Por: JulioCésar “Cuadernos de Reencuentro”
Hace 25 años (25 de enero de 1991) y durante el gobierno de César Gaviria, el PRT firmó un acuerdo final de paz con dicho gobierno. Para muchos de los actores políticos de este país, agrupados en las organizaciones políticas de izquierda de ese entonces, esta organización no dejaba de ser un algo extraña: se reclamaba del campo marxista leninista, defendía los principios revolucionarios y la violencia revolucionaria, mantuvo siempre un fuerte vínculo con las masas, defendió siempre la vida de cualquier ser humano por encima de cualquier concepto, fueran estos sus militantes o militantes de otras organizaciones o la sociedad en general, y como si esto fuera poco se le notaba esta forma de concebir la lucha de clases y el respeto por la vida. El accionar de su estructura militar siempre fue defensiva, al menos en dicho periodo. Nunca se escucho de ataques contra la infraestructura del país o pescas milagrosas, o ataques violentos contra la fuerza pública. Al mismo tiempo fue una estructura deliberativa que durante casi todo el tiempo de su existencia mantuvo el diálogo militante a su interior y una relación fuerte con las masas en sus sectores de influencia en casi todo el país.
En ese período en el que la izquierda malentendió el papel revolucionario confundiendo muchas veces lo que es violencia y lo que es lucha de clases, el PRT estuvo siempre con su ¨índice de Diógenes¨ haciendo las críticas debidas a aquellos que esgrimían como símbolo de grandeza y poder sólo el inclemente fusil.
La política fue lo fundamental para el PRT, lo fue la esencia del ser humano y la defensa de la vida, lo hizo cuando fue parte del Partido Comunista (marxista-Leninista), lo hizo a su interior tanto cuando salio como Tendencia marxista leninista maoista como en su conformación como PRT, y lo hizo al interior mismo de la coordinadora nacional guerrillera.
Desafortunadamente la ultima promoción de cuadros directivos del PRT, todos ellos, provenientes de la zona costera del país, no pudieron generar una vocería mayoritaria al interior del PRT, respecto a los temas de discusión en aquel momento, y tuvieron que aislarse como dirección de la realidad interna del partido en la mayoría de sus regionales y tomaron decisiones al margen de estos y solos con la gran mayoría del bloque costeño definirían los destinos de esta organización.
La organización se dividió en dos bloques: Uno la «Corriente Crítica» y el otro el bloque negociador compuesto por la dirección y los regionales de la costa norte de Colombia.
No sabemos realmente que hubiera pasado donde la dirección costeña del PRT hubiera permitido la discusión, además es necesario reconocer que dicho periodo fue de los pocos momentos oscuros en el accionar democrático de la organización, pero fue determinante y se pactaron cosas que no estaban lo suficientemente discutidas y se alejaban del espíritu y pensamiento de la organización hasta ese momento.
El resultado final es el que muchos ya conocen: la mayoría de las bases del partido (las del pacto) exterminadas y masacradas por la violencia paraestatal, algunos dirigentes sobrevivientes intentando mantener un status político, económico, académico o gremial, otros en asociaciones de desplazados y reclamantes por la violencia del estado en todos estos años. Es desafortunado desde lo político e ideológico ver que ese ideal por el que muchos luchamos a su interior se disuelve de una manera tan cruel y porque no mendicante.
A continuación recomendamos una investigación sobre el PRT (No es nuestra), y otras lecturas que pueden ayudar al lector a una mejor ubicación.
«lA historiA no contada del Partido Revolucionario de los Trabajadores:»
Un análisis de la transición del PRT de un partido clandestino a un actor de la política legal
David Rampf, David Castillo y Marcela Llano
IPS Artículo 4
© Berghof Foundation Operations GmbH – CINEP/PPP 2013. Reservados todos los derechos.
IPS Artículo 4
Resumen
Particularmente en conflictos armados que siguen lógicas regionales heterogéneas, las soluciones negociadas deben responder también a las características del nivel subnacional y tener en cuenta las relaciones de poder de las regiones. Un ejemplo del peligro que albergan negociaciones que no siguen este principio es el caso, prácticamente desconocido, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, uno de los grupos insurgentes colombianos que se desmovilizaron a principios de la década de 1990, participaron en la Asamblea Nacional Constituyente y buscaron posteriormente su camino a la arena política legal. Este artículo busca contar una de las historias no contadas del conflicto armado colombiano y presentar lecciones aprendidas, al analizar tanto las raíces, las bases ideológicas y las características del PRT, como el proceso de negociación y transición a actor político legal realizado por el mismo grupo. Tales lecciones pueden ser de alto valor en el contexto del actual proceso de negociación con las FARC-EP.
© Berghof Foundation Operations GmbH – CINEP/PPP 2013. Reservados todos los derechos.
Sobre la publicación
Este artículo es parte del proyecto de investigación colaborativa «Evitando recaídas en el conflicto a través de acuerdos políticos incluyentes y construcción de Estado, luego de conflictos armados internos», lanzado en febrero de 2013 por una duración de dos años. El proyecto de investigación apunta a examinar las condiciones necesarias para acuerdos políticos incluyentes luego de conflictos armados prolongados. Un foco específico del mismo es sobre antiguos actores armados contestatarios al poder que se convirtieron en líderes de Estado. El proyecto busca igualmente informar a formuladores de política a nivel nacional e internacional sobre prácticas efectivas para mejorar la participación, representación y capacidad de respuesta en la construcción de Estado y mejora de la gobernabilidad en escenarios de pos guerra.
Esta iniciativa es llevada a cabo en cooperación con instituciones socias en Colombia (coordinación del proyecto), Alemania (coordinación de investigación), El Salvador, Sudáfrica, Sudán del Sur, Aceh/Indonesia y Nepal. Los puntos de vista expresados en este artículo son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista y opiniones de la Berghof Foundation o CINEP/PPP.
Sobre los autores
David Rampf trabaja como investigador para el Equipo Iniciativas de Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, Colombia. Es coordinador del proyecto ‘Evitando recaídas en el conflicto a través de acuerdos políticos incluyentes’ y autor del estudio «Tendencias de la sociedad civil en Colombia». Esta especializado en la participación de la sociedad civil en procesos de paz y procesos de transición de grupos insurgentes a actores de la política legal. Tiene una maestría en Ciencia Política, Antropología y Derecho Público alemán de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania.
David Castillo y Marcela Llano son estudiantes de Historia y Ciencia Política, respectivamente. Actualmente, trabajan como pasantes para el Equipo Iniciativas de Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, Colombia.
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo del International Development Research Center en Ottawa.
