Archivo mensual: febrero 2021

Uribe debe responder (Editorial periódico «EL PAÍS», de España)

EDITORIAL

Uribe debe responder

Es necesario para cerrar heridas en Colombia que el expresidente aclare su participación en los ‘falsos positivos’

EL PAÍS21 FEB 2021 – 18:30 COT

Sepultureros y expertos forenses buscan los restos de víctimas ejecutadas por miembros del Ejército colombiano durante el conflicto armado, en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, Colombia, el  pasado 10 de noviembre.
Sepultureros y expertos forenses buscan los restos de víctimas ejecutadas por miembros del Ejército colombiano durante el conflicto armado, en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, Colombia, el pasado 10 de noviembre.JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Después de casi tres años de investigación, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia publicó esta semana un estudio sobre el número de civiles asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en medio de combates, lo que se conoce como falsos positivos.Hasta ahora el dato oficial más fiable era el de la Fiscalía —2.248 muertes—, pero el tribunal surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las FARC eleva esa cifra a 6.402 solo entre 2002 y 2008 y advierte que pueden ser muchos más. La revelación vuelve a poner el foco en la política del expresidente Álvaro Uribe, que gobernaba Colombia durante el periodo investigado.

Uribe ha sido el gran opositor al proceso de paz de su sucesor, Juan Manuel Santos, y a la justicia transicional, que se negoció en La Habana. En el Senado impulsó con su partido, el Centro Democrático, reformas para diluir o acabar con el trabajo del tribunal. Los magistrados, a pesar del peso del uribismo en el Legislativo y en el Ejecutivo, han demostrado ser un órgano inquebrantable e independiente, y también han exigido respuestas de los máximos responsables de las guerrillas, motivo de celebración para la democracia colombiana.

Ha sido significativa, en este sentido, la reciente imputación de cargos por crímenes de lesa humanidad a los exdirigentes de la extinta guerrilla por los secuestros que cometieron durante décadas, una cruel práctica que ya reconocieron y por la que pidieron perdón. Se antoja más difícil ver algo similar con los falsos positivos. Aunque varios comandantes y soldados del Ejército se han acogido al proceso de la justicia transicional, en el que se evitan penas de cárcel a cambio de verdad y reparación, el reconocimiento por parte de los altos mandos militares ha sido más precario.

Uribe, como expresidente, no tiene una obligación legal ante la JEP. Aun así, el auto de esta semana hace hincapié en lo importante que sería su versión como comandante en jefe de las fuerzas militares para esclarecer los crímenes cometidos durante su Gobierno. En vez de comprometerse con el esclarecimiento, Uribe volvió a cargar contra sus críticos y acusó a organizaciones de derechos humanos de ser enemigas de su mandato.

La JEP, en su encomiable labor, pionera en cualquier proceso de paz, seguirá escuchando las versiones de militares que participaron en estos crímenes de Estado. Pero al demostrar con cifras que el mayor número de falsos positivos ocurrió entre 2002 y 2008 deja claro que Uribe guarda gran parte de la verdad sobre estos episodios. El conflicto, que se cerró después de más de cinco décadas, seguirá dejando heridas abiertas mientras haya, como en el caso del expresidente, quienes se niegan a afrontar sus responsabilidades.

TOMADO DE: Periódico «EL PAÍS», de España

Colombia: Uribe debe responder | Opinión | EL PAÍS (elpais.com)

Colombia. Ejército ejecutó 6.402 civiles en Colombia (el triple de los falsos positivos reconocidos)

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EN LAS VOCES DE LOS MILITARES «Los Falsos Positivos en Colombia»

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Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2020

Situación de los derechos humanos en Colombia

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos

Resumen
En el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evalúa la situación de los derechos humanos en Colombia en 2020, con énfasis en la seguridad y los derechos humanos, el espacio cívico, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo en el contexto de la pandemia del COVID-19. Asimismo, evalúa la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. En el informe, la Alta Comisionada presenta recomendaciones para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

