Mensaje nocivo para soldados y oficiales, y duro revés para las víctimas
El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.
(Washington D.C.) – El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos, señaló hoy Human Rights Watch. Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.
El 10 de diciembre de 2018, el gobierno nombró al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército colombiano. El 21 de diciembre, el ministro de Defensa Guillermo Botero y el general Martínez Espinel nombraron a otros nuevos comandantes en puestos claves del Ejército. Human Rights Watch ha encontrado pruebas que vincularían a ocho de estos militares, así como al general Martínez Espinel, con “falsos positivos” y otros abusos. Entre 2002 y 2008, en casos que se conocieron como “falsos positivos”, miembros del Ejército cometieron ejecuciones sistemáticas de civiles inocentes para incrementar el número de bajas en el marco del conflicto armado.
“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.
Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que patrones en los casos de falsos positivos —incluida su naturaleza sistemática y las circunstancias implausibles de muchas muertes que supuestamente ocurrieron en combate— sugieren que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de ejecuciones sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios. Conforme al derecho internacional, los comandantes no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ordenen o cometan en forma directa. También deben ser penalmente responsables si sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos.
Los militares nombrados recientemente contra los cuales existen evidencias que los vinculan con graves abusos son Martínez Espinel, comandante del Ejército; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Todos ellos son generales.
El general Martínez Espinel fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) a un informante que habría proporcionado información que supuestamente permitió lograr “excelentes resultados” en dos operaciones militares. En una de estas, los soldados reportaron que “d[ieron] de baja a un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59” de las FARC. Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años.
En 2011, un tribunal condenó a dos soldados y un exparamilitar por estos homicidios. El tribunal concluyó que las víctimas fueron llevadas por la fuerza de su vivienda en horas de la madrugada. Los soldados las asesinaron, colocaron armas en sus cuerpos e informaron que se trataba de miembros de las FARC muertos en combate. En 2013, un tribunal superior pidió a la Fiscalía que investigara “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”.
El general Navarrete Jadeth, nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, fue segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008.
Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el general Navarrete Jadeth en marzo de 2008, en el cual certifica un pago de 2.000.000 pesos colombianos (USD 1.000) a un informante a cambio de datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Pero los tribunales han concluido que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados de una ciudad cercana y ejecutados extrajudicialmente.
Los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército, en su mayoría soldados rasos, por su rol en ejecuciones extrajudiciales. No obstante, las autoridades en general no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes. En cambio, han ascendido a muchos de estos militares, y han permitido que varios alcancen los más altos cargos en las Fuerzas Militares.
El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos también nombró en puestos clave del Ejército a militares sobre quienes pesan evidencias creíbles que los vinculan con falsos positivos. El general Juan Pablo Rodríguez Barragán, que está siendo investigado penalmente por casos de falsos positivos, fue el Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia entre 2014 y 2017.
Una parte de la asistencia militar estadounidense destinada a Colombia está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos. En 2018, estos requisitos incluían que el “personal militar responsable de ordenar, perpetrar o encubrir falsos positivos esté siendo procesado y sancionado adecuadamente, incluyendo con la destitución de cargos de mando”.
A continuación, se presenta un análisis de las pruebas contra los oficiales superiores del Ejército.
Las pruebas contra los nuevos comandantes
Human Rights Watch analizó decenas de decisiones judiciales, testimonios, informes de la Fiscalía General de la Nación y otros documentos vinculados con los oficiales del Ejército que fueron nombrados en diciembre. Al menos tres de los nueve generales ascendidos están siendo investigados por la Fiscalía. Los fiscales están investigando numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los demás. A continuación, se expone un resumen de las pruebas que implican a los nueve militares (la información se presenta según su rango en el Ejército).
Nicacio de Jesús Martínez Espinel (comandante del Ejército)
Entre octubre de 2004 y enero de 2006, el general Martínez Espinel fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de La Guajira y Cesar. Un informe de 2016 de la Fiscalía indicaque los fiscales han abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
Por ejemplo, en una sentencia de junio de 2011, un tribunal determinó que en febrero de 2005 soldados del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada se llevaron de su vivienda a Carrillo Arias, miembro de una comunidad indígena, y a Pacheco Zabata, de 13 años, en horas de la madrugada, para luego asesinarlos, colocar armas sobre sus cuerpos e informar que eran miembros de las FARC muertos en combate. El tribunal que condenó a los responsables determinó que les habían disparado a las víctimas por la espalda y que las armas que supuestamente pertenecían a las víctimas no habían sido detonadas. También concluyó que el batallón carecía de los documentos sobre la operación, incluidos aquellos que deberían haber dejado constancia de la cantidad de municiones utilizadas durante el supuesto enfrentamiento armado.
Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) a un informante que proporcionó datos que posibilitaron los “excelentes resultados” en esa y otra operación.
Human Rights Watch identificó otras graves inconsistencias en varios documentos firmados por Martínez Espinel que supuestamente certifican pagos realizados a informantes que habrían permitido que soldados de la Décima Brigada Blindada dieran de baja a tropas enemigas. Por ejemplo:
En cuatro documentos distintos, según documentos incluidos en un expediente judicial al que tuvo acceso Human Rights Watch, los fiscales determinaron que los nombres y los números de cédula de los presuntos informantes no coincidían.
En dos documentos donde se certifican pagos a informantes, las fechas de las presuntas operaciones no tienen sentido. En un caso, el 17 de mayo de 2005, Martínez Espinel autorizó el pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) como recompensa por información que, según el mismo documento, facilitó una operación militar que se llevó a cabo el 20 de mayo–es decir, tres días después. En esta supuesta operación, habría muerto un “sujeto NN… al parecer integrante del Frente 41” de las FARC.
Human Rights Watch ha demostrado que entre 2002 y 2008, muchos militares fabricaron documentos ficticios para obtener beneficios económicos por bajas reportadas, incluidos casos de falsos positivos. Human Rights Watch no pudo confirmar si algunas de las bajas respecto de las cuales el general Martínez Espinel autorizó pagos, además del homicidio de Carrillo Arias y Pacheco Zabata, fueron falsos positivos, ya que, en los documentos militares relevantes, no se identifica los nombres de las personas que murieron. La mayoría de los muertos fueron reportados como “NN”.
Jorge Enrique Navarrete Jadeth (jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza)
Como nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, el general Navarrete Jadeth supervisa varios comandos del Ejército, incluyendo los de personal, reclutamiento y logística.
El general Navarrete Jadeth fue el segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre al menos 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, según documentos a los que tuvo acceso Human Rights Watch.
Un documento firmado por el general Navarrete Jadeth en marzo de 2008 certifica que se realizó un pago de 2.000.000 pesos colombianos (USD 1.000) a un informante que proporcionó datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Posteriormente, los tribunales concluyeron que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados de una ciudad cercana y ejecutados extrajudicialmente.
Un documento de 2015 indica que los fiscales estaban investigando al general Navarrate Jadeth por presunta cooperación con grupos paramilitares. El expediente indica que la investigación fue propiciada por declaraciones de un exparamilitar, Adolfo Enrique Guevara Cantillo, quien manifestó que el general Navarrete Jadeth cooperaba con paramilitares. La Fiscalía no ha indicado públicamente si ha archivado la investigación ni si tiene previsto imputar al general.
Raúl Antonio Rodríguez Arévalo (jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas)
Como nuevo jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas, el general Rodríguez Arévalo supervisa diversos departamentos del Ejército, incluidos aquellos a cargo de inteligencia y contrainteligencia y de educación militar.