Para citar el artículo: Rampf, David, David Castillo y Llano, Marcela 2014. La historia no contada del Partido Revolucionario de los Trabajadores: Un análisis de la transición del PRT de un partido clandestino a un actor de la política legal?, Inclusive Political Settlements Artículo 4. Berlin: Berghof Foundation.
En internet: www.berghof-foundation.com/www.ips-project.org. Este articulo está disponible en inglés.
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Contenido
1 Introducción ………………………………………………………………………………………5
2 Origen, ideología y características del PRT ……………………………………………..6
3 Ruptura ideológica y negociaciones de paz …………………………………………….10
4 Entrando en la política nacional y regional y la primavera democrática del partido ………………………………………………………………………………………………14
4.1 Se cambia armas por curules: La participación electoral del partido ………………………………………………………………………………………………………….14.4.2 Una forma distinta de hacer la diferencia: La obra social de la ONG CORPADEC …………………………………………………………………………………………17
5 El fracaso del proyecto político: El papel de la ADM-19 y la reacción de las élites regionales …………………………………………………………………………………………..19
6 Conclusión ………………………………………………………………………………………22 Bibliografía…………………………………………………………………………………………23
Entrevistas………………………………………………………………………………………….25
Acrónimos y abreviaturas
ADM-19 Alianza Democrática M-19
ADO Movimiento Autodefensa Obrera
ANC Asamblea Nacional Constituyente
ANUC Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
ASOPROPAZ Unión Temporal Acción Humanitaria para la Paz
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
CGSB Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar
CNG Coordinadora Nacional Guerrillera
CPU Comité por la unidad de los Marxistas Leninistas
CRS Corriente De Renovación Socialista
CIS Corriente De Integración Sindical
CORPADEC Corporación por la Paz y el Desarrollo Comunitario
DDR Desmovilización, Desarme y Reinserción
ELN Ejército De Liberación Nacional
EPL Ejército De Liberación Popular
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ENO Equipo Nacional de Operaciones
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FENASINTRAP Federación De Empleados Públicos
FECODE Federación Colombiana de Educadores
FENANSIBANCOL Federación Nacional de Sindicatos Bancarios
FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
M-19 Movimiento 19 de Abril
MAQL Movimiento Armado Quintín Lame
MIR-PL Movimiento de Integración Revolucionaria – Patria Libre
MRT Movimiento Revolucionario de los Trabajadores
PCC-ML Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRT Partido Revolucionario de Trabajadores Colombiano
SEDECO Sindicato Textil Coltejer
SINTRAPOPULAR Trabajadores del Banco Popular
TMLM Tendencia Marxista-Leninista-Maoísta
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1 Introducción
Nosotros pensamos y decidimos que […] podíamos a través de este proceso creer y crecer en la vía democrática para construir desarrollo con inclusión social y pluralismo político; que la dejación de armas […] abriría espacios políticos para incidir de manera civilizada o racional en la solución de los problemas de la región y del país que por décadas no resuelve el Estado Colombiano ni la dirigencia política tradicional, sumiendo a los diferentes actores sociales en la desesperanza, la miseria y la violencia (PRT 2014).
La solución a los problemas regionales y nacionales, a través de su participación en la arena política legal, fue la expectativa del Partido Revolucionario de Trabajadores colombiano (PRT) en el momento de su desmovilización el 26 de enero de 1991. Sin embargo, el pasado 17 de julio, en el Foro Regional sobre víctimas convocado por el PNUD, una delegación del antiguo PRT hizo un balance sombrío de los años transcurridos desde que se arrojaron las armas del partido al Mar Caribe, al denunciar una campaña de exterminio realizada en contra de algunos ex miembros del partido. En lugar de la deseada y prometida puerta abierta a la política colombiana y de una verdadera oportunidad de cambiar las injusticias estructurales y el modelo del sistema político, el PRT, a su propio juicio, sólo encontró violencia y una cultura política excluyente. Frente a esta situación, y al culpar a la élite tradicional de la región de ser la principal autora de la campaña, la delegación planteó la cuestión de si en realidad es posible participar en la política colombiana, a nivel regional, después de un acuerdo de paz con el gobierno nacional (PRT 2014).
Esta experiencia de desmovilización manifiesta la importancia de que, en especial, en conflictos armados que siguen lógicas regionales altamente heterogéneas, como lo hace el colombiano, se exploren soluciones que respondan también a lógicas locales. Aunque remotamente nombrada en textos que no sobrepasan una página,1 la historia del PRT, uno de los grupos guerrilleros que se desmovilizaron en Colombia entre 1990 y 1994, representa una fuente importante de lecciones aprendidas para futuros procesos de paz entre grupos insurgentes con enfoques primordialmente regionales y autoridades del nivel nacional. A pesar de haber contado con cierta influencia en otras regiones del país, el partido puso su enfoque tanto en la negociación de paz, como en el proyecto político previsto para el tiempo del post- acuerdo, en especial en departamentos de la Costa Caribe, como Atlántico, Bolívar y Sucre; aquellos lugares que tradicionalmente se han caracterizado por altos niveles de concentración del poder político y económico en manos de una pequeña élite regional. Debido a esto, durante las últimas cinco décadas la región ha sido el escenario de una movilización campesina intensa en búsqueda de reformas agrarias que así ha provocado respuestas violentas de la élite, la cual poco a poco formó estrechas alianzas con grupos paramilitares (González 2014, 14ss).
Con base en entrevistas y tres talleres con ex miembros de diferentes rangos del PRT y representantes de su antigua base social, realizados en Bogotá y Ovejas (Sucre), así como en una amplia revisión de diversas fuentes primarias, este artículo pretende arrojar luces sobre un capítulo desconocido de la historia colombiana y sistematizar la experiencia del PRT con el fin de analizar los diversos factores que llevaron al fracaso de su proyecto político. Mientras que en un primer momento se reseñan los orígenes del partido en el maoísmo colombiano de la década de 1970 y se pone de relieve la ideología (inicial) y las características del PRT, la segunda sección se centra en el cambio ideológico que condujo a las negociaciones de paz y a la desmovilización final en 1991. Posteriormente, el documento analiza las
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1 Ver por ejemplo: Jiménez (2003, 211); Isaza (1993, 144); Medina y Sánchez (2003, 403).
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expectativas de los miembros del partido proyectadas hacia el tiempo después de dejar las armas y subraya la participación exitosa inicial del PRT en la política legal. La cuarta y última sección, finalmente, analizan los factores que llevaron al fracaso del proyecto político.
