Memoria de una gesta por concluir

ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS (A.N.U.C)

MEMORIA DE UNA GESTA POR CONCLUIR

Ramón Eduardo Aguádelo M.

 Desde 1970 cuando la acción campesina recuperó con centenares de invasiones más tierra que la acción legal del Incora, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (A.N.U.C) quedó en la mira de las fuerzas retardatarias terratenientes. Primero, con la división. Una vez debilitada, el paramilitarismo, el narcotráfico y el poder, despojan de la tierra al campesinado. Agudizan su desplazamiento y crean las condiciones para que una reforma agraria tenga más obstáculos, sea más difícil que nunca.

 Antes del 1962 que vio surgir la (A.N.U.C), las organizaciones con dominio conservador y liberal contrarias a una reforma agraria, asumían como esperanza para los sin tierra, los programas de colonización como destino natural de sus vidas: ir a morir a las selvas más apartadas del país. Con ausencia de voceros campesinos, la Ley 135 de reforma agraria del 13 de diciembre de 1961 se logró aprobar después de largas discusiones entre los dirigentes del partido liberal y del partido conservador, que acordaron el Frente Nacional para “acabar” con la violencia que ellos mismos desataron contra el pueblo, e imponer la impunidad sobre los 300.000 asesinatos cometidos desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

 Luego, tras la autorización para organizarse en la (A.N.U.C), que provino de Lleras Restrepo en 1963, desde un primer momento, los campesinos tuvieron que enfrentar, entre otros, a los terratenientes propietarios de los ingenios azucareros del Valle del Cauca. Y ante el prolongado papeleo de adquisición de tierras, en especial en la Costa Atlántica, la acción campesina recuperó más propiedades privadas que el Incora.

 Sin duda, no les da espera, a quienes tienen la necesidad inmediata de la tierra para vivir. Sin embargo, insensibles, las organizaciones campesinas existentes en la década de 1960 eran dirigidas por el partido conservador y por la jerarquía eclesiástica, y los campesinos recibían la orientación política a través de Radio Sutatenza. El partido conservador tenía en el campo su mayor respaldo político. Fanal, organización agraria nacional que era la más representativa, en ningún momento dio muestras a favor de que en alguna forma fuera afectada la propiedad privada sobre la tenencia de la tierra, incluso y a pesar de que la ley no estableciera la expropiación sin indemnización.

 Dada esta influencia, y sólo un ejemplo, en 1965 durante la ejecución de los programas de reforma agraria entre Montería y Cereté, hubo campesinos negados a recibir su Unidad Agrícola Familiar por lealtad al propietario que era un “gran patrón”. Que al amanecer llevaba a su mujer a parir en Montería. Y hubo campesinos que no aceptaban conformar una cooperativa agrícola con fundamento en la propiedad colectiva de la tierra.

 Revoluciones y lucha por la tierra en el continente

Con los antecedentes de Emiliano Zapata y la Revolución mexicana que en mayo de 1910 recuperó por la fuerza las tierras de Villa de Ayala, y dos décadas después del presidente Lázaro Cárdenas que armó a los campesinos para su reclamo, como también, de la revolución campesina-minera en Bolivia de 1952 y las medidas en 1954 contra la United Fruit Company de Jacobo Arbenz en Guatemala, que costó una invasión con apoyo estadounidense para derrocarlo, y tras la revolución cubana, todos los gobernantes de América Latina bajo la imposición colonial imperialista aprobaron a las carreras sus leyes de ‘reforma agraria’.

Demagogia aparte, y como parte de la Alianza para el Progreso, fueron unos conatos marcados por los acuerdos entre políticos latifundistas con asiento en los congresos, sin más que una tímida afectación sobre la propiedad rural concentrada en pocas manos. Ninguna ley definió la expropiación sin indemnización. Toda propiedad debía pagarla y adquirirla el estado. Un trámite imposible, pues ningún estado tiene la capacidad económica de comprar toda la tierra para entregarla en forma inmediata a los campesinos, cuando de verdad el propósito es construir una sociedad justa, equilibrada. Sociedad en la cual, «la tierra sea de quien la trabaja» y la producción de alimentos y de materias primas pueda ser planificada y la paz recuperada.

¿Cómo surgió la (A.N.U.C)?

Como la política encarna en gobierno, poder y presidentes, la Ley dio tumbos en 1962 con Guillermo León Valencia, enemigo de la reforma, en 1964 con Carlos Lleras Restrepo impulsor principal de la ley 135 y en 1970 con Misael Pastrana Borrero, enemigo de la reforma. Por tanto, no es extraño el resultado, el fracaso total de la reforma Agraria en Colombia. Los intereses de la alternación en el poder, determinaron qué importancia y qué urgencia daban a la ejecución de una reforma agraria, qué apoyo y qué eficacia podía recibir el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.

