Carta a Alvaro Uribe Vélez

Medellín, lunes 2 de agosto de 2004

Doctor

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Presidente de Colombia

Bogotá

Señor Presidente:

Benito Juárez le enseñó a la humanidad que el respeto al derecho ajeno es la paz.

 David Mejía Velilla, entrañable amigo mío de toda la vida, eminente dignatario del Opus Dei, me enseñó que la Paciencia es la ciencia de la paz.

 Todas las guerras de todos los tiempos han asolado al mundo por la concentración de los poderes que desconocen los derechos de todos los pueblos y por no haber tenido paciencia con la justicia, lo que nos ha llevado a ejercer la justicia con nuestra propia mano. Mi contribución a la paz es haber respetado siempre los derechos humanos de los demás aun poniendo al lado los míos y teniendo paciencia con la justicia.

 Este preámbulo y esta osadía de escribirle fue motivado por haber sabido que Usted había solicitado a la Fiscalía General de la Nación que despertara del sueño de los justos la investigación sobre el fracaso del Retorno de las familias desplazadas del Rio Cacarica en el Urabá Chocoano encomendado a la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz con aportes económicos entregados por el Banco Agrario y por la Red de Solidaridad Social, cuya principal inversión estaba destinada a la construcción de dos asentamientos con todas sus instalaciones de servicios comunitarios para 418 familias.

 En el año 2000 tenía yo 65 años, limitación evidente que nunca será un obstáculo para terminar mi vida como empezó, comprometida con el futuro de los campesinos, experiencia y fortaleza, adquirida la una, conservada la otra por haber sido parte de aquel equipo humano y humanizado que impulso la Reforma Agraria en 1962.

 La ingenuidad de creer que una ONG dirigida por eclesiásticos aseguraba el éxito del retorno aumentó mi entusiasmo que pude entregar durante los meses de diciembre de 1999 y enero, febrero y marzo del 2000 para colaborar en la organización de la comunidad desplazada que hiciera posible bajo mi coordinación técnica y con mi experiencia en la orientación de trabajos colectivos, de tal manera que fuera posible la construcción de los dos asentamientos aunando el trabajo de las familias desplazadas con los aportes del Estado.

 Me convertí también en un desplazado. Ser separado de un sueño sin consideración alguna, pues aquel a quien se le conculcan sus derechos, cualquiera, el derecho de un campesino a la tierra que trabaja o al salario de un trabajador es un desplazado de la justicia.

 Como pude prever que el retorno fracasaría por todo lo que conocí y objete a tiempo, puse en alerta al Estado hablándole claro a los representantes del Banco Agrario y de la Red de Solidaridad Social que hacían parte del Comité Operativo que controlaba todas las actividades y tomaba todas las decisiones, solicite investigaciones a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría General. Por mi parte entable una demanda contra Justicia y Paz que cursa en un juzgado de Turbo porque tuvo la desfachatez de negarme todos mis honorarios profesionales.

 El sacudón suyo hizo viajar a Turbo a dos fiscales, allí se enteraron de mi demanda y supieron quien era mi apoderada, la Abogada Marta Isabel Mejía Arango, Visitada en sus oficinas en Medellín entrego a los investigadores abundante información documentada que los sorprendió.

 A esta altura de mi largo diálogo con el Señor Presidente no puedo dejar de hacerle dos consideraciones:

 Siendo Usted y yo de origen antioqueño, con padres que ejercían un poder que usted ha trasladado al ejercicio de la Presidencia de la República, poder con aureola de reverencia que anulaba toda posibilidad de discrepancia, con timidez me atrevo a decirle que no todas las ONG caben en el mismo saco, las hay de todos los matices ideológicos, las hay comprometidas de verdad con los derechos humanos y con un destino mejor para los pobres y otras, las menos, desdibujada su meta por el oportunismo y los intereses personales.

 Reviva por favor el caso del Proyecto ALA 93-51, convenio suscrito entre la Comunidad Económica Europea y la Agencia Colombiana para la Cooperación Internacional –ACCI– para reubicar 2.400 familias en alto riesgo afectadas por el maremoto sucedido en Tumáco en 1979. En él participe en 1998 llevado por el Codirector Europeo, Roger Katan, quien al comprobar la corrupción acolitada por el Codirector Nacional, cuyo nombre por asco he olvidado, quiso poner en orden el proyecto solicitando una Auditoria Externa. Ese caso lo denuncie ante la Fiscalía, ante la Procuraduría y ante la Contraloría y allí también duerme mi denuncia plácidamente e igual tuve que colocar una demanda pues fui destituido ilegalmente por que mi presencia no dejaba robar más. Mayor fracaso y mayor corrupción que en el Cacarica merecen su atención.

 Del Señor Presidente, con todo respeto,

 RAMÓN EDUARDO AGUDELO MEJÍA

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