «VIA CAMPESINA» https://www.youtube.com/channel/UCUjpbLVrt4wEVxFzNgL0peg

Respuesta al Señor Marc Willy Eichmann Perret, expresidente de UNE EPM

Respuesta al Señor Marc Willy Eichmann Perret

El Señor Marc Willy Eichmann Perret, expresidente de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. me ha solicitado que dé a conocer de cuál estafa estoy hablando y que respalde mi posición porque va desmentir la prueba que yo quiera. Así mismo me invita a que sostengamos un debate con altura. Gustoso acepto su invitación.

Como el tema es tan complejo, empezaré de manera pausada y en orden cronológico la exposición de mis argumentos en varias entregas, empezando por lo siguiente:

En el año 2014, Usted era directivo de Millicom y a la vez se desempeñaba como presidente de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., hecho supremamente grave, porque actuó como juez y parte en la supuesta negociación. A comienzos del mismo año, Usted, el Gerente General de EPM y el alcalde Aníbal Gaviria Correa anunciaron la fusión de UNE con Millicom y dijeron que como consecuencia de esa transacción el municipio de Medellín recibiría una prima de control de 1.4 billones de pesos de parte de la multinacional, para la inversión social en nuestra ciudad.

El pago de esa prima le aseguraba a Millicom mayoría en la Junta Directiva y un control de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. La firma de la escritura se programó para el 14 de agosto de 2014, pero Usted, para que sus jefes de Millicom no tuvieran que desembolsar un solo centavo de los 1.4 billones pesos, convocó para el 6 de agosto de 2014 a una Asamblea de Accionistas de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., y allí acordaron sacar de las reservas 8 días antes de la pretendida fusión, el dinero. Esto es, Millicom no aportó un solo peso.

La firma de la escritura fue como dijimos anteriormente el 14 de agosto de 2014 y el alcalde Aníbal Gaviria Correa, seguramente mal informado por Usted y el Gerente General de EPM el 19 de agosto del mismo año, en compañía de los redentores de Millicom, convocó a una rueda de prensa e informó del ingreso de los dineros producto de la fusión y de como los iban a invertir en la ciudad, lo que no dijo era que Usted los había sacado de las reservas de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

Habiéndolo manifestado desde el principio, por la rigurosidad y seriedad de mis argumentos, como prueba doy a conocer el video con la intervención de Aníbal Gaviria Correa y un fragmento del acta de la Asamblea de Accionistas.


RESPUESTA A MARC WILLY EICHMANN PERRET N° 2

Habiendo aceptado la invitación o desafío que me hiciera el expresidente de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Marc Willy Eichmann Perret, para que respalde mi posición porque me va a desmentir la prueba que quiera, me veo obligado a ratificarme en las denuncias hechas y a presentar en su orden mis argumentos. Empiezo por decir que Millicom orientó sus acciones delincuenciales en países atrasados y en los más corruptos, por esta razón se fue para África y Centro América, y escogió a Colombia por ser uno de los países más corrompidos del mundo.
Su historial delictivo lo inició en nuestro país en el 2006, cuando se apoderó por medios ilícitos de Colombia Móvil. Materializada la estafa y consolidado el poder en la compañía, puso los ojos en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y en la ETB. La estrategia empleada en Medellín fue la de conseguir que en el 2011, el Alcalde y la Junta Directiva de la compañía, nombraran a uno de sus directivos en la presidencia de UNE. La designación fue para el ciudadano colombo suizo, MAR WILLY HEICHMANN PERRET, quien nombrado en su cargo, se dio a la tarea de conseguir a un costo todavía sin determinar, que el Concejo de Medellín autorizara el cambio de la naturaleza jurídica de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
El Concejo en una cuestionada decisión, aprobó en mayo de 2013 el Acuerdo 17 del mismo año. Con este pasaporte en la mano, Millicom se fue para España y el 16 de julio de 2013, creo una empresa de papel denominada Millicom Spain Cable S.L. con un capital social de 20 mil Euros, y un objeto social distinto al de las telecomunicaciones. Con esta entidad fachada fue que mi retador fusionó a la poderosa para la época, UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
El convocante al debate, sin autorización legal y sin que en el ordenamiento jurídico del país exista norma alguna que autorice la fusión de una entidad pública con una privada, firmó la escritura 2 471 de agosto de 2014, en la que solo consta un aporte de Millicom de 49 millones de pesos., con la que MARC WILLY EICHMANN PERRET le entregó a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y sus empresas asociadas de por vida, a la precitada multinacional. En esto consiste la estafa que hemos denunciado y que seguiremos ilustrando por este medio.

Invito a todas las personas que están atentas a este debate a que se graben bien esta imagen, para que vean la metamorfosis que sufriera la empresa de papel que estoy reseñando, en el próximo capítulo.

La imagen puede contener: texto que dice "Capital Social suscrito SomesieboacioMU.OoSANAIASIL accionaria MILLICOM desembolsade de Número sociales: Valor Nominal Valor: participaciones 20.000 EUR EUR20.000 Socio Participación social MILLICOM SPAIN S.L. Valor nominal en Euros 1 Valor nominal en COP 20.000 Valor total en Euros Valor Total en Pesos $2.487,14 20.000 $49,472.779"

Concejo, Personería y Contraloría de Medellín, tendrían que pedir perdón a los ciudadanos

Capítulo N° 3 de la cinematográfica estafa cometida contra Medellín
En el capítulo 2 se les pidió a los lectores de la novela de suspenso y de terror que se grabaran la imagen de la empresa de papel que los estafadores de Millicom crearon el 16 de julio de 2013, Millicom Spain Cable S.L. en España, como coartada o distractor para apoderarse de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y sus empresas asociadas. Los gánsteres internacionales trabajaban desde el país ibérico y en Colombia sus agentes, Esteban Cristian Iriarte, argentino y MARC WILLY EICHMANN PERRET, colombo suizo, ocultaban la empresa de mentiritas, pues siempre hablaban de Millicom como una multinacional de las telecomunicaciones.
Estos dos agentes del mal, utilizaron como testaferro a Juan Guillermo Usme Fernández, Secretario General de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., para que otorgara poder a unos juristas que se encargaran de tramitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la integración de UNE con Colombia Móvil. Se aporta la prueba.
¿Qué cómo nos estafaron? Muy sencillo, por un lado solicitaban la integración de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. con Colombia móvil, pues esta era la carta de presentación ante el público; mientras por el otro, despojaban la empresa de papel de los 20 mil Euros y los distribuían en la supuesta constitución de una sociedad.
El convocante al debate que todavía no da la cara, MARC WILLY EICHMANN PERRET, fusionó a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. con Millicom Spain Cable S.L., que ya no tenía los 20 mil Euros porque el 25 de noviembre de 2013 se los retiraron para destinarlos Millicom Spain S.L. y a Millicom 1, 2, 3 y 4. Nótese como no tenían nombre.
Los estafadores tenían constituida a Millicom Spain S.L desde 2007 en España y el 16 de julio de 2013 crearon una gemela Millicom Spain Cable S.L. En una denuncia que sobre este asunto hizo el Movimiento Cívico y UNIGEEP el 18 de enero de 2015, se afirma que lo único que diferenciaba estas gemelas era una verruga que una de ellas tenía en la nariz, pues la primera es Spain sola y segunda Spain Cable.
Firmada la ilegal escritura 2 471 de 14 de agosto de 2014 en la que aparece UNE EPM Telecomunicaciones S.A. fusionada con Millicom Spain Cable S.L., le entregaron a la nueva sociedad también de papel todo el conglomerado de las telecomunicaciones de propiedad de municipio de Medellín, es decir, a UNE EPM Telecomunicaciones S.A., EDATEL S.A., E.T.P, EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A E.S.P, CINCO TELECOM CORPORATION con domicilio en la Florida, ORBITEL COMUNICACIONES LATINOAMERICANA S.A.U, y ORBITEL SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.

En el certificado de existencia de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. expedido por la Cámara de Comercio de Medellín en agosto 19 de 2014, aparecía como la empresa matriz, y no existe ningún documento al que se le pueda dar valor en que conste como UNE EPM Telecomunicaciones S.A. pasó a ser de propiedad de la empresa de papel. Se aporta la prueba de la nueva sociedad para que sea desmentida.