2 Origen, ideología y características del PRT
Las raíces del PRT se remontan a la gama de diversos movimientos de orientación maoísta en torno al Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML), que formaron parte de la nueva izquierda latinoamericana, caracterizada principalmente por su crítica a los comunistas tradicionales (partidos y grupos armados) como reformistas. Al insistir en que sólo una verdadera revolución podía conducir a la dictadura del proletariado (como fin último), este sector ortodoxo de la izquierda revolucionaria colombiana rechazó la posibilidad de una convivencia pacífica de ideas capitalistas y socialistas, y por lo tanto, también todo tipo de participación en las instituciones burguesas. La mejor expresión de este principio fue una estricta política de abstención en cualquier tipo de elecciones (Archila 2008).
A finales de 1974, y debido a discrepancias sobre la ruta estratégica del partido, el PCC-ML experimentó una crisis interna, que dio lugar a la expulsión de la mayoría de sus miembros bajo el nombre de Tendencia Marxista-Leninista-Maoísta (TMLM). Mientras el Comité Central del PCC-ML en este momento aún estaba siguiendo dogmáticamente el ejemplo de la revolución china de Mao, al subestimar la importancia de los sectores urbanos del proletariado y adherir a la lucha armada centrada en el campo como única estrategia capaz de dar lugar a una verdadera revolución, la TMLM cuestionó este principio rector, exigió una orientación más hacia la realidad nacional, que hacia otros países y criticó especialmente la desconexión del partido con los movimientos de protesta urbana, los cuales ganaron importancia durante la década de 1970. Aunque la Tendencia en su órgano de partido «Viraje» insistió en que «la resistencia violenta de la reacción marcaba el carácter violento de la vía hacia el poder que inevitablemente tendrían que transitar las fuerzas de la revolución» (Viraje 1979 18) y reconoció el importante papel del sector campesino en la revolución, también destacó particularmente la tarea esencial de vincularse más estrechamente con los movimientos de protesta urbanos (Flórez, entrevistas2013; 2014a).
Al compartir principalmente sus discrepancias de opinión, frente a la posición del Comité Central y su orientación general maoísta, y a pesar de su esfuerzo por unir los dispersos grupos de orientación marxistas leninistas, pero sin contar con una estrategia común, la TMLM experimentó una serie de divisiones internas, poco después de haber sido expulsado del PCC-ML. Después de la división de un sector llamado Ruptura y del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT), la Tendencia finalmente sufrió una segmentación entre una minoría y una mayoría. Mientras que la primera posteriormente se unió con el ‘Nuevo’ MIR y formó en 1984 el Movimiento de Integración Revolucionaria
– Patria Libre (MIR-PL), que a finales de la década de 1980 entró al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda fundó el PRT durante una conferencia en Sucre en 1982 (Archila 2008; Restrepo y Contreras 2000; Villarraga y Plazas 1994).2
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2 A diferencia del MIR-PL y a pesar de su tradicional cercanía, el PRT se negó a entrar al ELN principalmente por su rechazo a la práctica de condenar de muerte a antiguos y actuales miembros por sus divergencias con la línea oficial. Sobre todo el asesinato de Ricardo Lara Parada, antiguo dirigente del ELN, en 1985 (Según el mismo PRT, a manos del mismo grupo insurgente) llevó al PRT a alejarse del ELN. Anteriormente el partido había intercedido a favor de Lara en la dirección del ELN (Flórez, entrevista 2013; taller 2014c).
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Al menos inicialmente, el PRT se atuvo a sus raíces ideológicas y a la orientación maoísta de la TMLM. Por un lado, y de acuerdo con el enfoque maoísta del tipo ‘todo o nada’, la verdadera revolución que lleva a la creación de la dictadura del proletariado siguió siendo la meta general (y el objetivo mínimo) lo que significó que cualquier tipo de solución negociada y reformas fueron rechazadas. Cuando el Movimiento Autodefensa Obrera (ADO), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Movimiento 19 de Abril (M-19) y, posteriormente, el Ejército de Liberación Popular (EPL) entablaron negociaciones con el gobierno de Betancur entre 1983 y 85, el PRT, junto con el ELN y otros grupos menores, rechazaron la iniciativa presidencial categóricamente como un «juego al propósito burgués» y «cualquier acuerdo que implique cesar la actividad operativa [como] una derrota y retroceso para el campo popular» (Viraje 1984, 11s). En este momento y en línea con la antigua retórica del PCC-ML, las FARC, por ejemplo, se entendieron despectivamente como traidores de la revolución.3
Por otra parte, la lucha armada aún se consideró la única estrategia capaz de lograr el objetivo general, como respuesta inevitable a un régimen político opresivo y excluyente, controlado por una pequeña élite colombiana e influenciada por las potencias imperialistas. Al seguir esta ideología, la estrategia del grupo se dividió principalmente en dos líneas de acción: en primer lugar, la agitación, la formación y la organización de las masas populares con el fin de atraer su apoyo para la revolución, en segundo lugar, y estrechamente relacionado con la primera línea de acción, la movilización de un ejército del pueblo que finalmente debía derrocar el aparato estatal controlado por las clases explotadoras (Viraje 1983; 1984).
De acuerdo con la primera línea de acción, el PRT siguió las orientaciones tácticas de la TMLM y buscó aumentar su influencia no sólo en el campesinado rural, sino también en los movimientos sociales urbanos. Mediante el fomento de las relaciones que se remontaban al TMLM e incluso al PCC-ML y a través de la conquista de nuevos simpatizantes, la organización logró alcanzar una influencia significativa en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), varios sindicatos, movimientos estudiantiles y en algunos barrios populares de ciudades como Medellín y Bogotá. Mientras que en la Costa Atlántica muchos líderes regionales de la ANUC se convirtieron al mismo tiempo en cuadros del PRT, otros miembros del partido ocuparon cargos en todos los niveles de las organizaciones sindicales, tanto a nivel regional como nacional, y en algunos casos, incluso en las direcciones de éstos. Entre otros, el partido contó con una fuerte influencia en el Sindicato Textil Coltejer (SEDECO), el Sindicato de Trabajadores de Anchicayá, ambos organizaciones regionales en Medellín y Cali respectivamente, y en sindicatos del sector bancario, como el de los Trabajadores del Banco Popular (SINTRAPOPULAR) y del Banco de Santander. Luego, miembros del partido ocuparon cargos en la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenansibancol). Igualmente, el PRT logró tener una influencia significativa tanto en la Federación de Empleados Públicos (FENASINTRAP) como en uno de los sindicatos colombianos más grandes e influyentes, que es la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), e influir en comunidades indígenas, especialmente en la región del Cauca (Tobón, entrevista 2014; Cuello, entrevista 2014).