El general Rodríguez Arévalo fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante parte de los años 2005 y 2006. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre 21 ejecuciones cometidas en 2005 y 13 en 2006 por soldados del batallón la Popa, según un informe de la Fiscalía. Entre estos, hay por lo menos cuatro casos en los cuales la justicia colombiana ha condenado a nueve soldados por su participación en 10 ejecuciones.
En un caso, el 20 de noviembre de 2005, soldados del batallón la Popa asesinaron a tres civiles en San Diego, Cesar, e informaron que se trataba de enemigos muertos en combate. La noche previa, tras recibir falsos ofrecimientos de empleo de dos hombres, las víctimas habían viajado más de 300 kilómetros hasta San Diego desde el municipio de Soledad, Atlántico. En 2014, un tribunal condenó a un teniente y un sargento por los homicidios. Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Rodríguez Arévalo que describe el presunto operativo indica que fueron “dados de baja” “cuatro bandidos sexo masculino NN” que “pretendían cobrar una extorsión a un caficultor de la región”.
En febrero de 2017, un soldado, cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad, indicó a la Fiscalía que el general Rodríguez Arévalo estaba directamente implicado en falsos positivos. El siguiente fragmento describe uno de los muchos casos que describió el soldado (bastardillas agregadas):
[S]acamos dos personas de diferentes casas. La primera un señor donde había como una tienda, un señor moreno. Al otro lo sacamos diagonal, como a la izquierda… ahí el guía nos llevó a una parte… y [un] teniente… me dio la orden de asesinar a uno de los señores, al de la tienda. Yo lo ejecuté.
A [otro] soldado le dio la orden de que matara al otro. Nosotros le dijimos a mi teniente cómo vamos a hacer [para informar las bajas] si no hay armas. Él nos dice ‘no se preocupen que mi tío [va a ayudar]’ refiriéndose al coronel Rodríguez Arévalo.
Cuando llegamos al batallón… esperamos [hasta que] llegó un helicóptero. Ahí iba el coronel Rodríguez Arévalo y [otro oficial]. Bajaron unas bolsas negras que no sé qué tenían. Después estaban organizando unas minas de guerra con cordones detonantes, un fusil, una pistola y explosivos. Se las colocaron a las personas [muertas] y tomaron fotos para decir que había sido un combate… en esas bajas mandó el coronel [Rodríguez Arévalo] al sobrino a hacer curso de piloto[presuntamente como premio].
Adolfo León Hernández Martínez (comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro)
El general Hernández Martínez fue nombrado comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, una unidad que asesora al comandante del Ejército sobre políticas para modernizar la fuerza.
Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el general Hernández Martínez estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008, según un informe de la Fiscalía.
Por ejemplo, el 23 de enero de 2008, soldados del batallón la Popa asesinaron al civil Aldemar García Coronado, de 16 años, e informaron que se trataba de un enemigo muerto en combate. En 2013, un soldado y un sargento fueron condenados por el delito.Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Hernández Martínez indica que soldados que participaron en la operación “entra[ron] en combate” con “5 terroristas”, y que en ese hecho murió un “NN”.
Diego Luis Villegas Muñoz (comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano)
El general Villegas Muñoz fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, una unidad especial que opera en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela.
El general Villegas Muñoz actualmente está siendo investigado por la ejecución de Omer Alcides Villada, un agricultor que tenía una discapacidad mental. Soldados del Batallón Pedro Nel Ospina habrían asesinado al agricultor en marzo de 2008 y luego reportado que se trataba de un combatiente de las FARC muerto en combate. En ese momento, Villegas Muñoz comandaba el batallón.
Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Villegas Muñoz certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 800) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó a la operación en la cual fue asesinado Villada. No obstante, en la declaración del supuesto informante ante la Fiscalía, este indicó que nunca había proporcionado información al Ejército ni recibido pago alguno.
Villegas Muñoz también firmó dos informes sobre la operación. Un fiscal señaló en una audiencia sobre el caso que los informes revelan varias irregularidades; por ejemplo, que la operación se realizó en un municipio distinto del que consta en la orden militar.
En diciembre de 2016, un juez dictó una orden de captura contra el general Villegas Muñoz. No obstante, un decreto de 2017 vinculado con el componente de justicia del acuerdo de paz con las FARC impidió que se ejecutara la captura, según una carta de la Fiscalía. El decreto permite que las autoridades suspendan las órdenes de detención en casos que tengan relación con el conflicto armado.
Edgar Alberto Rodríguez Sánchez (comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles)
El general Rodríguez Sánchez fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles, una unidad especial que opera en el Bajo Cauca.
Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, comandó el batallón Magdalena de la Novena Brigada. Los fiscales han abierto investigaciones sobre al menos 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando, según documentos de la Fiscalía.
Raúl Hernando Flórez Cuervo (comandante del Centro Nacional de Entrenamiento)
Flórez Cuervo fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante, por lo menos, parte de 2008. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
En mayo de 2014, un tribunal de Bogotá condenó a cinco soldados del batallón de Flórez Cuervo por el asesinato, en enero de 2008, del sindicalista Israel González, que fue reportado como guerrillero muerto en combate. El tribunal determinó que tal enfrentamiento nunca se produjo. En cambio, González fue sido asesinado por soldados que colocaron sobre su cuerpo armas sin usar y una radio averiada que tenía baterías del Ejército. Flórez Cuervo firmó la “orden de operaciones”.
El tribunal pidió a la Fiscalía que “adelante investigaciones en relación con otros posibles autores o intervinientes de los delitos… que pudieron tener relación con la expedición de órdenes en cuya ejecución se produjo el deceso violento del señor Israel González”. Human Rights Watch no pudo confirmar si se impulsaron investigaciones como resultado de este pedido. En julio de 2017, un fiscal dijo a Human Rights Watch que no había registro de investigaciones sobre el posible rol de Flórez Cuervo en asesinatos cometidos por el batallón Domingo Caicedo.
Miguel Eduardo David Bastidas (comandante de la Décima Brigada Blindada)
El general David Bastidas fue nombrado comandante de la Décima Brigada Blindada.
Actualmente, David Bastidas está siendo investigado por su rol en abusos ocurridos durante parte de los años 2004 y 2005, mientras era el segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada. En noviembre de 2017, un fiscal imputó a Bastidas en relación con su presunto rol en 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura. El fiscal sostuvo que el general David Bastidas no tomó medidas ante estos delitos, pese a las circunstancias poco plausibles de las bajas reportadas.
Marcos Evangelista Pinto Lizarazo (comandante de la Décimo Tercera Brigada)
El general Pinto Lizarazo fue nombrado comandante de la Décimo Tercera Brigada, que opera en Bogotá.
Entre octubre de 2006 y abril de 2007, el general Pinto Lizarazo fue comandante del batallón Anastasio Girardot, de la Cuarta Brigada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007, según documentos de la Fiscalía. Por ejemplo, en 2011, un tribunal condenó a cuatro soldados del batallón Anastasio Girardot por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las FARC.
El general Pinto Lizarazo también estuvo al mando del batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009. Los fiscales han abierto investigaciones sobre 18 ejecuciones supuestamente cometidas por soldados del batallón en 2008, según documentos de la Fiscalía.