Amigos de “El Viejo”:

MÁS DE 30 AÑOS DE ACCIÓN POR LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

Washington, DC, 31 de agosto de 2020 –  Bajo arresto domiciliario en un caso que lo vincula a un temido bloque paramilitar, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quizás la figura política más importante de la historia colombiana, encuentra su legado en la balanza. Documentos desclasificados publicados hoy revelan nuevos detalles sobre sus presuntos vínculos con narcotraficantes y los grupos paramilitares que lo llamaron “El Viejo”.

Un  memorando  de 2004 muestra que un alto diputado del Pentágono le dijo al secretario de Defensa Donald Rumsfeld que «es casi seguro que Uribe tuvo tratos con los paramilitares» durante el período en cuestión en el caso actual. El documento es la primera evidencia desclasificada disponible de que las preocupaciones sobre los presuntos vínculos paramilitares de Uribe alcanzaron los niveles más altos del Departamento de Defensa.

Otro punto destacado es un  cable de 1997 que describe la visión de un congresista colombiano sobre la situación paramilitar en el oriente de Antioquia y «la red de relaciones» entre el entonces gobernador Uribe, «terratenientes, paramilitares y guerrillas». El congresista dijo que Uribe, él mismo un ganadero, tenía vínculos con otros terratenientes de la zona que «pagan a los paramilitares para que vayan tras la guerrilla».

Los registros publicados hoy incluyen «copos de nieve» de Donald Rumsfeld, informes de la Agencia de Inteligencia de Defensa, cables de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, una directiva de decisión presidencial, un informe de la CIA sobre los vínculos del ejército colombiano con las fuerzas paramilitares y otros materiales. El Archivo de Seguridad Nacional los obtuvo bajo la Ley de Libertad de Información y el proceso de Revisión de Desclasificación Obligatoria.

Los funcionarios del Pentágono y de la embajada de Estados Unidos describen varios relatos de los supuestos vínculos de Uribe con los paramilitares que se remontan a su época como gobernador en la década de 1990. También muestran que los funcionarios estadounidenses tenían una disposición positiva hacia él porque lo veían como un individuo especialmente calificado para hacer frente a las múltiples crisis de seguridad de Colombia. Por ejemplo, un memorando del Pentágono de 2003 informó que el “liderazgo agresivo” y los “recientes éxitos militares” de Uribe brindaron “una ventana de oportunidad para asestar un golpe devastador a los narcoterroristas”.

* * * * *

El 5 de agosto de 2004, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, recibió un memorando alarmante de un alto diputado sobre Álvaro Uribe Vélez, el primer presidente colombiano que Estados Unidos consideraba un socio estratégico clave en América Latina.

Un “informe de inteligencia militar estadounidense de 1991 recientemente desclasificado” citado esa semana en el New York Times , Newsweek y Los Angeles Times , “vinculaba al presidente colombiano Uribe con narcotraficantes, específicamente Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín”.

El informe de 1991 citado en el memo colocó a Uribe, entonces senador, entre las principales figuras del narcotráfico de Colombia. La lista de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), que incluía información sobre más de 100 personas vinculadas al negocio de los narcóticos, dijo que Uribe estaba «dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno» y era «un amigo íntimo de Pablo Escobar». que había «trabajado para el Cartel de Medellín».

El Archivo de Seguridad Nacional descubrió el informe de inteligencia sobre los vínculos narco de Uribe a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), como parte de un esfuerzo por abrir archivos secretos estadounidenses sobre el conflicto colombiano. Dieciséis años después de la liberación de la FOIA, con Uribe ahora bajo arresto domiciliario en un caso que lo vincula con grupos paramilitares del narcotráfico, otra solicitud de acceso a la información revela cómo reaccionaron los altos funcionarios del Pentágono después de enterarse de uno de sus propios informes de inteligencia desclasificados que un El socio estadounidense de confianza era miembro del hampa de narcóticos de Colombia.

El memorando de 2004 sobre las revelaciones de Uribe es parte de un nuevo Libro Informativo Electrónico de registros desclasificados publicado hoy aquí que abarca unos 25 años de rumores, acusaciones y pruebas de los vínculos de Uribe con paramilitares y narcotraficantes.

“Es casi seguro que Uribe tuvo tratos con los paramilitares (AUC) mientras era gobernador de Antioquia, va con el trabajo”, según el memorando de 2004 de Peter Rodman, quien fue subsecretario de defensa para asuntos de seguridad internacional de 2002 a 2007. El memo de Rodman a Rumsfeld incluía una copia del informe desclasificado de la DIA , publicado a principios de esa semana en el sitio web del Archivo de Seguridad Nacional , junto con un par de artículos de Newsweek que describen las revelaciones.

Aunque Rodman no dudaba de los vínculos de Uribe con los paramilitares, le dijo a Rumsfeld que no había visto «informes que sugirieran que las drogas fueran parte del panorama». Pero una colección de documentos desclasificados del Departamento de Estado publicados por el Archivo de Seguridad Nacional en 2018 (y también presentados en el New York Times ) muestra que durante años los diplomáticos estadounidenses albergaron serias preocupaciones sobre los vínculos de Uribe con los narcos, incluyéndolo, por ejemplo, en un cable identificando sospechosos de narcopols colombianos. En otro caso, un aliado de Uribe le dijo a la Embajada que los notorios hermanos Ochoa Vásquez, cofundadores del Cartel de Medellín, habían “financiado” la campaña de Uribe al Senado. En otro cableEl embajador de Estados Unidos en Colombia, Morris Busby, quien coordinó los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a Colombia a derrocar a Pablo Escobar, dijo que creía que había «sustancia en los rumores» de que Uribe y otros políticos tenían vínculos con intereses de narcóticos.

Pero aunque Rodman se mantuvo escéptico sobre los vínculos de Uribe con los narcos, en 2004 ya no había ninguna duda de que los grupos de milicias paramilitares con los que presumía que Uribe se ocupaba como gobernador estaban profundamente arraigados en el narcotráfico, además de ser responsables de algunos de los problemas. actos de violencia más atroces durante el conflicto.

En 2001, la administración de George W. Bush agregó las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) , la organización paramilitar más importante del país, a la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras de Estados Unidos, junto con los grupos rebeldes de las FARC y el ELN, citando “al menos 75 masacres que resultaron en la muerte de cientos de civiles ”. En 2002, el Departamento de Justicia acusó a los principales líderes de las AUC por traficar más de 17 toneladas de cocaína a los EE. UU. Un mes después, una directiva de política de la administración Bush ( Directiva Presidencial de Seguridad Nacional 18 ) liberó la asistencia de seguridad relacionada con las drogas de EE. UU. A Colombia para su uso en operaciones antiterroristas, encontrando que tanto las FARC como las AUC obtienen entre el 30 y el 60 por ciento de sus ingresos del narcotráfico.

Los supuestos vínculos de Uribe con las AUC son de gran interés ahora en Colombia, donde el expresidente se encuentra bajo arresto domiciliario por presunta manipulación de testigos en un caso que lo vincula a él y a su hermano Santiago con la creación del notorio grupo paramilitar Metro Bloc. Desde entonces, el ex presidente renunció al escaño en el Senado que recuperó en 2014. Más recientemente, la Corte Suprema ha pedido a Uribe que testifique en casos de masacre paramilitares que la Corte ha considerado crímenes de lesa humanidad. 

Los documentos publicados hoy aquí refuerzan la idea de que los vínculos de Uribe con las milicias ilegales siempre han sido un secreto a voces, parte de una aceptación más amplia de los paramilitares entre ciertas élites colombianas. La información que vinculaba a Uribe con los paramilitares, considerada por algunos como una fuerza más eficaz contra la guerrilla, era algo que muchos, tanto en Colombia como en Estados Unidos, estaban dispuestos a pasar por alto si cumplía con cuestiones de mayor prioridad.

* * * * *

De hecho, no hay indicios de que los presuntos vínculos paramilitares de Uribe hayan tenido algún impacto en la asistencia de Estados Unidos al gobierno colombiano, que, por el contrario, alcanzó nuevas alturas durante la presidencia de Uribe. [1]  Los supuestos vínculos de Uribe con una organización terrorista designada por Estados Unidos eran mucho menos importantes que su desempeño como presidente, que Estados Unidos veía favorablemente.