I. Introducción

  1. El presente informe analiza la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Como lo señala el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP)1, el informe examina la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz relacionados con la justicia transicional, las garantías de seguridad, la reforma rural integral y los derechos de las víctimas.
  2. Durante 2020, hubo un impacto de la pandemia del COVID-19 en las actividades de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). No obstante, se mantuvieron las labores de seguimiento a la situación de derechos humanos a fin de brindar asistencia técnica a una gran variedad de entidades estatales en el ámbito nacional, departamental y municipal. Se realizaron 183 misiones al terreno y 798 actividades de fortalecimiento de capacidades con instituciones del Estado y la sociedad civil. El ACNUDH también colaboró con los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
    II. Contexto
  3. En respuesta a la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Colombia emitió dos decretos, uno en marzo y otro en mayo, declarando el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional2. El aislamiento preventivo decretado para enfrentar la crisis sanitaria tuvo un impacto en los derechos al trabajo, a un nivel de vida adecuado y a la educación. La emergencia sanitaria afectó de manera particular a las poblaciones que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres y la población rural, afrodescendiente e indígena, agudizando las desigualdades sociales.
  4. El ACNUDH valora las medidas adoptadas por el Estado colombiano para incorporar un enfoque basado en derechos humanos en su respuesta a la pandemia, reflejado en varios informes presentados por el Gobierno.3 El ACNUDH también valora los esfuerzos sostenidos del Gobierno para afrontar el ingreso de cerca de 1,8 millones de migrantes venezolanos desde 2015.
  5. Colombia continúa enfrentando violencia endémica, a pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año anterior, al pasar de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2020. En varias partes del país hubo una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no-estatales y grupos criminales. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) respondió al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas del 23 de marzo a un cese al fuego global, pero solo por un mes. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes reportada por la Policía Nacional es particularmente alarmante en los departamentos de Cauca (53,71), Chocó (54,31), Putumayo (42,8) y Valle de Cauca (45,17).
  1. La ausencia de una presencia integral del Estado, en estas regiones del país, limita la capacidad del Estado de cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación. El ACNUDH observó que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos ocurrió principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan la violencia endémica.
  2. La iniciativa del Gobierno de crear cinco “Zonas Estratégicas de Intervención Integral”4 ha buscado iniciar el establecimiento de una presencia integral del Estado en esas zonas. El despliegue de instituciones y autoridades civiles es crucial para la prevención de la violencia y la expansión de las garantías de derechos humanos.
  3. En 2020, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) continuó avanzando significativamente. No obstante, al ACNUDH le preocupan la persistencia de pronunciamientos públicos que cuestionan la idoneidad de las instituciones del Sistema Integral y sus funcionarios, y los proyectos de ley para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
    III. Seguridad y derechos humanos
    A. Situación de seguridad y de derechos humanos
  4. En 2020, el ACNUDH documentó 76 masacres5, que implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes. Otros cinco casos adicionales continúan siendo documentados. En el 66 por ciento de los casos, los presuntos perpetradores eran grupos criminales. Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62 por ciento de estos hechos. El Gobierno informó al ACNUDH que estableció una unidad espacial para coordinar la respuesta estatal a estos casos.
  5. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) verificó también el asesinato de 73 antiguos integrantes de las FARC-EP, para un total de 248 homicidios de este tipo desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 20166. El 17 de agosto, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación emitieron un comunicado conjunto7 expresando su preocupación por las masacres y la persistencia de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP.
  1. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios8, la violencia habría causado 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, el 76 por ciento de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño. Según la misma fuente, 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales.