Con el fin de lograr una mejor armonización de su trabajo de masas, el partido estableció una organización central, la Corriente de Integración Sindical (CIS), formada por ejecutivos de direcciones antiguo dirigente del ELN, en 1985 (según el PRT, a manos del mismo grupo insurgente), llevó al PRT a alejarse del ELN.
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3 Durante el V. Pleno del Comité Central del PCC-ML en 1973, integrantes del partidos llamaron a las FARC por ejemplo «una organización contrarrevolucionaria al servicio de los revisionistas y de la oligarquía Colombiana» (Villarraga & Plazas 1994, 92).
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sindicales nacionales, un dirigente campesino y un líder indígena vinculados en la clandestinidad al PRT. Más allá de sus tareas de coordinación, la CIS buscó a través de su periódico ‘Integración’ y, posteriormente, con su cercanía al movimiento democrático alternativo Colombia Unida construir puentes entre la acción clandestina del partido y las actividades de protesta y oposición legal (Cuello, entrevista 2014).
De acuerdo con la segunda línea de acción, la militar, el PRT buscó en el corto plazo la formación de pequeños grupos de autodefensa y milicias que en el largo plazo deberían convertirse en un ejército popular, mediante la articulación con grupos militares superiores (Viraje de 1984, 38). Al igual que en la TMLM, la aplicación de este segundo componente estratégico enfrentó, sin embargo, desde el inicio serias limitaciones, tanto de recursos económicos, como de capacidades técnicas. Tal situación impidió que a lo largo de los años 80, y hasta la desmovilización en 1991, la segunda línea de acción alcanzara el mismo impacto que la primera (Taller 2014c).
A pesar del discurso militar que el PRT utilizó desde su fundación, no fue hasta 1983 que el partido logró construir sus propias, aunque, todavía muy limitadas, estructuras militares, primero en la región del Cauca y Nariño y posteriormente, en los Montes de María. Mientras que las primeras estructuras tuvieron sus raíces tanto en los movimientos de reconstrucción después del terremoto de Popayán en 1983, como en algunas comunidades indígenas de la región del norte del Cauca, y fueron debilitadas tras enfrentamientos con el Frente XI de las FARC (Flórez, entrevista 2014a),4 la segunda experiencia se remonta a grupos de autodefensa, 5 del movimiento campesino local que ganaron importancia bajo el mando del comandante del PRT ‘Pablo’. Dicha experiencia en Sucre y Bolívar logró cierta consolidación hacia finales de la década de 1980. Además de estas estructuras armadas rurales, que conservaron en su mayoría el carácter de autodefensa (Aguilar 2013, 147), el PRT mantuvo una estructura militar urbana responsable de tareas logísticas, llamado el Equipo Nacional de Operaciones (ENO). Con el fin de conseguir recursos, el ENO se vio comprometido, por ejemplo con una serie de robos a bancos y secuestros en Barranquilla, Medellín y otras ciudades (Barrios, entrevista 2014; Cienfuegos, entrevista 2014; Del Rio, entrevista 2014).
Por consiguiente, el desarrollo y la influencia del brazo armado del PRT tiene que ser considerado como mínimo. Mientras que un ex miembro del Secretariado, al hacer un balance de la importancia real del brazo armado del partido, pone de relieve las experiencias militares como «una cosa muy poco significativa, con una marginalidad completa en el conjunto de lo que podríamos decir el movimiento armado colombiano que para la época ya tenía unas […] expresiones tan fuertes como el EPL…» (Tobón, entrevista 2014), la organización en sí habló en el marco de una evaluación interna en 1990 de un «escaso desarrollo militar» (Viraje 1990, 53) y demostró con ello una vez más otra de sus características: la capacidad de autorreflexión que a menudo condujo a la autocrítica.
Desde el principio, el PRT mantuvo un animado debate interno acerca de la línea estratégica y del estado de la propia organización y de la izquierda revolucionaria colombiana en general. Por lo tanto, retomó, en cierto sentido, la tradición de dicho sector ideológico de debatir constantemente acerca de la manera correcta de desarrollar la revolución. Sin embargo, a diferencia de otras organizaciones,
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4 De acuerdo con Enrique Flórez, antiguo miembro del Secretariado del partido, el intento de crear un frente en el norte de Cauca fracasó, entre otras razones, también por permanentes hostilidades con las FARC que mataron en un ataque al campamento del PRT 15 cuadros (Flórez, entrevista 2013).
5 Se entiende el término autodefensa desde la concepción marxista de la autodefensa, en la que existe una definición de clase, los que la practican son grupos que se identifican a sí mismos como campesinos, indígenas o trabajadores que buscan proteger el fruto y las condiciones del trabajo propio en contra de la clase opresora.
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especialmente del campo ML, el partido toleró una discusión interna más o menos libre, sin expulsar fracciones, simplemente por sus opiniones divergentes (Del Rio, entrevista 2014a; Urueta, entrevista 2014B). Así, en varias ocasiones, evaluaciones críticas acerca de la condición del propio partido no sólo destacaron las limitaciones generales en ambas líneas de acción, sino también los problemas más específicos. Un ejemplo de ello fueron las críticas a las limitaciones de comunicación interna que afectaron la capacidad de liderazgo de arriba hacia abajo del Comité Central y que causaron, de tal manera, el hecho de que muchas de las operaciones fueran más iniciativas individuales de líderes regionales del partido, que parte de un plan de operación nacional coherente (Viraje 1984, 21). Así mismo, la inadecuada formación táctica e ideológica de los cuadros provocó otra discusión interna perpetua (Viraje 1984). En cuanto a la dirección estratégica y táctica del PRT y de la izquierda revolucionaria en general, la discusión se tornó especialmente alrededor del equilibrio óptimo entre el dogmatismo y el empirismo (Viraje 1983).
Otro aspecto que caracterizó al PRT durante su existencia es el llamado a la unidad de las fuerzas revolucionarias, tanto en el ámbito nacional como internacional, que se puede ver, por un lado, como una herencia de la TMLM 6 y, por otro lado, como resultado de la fuerte influencia que sobre todo la revolución sandinista en Nicaragua y la exitosa experiencia del salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tuvieron en la izquierda colombiana. En esta línea de pensamiento, el sectarismo tradicional de la izquierda fue visto por el partido como uno de los mayores obstáculos en la ruta de la revolución (Viraje 1983; 1984, 15; Falla, entrevista 2014; Flórez, entrevista 2013). Aunque en un principio la iniciativa de buscar una articulación más estrecha de planificación y acción con otras organizaciones sólo se centraron en los movimientos revolucionarios cercanos al PRT, en términos de su respectiva orientación ideológica, como el MIR-PL y el ELN, el partido luego adoptó un enfoque más incluyente, con el objetivo de lograr una coordinación de todo el espectro revolucionario. Poco a poco, posturas pragmáticas prevalecieron sobre los paradigmas ideológicos anteriores.