Uribe asumió el cargo en 2002 después de que el presidente anterior, Andrés Pastrana, intentó pero no logró asegurar un pacto de paz con las FARC, el grupo rebelde más grande del país, y finalmente puso fin a las negociaciones durante la campaña presidencial de 2002. En el Pentágono, los altos funcionarios se mostraron complacidos con las promesas de Uribe de intensificar la campaña militar contra los insurgentes y especialmente con su voluntad de ampliar el papel de Estados Unidos en la guerra civil del país.

El Pentágono tenía grandes planes para Colombia. Una serie de memorandos desclasificados de «copos de nieve» de enero de 2002 muestran que Rumsfeld se centró en eliminar las restricciones a la ayuda estadounidense a Colombia (implementadas por el Congreso y la administración Clinton) y ampliar el papel de Estados Unidos en la guerra de Colombia. En uno, Rumsfeld sugirió que la posible cancelación de Pastrana de las conversaciones con las FARC «podría darnos una oportunidad», y pidió al personal del NSC que lo investigara. Unos días después, Rumsfeld pidió a su adjunto principal , Paul Wolfowitz, que proponga soluciones legislativas y de otro tipo “para que podamos enfrentar el terrorismo en Colombia utilizando las capacidades autorizadas para los fondos de drogas”, y agregó: “Me parece que el los problemas se entremezclan «.

Rumsfeld articuló una visión para expandir las operaciones de contrainsurgencia en Colombia, prohibidas bajo las directrices políticas vigentes en los Estados Unidos, en un memorando del 20 de marzo de 2002 . El secretario de Defensa sugirió el establecimiento de «un grupo de trabajo conjunto» en el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (SOCOM) «para pensar en lo que podríamos hacer en Colombia si nos lo pidieran». Rumsfeld dijo que el grupo «tendría que decidir qué victoria sería y luego pensar en un plan para lograr lo que decidimos caracterizar como victoria».

Hay mucha historia en la derrota de insurgencias: en Filipinas de 1898-1902, en Nicaragua con los marines en la década de 1920, durante la guerra civil griega en la década de 1940, en Malasia en la década de 1950 e incluso en algunos esfuerzos de pacificación en Vietnam del Sur. que funcionó durante las décadas de 1960 y 1970.

Rumsfeld dijo que la nueva estrategia de Colombia «encajaría en la categoría de construcción de la nación» y sugirió que el grupo «podría estar en contacto con gente de la CIA, la DEA, el Tesoro y el Estado, y también probablemente coordinar con Wayne Downing», el coordinador de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC). Dijo que el grupo también debería consultar con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) —la agencia militar que inventó la famosa Internet— “para ver qué programas se están desarrollando para vigilancia, inteligencia, etc. que podrían ser útiles” en Colombia. Además, sugirió que el grupo de trabajo hablara con Arthur Cebrowski, jefe de la Oficina de Transformación de Fuerzas del Pentágono, sobre «la guerra centrada en redes aplicada a selvas, áreas urbanas e insurgencias».

Pero el Pentágono necesitaría un socio dispuesto, y Uribe era el tipo de líder que querían. En un memo,  Rodman dijo que los diputados del Consejo de Seguridad Nacional estaban optimistas de que Uribe, entonces el presidente entrante, promovería los intereses de Estados Unidos al ayudar a convencer al Congreso de Estados Unidos y otros miembros de la administración de que profundizaran la participación de Estados Unidos.

Los diputados coincidieron en que la elección de un nuevo presidente por parte de Colombia debería reforzar el rumbo en el que ya se ha embarcado la política estadounidense. Gran parte de nuestra inhibición (y la del Congreso) se basaba en la preocupación de que los colombianos, bajo Pastrana, no estuvieran haciendo lo suficiente. Uribe promete aportar la voluntad política.

Una respuesta a la pregunta de Rumsfeld sobre cómo medir el éxito en Colombia fue el recuento de muertos. El uso de guerrilleros muertos como marcador de avance en la guerra fue un tema que luego llegaría a dominar las noticias en Colombia en relación con los “Falsos Positivos”, un escándalo en el que oficiales del Ejército colombiano conspiraron en el asesinato de miles de civiles. que fueron contados falsamente entre las bajas insurgentes para inflar artificialmente el recuento de cadáveres. El caso es uno de varios escándalos importantes de derechos humanos que afectaron a la presidencia de Uribe.

Un memorando de 2003 a Rumsfeld  de Marshall Billingslea, el subsecretario de operaciones especiales del Pentágono, también promocionaba el número de soldados de las FARC asesinados por «unidades de comando» especiales entrenadas por Estados Unidos bajo Uribe, diciendo que la estrategia mejorada de contrainsurgencia «estaba comenzando a producir dividendos». Billingslea también destacó la gran cantidad de miembros de “altos mandos de las FARC” asesinados y capturados en misiones de High-Value Target (HVT) durante ese tiempo.

El Pentágono vio a Uribe como un individuo calificado para lidiar con las múltiples crisis de seguridad de Colombia, y dijo que su «liderazgo agresivo» y sus «recientes éxitos militares» proporcionaron «una ventana de oportunidad para asestar un golpe demoledor a los narcoterroristas», y agregó que «el presidente Uribe sólo le quedan unos años para completar esta tarea «. Apenas unos meses después, Rodman le dijo a Rumsfeld que «un elemento clave de nuestro éxito ha sido el propio Uribe».

En última instancia, Uribe extraditó cifras récord de sospechosos de tráfico de drogas a Estados Unidos, negoció la desmovilización de miles de paramilitares y, mediante una agresiva campaña militar,  redujo en más de la mitad  el número de guerrilleros insurgentes armados en el país. También consiguió miles de millones en ayuda estadounidense, la mayor parte de ella asistencia en materia de seguridad según lo previsto por Rumsfeld. En 2009, George W. Bush le otorgó a Uribe la Medalla Presidencial de la Libertad.

Incluso ahora, una década desde que Uribe dejó el cargo, los funcionarios estadounidenses continúan defendiendo el historial de Uribe, y el vicepresidente Mike Pence lo etiquetó como «héroe» en un tweet reciente en el que, en un paso muy inusual para un vicepresidente estadounidense, también llamó a Que los colombianos permitan que el expresidente «se defienda como un hombre libre».

Pero en Colombia, la evidencia de los supuestos vínculos de Uribe con los paramilitares ha ido aumentando durante años, y la popularidad del expresidente ha ido cayendo de manera constante. La reciente decisión de la Corte de detener a Uribe significa que su formidable legado político, ya empañado por persistentes sospechas sobre sus presuntos vínculos con narcotraficantes y varios abusos de derechos humanos asociados con su presidencia, ha enfrentado el desafío más difícil hasta el momento. Si es declarado culpable, corre el riesgo de hasta ocho años de prisión y es casi seguro que enfrentará más desafíos legales por parte de las víctimas de los grupos que se dice que él y su hermano Santiago han promovido.

* * * * *

Los problemas legales actuales de Uribe se remontan a la década de 1990, cuando el poder paramilitar se expandía rápidamente en Antioquia, el departamento colombiano que gobernó entre 1995 y 1998. Documentos desclasificados de este período crítico describen un rápido deterioro de la situación de los derechos humanos a medida que los grupos paramilitares, liderados por las AUC, participaron en una serie de brutales ataques contra personas y comunidades que se cree están vinculadas a la insurgencia.

Uno de ellos cuenta la historia de Jorge Valencia Cardona, dentista, ganadero y diputado suplente que representó a un distrito rural del oriente antioqueño que albergaba el Metro Bloc de las AUC y la hacienda Guacharacas de la familia Uribe.

El congresista interino sabía mucho sobre cómo operaban los grupos de milicias ilegales en el estado natal de Uribe. En una reunión privada con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en abril de 1997 , Valencia describió un episodio desgarrador que ilustra gráficamente hasta qué punto el entonces gobernador Uribe influyó en los grupos paramilitares de la región.

Con los rifles en la cabeza y las manos atadas a la espalda, Valencia aparentemente no tenía opciones. Los paramilitares encapuchados amenazaron con matarlo si no admitía colaborar con los insurgentes de izquierda. Uno lo acusó de esconder un alijo de armas de la guerrilla en su propiedad.

Pero Valencia insistió en que no había hecho nada malo y no apoyaba a los rebeldes.

“Aterrado por su vida, ofreció dinero a sus captores”, según la historia que contó a los funcionarios de la Embajada, que luego fue transmitida en un cable al Departamento de Estado . “Se rieron y dijeron que tenían mucho dinero y armas; lo que querían era información «. Pero Valencia sostuvo que no tenía nada útil que compartir.

