Fiscalía compulsó copias para investigar a Angélica Lozano por presunta malversación de fondos
El llamado se da por el caso de presunta corrupción, 12 mil millones de pesos del Metro de Bogotá presuntamente, fueron utilizados en la campaña al Congreso de Angélica Lozano.
(Jueves 9 de mayo del 2024). La Fiscalía 12 delegada ante la Corte Suprema de Justicia compulsó copias ante la sala de instrucción de ese alto tribunal para que se investigue, por competencia, a la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, por los supuestos delitos relacionados con peculado de dinero del Metro de Bogotá.
De esta obra, supuestamente Angélica Lozano y Claudia López habrían tomado 12 mil millones de pesos para financiar la campaña al Congreso de la República de Lozano en el año 2022.
En Colombia se ha instaurado un régimen político de la corrupción que consiste en mantener un orden político conservador a partir de un círculo en donde mega contratistas financian campañas con recursos públicos, a partir de eso garantizan que quienes ganen las elecciones les mantengan sus contratos y se aprueben iniciativas congresionales en función de sus intereses. La otra arista es el soborno a funcionarios públicos para facilitar la adjudicación de contratos. Uno de los casos conocidos, que por cierto, aún no arroja resultados de investigaciones judiciales en Colombia, corresponde a Odebrecht, en donde las autoridades judiciales estadounidenses demostraron que entre los años 2009 y 2014, en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, se realizaron pagos de alrededor 10 millones de dólares para asegurar contratos de obras públicas, la empresa Odebrecht obtuvo beneficios de 50 millones de dólares a partir de esos pagos corruptos que comprometieron a Congresistas, al director de Invías, al viceministro de transporte y otros, se conoce además que estos dineros habrían permeado las campañas de Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, hasta el momento que se escribe esta columna, todos estos hechos gozan de impunidad en Colombia.
Antes de ese momento histórico, hubo otros hechos aberrantes como el que se denominó la parapolítica, en donde desde el año 2006 se conoció de los vínculos de amplios sectores de la clase política colombiana representados en el Congreso, en el gobierno nacional y algunos gobiernos locales con la extrema derecha paramilitar ligada al narcotráfico. En este caso se condenaron 62 congresistas por parte de la Corte Suprema de Justicia, y se condenó al jefe del DAS, agencia de inteligencia del gobierno que prestaba servicios de inteligencia a grupos paramilitares del norte del país. Tanto en el caso de Odebrecht como en el caso de la parapolítica uno de los denunciantes de mayor relevancia fue el entonces congresista, hoy Presidente de la República, Gustavo Petro, quien además ha participado de manera decidida y protagónica en la develación de varios entramados de corrupción, como lo fue también el llamado carrusel de contratación de Bogotá, hechos que le significaron un enorme reconocimiento político y legitimidad en el país, que hizo posible que fuera el primer Presidente de izquierda de la historia Republicana de Colombia.
En la actual coyuntura se ha desatado el escándalo de los carrotanques de la UNGRD en donde se ha denunciado sobrecostos en la compra de unos carrotanques que suplirían el problema de acceso al agua en el departamento de la Guajira, todo esto ocurrió en cabeza del entonces director Olmedo López y subdirector Sneyder Pinilla, en declaraciones de este último ante la prensa con motivo de la petición de someterse a un principio de oportunidad en la Fiscalía General de la Nación, en donde afirmó que 4 mil millones de pesos provenientes de estos contratos habrían sido entregados al presidente del Senado Iván Name y al de la Cámara de Representantes Andrés Calle, en esto involucraron a la Consejera de regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, quien habría asumido la entrega, y expresó que entregaría pruebas ante la Fiscalía General de la Nación que involucraría a otros integrantes del gobierno. Esto ha desatado una tormenta política, en medio de la cual el presidente de la República a diferencia de otros gobiernos frente a acusaciones de corrupción, pidió la renuncia de la Consejera de regiones y en una alocución Presidencial expresó que al llegar al gobierno encontró lo que esperaba, la instauración de una corrupción estructural y profesionalizada que campea en diversas instituciones del Estado colombiano. En su paso por el gobierno ha encontrado varios anillos de corrupción en el FOMAG y la Fiduprevisora que se encargan del sistema de salud del magisterio, hallazgos en Ecopetrol en donde miles de millones de dólares han salido a financiar paramilitares, políticos y personas naturales, otro anillo de corrupción en alianzas de miembros de la fuerza pública, funcionarios de la DIAN para permitir la entrada masiva de contrabando, la olla de corrupción de lavado de activos que ha acabado con la industria de las confecciones y el cuero.