En ese momento [al inicio] se le daba mucha importancia a la línea ideológica y política. Después eso va perdiendo importancia, pero en ese momento teníamos muchas discusiones teóricas y políticas sobre cuál era la línea y se pedía como prerrequisito para la unidad, que hubiera, digamos, afinidad ideológica y política. Después vamos minimizando los criterios para llegar a la unidad y terminamos discutiendo programas pragmáticos: llegar al gobierno etc. (Flórez, entrevista 2013)
Impulsado por este creciente pragmatismo, el PRT comenzó a construir fuertes lazos con el M-19 7 y formó parte en cada coordinadora guerrillera durante la década de 1980 (Hernández, 1993). Por una parte, iniciativas como la Trilateral, la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) y, finalmente, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) debían unir fuerzas con el fin de maximizar su impacto militar, aumentar la presión sobre el régimen y con ello desestabilizar la hegemonía de las élites. Por otra parte, el PRT percibió internamente el enfoque colectivo y especialmente la correspondiente transferencia de conocimientos como una posible solución para las limitaciones internas. Con el fin de fortalecer sus propias capacidades militares, el partido participó, por ejemplo, en escuelas militares de la CGSB y del Batallón América 8 (Taller 2014c).
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6 A finales de los años 70, la TMLM creó el Comité por la unidad de los Marxistas Leninistas (CPU) con el fin de avanzar hacia la unidad de las dispersas organizaciones del Campo ML (Nuñez 1992).
7 Según Flórez (entrevista 2014a), Carlos Pizarro planteó la posibilidad de una entrada del PRT al M-19. El primero rechazó la propuesta por divergencias tácticas respecto al rol de la lucha armada. El PRT criticó especialmente el enfoque del M-19 en la propaganda armada.
8 Al haber sido conformado por guerrilleros nacionales e internacionales, el Batallón América fue un proyecto del M-19 en búsqueda de crear un movimiento armado pan-americano.
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3 Ruptura ideológica y negociaciones de paz
Desde su fundación, los grupos guerrilleros colombianos vivieron de cierto modo en lo que Zuluaga (1999, 2) llama una «época de utopías, en la que los sueños en torno a una futura e inevitable sociedad superior justificaba el recurso de la violencia». La revolución fue percibida como inevitable e irreversible. Sin embargo, la década de 1980 se convirtió en el momento en que esta visión del mundo revolucionario entró en crisis. Diversas experiencias internacionales mostraron que la revolución no sólo era evitable, sino también que su resultado en muchos casos no era tan perfecto como se imaginaba y, a veces, también era reversible. Frente a esto, el PRT estuvo lejos de ser una excepción. Con los años, la ideología del PRT cambió gradualmente, en relación con la estrategia general del partido y sus objetivos. Este cambio ideológico era atribuible principalmente tanto a las evaluaciones respecto al contexto nacional e internacional, como a la condición de la izquierda revolucionaria en general.
Por un lado, y en la medida en que los dogmas ideológicos perdieron importancia, el PRT se desvió gradualmente del enfoque maoísta de tipo ‘todo o nada’ hacía una valoración de la posibilidad de una ‘simple’ reforma del sistema. En vez de luchar por la destrucción del régimen existente y la creación de una dictadura del proletariado sobre las cenizas del mismo, el partido cambió sus objetivos hacia una apertura de la democracia. Mientras que antes se había entendido la democracia, de acuerdo con la aproximación maoísta al concepto, más en un sentido socio-económico que uno político,9 el PRT ahora reclamó una reforma política que garantizara el derecho a participar libremente en las discusiones políticas y los procesos de toma de decisiones. El pluralismo político, un sistema eficaz de control y contrapesos entre los diferentes poderes, la descentralización del Estado, el reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico del Estado colombiano y la protección de las libertades civiles y de los derechos políticos se convirtieron en elementos esenciales de la nueva agenda. Por otra parte, el partido al final de la década de 1980, comenzó a reivindicar una «economía mixta» en vez de una economía de planificación socialista. Aunque este nuevo concepto también implicaba el control estatal sobre sectores claves de la economía, tales como el agua, la energía, y el sector bancario, la nacionalización de por sí ya no era considerada como una «panacea» (Viraje 1990, 35) Bajo ciertas condiciones, la coexistencia de la propiedad privada y la propiedad estatal debería ser posible (Viraje 1990; Falla, entrevista 2014, Urueta, entrevista 2014a).
Según Flórez y Falla, ambos ex miembros de la Dirección Nacional del PRT, el cambio de objetivos se basó principalmente en las experiencias personales que algunos miembros del partido tuvieron en el extranjero. Mientras que Falla después de su viaje a Cuba comenzó a criticar la represión de opiniones divergentes por el régimen de Fidel Castro y empezó a destacar la importancia del pluralismo político y cultural (Falla, entrevista 2014), Flórez en cierta medida cambió su visión idealista de Cuba y Libia después de haber experimentado la realidad de la vida cotidiana en ambos países. Sobre todo la crisis económica que sufrió Cuba después de la retirada del apoyo financiero de la Unión Soviética, generó dudas sobre la verdadera cara del socialismo real (Flórez, entrevista 2014a).
El cambio gradual del objetivo iba de la mano con modificaciones respecto a la estrategia del partido. A medida que los nuevos objetivos que se planteaban no precisaban una total destrucción del
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9 Desde el enfoque maoísta se entiende democracia «más en el sentido socio-económico, como satisfacción de necesidades básicas, que en el sentido político como vigencia de las libertades ciudadanas» (Archila 2008, 174). Más que al acceso a la toma de decisiones, el concepto se refiere aquí a una justicia social.
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viejo orden político y podrían alcanzarse posiblemente a través de reformas en el sistema político existente, la participación legal se convirtió poco a poco en una estrategia viable. En estrecha relación con el cambio de los objetivos, la lucha armada se hizo cada vez menos importante – un proceso que se apoyó así mismo por una serie de experiencias nacionales e internacionales de la década de 1980.