El 18 de enero de 2008, soldados del batallón Magdalena mataron al campesino Ever Urquina Rojas, en el municipio de San Agustín, e informaron que se trataba de un enemigo “NN” muerto en combate. El sargento William Andrés Vargas Capera confesó y se declaró culpable por este hecho. En el preacuerdo con la Fiscalía, manifestó haber escondido deliberadamente el documento de identidad y la ropa de la víctima. Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Pinto Lizarazo certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 770) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó la operación en la cual fue asesinado Urquina Rojas. No obstante, los fiscales concluyeron que el presunto informante no “ofreci[ó]” ninguna información “con relación al occiso Ever Urquina Rojas”.
El 11 de diciembre de 2015, la Fiscalía interrogó al general Pinto Lizarazo sobre su presunta participación en falsos positivos mientras fue comandante del batallón Magdalena. En el derecho procesal penal colombiano, estos interrogatorios son uno de los primeros pasos del proceso penal. Aunque el caso contra el general Pinto Lizarazo sigue abierto, no hubo avances desde diciembre de 2015, según dijo a Human Rights Watch un abogado que representa a víctimas del caso.
La única banda presidencial de Juan Guaidó, era la banda de malhechores que lo acompañó en Cúcuta. En el transcurso de los descarados sucesos, policías colombianos observaron complacientes como unos terroristas paisas, contratados en Medellín, preparaban en sus pies bombas incendiarias para ir a quemar personas al otro lado de la frontera; tal comportamiento de una fuerza pública, es una falta de solidaridad, de ética, de sentido humanitario, es una muestra de desprecio por la vida, es una expresión de su formación y de para qué han sido entrenados por su oligarquía.
Iván Duque, presidente de narcotraficantes colombianos, decidió supervisar los desmanes en la frontera, directamente con sus acompañantes; todos esperando ansiosos frente al televisor, el derramamiento de sangre y los cadáveres. Esta conducta de agresión, tipifica un delito en el derecho internacional. Otro despropósito es que haya recibido con honores diplomáticos al fugitivo Guaidó, para colmo de la ridiculez y de la vergüenza mundial.
Fracasaron las intentonas del último fin de semana de febrero contra la revolución bolivariana, porque chocaron con algo muy duro: el tesón y la moral del pueblo chavista. Parecen muy ilusos los miembros de la derecha regional si no contaban con esta cohesión popular y si se hacían cuentas alegres en su criminal agresión.
Pero no son tan ingenuos los paramilitares colombianos, expertos en mansalva, motosierras, masacres y desapariciones; por eso no es de esperarse de ellos ninguna reflexión, ni conciencia, ni arrepentimiento, ni bondad, tal como ahora la banda de Lima, quiere dar a entender con comunicados en los que supuestamente se alejan de una intervención militar en Venezuela; después de lo que han atizado y considerando agotadas las instancias políticas, se lavan las manos como Pilatos, porque saben que sigue el plan B, o C, o F, de la agresión contra el pueblo latinoamericano; ataques que habrán de continuar por encima de toda cordura y legislación, mientras el mundo mira, atónito e impotente, la cacería salvaje.
Al parecer, los Padres Fundadores del país que Duque tiene en la cabeza, nunca hablaron de Derecho, de la vida ni de la Libertad; pero Bolívar sí habló sobre la mayor suma de felicidad como propósito de un Gobierno.
No a la agresión contra América Latina. Gloria al bravo Pueblo. Una vez más, los conceptos ejemplarizantes de Patria y Libertad nacerán en Venezuela.
El Grupo de Lima y la Unión Europea (UE) mostraron su oposición total a una intervención militar en Venezuela y abogaron por una solución negociada, en manos de los venezolanos y sin fuerza, tras los disturbios ocurridos este sábado en la frontera colombo-venezolana.
En una declaración tras reunirse ayer lunes en Bogotá, el Grupo de Lima abogó por una salida a la crisis «conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza».
«Es bueno decir, con absoluta claridad, que el uso de la fuerza en cualquiera de sus formas es inaceptable, el uso de la fuerza no es una solución para lo que ocurre en Venezuela. Acá, en el Grupo de Lima, venimos luchando para que esta solución se dé en forma pacífica», declaró en la cita el vicecanciller peruano, Hugo de Zela.
Este rechazo se hizo, además, en presencia del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien asistió a la reunión y, pese a todo, reiteró que «como ha dicho el presidente Trump: todas las opciones están sobre la mesa», además de anunciar nuevas sanciones contra Venezuela.
El Grupo de Lima, que está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, fue creado en 2017 para buscar soluciones a la crisis venezolana.
Sin embargo, a la reunión de Bogotá no asistieron representantes de México, Costa Rica, Guyana ni Santa Lucía.
Al otro lado del Atlántico, Bruselas rechazaba también el mismo día la opción militar. «Se ha establecido una posición de la UE en este contexto, muy clara: hay que evitar la intervención militar», dijo la portavoz comunitaria para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Maja Kocijancic.
El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, era también tajante. «No todas las posiciones están sobre la mesa», dijo y señaló que su país no apoyaría y condenaría firmemente cualquier intervención militar extranjera.
Se sumó a esta corriente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo, en una entrevista con el canal suizo RTS, que «en América Latina, el tiempo de las intervenciones militares ha pasado».
Añadió que «una intervención solo podría tener lugar dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas», aunque sería «una ingenuidad pensar que se puede encontrar una cierta unidad en estas circunstancias».
América Latina y Europa siguen trabajando a través de múltiples vías, como el Grupo Internacional de Contacto y el Mecanismo de Montevideo, en busca de una solución pacífica a la crisis en el país sudamericano.
Durante la reunión en Bogotá, varios líderes mostraron de forma explícita su rechazo a la fuerza, entre ellos el jefe de Estado de Guatemala, Jimmy Morales, quien afirmó que para su país la solución «corresponde a los mismos venezolanos».
«Respetamos los principios de soberanía, de integridad territorial y el principio de no intervención, por lo que rechazaremos cualquier solución militar o amenaza de uso de la fuerza», destacó.
El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, aseveró por su parte que «para nosotros la opción militar nunca fue una opción. Brasil siempre aboga por las soluciones pacíficas de cualquier problema que ocurra en los países vecinos. Abogamos por la no intervención».
Instó además a «actuar con responsabilidad» en un territorio «de paz» como es América del Sur y evitar medidas que puedan «confundir a nuestros países con agresores y violadores de soberanías nacionales».
En México, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, insistió en la necesidad de «alejar la tentación del uso de la fuerza» y abogó por una solución dialogada y por «construir puentes de entendimiento. No querer imponer las cosas, nada por la fuerza y todo por la razón y el derecho».
Por su parte el vicecanciller uruguayo, Ariel Bergamino, afirmó que «la única salida es generar un clima favorable al diálogo y al acuerdo entre los venezolanos para salir de esta situación tan grave y, en este sentido, seguirá trabajando Uruguay».
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, afirmó que su país «no puede y no debe apoyar una intervención de orden militar» en Venezuela. «Es tan sencillo como eso», sentenció.
El rechazo internacional a una intervención militar extranjera en Venezuela llega después de los disturbios ocurridos el sábado, cuando la oposición intentó ingresar al país «ayuda humanitaria» sin autorización del gobierno, la ONU, o la Cruz Roja Internacional.
La propia ONU instó, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, a «despolitizar» el suministro de ayuda humanitaria a Venezuela y pidió a todas las partes avanzar hacia unas negociaciones políticas serias y a una reducción de las tensiones.