Todos estos entramados de corrupción hacen parte de lo que llamamos el régimen corrupto en el que se ha constituido diversos escenarios del Estado colombiano en las tres ramas del poder público, aupado por la impunidad de una fiscalía General de la Nación que ha mantenido una aberrante impunidad en el país, en donde varios Fiscales de manera activa han promovido la impunidad por estar ellos mismos incursos o sus aliados políticos en los hechos materia de investigación. De ahí la importancia del papel que pueda jugar la fiscal General Luz Adriana Camargo, para dar resultados certeros y prontos frente a todas estas acusaciones, las de anteriores gobiernos como en el actual, tal y como lo ha pedido el propio presidente Petro, quien fue exonerado de toda responsabilidad por parte de Olmedo López en declaraciones públicas.
No obstante, en el escándalo de los carrotanques existe una variable y es la pugnacidad y la sobre exposición del tema por parte de algunos sectores de la prensa corporativa, algunos de estos abiertamente operando como opositores, dado que todo lo dicho por los implicados debe ser probado y enmarcado en el debido proceso. Y hablo de sobre exposición porque no se le da el mismo tratamiento mediático al escandalo de los carrotanques que, por supuesto debe ser investigado y revelado hasta las últimas consecuencias, que a la denuncia por parte de la Contraloría General de la República y organizaciones de la sociedad civil hizo sobre el presunto desvío y desfalco de 9 billones de pesos de recursos públicos de la salud en el año 2020 durante la pandemia. Existe un doble estándar en el tratamiento de los hechos de corrupción desde algunos sectores mediáticos y políticos ligados a la oposición, entre estos, algunos integrantes del autodenominado centro político como Claudia López, Jorge Enrique Robledo, que no reaccionaron de la misma manera ante las billonarias denuncias en el sector salud a cargo de actores privados, como sí lo hacen frente al caso que compromete al gobierno nacional. Frente a la corrupción no puede haber doble estándar.
En ese contexto, quienes se oponen al proceso reformista que implica la reforma pensional, salud y laboral, que no es más que superar de manera estructural la larga noche neoliberal que dio como resultado unas de las más grandes exclusiones históricas de las mayorías de la sociedad colombiana en el goce efectivo de sus derechos fundamentales, han utilizado el escándalo de los carrotanques como una excusa para paralizar al Congreso de la República en el debate y trámite de estas reformas, el discurso es que estas reformas podrían estar ligadas a situaciones de cohecho que les restaría legitimidad. En este caso, lo sensato es que los partidos políticos asuman la responsabilidad política de haber promovido como Presidentes de las dos cámaras a dos personas que presentaron como idóneas para dirigir el legislativo, y en el marco del debido proceso, mientras se logra claridad sobre los hechos, se aparten de la dirección de los trámites parlamentarios, pero la salida de paralizar el debate y tramite reformista conduciría a profundizar una crisis institucional, en un régimen de corrupción estructural e histórica que ha comprometido a integrantes de esa corporación en diversos escándalos, bajo la premisa que aducen la oposición filibustera, el Congreso de la República tendría que haber estado cerrado y paralizado por décadas.
La Fiscalía General de la Nación tiene el reto de presentar resultados certeros y oportunos que le den claridad al país, quienes hayan estado incursos en corrupción, sean del centro, de la derecha o de la izquierda deben asumir sus responsabilidades, una parte fundamental de la transición democrática a la que se debe avocar el país es acabar con ese régimen de corrupción e impunidad imperante. El transaccionismo, la captura de las instituciones del Estado por financiaciones espúreas y sobornos, son una de las grandes distorsiones que tiene nuestro orden democrático. Es esta otra oportunidad para que la Fiscalía General de la Nación demuestre que esta institución inicia un cambio fundamental en lo que le corresponde en el marco de la operación de la justicia.
Carolina Corcho Mejía, Exministra de salud, médica psiquiatra
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