Por un lado, desde la primera conferencia de la CGSB el PRT contó las limitaciones del enfoque de cooperación. Al contrario de las expectativas del partido, la coordinadora no era capaz de superar las divergencias internas de opinión entre sus integrantes, y mucho menos de conducir a una acción verdaderamente unificada. 10 A lo largo de su existencia, el impacto militar quedó limitado, un hecho que llevó a algunos participantes incluso a admitir que la izquierda revolucionaria colombiana, después de casi tres décadas de lucha revolucionaria por medios violentos, no había sido capaz de alcanzar la misma capacidad desestabilizadora que el cartel de Medellín había desarrollado en sólo pocos años (Flórez, entrevista 2014a). Junto con el auto-reconocimiento de las limitaciones financieras continuas que seguían impidiendo el fortalecimiento de las estructuras militares del partido, esta evaluación llevó a la conclusión de que la «perspectiva de una victoria por derrota militar no existe» (Viraje 1990, 48).
Nosotros éramos un grupo pequeño que no teníamos esa fuerza militar para convertir ese ideal de tomarnos el poder por las armas. Veíamos también que de parte de las otras fuerzas guerrilleras eso estaba como muy lejano. [Además,] ya se comenzaba a hablar de la elección popular de los alcaldes. Entonces yo ahí me convencí más […] de que eso no tenía futuro. Uno podía durar mucho tiempo por allá haciendo cosas marginales, […] subsistiendo desde el punto de vista militar, pero que eso nunca iba a trascender a lo que uno quería. (Del Rio, entrevista 2014a)
Por otro lado, el PRT percibió que la lucha armada perdía cada vez más su legitimidad, tanto dentro de la sociedad colombiana, como dentro de sus propias filas. En medio del fuego cruzado del conflicto acelerado entre el Estado y los barones del narcotráfico, y al vivir un número cada vez mayor de ataques de paramilitares y de la guerrilla contra políticos y líderes de la sociedad civil, muchos colombianos exigieron el fin de la violencia. Igualmente, las prácticas de la guerrilla, el secuestro y la extorsión, así como informes sobre excesos de violencia al interior del grupo armado, como por ejemplo la masacre de Tacueyó,11 y los rumores acerca de las conexiones entre algunos grupos insurgentes y el narcotráfico, destruyeron el ideal romántico de las guerrillas, que en ese momento de alguna manera todavía perduraba en algunos sectores de la sociedad (Fernández, entrevista de 2014; Urueta, entrevista 2014a). Incluso entre los miembros del partido, criticas acerca de las prácticas del PRT, como los robos a bancos y secuestros, se hicieron más fuertes (Del Rio, entrevista 2014a).12 De tal manera, la fatiga pública de la guerra, cada vez más evidente, también influyó en las discusiones internas del PRT y en las evaluaciones que el partido hacía de la realidad nacional, como Falla (entrevista 2014) recuerda:
No, es que Colombia no aguanta más. Nosotros no podemos ser un combustible más de la guerra en Colombia; tenemos suficientes violencias con el narcotráfico, los paras, las autodefensas, con el ejército, la policía, con las guerrillas, o sea, no podemos darle más combustible a la guerra, sino que hay que quitársela.
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10 Según Flórez (entrevista 2014a) y Fernández (entrevista 2014), sobre todo el asesinato del candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, en octubre 1987, justo después de la primera reunión de los integrantes de la coordinadora, marcó el primer momento decisivo que provocó cambios hacia las expectativas del PRT frente a la CGSB. A pesar de la unidad simbólica de los grupos guerrilleros, la organización no fue capaz de mandar una respuesta militar frente al hecho.
11 Durante la Masacre de Tacueyó en 1985, 164 miembros del Frente Ricardo Franco fueron asesinados por sus propios comandantes tras haber sido acusado por ser infiltrados del ejército.
12 Respecto a estas críticas internas, entrevistados recuerdan sobre todo el menosprecio que algunos cuadros sintieron por las alianzas puntuales que el partido y su ENO, al buscar un intercambio de conocimiento, en ocasiones mantuvieron con actores de la delincuencia común, como por ejemplo con la organización criminal barranquillera ‘Los Patojos’ (Cienfuegos, entrevista 2014; Del Rio, entrevista 2014a),
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En línea con las evaluaciones del contexto nacional, especialmente el progreso del diálogo de paz salvadoreño fomentó el reconocimiento del PRT sobre soluciones negociadas como una opción estratégica viable (Flórez, entrevista 2014a).
Con sus nuevos objetivos y su ajustada orientación estratégica, la posibilidad de diálogo con el gobierno fue adquiriendo poco a poco protagonismo en la agenda del PRT. Dicha actitud fue desde 1989 fuertemente apoyada por dos evaluaciones adicionales del partido sobre la realidad colombiana de finales de 1980: el éxito relativo del M -19 en la política legal y la oportunidad que brindaba la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
A principios de 1989, el M-19 había roto con la CGSB y entrado unilateralmente en negociaciones con el gobierno de Barco, hecho que se hizo oficial a través de una primera declaración conjunta el 10 de enero de 1989. Después de su desmovilización en 1990, la organización no sólo experimentó un importante respaldo público de parte de la sociedad, sino que también participó con bastante éxito en la política legal. Además de algunos cargos políticos a nivel local, el grupo desmovilizado obtuvo dos curules en la Cámara de Representantes en las elecciones de marzo de 1990, sólo dos días después de su desmovilización. 13 En la percepción del PRT, esta experiencia marcó un paso significativo para los grupos insurgentes desmovilizados. Éxitos electorales, y por lo tanto una verdadera participación en la política, parecían ser alcanzable (Flórez, entrevista 2014a).
Por otro lado, hacia el final de la década de 1980, el partido comenzó a percibir ciertas rupturas dentro de la burguesía que llevaron a la identificación de al menos una facción abierta a cambios. Mientras que antes la posibilidad de formar alianzas con las elites se habían descartado categóricamente, el (fracasado) proyecto de reforma constitucional de Barco y más tarde el apoyo a la ANC de algunos políticos tradicionales eran consideradas ahora como señales de voluntad y un posible punto de partida. En este nuevo contexto, una renegociación del acuerdo político parecía ser una opción viable y la ANC la herramienta adecuada para ello (Flórez, entrevista 2014a; Viraje 1990).
Después de haber promovido inicialmente una negociación conjunta entre todos los miembros de la CGSB y la administración Barco (García 1992, 142), el PRT percibió con preocupación el creciente dominio de las FARC y la radicalización progresiva de la coordinadora guerrillera después de la salida del M-19. Como reacción a un comunicado del gobierno que cuestionó la verdadera seriedad de las anteriores propuestas de paz de las FARC, la CGSB cambió su enfoque en su V Cumbre en abril de 1990. Al apostar de nuevo por la lucha armada, la coordinadora provocó una división interna entre las FARC y el ELN por un lado, donde ambos rechazaron las negociaciones con el Estado y por el otro el EPL, el MAQL y el PRT, que por su parte siguieron insistiendo en la viabilidad de una solución negociada del conflicto armado (Villarraga 2009, 121ss).