«La ayuda humanitaria debe ser utilizada de manera imparcial, libre de objetivos políticos o militares», declaró a la prensa.
Venezuela vive días de tensión política luego de que el 23 de enero el titular de la Asamblea Nacional (Congreso), el diputado opositor Juan Guaidó, se autoproclamase «presidente encargado» del país y fuese reconocido casi de forma inmediata por Estados Unidos.
Sin importar la preferencia política que tengan, es de esperarse que ningún venezolano quiera verse involucrado en una guerra, porque sea el resultado que sea, todos serán perdedores ante la destrucción que dejaría, además de las lamentables pérdidas humanas.
En ellas, sólo los que no las pelean, podrían ser los ganadores; ni los que huyen, porque en una guerra tendrán que salir corriendo de sus viviendas; lo más grave es que no sabrán para dónde y cuando quieran regresar ya no tendrán a donde. Pero sí se benefician las minorías que las atizan, que las ven como “una inversión a futuro” y apenas los afecta el cansancio de los ojos frente al televisor y las horas en las oscuras reuniones conspirativas. No falta quienes las peleen por ellos.
La guerra la ganan los ricos, quienes reparten su dominio mediante una cadena de poder y sumisión de la que hacen parte desde el simple lambón de oficina, el celoso celador, el gerente, hasta personas que ocupan cargos de significado social, como presidentes de la calaña de Duque y otros más, en la sombra o de reconocida función. Incluso aún, llega hasta el corazón de algunos que se perciben como revolucionarios, pero que sin presentar repulsa, son portadores de la ideología burguesa; conscientes o inconscientes; oportunistas o inconsistentes; de ahí el valor del crisol de la lucha popular, así como de la crítica y la autocrítica.
Todo se logra creando un mundo de ilusión; las religiones, tratados, constituciones y acuerdos, tan sólo sirven para establecer normas para las masas. En el mundo real, se impone el uso del poder abusivo que salta sobre leyes, instituciones y países; por eso se suceden acciones que van en contra de las razones construidas socialmente; es decir, que se han formado en la mente de los ciudadanos. Esto lo capta la sabiduría popular cuando dice que la ley es para los de ruana; que a la vez reconoce implícitamente su incapacidad para enfrentar tal realidad; acata la ley y la autoridad.
También por eso, parece inútil quedarse en la argumentación de las razones; es claro que un fiscal corrupto no puede ejercer, pero lo hace; el bloqueo a países de pueblos heroicos como Venezuela, es una arbitrariedad y es criminal, pero se ejecuta a ojos vistos, aún en contra de la opinión mundial; todos saben lo que está en juego; no es la democracia ni la libertad impuestas desde afuera; estas sólo pueden tener valor, sentido y significado interno. Como individuo, nadie podría definirme como sentirme libre; con mayor razón para las sociedades y naciones. Pero, todavía existen los que se tragan otro cuento sin apreciarse manipulados.
Los revolucionarios argumentan insistentemente con la razón para enfrentar la manipulación social que está soportada también con bases científicas; muchas veces, parece que se arara en el desierto, pero la voluntad férrea señala que se buscan mentes abiertas y libres para que las personas, por fin, alcancen toda su potencialidad humana para crear un mundo feliz aquí en la tierra.
A una guerra fratricida impulsada por una coalición internacional, no se le puede encontrar una lógica diferente a la motivación de los asaltantes y criminales. Por eso, ahora pululan los fabricantes de armas ofreciendo a Colombia escudos antimisiles y otras tecnologías para la muerte; estos malechores no permitirán el avance de la paz; pero, a pesar de todo, la razón, la justicia y el derecho a la vida, triunfarán con la lucha del pueblo bolivariano y los pueblos del mundo.
No a la agresión contra América Latina. Los intereses y mentiras de una minoría asesina no se impondrán en la región.
La preocupación para quienes nos sentimos parte de la solución a la actual crisis humanitaria, y corresponsables en la construcción de un nuevo país y una nueva civilización humanista, independiente de los procesos organizativos, es si realmente se están generando las condiciones políticas, epistémicas, culturales necesarias, si estas incluyen la decolonialidad, la construcción de nuevas subjetividades de diferentes sectores y movimientos, la definición de sujetos dinamizadores en el proceso liberador emancipatorio para el presente o para el cercano futuro. Cuando hablo de nosotros, me refiero a los sectores, comunidades y movimientos populares en procesos de emancipación. Lo anterior nos lleva a preguntarnos:
¿Quiénes, qué sectores y o movimientos conformarían este sujeto social transformador?,
¿Cuáles serían sus características, sus objetivos a corto, mediano y largo plazo?;
¿Se requiere de una teoría, una filosofía económica y política elaborada solo por las élites intelectuales de la izquierda y la academia? O si también es necesario beber de las fuentes de la memoria, de las experiencias, de los saberes de las comunidades.
¿Se está conformando desde el diálogo y la confluencia de las visiones, cosmovisiones, culturas y utopías de las comunidades y sectores populares, un Pensamiento Crítico Propio diverso, una filosofía para asumir las transformaciones que necesitan nuestros pueblos, comunidades, sociedad y país?
¿De qué sectores sociales podrían surgir los elementos renovadores de nuestra subjetividad en este proceso?
Esas preguntas no son para responderlas en este escrito como una fórmula, son pasos y actos que se van dando en la praxis, en la medida que reconocemos nuestra actual subjetividad derivada de la colonialidad del poder oligárquico, del saber occidentalizado que se nos ha inculcado desde la escuela oficial, y del ser racializados e inferiorizados por el norte global, para a partir de allí indagar en la praxis cotidiana en qué coincidimos como colectivos, y decidir como lo hemos hecho en la resistencia por más de 500 años, qué necesitamos, qué queremos y qué podemos hacer, en unidad y en consenso para transformar nuestra sociedad y país. Por ejemplo, podríamos plantear para esta época, en este país, que el sujeto revolucionario o transformador puede o debe ser plural, sin vanguardismos individuales, sin necesidad de “mayorías” ciegas determinantes, sin jerarquías rectoras ni aparatos supremos iluminados, -reliquias de un pasado que aún nos domina-; sin el machismo patriarcal que nos divide, nos abusa, nos viola, y maltrata física, sicológica, individual y colectivamente desde la cuna hasta la tumba. Proceso complejo que se nutre de las experiencias locales, regionales e internacionales de las luchas populares; de las experiencias de los movimientos antisistémicos actuales, y de las prácticas ancestrales; de nuestras relaciones como especie y de convivencia con la madre tierra en la construcción de alternativas para el buen vivir o para nuestro socialismo desoccidentalizado.
En la concepción de Sujeto Popular Transformador que venimos perfilando, con referencias de las experiencias revolucionarias del siglo XX en las diferentes naciones del continente (incluyendo Cuba), donde los pueblos intentaron cambiar los regímenes políticos y el modo de producción capitalista, igual que los ensayos de los progresistas en lo que va del siglo XXI, pero, principalmente por el reconocimiento de nuestras historias, cosmogonías y cosmovisiones, la visibilización de los sectores populares fundantes y de resurgentes como las mujeres, la juventud, e insurgentes como los ecologistas, con todos los componentes de nuestra nacionalidad diversa, podemos encontrar elementos constitutivos de ese Sujeto que aún no toma forma orgánica ni protagónica en la consolidación de un proceso liberador transformador.