“Lo que lo salvó”, según el cable, “fueron unos documentos en su maletín que mostraban que conocía al gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez”.

“Diciendo, ‘Oh, ya conoces El Viejo’, sus captores lo soltaron y no lo han molestado desde entonces”, según cuenta Valencia, usando un apodo para Uribe que significa “el viejo”.

Curiosamente, es el mismo apodo que utiliza el confidente de Uribe, Carlos Eduardo López, para referirse al expresidente en una comunicación interceptada recientemente aparecida con el paramilitar encarcelado Juan Guillermo Monsalve. Las autoridades colombianas están analizando si esa conversación fue parte de un esfuerzo para presionar ilegalmente a Monsalve para que se retracte de una declaración que vincula a Uribe y a su hermano Santiago con la formación del frente paramilitar conocido como Bloque Metro en San Roque, Antioquia.

Quizás no sea una coincidencia que la Embajada sondeó las opiniones del congresista itinerante apenas unos días después de que las AUC anunciaran su formación como grupo coordinador nacional de los grupos paramilitares del país. El anuncio marcó una nueva era de huelgas paramilitares más grandes, más agresivas y más estrechamente coordinadas contra comunidades e individuos con supuestos vínculos con la guerrilla.

El poder y la influencia de los paramilitares han ido aumentando de manera constante durante algún tiempo. Carlos Castaño, el portavoz de las AUC, había estado en el radar de los funcionarios estadounidenses desde sus días en el Cartel de Medellín, cuando él y su hermano Fidel coordinaban la seguridad de los narcotraficantes más notorios del mundo. Entrenado por mercenarios extranjeros y alimentado por las ganancias del narcotráfico, a mediados de la década de 1990 Castaño era el rostro del paramilitarismo colombiano con creciente influencia en la política colombiana y entre las fuerzas de seguridad del Estado.

La Embajada dijo que Valencia iba a tener un “Sr. La reacción de Smith Goes to Washington ”a su inesperada participación en la política colombiana. Pero si en verdad era un neófito político, Valencia conocía de primera mano los horrores del conflicto en su estado natal, donde las FARC, el ELN y el EPL habían luchado durante años contra los paramilitares, el ejército colombiano y la Policía Nacional por el control de áreas estratégicas. En una conversación de 90 minutos, Valencia “describió una grave situación de seguridad en la zona rural del este de Antioquia”, y señaló que había sido secuestrado y amenazado por actores armados en todos los lados del conflicto. Valencia pidió “varias veces” que los funcionarios de la Embajada no “revelaran lo que decía, ya que su franqueza era ‘arriesgada’”.

Así como Rodman caracterizaría más tarde los tratos paramilitares de Uribe como parte del «trabajo», Valencia vio esos lazos como una consecuencia natural e inevitable de los deberes de Uribe como gobernador. Dijo que “la mayoría de la gente quiere ver a la guerrilla ‘derrotada y no le importa si esto lo logran las fuerzas armadas, los paramilitares’ o una bomba atómica ‘”.

La opinión de Valencia era típica de muchos de esa parte del país, que veían a las AUC como la vanguardia de un movimiento popular antiinsurgencia liderado por élites adineradas, respondiendo a un vacío de seguridad que permitió el florecimiento de los insurgentes. Cuando se le preguntó «si los narcotraficantes de la región financian a los paramilitares, Valencia» respondió que probablemente lo hicieron, y agregó que la mayoría de las personas con propiedades que defender, sin importar la fuente de su riqueza, tendían a apoyar a los paramilitares «.

Aunque representaban a partidos políticos rivales, Valencia dijo que admiraba al gobernador por su posición de línea dura sobre la guerrilla y su respaldo a las milicias “Convivir” respaldadas por el gobierno. Valencia también dio a entender que Uribe formaba parte de un grupo de ganaderos que pagaban a los paramilitares «para ir tras la guerrilla».

Según Valencia, Uribe apoya firmemente a los Convivir y odia a la guerrilla, en parte porque esta última asesinó a su padre. Uribe tiene vínculos con los ganaderos locales y otros terratenientes, y él mismo era un ganadero. Estos terratenientes, a su vez, pagan a los paramilitares para que persigan a la guerrilla.

El congresista dijo a la Embajada que algunos de los Convivir locales respaldados por Uribe “probablemente cooperen activamente con los paramilitares” y les estaban pasando información en lugar del Ejército de Colombia. Valencia “dibujó un diagrama para mostrar la red de relaciones entre el gobernador, Convivir, terratenientes, paramilitares y guerrilleros”.

Un informe de inteligencia de la DIA emitido solo un par de semanas antes de la reunión de Valencia dijo que el exjefe del programa Convivir tenía vínculos familiares con los paramilitares y «usó su cargo» para emitir licencias de operación y «permisos de armas pesadas» a «personas con conocimiento del tráfico de drogas». Enlaces.» La DIA dijo que el gobierno colombiano no había «actuado» en una «promesa anterior de tomar medidas contra los paramilitares y, por lo tanto, la resolución de limpiar las Convivir legales es dudosa».

Al menos una de las Convivir activas en Urabá, una zona rural estratégica a lo largo de la costa caribeña, fue creada para recolectar y lavar dinero para financiar a los grupos paramilitares. El fiscal general de Colombia acusó  al líder del grupo, Raúl Emilio Hasbún Mendoza (“Pedro Bonito”), y a 30 de sus miembros en febrero de 2017 por una campaña sistemática de violencia contra la población civil, incluidos actos que consideró crímenes de lesa humanidad. [2] Hasbún también ha confesado innumerables violaciones de derechos humanos, incluida la infame masacre de 1997 en Mapiripán. En 2018, un fiscal colombiano procesó a 13 funcionarios de Chiquita Brands International por $ 1,7 millones en pagos a grupos paramilitares en Urabá y la región circundante, algunos de los cuales se canalizaron a través de Convivirs.

Valencia negó que Uribe tuviera «vínculos clandestinos» con los paramilitares, pero dijo que los grupos «lo respetan por su postura antiguerrillera y creen que comparten un enemigo común». Los terratenientes locales también estaban «disgustados con las constantes represalias, amenazas e intentos de secuestro de la guerrilla y frustrados por la aparente parálisis de los militares» y no vieron «otra alternativa que contratar a paramilitares para protegerlos».

“Todos pagan”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre las atrocidades de los paramilitares, Valencia dijo: “Eso es lo único malo de los paramilitares. Son muy crueles y a menudo persiguen a personas que no se lo merecen ”. Valencia estimó que de las 100 personas asesinadas en su distrito el año anterior, “unas diez eran guerrilleros, diez eran guerrilleros activos y el resto fueron desafortunadas víctimas de represalias injustas”.

La Embajada dijo que el relato de Valencia tenía «el tono de la verdad, haciéndose eco de relatos similares que hemos escuchado de otros interlocutores». Valencia, al igual que otras fuentes de la Embajada, «parecía aceptar el paramilitarismo como una consecuencia inevitable, aunque terrible, de la falta de voluntad o incapacidad de las Fuerzas Armadas para emprender una campaña vigorosa contra la guerrilla».

Otros registros desclasificados del período revelan algo de lo que la Embajada había estado escuchando de esos otros interlocutores y la creciente preocupación de Estados Unidos sobre el alcance de los vínculos paramilitares con las fuerzas de seguridad, políticos, terratenientes y narcotraficantes.

En 1996, el agregado de defensa de Estados Unidos en Colombia dijo en un cable , que «los comandantes locales a menudo encuentran imprudente no mantener un diálogo» con los paramilitares, contrayendo «matrimonios discretos de conveniencia con estos grupos».

Las distinciones entre grupos de autodefensa (considerados «buenos», generalmente controlados por terratenientes ricos) y grupos paramilitares (considerados «malos», generalmente asociados con el narcotráfico u otras actividades ilegales) a menudo se difuminan. [sic] Aunque ambos grupos son ilegales, a menudo operan de manera silenciosa y efectiva para «eliminar» la actividad guerrillera en sus áreas.

Los comandantes del Ejército de Colombia “suelen reunirse discretamente con miembros de estos grupos”, dijo la DIA, para que “[b] os partidos puedan alegar desconocimiento de alguna asociación oficial”.