  2. Preocupa al ACNUDH la falta de avance en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (prevista en el Acuerdo de Paz9). A pesar de haber convocado reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (encargada en virtud del Acuerdo de Paz de desarrollar esta política)10, hasta la fecha el Gobierno y los actores de la sociedad civil representados en esta entidad no han logrado acordar una política. El Gobierno propuso que las políticas públicas existentes eran suficientes, mientras que la sociedad civil elaboró y presentó una nueva propuesta de “Lineamientos de política pública para el desmantelamiento de los grupos criminales objeto del Decreto 154 de 2017” 11 para ser considerada por la Comisión.
  3. La implementación efectiva del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo aportaría sustancialmente a la prevención de la violencia. A pesar de los riesgos identificados por la Defensoría del Pueblo, varias masacres y homicidios fueron cometidos en 2020. El ACNUDH reitera la importancia de la Comisión Interinstitucional establecida por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en 2020, para dar seguimiento a la respuesta a las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas, y reitera su compromiso de continuar asesorando al Estado para la coordinación de una respuesta de mayor impacto.
    B. Violaciones por parte de la fuerza pública y las autoridades penitenciarias
  4. El ACNUDH saluda el diálogo con el Ministerio de Defensa sobre casos de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del ejército y la policía, y reitera su disposición para continuar con esa interlocución y brindar asistencia técnica.
  5. El ACNUDH recibió alegaciones sobre 42 casos12 de privaciones arbitrarias de la vida, en las que habrían estado vinculados miembros de la fuerza pública y autoridades penitenciarias, que resultaron en la muerte de 73 personas, incluyendo dos mujeres, siete niños, tres indígenas, cinco afrodescendientes y dos personas LGBTI. La policía habría estado presuntamente implicada en 30 casos, que involucran 37 víctimas; el ejército presuntamente en 11 casos, con 13 víctimas; y en un caso, las autoridades penitenciarias habrían sido presuntamente responsables de la muerte de 23 personas. En 38 de los 42 casos, las muertes ocurrieron en contextos de operaciones militares y policiales, mientras que cuatro ocurrieron cuando las víctimas estaban bajo la custodia del Estado. Trece de los 42 incidentes ocurrieron en el contexto de protestas. En todos los casos, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones.
  1. En los 38 casos relacionados con operaciones militares y policiales, 11 ocurrieron en el marco de la participación de militares en actividades de prevención y persecución de delitos, el cumplimiento de órdenes de captura y allanamiento, o erradicación de cultivos de uso ilícito y la lucha contra grupos criminales. El ACNUDH reitera que la participación de las fuerzas militares en dichas operaciones debe ser excepcional, justificada, temporal, restringida, y subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles13. Además, los militares que participan en operaciones de cumplimiento de la ley deben considerarse funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sujetos a los estándares y normas del derecho internacional de los derechos humanos sobre el uso de la fuerza14.
  2. Treinta y tres personas perdieron la vida en los cuatro incidentes registrados bajo custodia estatal en prisiones o centros provisionales de detención. En uno de estos casos, el 21 de marzo, 23 presos murieron en la prisión La Modelo en Bogotá, debido al presunto uso desproporcionado de la fuerza por guardianes de la prisión durante un motín. Otros tres casos ocurrieron dentro de tres Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional en Arboletes (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander) y Soacha (Cundinamarca), en donde según la información obtenida murieron 10 personas, incluyendo ocho que murieron quemadas dentro de sus celdas.
  3. El ACNUDH documentó tres casos de torturas y malos tratos presuntamente perpetrados por miembros de la policía y el ejército en Antioquia, Cesar y Guaviare. En uno de estos casos la víctima fue un joven a quien presuntamente se le torturó por ser homosexual.
  4. El ACNUDH valora la existencia de una política institucional del Ministerio de Defensa Nacional de cero-tolerancia frente a los actos de violencia sexual y resalta la necesidad de que sea implementada de manera urgente, en vista de los casos documentados en 2020 que involucran a integrantes del ejército y la policía en Nariño, Risaralda y Valle del Cauca. El ACNUDH observa que, en dos de esos casos, las víctimas eran tres niñas pertenecientes a pueblos indígenas (una en Risaralda y dos en Nariño).