Es una tarea de gran responsabilidad política superar la frustración de la revolución, desde la liberal burguesa con la guerra de “independencia”, que no logró consolidar una república liberal en la Nueva Granada, pues los liberales siguieron perdiendo con la disolución de la Gran Colombia, pasando por los intentos de instalar una modernidad a mediados del siglo XIX y principios del XX, seguida por la búsqueda de los revolucionarios de un proyecto socialista desde los años 20, que el reformismo liberal supo utilizar en los años 30. La lucha por la democracia burguesa continúa con el gaitanismo en los 40, que pretendía remover la estructura oligárquica; luego con la lucha armada utilizada por casi todas las tendencias de la izquierda en su deseo de instaurar el socialismo desde los años 50, unida a la insurgencia liberal de los llanos y del Tolima, luego retomada por múltiples sectores de la izquierda marxista (algunos en alianza con sectores católicos de base), indigenistas y socialdemócratas durante los últimos 55 años.
En los 80 del siglo pasado renace una posibilidad para una democracia concertada con la oligarquía, cuando se firmaron acuerdos de paz entre la insurgencia y el Estado[1] que en nada cambió la situación económica y social para el pueblo, a pesar de la coordinación de las organizaciones armadas (Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar) y del auge de los movimientos populares en esa época. Otra oportunidad no gestionada por la insurgencia ni por la izquierda durante este período fue la del paro cívico nacional del 77, en el que no se consolidó un sujeto ni una conducción colectiva definida que pudiera dar continuidad y cohesión a posteriores luchas por el poder para el pueblo, en que la insurgencia y la izquierda en su conjunto no aprovecharon ese momento para impulsar la construcción del Sujeto o del bloque de poder, viabilizado a través de un movimiento revolucionario popular, que pudiera echar cimientos para el futuro poder popular.Todos estos conatos para encender la pradera de la opresión siempre han estado supeditados a los principios, esquemas y discursos construidos en Occidente, de allí surgieron los paradigmas para nuestros revolucionarios que taparon con un dedo el sol del colonialismo, que no nos ilumina sino, que nos consume; pues fuimos incapaces para identificar o construir un sujeto colectivoa partir de nuestras particularidades históricas, económicas, sociales y culturales
Hoy la insurgencia reducida y la izquierda tradicional, aisladas, pretenden a través de los acuerdos de la Habana y las negociaciones con el ELN, reinsertarse y reacomodarse en la institucionalidad para desde allí ganar el gobierno y realizar los cambios propuestos que requiere nuestra nación; camino muchas veces recorrido, en el que no han mirado hacia los lados, donde el progresismo para llegar a sus respectivos gobiernos tuvo que cambiar sus estrategias, empezando por cambiar su discurso y movilizar a sus militantes y comunidades por democracia, soberanía y buen vivir, así no haya sido posible su realización.
En los 60 y 70, con el auge revolucionario en el mundo, en Colombia se generaron movimientos que se abrieron a diferentes sectores populares, buscando la liberación nacional y la construcción del socialismo, con movimientos revolucionarios armados (FARC, ELN, EPL, PRT, M19,) dirigidos por partidos u organizaciones políticas de izquierda, a excepción del indigenista Quintin Lame, y otros más pequeños locales y regionales de corta duración, la mayoría contaron con expresiones político-sociales semilegales o frentes de masas -ejemplo: Frente Popular, A Luchar, CIS- no armados, de incidencia en sectores específicos como campesinado, sindicalismo, indígena, cívico-barrial y estudiantado; y otros de amplia proyección como el Frente Unido, fundado por el sacerdote Camilo Torres Restrepo, que planteó la unidad de todo el pueblo en torno a la teología de la liberación que venía siendo promovida en el continente, saliéndose de los esquemas de la izquierda ortodoxa marxista, iniciativa que se perdió con su aislamiento de los sectores populares, después de la vinculación precoz del sacerdote a la lucha armada y su asesinato en un corto tiempo, y el Moir; en los 70 vendría la creación del movimiento político-militar socialdemócrata M19 originado en el fraude electoral contra Rojas Pinilla, candidato presidencial por la ANAPOen 1972, hasta 1989 cuando entrega las armas; simultáneamente sectores de la izquierda influenciados por la insurgencia formaron movimientos políticos legales (ejemplo UNO, UP, FD, FP) con carácter de frente para participar en la lucha legal y electoral, que pretendían realizar los cambios sociales desde la institucionalidad, haciendo alianzas con sectores burgueses. Es en los 80 cuando la insurgencia alcanza un apreciable acumulado político-militar –con simpatía en algunos sectores populares- que le brinda la posibilidad de buscar una salida negociada de la guerra con la oligarquía y, consecuentemente, abrir un debate nacional sobre la solución al conflicto social, parte que la insurgencia no consideró necesaria en ese momento, Sin embargo, como uno de los puntos de los Acuerdos de La Uribe (1982), y de la propuesta de paz de las Farc se crea en 1985 la UP, que participa en el debate electoral con una gran perspectiva, al ganar altísima simpatía en los sectores populares, con alcaldes, concejales, diputados congresistas, candidatos presidenciales,por lo que fue borrada cruel y violentamente,-más de 5000 asesinatos- aniquilando prácticamente a todo el movimiento mediante una alianza entre todos los actores de los poderes fácticos del capitalismo (terratenientes, narcotraficantes, capital transnacional, instituciones armadas del Estado).
Ante esta tragedia, la izquierda decidió esperar la iniciativa capitalista neoliberal de la Constitución de 1991 para reorganizarse en una gran cantidad de pequeños grupos, que en el 2005 –en plena guerra narcoparamilitar que aún no termina- dieron origen a lo que es hoy el Polo Democrático Alternativo, constituido por diferentes corrientes de izquierda, socialdemócrata y liberales, que se reafirma como partido de centro-izquierda; organización que ha tenido presencia en alcaldías, consejos, asambleas y congreso. En 2018 una de las disidencias del PDA –Progresistas- continuando con el juego electorero logra una alta votación por Gustavo Petro, que como a Carlos Gaviria, tampoco le alcanzó para la presidencia. En ninguna de estas experiencias se intentó configurar un sujeto colectivo transformador, tampoco la construcción de bases sólidas de poder popular ni se reconoció autonomía a las comunidades por parte de los gobernantes de izquierda, pues estos cambios son imposibles dentro de la institucionalidad capitalista, ni siquiera obteniendo la presidencia y la mayoría en el congreso.
Es necesario expresar qué sectores o grupos humanos integran nuestro pueblo para identificar un posible Sujeto Transformador. No se puede hablar de pueblo si no se tiene en cuenta que éste se compone de múltiples clases, sectores, comunidades y culturas, cada uno con intereses e identidades propias, por eso nos referimos a Sectores Populares y a Movimientos Populares como formas de existencia y de expresiones del pueblo, no a Movimientos Sociales, ya expuesto en el capítulo anterior y en el concepto de nación también mencionado. Los pueblos construyen sus identidades, sus visiones y cosmovisiones del mundo en que viven, en su cotidianidad, en sus espacios productivos, sociales, culturales; donde de alguna forma luchan por su autonomía, por su bienestar, saben de lo que son capaces y en momentos decisivos superan a sus dirigentes cuando tratan de imponerles lo que tienen que hacer, transformándose en sujetos determinantes. Fals Borda, nos viene hablando de las raíces ancestrales “representadas en vertientes populares antiguas”, de las que resalta valores que le dieron forma y contenido en lo social, lo económico y lo político, como la ayuda mutua y sus formas de autogobierno. Dentro de tales pueblos originarios de base, el maestro escogió cuatro:
Los indígenas primarios, los negros libres, los campesinos-artesanos pobres, y los pioneros colonos internos. El propósito de esta escogencia es conocer sus formas de organización social, gobierno y control, aprender de ellos y tomar lo necesario para reforzar instituciones contemporáneas en crisis, amenazadas por la globalización y por nuestro secular conflicto, y parareparar el tejido social que hemos perdido.[2]
Hoy esos pueblos transformados hacen presencia en los pueblos indígenas, las comunidades negras y el campesinado en toda la extensión de nuestro territorio, pero la violencia (desplazamiento forzado) y el proceso de urbanización han generado, además del artesanado y los trabajadores industriales y manufactureros,sectores y subsectores que conviven y sobreviven en las ciudades, que cada vez más se desplazan hacia la prestación de servicios, la informalidad, la marginalidad y la indigencia, pero además sectores que surgen como sujetos en construcción como las mujeres, los ecologistas.