En un comentario adjunto al informe, el personal diplomático de la Embajada, en un tono que recuerda mucho al entonces embajador Myles Frechette, fue directo al grano:

La doctrina militar profesional puede ser mantener a los paramilitares a distancia, pero la realidad es abrumadoramente diferente, y todos, incluidos los altos mandos, lo saben. La pretendida negación alcanzada por esta farsa hueca no vale ni un centavo de estaño, y deberíamos darle escasa credibilidad.

La mayoría de los paramilitares eran «narcotraficantes a tiempo parcial» o «financiados por terratenientes ricos que incluyen narcotraficantes», explicó el comentario de la Embajada de Frechette. Eran “un grupo desagradable”, pero, sin embargo, estaban “marcando un nicho creciente en la cadena alimentaria de la violencia por una razón: desde el punto de vista de quienes los financian y muchos de los que viven donde operan. Los paramilitares llenan un vacío vicioso. Trabajan.»

La Embajada dijo que el fenómeno surgió en ausencia de una estrategia asertiva de contrainsurgencia por parte de las fuerzas armadas del país.

Tienen conexiones con la comunidad; pueden detectar a (probables) partidarios de la guerrilla y emprender acciones despiadadas (para desesperación de los inocentes junto con los culpables) en lugar de agacharse para cumplir su gira e irse a casa; están demasiado bien pagados y con demasiada inversión local para cortar y ejecutar cuando las cosas se ponen calientes.

Cuando se le preguntó años después sobre las presuntas conexiones de Uribe con paramilitares y narcotraficantes, Frechette dijo que le había preguntado a Uribe sobre algunos de los rumores, pero que nunca quedó satisfecho con su explicación.

Como presidente, Uribe empleó a uno de los comandantes del Ejército de Colombia más asociados con la colaboración paramilitar, el general Rito Alejo Del Río Rojas, quien en 2012 fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de un líder campesino en 1997, como uno de sus principales militares. asesores. Un informe de la DIA de 2006 decía que Del Río, como comandante de la Brigada XVII del Ejército durante la gobernación de Uribe, “hizo una alianza con los paramilitares para luchar conjuntamente contra las FARC en una serie de operaciones de combate ofensivas para sacar a las FARC de Urabá”.

En lo que respecta a abrazar a los paramilitares, Urabá se mantuvo al margen. En Carepa, el hogar de Del Río, de 17 ° Brigada, la gente del lugar “apoyar abiertamente a los paramilitares”, según un fiscal no identificado citado en un informe de inteligencia militar de Estados Unidos entre diciembre de 1996. Dijo que “los grupos paramilitares ilegales en la región de Urabá de Antioquia se han convertido en una ley en sí mismos” y son “una amenaza potencialmente mayor para el gobierno” que la guerrilla. El conflicto en Urabá fue «básicamente una guerra territorial para determinar qué grupo», las AUC o las FARC, «controlarán la rica región bananera (y las lucrativas operaciones ilícitas de narcóticos dentro de ella)», dijo la fuente, y agregó que tenía «serias dudas de que las fuerzas de seguridad del gobierno tengan los medios para controlar a la guerrilla o a los paramilitares».

En enero de 1997, el exdiputado de Del Río, el coronel Carlos Alfonso Velásquez, criticó públicamente a Del Río por hacer la vista gorda ante las fuerzas paramilitares en Urabá. En un cable del 10 de enero, la Embajada caracteriza Velásquez como un hombre de «integridad incuestionable» que algunos predijo correctamente “sería destituido debido al informe perjudiciales para el 17 ºtolerancia de brigada de la actividad paramilitar en Urabá.”

Cables posteriores parecen indicar que la Embajada continuó sondeando al coronel Velásquez y otros ex oficiales militares en busca de información sobre Del Río y sus vínculos con el paramilitarismo en Antioquia. En diciembre de 1997, un oficial de la 17ª Brigada recientemente retirado le dijo a Estados Unidos que «la cooperación militar con los paramilitares había estado ocurriendo durante varios años» en Urabá, pero que «había empeorado mucho con Del Río». Un cable de la embajada de 1998 también decía que el «armamento y equipamiento sistemático de los paramilitares regionales agresivos» de Del Río fue «fundamental» para su éxito militar en Antioquia. A principios de ese año, un oficial del ejército colombiano recientemente retirado le dijo a Estados Unidos que Del Río era uno de «los dos oficiales del ejército más corruptos de Colombia». [3]

Paramilitares de las AUC utilizaron la región controlada por la 17 ª Brigada en Urabá como punto de partida para el periodo julio de 1997 Masacre de Mapiripán, el asesinato en masa notorio que marcó una nueva fase, más sofisticada de la coordinación entre militares y paramilitares y provocó más intenso escrutinio de los derechos humanos en Colombia grabar. Un informe de la CIA de más tarde ese año decía «que [el líder de las AUC Carlos] Castaño no habría volado fuerzas y armas a un aeropuerto civil conocido por tener una gran presencia policial si no hubiera recibido garantías previas de que se les permitiría pasar. «

El informe dice que la expansión paramilitar de 1997 desde Urabá a territorio tradicionalmente controlado por la guerrilla fue «el cambio más significativo que hemos visto en los últimos meses y que ha degradado aún más la ya deficiente situación de seguridad y derechos humanos de Colombia». La Agencia agregó que «las perspectivas de un esfuerzo concertado por parte del alto mando militar para reprimir a los paramilitares y los oficiales que cooperan con ellos parecen difusas». La aceptación tácita de las operaciones paramilitares por parte de algunos oficiales, descubrió la CIA, era «de larga data y no se podrá revertir fácilmente».

Pero si el relato de Valencia se hizo eco de muchas de las cosas que Estados Unidos estaba escuchando a través de los canales militares, diplomáticos y de inteligencia, su conversación con funcionarios de la Embajada es de particular interés ahora, ya que refleja una perspectiva única sobre la situación paramilitar en un momento y lugar directamente relevante para la actualidad. cargos contra Uribe.

Quizás incluso más notables que la referencia de Valencia al nombre de guerra de Uribe (“El Viejo”) y su vívida descripción de la forma en que la sombra del gobernador se cernía sobre las operaciones paramilitares en su distrito, son las referencias a actos específicos de violencia paramilitar en San Roque, hogar de El rancho “Guacharacas” de Uribe, y el centro operativo del Bloque Metro de las AUC, el grupo que se dice que crearon Uribe y su hermano.

Valencia dijo que “él conoce personalmente al menos un incidente en el que militares de su distrito (Maceo y San Roque en el oriente de Antioquia) colaboraron abandonando los puestos de control para permitir el paso sin obstáculos de carros llenos de paramilitares armados”.

“Miran para otro lado”, dijo Valencia.

Valencia también compartió una historia sobre un reciente “asesinato de castigo” paramilitar de un anciano campesino en San Roque, lugar de una masacre del Bloque Metro en 1996 en la que Uribe ha estado implicado. “El lunes realizaron el funeral por su cuerpo y el martes por su cabeza”, dijo Valencia, y agregó que “los paramilitares usan técnicas bárbaras como hackear a sus víctimas con machetes para reforzar su mensaje de que cooperar con la guerrilla es inaceptable y peligroso”.

* * * * *

El caso actual contra Uribe, en última instancia, se reduce a la cuestión relativamente limitada de si presionó a un testigo para que se retractara de un testimonio que lo implicaba, una acusación condenatoria y un delito grave, pero parece poco probable que resuelva definitivamente las preguntas que han estado latentes durante mucho tiempo sobre la naturaleza precisa de Uribe. relación con los carteles de la droga y los grupos paramilitares.

Para algunos, las supuestas relaciones de Uribe con el hampa narcoparamilitar de Colombia y los abusos sistemáticos a los derechos humanos que ocurrieron durante su presidencia serán eclipsados ​​para siempre por los logros en el campo de batalla, el debilitamiento general de las FARC, la eventual desmovilización de las fuerzas de las AUC y su entusiasmo. extradición de sospechosos de tráfico de drogas a EE. UU.

Pero la creciente evidencia legal y desclasificada de sus vínculos con narcóticos y paramilitares sugiere que el expresidente enfrenta un futuro eludiendo investigaciones criminales y civiles en nombre de sus muchas presuntas víctimas. La batalla por el legado de “El Viejo” seguramente continuará, pero por ahora ha sufrido un duro golpe.