 Previo a la aprobación de la ley 135, la ausencia del campesinado fue notoria, casi inexistente, en las discusiones políticas entre los más connotados dirigentes de los partidos. Asimismo, durante los primeros años de su ejecución entre 1962 y 1966, además de todas las trabas que tuvo el Incora para aplicarla, provenientes del sector latifundista y de los senadores y representantes que defendían la propiedad privada sobre la tierra en manos de unos pocos.

 Bajo un entorno de legitimación para los liberales, Carlos Lleras Restrepo como presidente de Colombia olió que la reforma agraria institucional no avanzaría sin el respaldo político de una fuerte organización campesina. Sin tardar, decretó su organización dentro de la cual se podían sumar los Usuarios de las entidades públicas relacionadas con el sector rural, el Incora en primer término, la Caja de Crédito Agrario, el Ica, el Inderena. Fue una tarea que el Incora emprendió en solitario, con sus funcionarios de las Direcciones Regionales de Reforma Agraria regados por el país.

 En pocos años, el poder y la influencia política de la (A.N.U.C) creció vertiginosamente y como la ley les permitía ser miembros de las Juntas Directivas de la entidades del Estado responsables del sector rural, su influencia pudo incidir en la reforma agraria, en el crédito, en el mercadeo, en las Cooperativas Agrícolas, en las políticas ambientales y en la participación electoral. Fue paradigmático que el primer gobernador elegido por votación popular campesina fuera Apolinar Díaz Callejas, además primer gobernador del Departamento de Sucre. Carlos Lleras Restrepo fue elegido Presidente de la República en 1966 por una voluminosa votación campesina.

 La presencia de los dirigentes de la (A.N.U.C) en las juntas directivas amplió el conocimiento político de los campesinos. En su nuevo lugar, pudieron ver cómo los miembros de esas juntas –representantes de los intereses contrarios a los intereses del campesinado– se oponían a la reforma agraria y a toda decisión encaminada al desarrollo económico del sector rural y al intento de que la tierra fuera de quien la trabaja. Así, dedujeron que la reforma agraria por medios legales era un propósito imposible.

 Los campesinos no tuvieron otra

que su acción directa

La invasión de tierras fue el acto político revolucionario que guardadas proporciones podría significar síntomas de la influencia de la revolución agraria cubana y tuvo como consecuencia la división de la (A.N.U.C) entre sectores campesinos que todavía creían en la acción del Incora y sectores campesinos que comprendieron que sólo la acción directa de la organización campesina podría ejecutar una verdadera y acelerada reforma agraria.

 En este marco, llegó el año de 1970, durante el cual se inició el desmonte del Incora y se agudizó la división de la (A.N.U.C). No es para olvidar, que unas elecciones presidenciales signadas por el fraude electoral llevaron a la presidencia a Misael Pastrana Borrero reconocido enemigo de la reforma agraria y de la organización campesina. Fueron dos hechos que mostraron de inmediato cuáles eran sus verdaderas intenciones políticas para revertir los tímidos avances de la reforma agraria y matar en sus orígenes la radicalización de las luchas campesinas.

 Pastrana padre impulsó el Pacto de Chicoral, un conciliábulo de terratenientes y políticos enemigos de la reforma agraria del cual salieron propuestas para debilitar más la ley 135 de 1961 y agudizar la división de la (A.N.U.C) que había mostrado sus intenciones de comprometerse en el impulso de una reforma agraria radical durante las deliberaciones del Tercer Congreso de Usuarios Campesinos realizado en Bogotá en medio de las mayores medidas de seguridad represiva. Otra vez, con la herramienta de dividir para reinar y desde el Estado se fortaleció la (A.N.U.C)-Línea Armenia de pura extracción conservadora y se combatió la (A.N.U.C)-Línea Sincelejo, pues en esta capital se había realizado un congreso campesino que denunció ante el país las intenciones del Estado de dejar que el paso del tiempo diluyera la necesidad de una reforma agraria y debilitara hasta su desaparición todo intento de la organización campesina para conseguir la tierra para quien la trabaja.

 Los gobiernos posteriores al de Misael Pastrana desconocieron la necesidad de una reforma agraria y apenas ahora, ante la crisis alimentaria, ante la agudización de la violencia en las ciudades, el actual gobierno presentó al Congreso de la República una iniciativa legislativa con la que pretende la recuperación de una parte de las tierras despojadas a los campesinos, las comunidades negras y los resguardos indígenas, tierras en manos de sectores violentos de extrema derecha que harán todo para no entregarlas. Así lo indican los hechos, Colombia sabe que han sido asesinados dirigentes campesinos organizados para recuperarlas. Algunas hectáreas de tierra retornarán a sus verdaderos propietarios, pero el tema de la reforma agraria sigue aplazado. Así vuelve el refrán de que “el que tiene tierras tiene guerras”.

 RAMÓN EDUARDO AGUDELO

2011

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