Hemos descrito también a los sectores más activos y fundamentales de la nación colombiana: trabajadores, indígenas, campesinado, comunidades negras, mujeres, estudiantes, intelectuales ecologistas, como parte de ese posible Sujeto Plural Colectivo; en cambio, no hemos profundizado en otros sectores populares urbanos, en un país mayoritariamente citadino, igualmente importantes y necesarios en la construcción del Sujeto y sus expresiones político-organizativas para cambiar radicalmente nuestra sociedad y país.
Las grandes ciudades (capitales de departamentos) representan más del 60% de la población; crecimiento que se alimenta del desplazamiento forzado del campesinado, condensando las urbes la realidad nacional; allí están a pequeña y a gran escala las contradicciones de la sociedad, las desigualdades, las violencias, la corrupción, están los centros del poder financiero y comercial, las sedes más importantes de instituciones de educación superior y de la cultura oficial y los órganos políticos, administrativos, represivos y judiciales del estado a niveles nacional, regional y local, representativos de la sociedad con sus clases burguesas y oligárquicas, que luchan por mantener y aumentar el poder, disputado por sectores emergentes del narcotráfico y la alta delincuencia organizada ilegal y estatal expresadas en la corrupción de mafias, cártels, carruseles en todas las esferas del Estado y de la economía; del otro lado están las clases populares -desde la indigente, la trabajadora, los destechados, los y las estudiantes, los pequeños comerciantes, los artesanos, hasta la clase media y la pequeña burguesía que resisten y luchan por cambiar su situación de exclusión, pobreza, explotación y opresión; que además de producir, reproducir el sistema mundo y consumir, crean cultura e identidad, se movilizan y algunas veces se rebelan contra el Estado y el sistema capitalista.
Los nuevos espacios geográficos de la lucha política y las movilizaciones del pueblo se establecen en las ciudades, incluso las movilizaciones de los sectores populares rurales por sus intereses y necesidades llegan a las grandes ciudades a demostrar su existencia, a evidenciar sus problemáticas, a manifestar su inconformidad (los paros agrarios, las marchas indígenas, los mineros artesanales, las y los desplazados por la violencia), a exigir reconocimiento y solidaridad, a negociar con el gobierno justicia y reparación, expresando sus capacidades de convocatoria, de resistencia, de articulación y de unidad de acción política con los demás sectores citadinos, retroalimentando los Movimientos Sociales Populares.
Los Sectores Populares conforman la inmensa mayoría de los habitantes en las grandes ciudades del país, de estratos 1, 2 y 3, por lo general ubicados en las periferias, hacia uno o dos puntos cardinales, sobre topografías difíciles para acceder a los servicios básicos; zonas de ladera, orillas de caños o de ríos contaminados. Allí sobreviven las/los proletarios organizados y sin organización,ocupados y en paro forzoso (no cualificados, técnicos, trabajadores/as industriales y de la construcción, profesionales) “independientes”recicladores, pequeños comerciantes (tenderos, vendedores, ambulantes), artistas, artesanos que realizan todo tipo de labores y servicios en toda la ciudad; pequeños industriales que producen para estos sectores ropa, artículos para el hogar y la construcción, educadores populares y profesionales, que le aportan identidad a cada barrio, a cada comuna, a cada municipio, a cada ciudad, viviendo las mismas necesidades en infraestructura y servicios, en la pobreza de los estratos más bajos; hasta comunidades indígenas organizan sus cabildos urbanos manteniendo algo de sus culturas originarias. En sectores de clases medias –estratos 4 y 5- también se gestan inconformidades y rebeldías ante su pauperización propiciada por el Estado alcabalero y el consumismo.
En municipios limítrofescon las grandes urbes se instalan complejos industriales y zonas francas –maquilas-y centros comerciales de acopio y distribución que absorben gran parte de la mano de obra de las comunidades de estos lugares y de los barrios populares, llamados Áreas Metropolitanas. En grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, las zonas industriales se desplazaron hacia algún extremo o a municipios cercanos, Bosa-Soacha en Bogotá, Bello e Itagüí en Medellín, Yumbo y Santander de Quilichao en Cali, Barranquilla ha conservado su zona franca al nororiente de la ciudad, a la orilla del Magdalena desde 1958; igual sucede con Cartagena, donde sus Zonas Francas (incluida la Zona Franca comercial) cuyas actividades giran en torno a la química y la petroquímica, pues como Barranquilla, posee su refinería; estos enclaves industriales permanecen al sur de la ciudad en el llamado Parque Industrial de Mamonal.
Zonas metropolitanas de gran concentración poblacional y de problemáticas sociales dramáticas, donde se gesta la rebelión y la protesta, pero también las alternativas, la solidaridad y la esperanza, de donde surgen los sujetos urbanos, que unidos a los campesinos, los indígenas y las comunidades negras rurales, integrarán ese sujeto colectivo transformador que tanto necesita nuestro pueblo. Sin embargo, la dinámica del conflicto también cubre las ciudades; el narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción a gran escala, se disputan entre sus carteles y bandas los territorios urbanos, el comercio y el manejo de lo público, incluso en alianzas o enfrentando a las oligarquías tradicionales; la insurgencia tiene poca presencia e influencia en los movimientos sociales populares urbanos, mientras la izquierda institucionalizada ve reducirse su capacidad política para convocar y dirigir el movimiento popular, preocupada por conquistar votos.En otras ciudades, vinculadas más con la producción agroalimentaria y minera, también los conflictos en su mayoría violentospor la tierra, por el medio ambiente y los bienes naturales comunes, que obligan a sus comunidades, como sujetos, a la organización y la movilización, a plantearse alternativas de resistencia y re-existencia, a realizar alianzas y articulaciones, pasos necesarios para integrar el Movimiento popular transformador.
Las clases populares urbanas no son homogéneas económica, ni cultural ni políticamente; pues los sectores populares son sectores de clases que se expresan en sus actividades económicas, en sus identidades culturales, en sus organizaciones, en movimiento por sus intereses, por sus necesidades y problemáticas particulares. En sus luchas han existido movimientos cívicos, coordinadoras populares, asociaciones de usuarios de servicios públicos, comités barriales, además de asociaciones barriales en sectores específicos de las ciudades (movimiento estudiantil, de destechados, ecologistas, feministas, culturales, étnicos, LGTBI) que se escapan de las estructuras e instituciones estatales (Juntas de Acción Comunal, consejos sectoriales oficiales y las Juntas Administradoras Localesgeneralmente utilizados por los politiqueros). Sin embargo, las Juntas de Acción Comunal JAC y las JAL son espacios en que participan sectores populares que en el proceso emancipador se pueden articular en un gran movimiento popular en contra de la oligarquía y el capitalismo y por el Buen Vivir.