LOS DOCUMENTOS

Documento 01

Narcóticos – Perfiles de narcotraficantes colombianos
Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, Informe de Información de Inteligencia, Confidencial, 14 págs.

1991-09-23

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

Esta lista de DIA de «los narcotraficantes colombianos más importantes» incluye una entrada para? Lvaro Uribe V? Lez, entonces senador, quien se dice que está «dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín en los altos niveles de gobierno». El documento, que apareció en varios artículos importantes en los medios de comunicación en agosto de 2004, dice que «Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es un amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria», el notorio narcotraficante.

Documento 02

«Narcopols», aunque en algunos casos debilitado, sigue siendo una fuerza fuerte en la política
colombiana Embajada de los Estados Unidos en Colombia, cable, secreto, 18 págs.

1992-01-24

Fuente: Solicitud de revisión de desclasificación obligatoria

En enero de 1992, siete meses después de la rendición del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá compiló una lista de políticos colombianos «sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico».

En total, la lista incluía «21 de 100 senadores, 13 de 161 representantes y cinco de 27 gobernadores departamentales». La evidencia varió, según el cable, e incluyó «la aceptación de contribuciones de campaña sucias», que la Embajada caracterizó como «una práctica casi universal en la política colombiana».

La lista se divide en dos secciones: «Narcopols», que son «políticos con sólidos antecedentes de participación en el narcotráfico o que lo apoyan»; y «Posibles Narcopols», incluidos «aquellos cuyas entradas [en las bases de datos del gobierno de Estados Unidos] contienen declaraciones contradictorias, una acusación amplia sin información de seguimiento específica o sin patrón de actividad».

En esta última categoría figura el entonces senador Álvaro Uribe. Las redacciones de secciones clave del documento dejan algunas preguntas sobre qué información tenía Estados Unidos sobre los presuntos vínculos con las drogas de Uribe. Lo que está claro es que las presuntas conexiones estaban relacionadas con los negocios de su familia, y la Embajada no consideró los vínculos lo suficientemente importantes como para justificar su inclusión en una lista de «narcopols».

En mayo de 1989, [Uribe] habría estado involucrado en el tráfico de drogas. Los registros [eliminados] indican de manera menos concluyente que la ‘familia de Uribe tiene extensas propiedades comerciales y de tierras en Antioquia y realiza negocios legítimos, como la ganadería, [eliminado]’.

[…]

Si, como sospechamos, la única transgresión de Uribe es pertenecer a una familia que ha hecho negocios legítimos con narcos, su inclusión en esta lista no está justificada.

Documento 03

Álvaro Uribe defiende visita a la Sra. Escobar
Embajada de los Estados Unidos en Colombia, cable, confidencial, 7 págs.

1993-02-22

Fuente: Solicitud de revisión de desclasificación obligatoria

La Embajada de Estados Unidos creía que Uribe y otras dos personas que se reunieron con la esposa del narcotraficante Pablo Escobar en diciembre de 1992 «actuaban puramente por interés propio» y que la administración del presidente César Gaviria «no tenía nada que ver con estos contactos».

El cable dice que Uribe «llamó a [el Oficial Político de la Embajada de Estados Unidos] en la Embajada el 26 de enero para explicar su versión de los hechos y aclarar su papel» en el episodio, que se informó en ese momento .

El funcionario político de la Embajada dijo que otro senador liberal de Medellín, Luis Guillermo Vélez, le había dicho que «él cree que fue Uribe quien inició el contacto con la madre de Escobar» y le recordó «que Uribe es primo de los Ochoa [sic] Vásquez familia narcotraficante … que han financiado su campaña política «. Vélez dijo que «Escobar, a través de los Ochoa, ahora está exigiendo que Uribe devuelva los favores tratando de abrir un canal de comunicación con Gaviria».

En una reunión separada, un exsenador de Antioquia, Alejandro González, «reiteró las acusaciones de Vélez de que Uribe teme por su vida porque no pudo cumplir con sus mentores del cartel de Medellín».

Documento 04

La carrera por la nominación presidencial del Partido Liberal
Embajada de los Estados Unidos en Colombia, cable, confidencial, 5 págs.

1993-03-11

Fuente: Solicitud de revisión de desclasificación obligatoria

En un cable que detalla el contacto de la Embajada con el «rico empresario» César Villegas Arciniegas, asistente del candidato presidencial liberal (y futuro presidente) Ernesto Samper, la Embajada comenta las acusaciones de que Samper, Villegas y el senador Álvaro Uribe («también un partidario clave de Samper») ) tienen vínculos con el narcotráfico.

Abundan los rumores sobre la implicación de estos tres con narcotraficantes, y aunque en todos los casos faltan pruebas contundentes, creemos que los rumores tienen fundamento. No está claro qué tan estrecho es (o fue) el vínculo directo entre Samper y los traficantes, pero tenemos serias dudas de que, de ser elegido, perseguiría la lucha contra el narcotráfico con la misma energía y vigor que tiene [el presidente] Gaviria.

Varias secciones del cable fueron redactadas en una versión del documento publicado anteriormente bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). El Archivo volvió a solicitar la información retenida en ese comunicado en virtud de la Revisión de desclasificación obligatoria, obteniendo acceso a los documentos de este libro informativo y muchos otros.

Documento 05

Actualización sobre las relaciones del ejército colombiano con organizaciones paramilitares
Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, Informe de información de inteligencia, Secret, 3 págs.

1996-10-28

Fuente: Comunicado bajo Revisión de desclasificación obligatoria después de la apelación al Panel de apelaciones de clasificación de seguridad interinstitucional (ISCAP)

Este informe «secreto» de la Oficina del Agregado de Defensa de Estados Unidos (DAO) en Bogotá «revisa el controvertido tema de las relaciones del Ejército con las organizaciones paramilitares», concluyendo que «los comandantes locales a menudo encuentran imprudente no mantener un diálogo con estos grupos».

El informe es similar a otros informes de la DAO y el Grupo Militar de la Embajada (Milgp) durante este período, que tienden a reconocer que tales vínculos ocurrieron pero minimizan la magnitud del problema.

A nivel local, los comandantes del COLAR [Ejército de Colombia] a menudo contraen matrimonios discretos de conveniencia con estos grupos para obtener información importante sobre la actividad guerrillera en curso en su área de responsabilidad.

Los paramilitares «suelen ser más efectivos para eliminar la actividad guerrillera que el COLAR debido a su conocimiento de quiénes son los» malos «.

Los comandantes COLAR locales suelen reunirse discretamente con los miembros de estos grupos. Debido a estas discretas reuniones locales, hay poco temor de que ninguna de las partes de la asociación se dé a conocer públicamente … Ambas partes pueden alegar ignorancia de cualquier asociación oficial. Todas las partes involucradas son conscientes de que debido a la naturaleza ilegal de estos grupos, los militares no pueden asociarse abiertamente con ellos.

Las Convivir, patrocinadas por el gobierno, tienen «menos éxito» en sus actividades de contraguerrilla, según el informe de la DAO, porque el «estigma asociado con la asociación directa de Convivir con el MOD [Ministerio de Defensa] le resta eficacia en el combate a las guerrillas». Los grupos «están bajo un mayor escrutinio público» debido a la afiliación al gobierno.

El personal diplomático de la Embajada es mucho más crítico en los comentarios adjuntos al informe de la DAO.

La doctrina militar profesional puede ser mantener a los paramilitares al alcance de la mano, pero la realidad es abrumadoramente diferente, y todos, incluidos los altos mandos, lo saben. La pretendida negación alcanzada por esta farsa hueca no vale ni un centavo de estaño, y deberíamos darle escasa credibilidad.

Documento 06

Comentarios del Fiscal de Colombia sobre los paramilitares en Urabá
Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, Informe de Información de Inteligencia, Secreto, 6 págs.

1996-12-07

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

Los paramilitares se habían convertido en «una ley en sí mismos» en Urabá, constituyendo «una amenaza potencialmente mayor para el gobierno que … la guerrilla», según este informe de inteligencia militar, basado en comentarios de un fiscal colombiano cuyo nombre ha sido censurado. El documento describe la violencia allí como «básicamente una guerra territorial para determinar qué grupo [paramilitares o guerrillas] controlará la rica región bananera (y las lucrativas operaciones de narcóticos ilícitos dentro de ella)». El informe agrega que, «la influencia y el control de los militares sobre los paramilitares que con tanta frecuencia suponemos lógicamente que existen, puede, de hecho, ser tenue en el mejor de los casos e inexistente en algunos casos».