TOMADO DE:
https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9547-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2020

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Las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentaron como «bajas en combate», informó este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Falsos positivos en Colombia: los miles de civiles que fueron asesinados por el ejército durante la guerra

  • Redacción
  • BBC News Mundo

18 febrero 2021

Una protesta por los "falsos positivos"
Pie de foto,En 2008 estalló el escándalo de los «falsos positivos» por el que miles de personas han protestado en Colombia.

Las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentaron como «bajas en combate», informó este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La cifra de «falsos positivos», como se conocen en Colombia, es mayor de lo que se había reconocido en el pasado y muestra que ese periodo, en el que gobernó Álvaro Uribequien rechaza las acusaciones, «se registró el 78% del total de la victimización histórica».

«El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo», dijo la JEP.

La corte calificó lo ocurrido como un «fenómeno macrocriminal«.

Cerca de 1.500 militares presuntamente estuvieron involucrados en la práctica de los «falsos positivos», con la que las fuerzas armadas buscaron presentar buenos resultados a sus superiores en el combate a las guerrillas y bandas criminales.

Además, obtenían premios, permisos y beneficios.

La investigación de la JEP es el llamado Caso 3, abierto luego de que surgieron denuncias ante la Fiscalía General, la cual estableció que la etapa más crítica ocurrió entre 2006 y 2008.

La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados algunos soldados o suboficiales. Investiga qué tanta influencia y decisión tuvieron los altos mandos.

«Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009″, dice la JEP a través de la a Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

Álvaro Uribe y sus jefes militares
Pie de foto,La mayoría de los casos de «falsos positivos» se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), quien endureció la lucha contra las guerrillas.

Tanto los mandos militares, como el expresidente Uribe, han rechazado las acusaciones.

El expresidente calificó de «sesgado» el informe de la JEP publicado este jueves, pues, dijo, tiene como objetivo «desacreditar a mi persona».

«No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas», dijo Uribe al enlistar una serie de acciones que tomó en el pasado sobre este tema.

La herida abierta

Una de las heridas más profundas que arrastra Colombia los últimos años son los llamados «falsos positivos».

En 2008 estalló el escándalo que ocasionó que varios laureados militares fueran enviados a los tribunales.

Por ese entonces Colombia llevaba cinco décadas enfrascada en una guerra contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con la que sólo firmó la paz en septiembre de 2016, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos.

El escándalo estalló por las denuncias de familiares de las víctimas, quienes revelaron que militares habían matado a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.

Una manifestante con una camiseta que dice ¿Quién dio la orden?
Pie de foto,Familiares de víctimas de «falsos positivos» han exigido que se llegue a la verdad.

Una investigación del Congreso había calculado que más de 2.000 personas resultaron víctimas del caso.

En aquel entonces, se promovió un modelo de estímulos a los soldados por bajas obtenidas de sublevados, lo que fue considerado el germen de las ejecuciones de civiles.

La JEP fue creada por el acuerdo de paz para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado con las FARC. Tiene como objetivo juzgar a exguerrilleros, militares, agentes del Estado y civiles involucrados.

Línea

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

Los falsos positivos fueron una de las manifestaciones más crueles de la guerra en Colombia.

Y aunque muchos colombianos ya eran conscientes de ello, el informe de la JEP ha generado sorpresa porque revela dos cosas inéditas.

Primero, la magnitud del esquema de cuotas en el ejército: los números de investigaciones preliminares hablaban de un máximo de 3.000 víctimas de los falsos positivos.

Que la cifra aumente a 6.402 sugiere que los falsos positivos fueron una práctica menos aislada de lo que dijeron las instituciones señaladas.

Pero, además, el informe apunta a que el trabajo previo de la Fiscalía fue deficiente, lo que algunos han interpretado como un intento de encubrimiento.

La JEP no es precisamente una entidad exenta de polémica. El expresidente Álvaro Uribe ha abogado por su disolución con el argumento de que no garantiza la sanción de los victimarios del conflicto.

Sin embargo, la JEP es un ente del Estado: una alta corte con fundamento constitucional que es difícil desbaratar.

Los críticos del expresidente aseguran que su oposición a la JEP tiene que ver con una supuesta intención de enterrar crímenes que lo incriminan.

Según el informe, el 78% de las víctimas de los falsos positivos murieron durante su gobierno.

Uribe reaccionó pronto a las revelaciones, reiterando su crítica a la JEP por «sesgada». Aunque es poco probable que el informe de la JEP modifique el balance de poder y el apoyo del expresidente, sí se espera un nuevo debate sobre la existencia y futuro de la JEP.

Tomado de:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56119174

España. Detención del Rapero Pablo Hasél

¡Qué tal el “CAMBIAZO” de Camargo Correa!