A lo largo y ancho del país se forman movimientos populares regionales que reclaman atención a sus municipios y territorios, se articulan con sectores y movimientos rurales como el campesinado, las comunidades negras, los mineros, pescadores artesanales y el movimiento indígena. Estos no son los únicos sectores populares con presencia política o actores en el diseño y construcción de un nuevo país -además de los trabajadores descrito más arriba- pues como en los casos de comunidades religiosas, de las fuerzas armadas y de la mediana empresa, puede haber individuos y sectores con tendencia demócrata y patriótica que deben ser acogidos en las Organizaciones Político-sociales del Pueblo, en las que deberían estar además de los humanistas, todo el espectro de la izquierda no institucionalizada y del sector democrático, conformando el Sujeto Popular Plural Transformador.
Si hablamos de transformar en un nuevo país, necesitamos saber qué o quiénes, y cómo es ese Sujeto o Sujetos transformador-es; si necesitamos una vanguardia disciplinada por una línea política partidista, o si puede ser un agrupamiento de diversas corrientes políticas y sociales a través de organizaciones y movimientos sociales y políticos pluralistas o si son las comunidades organizadas en sus respectivos territorios. Tomando como base lo expuesto en el capítulo “En busca de las raíces y la identidad”, en que ha concluido el autor, en una nación pluridiversa equitativa económica, social y culturalmente, que por lo tanto, en aras de la democracia radical, el Sujeto o vanguardia colectiva puede ser plural y diverso, social, cultural y políticamente, por lo cual su estructura orgánica debería ser más horizontal, a lo mejor como una red fuerte pero flexible, que permita fluidez e intercomunicación múltiple entre todos sus hilos (sectores, movimientos, organizaciones sociales, políticas, comunidades religiosas) encontrándose, cruzándose, articulándose en los nodos que vienen a ser las comunidades territorialeslocales y regionales; una maya sin puntas a ninguno de los lados, o sea, no piramidal ni cuadrada, sus decisiones tomadas prioritariamente en consenso, no por mayorías ciegas, y su dirección, coordinación o articulación pudiera ser colectiva, rotativa e itinerante con cortos períodos para sus representantes o delegados, con posibilidad de revocatoria inmediata por las comunidades y sectores populares afectados; estos servidores nombrados en asambleas, deberán obedecer los mandatos y planes emitidos y establecidos por las comunidades; si son autoridades deben “mandar obedeciendo” los mandatos de sus comunidades y sectores populares que representan.
Sería una democracia directa decisoria no parlamentaria. Aunque es prácticamente imposible lograr una total horizontalización, pues siempre se requiere de algún nivel de coordinación, articulación o dirección, así sea colectiva, y una organización con responsabilidades y tareas específicas para mantener en movimiento las comunidades y sectores populares; lo importante es que esas instancias sean de participación decisoria de todos y cada uno o una de los miembros, rotando en el menor tiempo posible, sin generar privilegios o culto a la personalidad o a las capacidades de una o varias personas.
No se puede depositar la responsabilidad de la conducción de este proceso emancipador transformador en una organización política cerrada, en una tendencia política, en una clase ni en un sector social, pues nadie reemplaza ni representa a nadie, cada cual, cada sector, cada clase, cada movimiento social, se representa así mismo, en igualdad de condiciones, en el contexto de la democracia popular. Como se planteó en el capítulo “La democracia bursátil y la izquierda”, nadie puede asumir la representación de los pueblos, incluso, de las personas, y las decisiones de su hacer las deben tomar cada uno de los sectores y movimientos populares en sus espacios, en sus territorios, entre los cuales, por supuesto, están sus organizaciones políticas y sociales. Quien vive una situación, quien expresa una identidad, quien tiene unos intereses económicos, sociales, culturales, particulares, puede definir su qué hacer, los y las demás solo pueden acompañar, solidarizarse, aportar ideas, experiencias, llamarlos a la unidad y respetar sus decisiones.
Con base en las experiencias de los movimientos populares y en la historia del movimiento revolucionario en Colombia, hemos encontrado que este Sujeto no puede ser monolítico, limitado a un partido, a una clase o aun sector social, como se ha pretendido por la izquierda durante el siglo XX y en lo que va del XXI; no es conveniente un partido hegemónico como organizador, educador dirigente del proceso, el que elabore la línea política y la plataforma de lucha para todos los sectores y movimientos sociales comprometidos con los cambios estructurales de nuestro país, -no quiere decir que se excluyan los partidos políticos de izquierda y revolucionarios existentes, al contrario, son indispensables su presencia, sus aportes políticos y experiencias en el proceso de construcción del poder popular y del Sujeto Plural- tampoco es conveniente una línea de mando vertical que dirija al pueblo, no a las “masas”; pues el término masa, tradicional en la izquierda, no ha sido superado en su concepción occidental. Si hacemos una analogía del término con la forma en que se han dirigido y organizado las comunidades y sectores populares para la lucha política, masa es algo amorfo, algo que el manipulador le da forma y define la composición de los ingredientes, sus tiempos y objetivos, un ente sin visión, sin voz ni identidad (la masa así concebida, solo sirve para hacer pan o arepas), para lo cual no puede ser sujeto, solo debe obedecer y recibir la dirección y la conciencia que supuestamente viene de afuera, de los cuadros iluminados del partido o del grupo político dominante, de un sujeto único omnímodo, extraño a la diversidad y pluralidad populares. El sociólogo positivista francés Gustave Le Bon define a la masa como“Una agrupación humana con los rasgos de pérdida de control racional, mayor sugestionabilidad, contagio emocional, imitación, sentimiento de omnipotencia y anonimato para el individuo».[3]
Masa es un concepto racista, eurocéntrico, despectivo de las identidades, las cualidades y las capacidades de los pueblos, que niega la dignidad, la creatividad y la inteligencia. En algunos aspectos el término “masa”, se asimila a nivel social, al de “minorías” expuesto en el capítulo “En busca de las raíces y la identidad”, sin embargo, a nivel político, minoría o minorías, generalmente se entiende como una parte que puede ser pequeña dentro de una dirección, pero que puede representar la mayoría de los militantes, de un partido, de un sector social o de un movimiento; por lo tanto, esa parte tiene que someterse a las decisiones de la supuesta “mayoría”, según la democracia burguesa, así esa “mayoría” esté equivocada o manipulada; por otro lado, generalmente las “mayorías” no reconocidas, están compuestas por múltiples “minorías”, las que pueden ser o representar clases, sectores de clase o sectores populares, por lo que esta democracia termina negando los derechos políticos, económicos, sociales y culturales a algún sector de la sociedad. Tampoco los pueblos, las comunidades, sectores y organizaciones populares pueden ser las “bases” sobre las cuales una entidad “superior” construya su proyecto liberador, pues si se habla de autonomía y de respeto, ellas son capaces de construir sus propios modelos de sociedad, los/las revolucionarias lo que deben hacer es ayudarles a realizarlos aportando sus experiencias, conocimientos y esfuerzos. La base (o cimiento) es la parte de la estructura que generalmente está bajo o a nivel de la tierra, que no se ve a simple vista, pero que sostiene todo el edificio, para el caso de la sociedad son los sectores productores y reproductores invisibilizados a los que se les niegan sus identidadesy poder de decisión, pero que transfieren este poder a otros para mantener el sistema, que es una estructura piramidal.