Documento 07

DIA Commonwealth INTSUM 90-97 / 16 de abril de 97 … Columbia: Convivir Developments [sic]
Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, resumen de inteligencia, Top Secret, 6 págs.

1997-04-16

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

Un resumen de inteligencia de la DIA incluye un informe «Secreto» que concluye que Herman Arias Gaviria, el ex alto funcionario encargado de supervisar el programa Convivir, había utilizado su cargo para otorgar licencias y armar a los grupos de milicias de «individuos con vínculos conocidos con el narcotráfico». El informe también dice que su «padre participó en la formación de grupos paramilitares» y que su «hermano es el dueño de una empresa de seguridad con probablemente vínculos con la droga».

El informe dice que una investigación del Ministerio de Defensa había «revelado graves irregularidades» en el programa Convivir bajo Arias. A pesar de esto, Arias fue recientemente «ascendido al puesto de asesor de seguridad nacional de Bogotá», según el informe.

La DIA concluye que, «aunque no todos los Convivir están involucrados en actividades ilegales, las revelaciones de irregularidades dañarán la credibilidad de Convivir y pueden confirmar los temores de las ONG de que paramilitares ilegales se apoderen de Convivir».

Con respecto a la posibilidad de que el gobierno actúe para regular más estrictamente la Convivir, la DIA señala: «Bogotá no cumplió con un compromiso similar de tomar medidas contra los paramilitares ilegales, por lo que la resolución de limpiar las Convivir legales es dudosa. «

Documento 08

Paramilitares forman Grupo de Coordinación Nacional
Embajada de los Estados Unidos en Colombia, cable, confidencial, 1 p.

1997-04-23

Fuente: Solicitud de revisión de desclasificación obligatoria

La Embajada de Estados Unidos informa del anuncio de que los grupos paramilitares colombianos habían formado un organismo coordinador llamado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o Autodefensas Unidas de Colombia. En un comentario «confidencial», la Embajada dijo:

Estos caudillos locales representan bases de poder regionales y no comparten una ideología común y generalizada que no sea un odio profesado a las guerrillas. Sin embargo, el hecho de que su decisión de trabajar juntos atrajera la atención nacional es un testimonio de la innegable fuerza del paramilitarismo en Colombia.

Documento 09

Congresista de Antioquia sobre Guerrilla y Violencia Paramilitar
Embajada de los Estados Unidos en Colombia, cable, Confidential, 2 pp.

1997-04-24

Fuente: Solicitud de revisión de desclasificación obligatoria

La Embajada resume una reunión de 90 minutos con Jorge Alveiro Valencia Cardona, diputado suplente del oriente antioqueño, sobre el deterioro de la situación de seguridad en el oriente antioqueño, el fenómeno paramilitar y lo que calificó como «una red de relaciones entre el gobernador [Uribe] , Convivientes, terratenientes, paramilitares y guerrilleros «. Valencia compartió historias sobre depredaciones paramilitares y colusión militar en San Roque, hogar del grupo paramilitar Metro Bloc, y contó a funcionarios de la Embajada sobre el momento en que los paramilitares lo liberaron al enterarse de que conocía al gobernador Uribe, a quien se referían como «El Viejo».

Documento 10

Colombia: Actualización sobre los vínculos entre las fuerzas militares y paramilitares de
la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, Informe de Inteligencia, Secreto, 8 págs.

1997-12-02

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

La CIA informa que «las perspectivas de un esfuerzo concertado por parte del alto mando militar para reprimir a los paramilitares y a los oficiales que cooperan con ellos parecen difusas». Tanto el actual como el ex jefes de las fuerzas armadas-Gens. Manuel Bonett y Harold Bedoya habían mostrado «poca inclinación por combatir a los grupos paramilitares». La aceptación tácita de las operaciones paramilitares por parte de algunos oficiales «es de larga data y no se podrá revertir fácilmente», según el informe.

La CIA caracteriza la reciente expansión paramilitar en territorio controlado por la guerrilla como «el cambio más significativo que hemos visto en los últimos meses y que ha degradado aún más la ya de por sí pobre situación de seguridad y derechos humanos de Colombia». Con respecto a la masacre de Mapiripán de julio de 1997, una fuente de inteligencia dijo «que [el jefe de las AUC, Carlos] Castaño no habría enviado fuerzas y armas a un aeropuerto civil que se sabe que tiene una gran presencia policial si no hubiera recibido garantías previas de que serían permitido pasar «.

Documento 11

Coronel en efectivo habla libremente sobre el ejército que dejó atrás
Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, Informe de información de inteligencia, secreto, 4 págs.

1997-12-24

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

Existe un «síndrome de recuento de cadáveres» en la estrategia de contrainsurgencia del Ejército colombiano que «tiende a alimentar los abusos de derechos humanos por parte de soldados bien intencionados que intentan obtener su cuota para impresionar a sus superiores», según un coronel del Ejército colombiano recientemente retirado cuyos comentarios forman la base de este informe de inteligencia. Según el oficial, la obsesión por el recuento de cadáveres es en parte responsable de que los comandantes «permitan a los paramilitares actuar como apoderados del [ejército colombiano] para contribuir al recuento de cadáveres de la guerrilla». La 17ª Brigada en Urabá había estado cooperando con los paramilitares «durante varios años», dijo, pero «había empeorado mucho» bajo el mando del general Rito Alejo Del Río. Gen.

El oficial criticó a varios otros comandantes militares de alto nivel, incluido el general Jorge Enrique Mora, quien luego se desempeñaría como comandante de las fuerzas armadas. Mora tenía una reputación pública limpia, según el oficial, pero «probablemente era de los que miraban para otro lado» con respecto a la colaboración con los paramilitares. El ex comandante de las Fuerzas Armadas, Gral. Harold Bedoya, «cayó en la misma categoría», en el sentido de que ambos oficiales «nunca se permitieron involucrarse directamente en el fomento o apoyo de las actividades paramilitares, pero dieron la espalda a lo que estaba sucediendo y sintieron que el ejército colombiano ] no se debe culpar de ninguna manera por las atrocidades contra los derechos humanos cometidas «.

Documento 12

Ex oficial del ejército: el ejército colombiano paralizado por la corrupción, la ineficiencia y la falta de voluntad política
Embajada de los Estados Unidos en Colombia, cable, confidencial, 14 págs.

1998-03-04

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

El general Rito Alejo Del Rio Rojas, ex comandante de la Brigada 17 del Ejército en Urabá, fue uno de «los dos oficiales del Ejército más corruptos de Colombia», según un «ex oficial del Ejército de Colombia» que habló con un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en febrero. 27 de 1998.

Documento 13

El general Ramírez arremete contra el Departamento de Estado; Dos generales más bajo investigación por vínculos paramilitares
Embajada de Estados Unidos en Colombia, cable, secreto, 5 págs.

1998-08-13

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

Este cable de la Embajada de Estados Unidos del 13 de agosto de 1998 informa, entre otras cosas, que el general Del Rio estaba siendo investigado por vínculos con grupos paramilitares ilegales. En una «Nota biográfica», la Embajada dice que el «armamento y equipamiento sistemático de los paramilitares regionales agresivos por parte de Del Río fue fundamental para su éxito militar en ese momento».

Nota biográfica: Aunque los comandos de brigada generalmente se rotan todos los años, al general Del Río se le permitió permanecer al mando de la Brigada XVII en la altamente conflictiva región de Urabá durante dos años, aparentemente porque había tenido mucho éxito en sangrar la nariz de las FARC durante el período. de su mando. Su armamento y equipamiento sistemático de paramilitares regionales agresivos fue fundamental para su éxito militar en ese momento.

Documento 14

Colombia
Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, memorándum «Snowflake», no clasificado, 1 p.

2002-01-10

Fuente: Demanda de la Ley de Libertad de Información

En uno de sus famosos memorandos «copos de nieve», Rumsfeld le pide a un diputado, Doug Feith, que investigue si la posible cancelación de Colombia de sus negociaciones con las FARC «nos da una oportunidad».

Documento 15

Colombia
Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, memorando «Snowflake», no clasificado, 3 págs.