De acuerdo con el segundo grupo, la ANC no era sólo una posibilidad para renegociar el acuerdo político excluyente a través de un pacto nacional incluyente, sino también merecía ser promovido por todas las organizaciones de la izquierda colombiana, incluidos ellos mismos. Por su parte, el PRT subrayó en varias cartas al gobierno, a la sociedad civil y a los líderes de los partidos que la ANC significaba una oportunidad histórica y expresó su pleno apoyo (PRT 1990a; 1990b).
Tras algunas aproximaciones iniciales entre el EPL, el MAQL y el PRT y el gobierno, las partes publicaron el 4 de junio de 1990 una declaración conjunta, proclamando el inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno, el EPL, el MAQL y el PRT (Gobierno nacional, EPL, PRT MAQL y 1990). Por su
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13 Vera Grabe con 31.147 votos y Nelson Campo Núñez con 18.679 votos (Dirección General para la Reinserción 2000, 18s).
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parte, este último firmó dos meses más tarde, como resultado de una reunión con representantes del gobierno en el corregimiento de La Haya en el municipio de San Juan Nepomuceno un acuerdo que definió los términos y la agenda de la posterior negociación de paz (PRT 1990d). El PRT concentró la mayor parte de sus militantes en el campamento de negociación en La Haya que en octubre del mismo año fue traslado al corregimiento de Don Gabriel en el municipio de Ovejas, con el fin de garantizar un acceso más fácil. Para este momento, el Secretariado ya había decidido, en contra de reparos de algunas facciones del partido, 14 buscar seriamente una solución negociada del conflicto armado y aprovechar de este modo al máximo la histórica oportunidad política abierta por la ANC. Según Flórez (entrevista 2014a), 15 en la percepción del Secretariado el presidente Gaviria quería mostrar resultados rápidos mediante la vinculación de la mayor cantidad posible de grupos insurgentes a la lista de desmovilizados.
A pesar de su autocomprensión como partido clandestino de alcance nacional y el carácter de negociación con el gobierno nacional, el PRT defendió desde el inicio de las negociaciones la importancia de un enfoque regional de al menos una parte de los aspirados acuerdos. En línea con esta postura, ya el preacuerdo de La Haya incluyó el tema de planes de desarrollo para las zonas de influencia en el itinerario de los diálogos. No obstante, y si bien el PRT intentó llevar tal enfoque a la práctica, a través de su incidencia para peticiones de los alcaldes de la zona de los Montes de María en la mesa o la convocatoria de una cumbre regional por la paz en noviembre de 1990 que buscó el diálogo con otros actores de la zona, 16 el gobierno nacional se opuso a una participación directa de las autoridades locales en las conversaciones, con el argumento de que tal diseño no correspondía al grado de influencia real del PRT (Flórez, entrevista 2014b). Como consecuencia, pero también debido a la falta de interés por parte de las elites regionales, la negociación de paz se caracterizó principalmente por la ausencia de las mismas y se volvió para algunos entrevistados en una posibilidad perdida de solución de los conflictos históricos de los Montes de María en general y de reconciliación entre terratenientes y el movimiento campesino en especial (Barrios, entrevista 2014; Flórez, entrevista 2014b).
Si estas élites regionales hubieran querido resolver el problema, hubieran querido desarrollar soluciones económicas ahí, ni siquiera se hubiera necesitado la plata del gobierno. Se habrían podido estructurar proyectos conjuntamente que resolvieran la situación social de muchas zonas. […] Pero ese [era] uno de los grandes déficits del proceso: No [hubo] un proceso real de reconciliación donde […] participaran los sectores de poder con los sectores que [habían] sido excluidos del poder… (Flórez, entrevista 2014b)
Durante los meses siguientes, y aparte de otros temas relacionados con el proceso de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR), las garantías de seguridad, el indulto general para los desmovilizados y los proyectos concretos para promover los Derechos Humanos y el desarrollo regional en la Costa Caribe, 17 el tema de
14 Muchos cuadros de las fracciones de Antioquia y Nariño se oponían a las negociaciones. De acuerdo con Gabriel Tobón, se opusieron al proceso de negociación ya que se veía más como el aprovechamiento de una coyuntura política que le permitía a un grupo armado una salida digna.
15 Sobre todo entrevistados de bajo rango critican retrospectivamente la falta de discusión interna respecto a la decisión de dejar las armas. Por su parte, el antiguo líder campesino y miembro del PRT Gabriel Barrios (entrevista 2014) incluso critica la falta de concertación con las bases sociales del partido.
16 Según Flórez (entrevista 2014b) muchos alcaldes de la zona vieron en las negociaciones adelantadas por el PRT primordialmente un canal de interlocución directa con el gobierno nacional. Más que un interés en la negociación como tal, la declaración de alcaldes, publicada el 15 de agosto 1990 (PRT 1990c), entre otras, buscó expresar inconformidades de los mandatarios locales con el plan de desarrollo para la Costa Caribe y solicitar recursos adicionales para sus respectivos municipios. Por su parte, la cumbre regional por la paz convocada por el PRT para el 19 de noviembre de 1990 tenía el propósito de «abrir espacios de acercamiento y diálogo en esta región (Montes de María)» (El Heraldo 1990).
17 A pesar de que en la lista de desmovilizados no aparece ningún antiguo integrante del PRT del Cauca, debido principalmente a los problemas de seguridad en ese momento, un acuerdo adicional definió algunos municipios del área como beneficiarios del Fondo Nacional de Paz (Flórez, entrevista 2014a).
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participación política se convirtió en uno de los principales asuntos de la negociación.18 Por un lado, el PRT reclamó una representación directa en la ANC y resaltó de nuevo positivamente su carácter de «escenario para la configuración de un pacto político y social que abra el camino a las grandes transformaciones democráticas, económicas y sociales que necesita el país, sin las cuales sería imposible pensar en una paz estable y duradera» (PRT 1990d). Por otro lado, el partido exigió el apoyo gubernamental para el lanzamiento de su propio proyecto político y, en general, para establecer un entorno favorable, que permitiera la fundación y la participación de nuevas fuerzas políticas alternativas.
Finalmente, asuntos relacionados con la participación política recibieron un lugar prominente en el acuerdo final de paz firmado el 25 de enero de 1991. Mientras que el primer punto del acuerdo otorgó el derecho a enviar un delegado a la ANC (aunque sin derecho a voto),19 los puntos dos a cinco definieron el apoyo estatal para la transformación proyectada del PRT en un partido político legal. Dicho apoyo se debería dar de dos maneras: la facilitación del reconocimiento legal y el apoyo financiero dirigido a la promoción pública del nuevo partido. Al seguir el ejemplo del M-19, el segundo tema incluyó, además de anuncios en medios de comunicación nacionales y regionales, la instalación de cinco Casas de la Vida en diferentes ciudades del país, con el objetivo de crear puntos de encuentro entre el partido y la sociedad colombiana (PRT 1991).