POR:

GONZALO ÁLVAREZ HENAO

Los corruptos y en genral todos los delincuentes procuran no dejar nada al azar, o como dice el refrán, cabos sueltos, porque  miden bien todos los pasos que van a dar para no fracasar en los planes  que han emprendido. El mejor ejemplo, de ello, lo podemos encontrar en la operación encubierta que desde el año 2017 montara, desde Brasil, la corrupta Camargo Correa, entidad que tenía pleno conocimiento que en Hidroituango más temprano que tarde se iba a presentar  una emergencia o una  tragedia. Todo ello sin ser adivinos, dado que en su poder se halla el mapa de riesgo que elaborara la empresa Marsh Risk Consulting en el año 2014.

En el mapa aludido, que advertía de las fallas geológicas que se estaban presentando en la zona del embalse, y que da cuenta de las amenazas al proyecto Hidroeléctrico Ituango, y que fuera actualizado en el año 2016, se encontraron con más de 90 episodios de alarmas, que fueron clasificados, según la metodología utilizada en su nivel de riesgo así: extremo, alto, tolerable y aceptable.

De los más de 90 riegos, 16 señalaban condiciones geológicas desfavorables que afectaban sustancialmente la ejecución del proyecto. En el 2016, tanto Empresas Públicas de Medellín, como la corrupta Camargo Correa, tenían pleno conocimiento  que la ejecución y el desarrollo del proyecto estaban en terrible amenaza. Ante tan revelador hallazgo, Federico Gutiérrez Zuluaga, Alcalde de Medellin, y Presidente de la Junta de EPM, y Jorge Londoño de la Cuesta, se quedaron callados y sin hacer nada para prevenir una tragedia.  

Camargo Correa, por el contrario, no se quedó quieta, al parecer por instruciónes desde una cárcel en Brasil, proveniente de los personajes de la imagen.

En el año 2017 y en cumpliendo las directrices trazadas, CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A., responsable conjuntamente con, Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H. S.A., de construir la presa de Hidroituango, creó a CAMARGO CORREA INFRA PROJETOS S.A., y para salirse del contrato, consiguió que le aceptaran a su hijita sietemesina, para que continuara con las responsabilidades de su progenitor.

EPM tuvo conocimiento de este “CAMBIAZO” en febrero de 2018, como quiera que el Consorcio CCC Ituango le informó. ¿Sabía Camargo Correa que el proyecto iba a colapsar? ¿Cómo se explica que a los dos meses del “cambiazo” se hubiera presentado la emergencia? Esto es, el día 28 de abril del mismo año. Utilizando el lenguaje del mundo carcelario, podemos decir que este canje de responsabilidades se pudo dar, precedido de un acuerdo entre las directivas del penal, léase, EPM y los presos, en este caso los directivos de Camargo Correa.

En nuestro país el cambio de un preso por otro no es una rareza. En Hidroituango, este es el segundo cambiazo.

Para seguir utilizando el lenguaje del mundo carcelario, diremos que el nuevo director del penal, Álvaro Guillermo Rendón, cuando fue puesto en evidencia y al descubierto, como infractor de la ley, de inmediato salió a buscar refugio en la Junta Directiva, para que lo protegiera e incitó a los medios de comunicación para que pregonaran a los cuatro vientos la toma hostil de la empresa. La reacción de los áulicos del Grupo Económico Antioqueño GEA, no se hizo esperar y de inmediato salieron a promover una asonada o linchamiento contra el Alcalde Daniel Quintero Calle.

Absteniéndome de cualquier halago innecesario, debo reconocer la valiente y acuciosa labor de la secretaría privada de la Alcaldía de Medellín, María Camila Villamizar Assaf, que por órdenes del Alcalde, Daniel Quintero Calle, investigó y denunció, no el conejo que le habían puesto a EPM, sino un gigantesco  fraude a nuestra ciudad, pues la nueva empresa no tiene el musculo financiero para terminar el proyecto ni para responder por las demandas, y para este enorme peculado se estaba prestando el insubsistente Álvaro Guillermo Rendón López. ¡Qué barbaridad!

Medellín, 14 de febrero de 2021