2002-01-15

Fuente: Demanda de la Ley de Libertad de Información

En otro «copo de nieve», Rumsfeld pide al subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz que proponga un «cambio legislativo que podamos necesitar o interpretación, para que podamos enfrentar el terrorismo en Colombia utilizando las capacidades que fueron autorizadas para los fondos de drogas».

Documento 16

Política de Colombia
Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, memorando «Snowflake», no clasificado, 2 págs.

2002-03-20

Fuente: Demanda de la Ley de Libertad de Información

En este «copo de nieve», Rumsfeld articula una visión para expandir las operaciones de contrainsurgencia en Colombia, prohibidas bajo las directrices políticas vigentes en Estados Unidos. Sugiere el establecimiento de «un grupo de trabajo conjunto» en el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (SOCOM) «para pensar en lo que podríamos hacer en Colombia si nos lo pidieran». Rumsfeld dice que el grupo «tendría que decidir cuál sería la victoria y luego pensar en un plan para lograr lo que decidimos caracterizar como victoria».

Hay mucha historia en la derrota de insurgencias: en las Filipinas de 1898-1902, en Nicaragua con los marines en la década de 1920, durante la guerra civil griega en la década de 1940, en Malasia en la década de 1950 e incluso en algunos esfuerzos de pacificación en Vietnam del Sur. que funcionó durante las décadas de 1960 y 1970.

Rumsfeld dice que la estrategia «encajaría en la categoría de construcción nacional» y sugiere que el grupo «podría estar en contacto con gente de la CIA, la DEA, el Tesoro y el Estado, y probablemente también coordinar con Wayne Downing», el coordinador de contraterrorismo en el National Consejo de Seguridad (NSC). Dijo que el grupo también debería consultar con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) -la agencia militar que inventó Internet- «para ver qué programas se están desarrollando de vigilancia, inteligencia, etc. que podrían ser útiles» en Colombia. Sugiere además que el grupo de trabajo hable con Arthur Cebrowski, director de la Oficina de Transformación de Fuerzas del Pentágono, sobre «la guerra centrada en redes aplicada a selvas, áreas urbanas e insurgencias».

Documento 17

Reunión de diputados sobre Corea del Norte y Colombia, 4 de junio de 2002
Departamento de Defensa de los EE. UU., Subsecretario de Asuntos de Seguridad Internacional de Donald Rumsfeld, Memorando de Información, Secreto, 2 págs.

2002-06-06

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

Peter Rodman informa de una reunión del Comité de Diputados del NSC, cuyos miembros se mostraron optimistas de que el presidente entrante Uribe ayudaría a promover los intereses de Estados Unidos en Colombia.

Los diputados coincidieron en que la elección de un nuevo presidente por parte de Colombia debería reforzar el rumbo en el que ya se ha embarcado la política estadounidense. Gran parte de nuestra inhibición (y la del Congreso) se basaba en la preocupación de que los colombianos, bajo Pastrana, no estuvieran haciendo lo suficiente. Uribe promete aportar la voluntad política.

Documento 18

NSPD-18: Apoyando la democracia en Colombia
Presidente George W. Bush, Directiva presidencial de seguridad nacional, confidencial, 9 págs.

2002-10-11

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

La primera directiva de política importante de la administración Bush sobre Colombia, NSPD-18 formalizó las intenciones de Estados Unidos de ampliar su participación en el conflicto de Colombia, liberando la asistencia de seguridad de Estados Unidos relacionada con las drogas a Colombia para su uso en una «campaña unificada contra el tráfico de narcóticos y las actividades terroristas»:

Nuestra intención es mejorar el apoyo a una amplia gama de esfuerzos colombianos para destruir o debilitar significativamente la capacidad de las organizaciones terroristas designadas y otros grupos armados ilegales y organizaciones de narcotráfico para socavar la democracia y la seguridad nacional de Colombia.

Documento 19

Éxitos recientes contra las FARC colombianas
Departamento de Defensa de EE. UU., Subsecretario adjunto principal de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad de Donald Rumsfeld, Memorando Informativo, Secreto, 1 p.

2003-07-10

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

Marshall Billingslea, subsecretario de operaciones especiales del Pentágono, destaca el número de soldados de las FARC asesinados por «unidades de comando» especiales entrenadas por Estados Unidos bajo el presidente Uribe, y dijo que la estrategia mejorada de contrainsurgencia «estaba comenzando a producir dividendos». Billingslea también destaca la gran cantidad de miembros de «altos mandos de las FARC» asesinados y capturados en misiones de High-Value Target (HVT) durante ese tiempo.

Documento 20

Colombia y el
Secretario de Defensa suplementario de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, memorando «Snowflake», no clasificado (temas de conversación adjuntos para uso oficial únicamente), 2 págs.

2003-09-17

Fuente: Demanda de la Ley de Libertad de Información

Entre otras cosas, una serie de puntos de conversación adjuntos a este «copo de nieve» de Rumsfeld dice que «al presidente Uribe sólo le quedan unos pocos años» para «asestar un golpe demoledor a los narcoterroristas».

Documento 21

Boletín de calificaciones «The Economist» sobre Colombia
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Subsecretario de Asuntos de Seguridad Internacional de Donald Rumsfeld, Memorando de información, no clasificado, 4 págs.

2004-01-20

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

Al destacar la cobertura favorable del presidente Uribe en una edición reciente de la revista The Economist , Rodman le dice a Rumsfeld que «un elemento clave de nuestro éxito ha sido el propio Uribe».

Documento 22

Acusaciones de vínculos del presidente Uribe con narcotraficantes
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, subsecretario de Asuntos de Seguridad Internacional de Donald Rumsfeld, Memorando de Información, Confidencial, 22 págs.

2004-08-05

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

Rodman advierte a Rumsfeld sobre la revelación de un informe de inteligencia desclasificado que incluye al presidente Uribe entre las principales figuras del narcotráfico colombiano, y escribe que «Uribe casi con certeza tuvo tratos con los paramilitares (AUC) mientras era gobernador de Antioquia, va con el trabajo».

Documento 23

General retirado del ejército colombiano Rito Alejo ((Del Río)) se desempeña como asesor militar personal del presidente Álvaro Uribe
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cable, secreto, 1 p.

2006-04-07

Fuente: Solicitud de la Ley de Libertad de Información

Un pentágono informe señala que Rito Alejo del Río, a continuación, «asesor personal» del presidente Uribe en temas militares, «era el comandante de la 17 del Ejército de Colombia ª Brigada 1997-1998 y es conocido como el ‘El Pacificador del Urabá’ porque se hizo una alianza con los paramilitares para luchar de manera conjunta contra las FARC en una serie de operaciones de combate ofensivas para expulsar a las FARC de Urabá «. [sic]

Categorías:

Crimen y narcóticos

Regiones:

Sudamerica

Proyecto:

Colombia

El secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld (derecha) y el general de la Fuerza Aérea Richard B. Myers (izquierda), jefe del Estado Mayor Conjunto, evalúan al presidente electo Álvaro Uribe (de espaldas a la cámara) en una reunión del Pentágono el 18 de junio , 2002. ( Foto del Departamento de Defensa de Robert D. Ward )

El presidente electo Álvaro Uribe (derecha) habla durante una reunión del Pentágono con Donald H. Rumsfeld (de espaldas a la cámara) el 18 de junio de 2002. ( Foto del Departamento de Defensa de Robert D. Ward )

El presidente Álvaro Uribe se dirige a una audiencia en el Comando Sur de los Estados Unidos en Doral, Florida, el 4 de marzo de 2004. El comandante del SOUTHCOM, general James Hill, está a la izquierda. ( Foto de SPC Chris Allen, Ejército de EE. UU. )

El secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld (izquierda) comparte una risa con Peter W.Rodman (centro), subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional, en una reunión con funcionarios de Qatar el 7 de marzo de 2003 ( foto del Departamento de Defensa de Robert D. Ward )

NOTAS

[1] Véase, por ejemplo, https://www.wola.org/files/1602_plancol/content.php?id=us_aid . Mientras que la ayuda por año alcanzó su punto máximo en 2000, la ayuda total fue mucho mayor bajo Uribe, especialmente entre 2003 y 2007.

[2] https://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.shtml

[3] En cada caso, los nombres y la información de identificación se han eliminado del registro.

Tomado de: https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/colombia/2020-08-31/friends-el-viejo-declassified-records-detail-suspected-paramilitary-narco-ties-former-colombian