En los Estados capitalistas se divide a la sociedad por clases, por partidos, por creencias religiosas, por sectores, por estratos de acuerdo al poder económico, por actividades económicas, por niveles profesionales, por grupos étnicos, por edades, por género, por opción sexual, convirtiendo a todos los sectores populares pulverizados en simples minorías, obligándolos a enfrentarse y competir entre ellos, para mantener privilegios, para asignar y suprimir derechos, para dominar a la inmensa mayoría de la población. El capitalismo propaga y estimula el individualismo inflando los egos, separando a las personas de la comunidad, incluso entre la familia, como ya lo dijimos arriba, pero el ser humano es ontológicamente comunitario, desde el vientre de su madre, todo el mundo gira alrededor del nuevo ser, todos los demás establecen relaciones con él o ella, a través de las manos, las voces, los juegos, los afectos, las actividades familiares y comunitarias, a través de las cosas que le proveen bienestar, seguridad, oportunidades de realización, y esta persona se integra recíprocamente a su comunidad y al mundo, por muy egoísta que haya sido “formada” su personalidad; pero en los sectores populares todos somos comunidad y cada persona como sujeto, es comunidad.
Por esto, algunos llamados sectores sociales son artificiales, -como los fans de artistas y deportistas, como los consumidores de tecnologías y mercancías de marca, o los oyentes-videntes de los medios de desinformación y de las redes sociales- que corresponden a intereses del mercado y a la necesidad de dividir o atomizar para someter del capitalismo, pues este solo concibe a las “masas” como la suma de individuos inconscientes, sin identidad y en conflicto con la comunidad. Cuando los capitalistas hablan de masas, bases, y/o minorías, están racializando a las comunidades, sectores populares y pueblos, están homogenizándolos como inferiores con su patrón de dominación, a quienes solo se pueden controlar mediante, un capataz, un líder, un caudillo o un dictador, impuesto mediante golpe de Estado, nombrado o elegido “democráticamente”.
El caudillismo niega la autonomía, la inteligencia y la capacidad de los pueblos para decidir y transformar, supedita la democracia a los caprichos e intereses del líder, (sea de derecha o de izquierda) quien cree representar o encarnar las necesidades y los sueños del pueblo; todas las experiencias de este tipo a nivel mundial, regional y nacional han producido más tragedias que bienestar a los pueblos, bien porque se convierten en dictadores, y pueden conducir a las “masas”, al nacionalismo a ultranza, al chovinismo, al racismo, al fascismo, a la xenofobia; porque el paternalismo inherente reduce la lucha por los derechos y necesidades de los sectores populares más deprimidos, quienes terminan aceptando el asistencialismo como única forma de sobrevivir, defendiendo al caudillo y oponiéndose al cambio; o lo peor, cuando el caudillo cae o muere, todo se derrumba llegando el caos y la tragedia, como sucedió el 9 de abril de 1948 en nuestro país. Cuando el régimen democrático-burgués entra en crisis económica o política, acude a la dictadura, se elige o se nombra a una persona carismática y autoritaria (por lo general un militar un empresario o un intelectual de derecha) para que dirija el Estado; quien funge como caudillo ganándose con el populismo el apoyo de las “masas”; aunque no esté en crisis, siempre el capitalismo promueve y sostiene el caudillismo tanto en el manejo del Estado, en sus instituciones como en la empresa privada y en las organizaciones sociales. El caudillismo no permite la organización autónoma de los sectores populares; el caudillo obedece a intereses de un pequeño grupo de burócratas: cuadros políticos y tecnócratas, en la periferia, además a la oligarquía local, a instituciones, corporaciones y gobiernos imperialistas.
El caudillismo como forma de aglutinar, conducir y hacer política, ha sido muy común en las organizaciones de izquierda, mantenido por la ignorancia y el miedo de la militancia a asumir responsabilidades, a pensar y tomar decisiones, individual y colectivamente con autonomía, pero, sobre todo, por la concepción del poder autoritario impuesto por el colonialismo occidental. La democracia representativa induce el caudillismo, que encubre las ineficiencias e ineptitudes del régimen, con el populismo. Por esto, se piensa que se necesita una persona “fuerte” que lidere el movimiento político o social, que imponga “autoridad“; preocupación generada por el concepto eurocéntrico mesiánico que tenemos de democracia, en el que la representación es la columna vertebral del sistema político en el ejercicio del poder, estructurada piramidalmente sobre una amplia base de “masas”, de las cuales son expresión las organizaciones empresariales productivas, sociales, políticas, y culturales, incluido el centralismo democrático de los partidos de izquierda; pues un partido político de derecha o de izquierda también puede fungir como caudillo (o el príncipe, en términos de Maquiavelo), apropiándose de la representación no solo de la clase, sino, de toda la sociedad; en este sentido, el mismo estado burgués se asimila al caudillo autoritario patriarcal, omnipotente iluminado, infalible, al que tienen que servir y obedecer las clases subalternas, aunque ahora el Mercado también asume estas características.
La construcción del Sujeto Popular Transformador pasa por el surgimiento de diversas subjetividades y de protagonismos sectoriales, comunitarios, locales, regionales, colectivos, por la emancipación y la unidad de los explotados, los oprimidos, los excluidos, verdaderos protagonistas del cambio; que unidos políticamente pueden converger en la integración de un gran movimiento social-cultural transformador, una Organización Política del Pueblo o sencillamente, una articulación-coordinación en esos niveles territoriales; pasa por la horizontalidad de las organizaciones populares, por la democratización de todas las relaciones, desde las afectivas, familiares patriarcales, sociales, económicas, políticas, culturales, hasta las relaciones con los pueblos hermanos del continente y del mundo.
Febrero 18 de2019
[1]Proceso en que el sector insurgente de la izquierda dividido en cinco fuerzas, -Farc, Eln, M19, Epl, Prt, – llega a unos acuerdos de unidad táctica dentro del proyecto de frente militar, no para la toma del poder, sino, para negociar la entrega de las armas y reinserción en la vida civil, que terminó con la desmovilización de las pequeñas fuerzas y de algún sector de las “mayoritarias”, logrando algunos de sus dirigentes cargos de elección popular y por nombramiento, dando a la ultraderecha la oportunidad de aniquilar a la mayoría de desmovilizados (UP, A Luchar, EPL) y de dirigentes populares. Experiencia trágica que continúa con el genocidio narcoparamilitar de los últimos 25 años, que ha impedido, junto a las taras de la izquierda, la configuración de un Sujeto Popular Transformador.
[2]Orlando Fals Borda socialismo raizal y el ordenamiento territorial. Estudio introductorio: Damian Pachón Soto- Ediciones desde abajo 2013
God them bless today, tomorrow and always ... My name is Alexis Romero Orduñez, i am writer, sicólogo and shepherd of the Church Reborn. Each day work very hard walking under the intensive sun, for win twenty dollars to the month and can dedicate more of the half in access to internet for let them arrive the productions of our church to all you and help them throughout the that i can.My dream is have a computer although be of use and of type portable for produce more works, answer the letters that me write, reproduce more materials and help to all the that the need for that its works is know in all sides for blessing of all and glory of God.My whatsaap and telephone is: +53 56167555
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