Un día después de que las negociaciones habían llegado a su fin, el PRT y la mayoría de sus miembros20 culminaron, durante una solemne ceremonia en Cartagena, el capítulo de su lucha armada y arrojaron sus armas al Mar Caribe.
4 Entrando en la política nacional y regional y la primavera democrática del partido
4.1 Se cambia armas por curules: La participación electoral del partido
Al igual que la discusión interna sobre la posibilidad de una solución negociada, las reflexiones sobre el camino futuro del PRT hacia la política legal y su papel en el escenario de post-desmovilización fueron limitadas. A pesar de un consenso interno que subrayó la importancia de la participación política en general, también predominaba una divergencia frente a dos posiciones ligeramente diferentes sobre el enfoque planeado del partido que se remontaba básicamente a una discrepancia de expectativas. Mientras que algunos miembros antiguos (principalmente la antigua dirección del partido) se centraron en los cambios constitucionales y una transformación general del país – un objetivo que debía lograrse a través de la participación en la política nacional y en la ANC – otros buscaban especialmente una solución de los problemas puntuales a nivel local mediante la incidencia activa en la política regional. La participación en los gobiernos locales debía mejorar el acceso a los servicios públicos (educación, salud y vivienda,) de la base social del PRT y permitir la aplicación de reformas agrarias (Del Rio, entrevista 2014a; Zambrano, entrevista 2014). Como resultado, las diferentes posiciones sobre el ‘qué hacer’
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18 Al igual como en las negociaciones de paz del EPL y MAQL, el tema de reformas políticas sustanciales fueron aplazados para la ANC (Villarraga 2013, 40ss).
19 Para Flórez (entrevista 2013), la decisión del gobierno de aprobar solo un delegado sin voto para el PRT y el MAQL reflejaba sobre todo el temor de Gaviria de que la ANC podría ser dominada por fuerzas de la izquierda. Tal preocupación se basó primordialmente por el éxito inesperado de la ADM-19 en encuestas de opinión justo antes de las elecciones para la asamblea.
20 Tras su rechazo a las negociaciones de paz y a la desmovilización del PRT, una pequeña disidencia del partido continuó su lucha Armada, aunque sin lograr un impacto significativo.
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después de la desmovilización llevaron a dos enfoques diferentes y contribuyeron a una división gradual entre los antiguos dirigentes nacionales del partido y sus antiguas estructuras regionales y la base social, en particular los de la Costa Atlántica.
Los promotores del enfoque nacional consideraron la adhesión del PRT a la Alianza Democrática M-19 (ADM-19) y la estrecha coordinación de José Matías Ortiz, delegado del PRT en la ANC, con la bancada del ADM-19, liderado por Antonio Navarro Wolff, el siguiente paso lógico. Aunque tanto el acuerdo de paz, como varias declaraciones de voceros del PRT durante el proceso de negociación podrían haber indicado la clara idea de transformar el PRT en un partido independiente, garantizando la conservación de su propia identidad política (El Tiempo 1991; PRT 1991), estas decisiones significaron una continuación del curso ya establecido antes de la desmovilización. Mientras que el objetivo postulado por la ADM-19, fue, la creación de un movimiento nacional unificado de izquierda y de fuerzas reformistas de la política colombiana, coincidió con la reivindicación tradicional del PRT por la unidad, la decisión de unirse a la alianza representó además una continuación de la relación cercana del partido con Colombia Unida, miembro fundador de la ADM-19, que también se remontaba a la época anterior de las negociaciones de paz. 21 En una carta del 15 de abril de 1990 a varios líderes de movimientos sociales y partidos que participaron en la fundación de la ADM-19, el PRT había expresado, además, su respaldo para el movimiento político emergente y su interés en el acompañamiento de la iniciativa, en función de observador (PRT 1990a). Por otra parte, la entrada a la ADM-19 era en cierta medida percibido como un paso bastante pragmático, debido al éxito abrumador del nuevo partido en las elecciones para la ANC en diciembre de 1990 22 (Del Rio, entrevista 2014a; Flórez, entrevista 2013a).
Por su parte, muchos partidarios del enfoque regional estaban preocupados de que una disolución del PRT en la ADM-19 pudiera causar la pérdida de su identidad política propia y por lo tanto poner en peligro los vínculos con la base social del partido. Aunque, no se oponían en principio a la adhesión, y la gran mayoría de los antiguos cuadros del PRT que se lanzaron en las elecciones locales lo hicieron como candidatos de la ADM-19, muchos de ellos, sin embargo, continuaron identificándose como miembros del PRT e hicieron campaña bajo la bandera del partido desmovilizado (Barrios, entrevista 2014; Del Rio, entrevista 2014). Por ejemplo, el ex concejal de Barranquilla Jorge Urueta (entrevista 2014a) destaca: «Nosotros hicimos campaña a nombre del PRT. Yo fui elegido como concejal por el PRT, dentro de la ADM-19, pero era claro que era del PRT».
Posterior a su desmovilización, el PRT logró una participación respetable en la política a nivel nacional, regional, y experimentó lo que (Flórez, entrevista 2014a) denomina su «primavera democrática». Mientras que antiguos miembros del partido, como Flórez, Fernández u Ortiz ganaron cierta influencia en la dirección nacional de la ADM-19 y formaron parte de sus listas electorales para el Congreso, Ortiz, de acuerdo a su propio juicio, defendió con éxito la agenda del PRT en la ANC y logró posicionar propuestas claves en la nueva Constitución de 1991. Una muestra de ello fue por ejemplo la descentralización de la autoridad política (Ortiz, entrevista 2014). En 1994, Ortiz entró al Senado, aunque no como diputado de la ADM-19.
En el ámbito regional en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, ex miembros del PRT, por su parte consiguieron igualmente considerables resultados electorales en las elecciones municipales de 1992 y 1994. Al obtener 45.43% del total de los sufragios emitidos, el ex miembro del PRT Raúl Enrique
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21 Con Gabriel Barrios, el PRT incluso contó, entre 1990 y 1992, con un Representante en el concejo municipal de San Juan de Nepomuceno (Bolívar) por parte de Colombia Unida.
22 La ADM-19 ganó 26,7% de los sufragios emitidos en la elección para la ANC.
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Tovar Barreto fue elegido alcalde de Chalán (Sucre) y resultó ser el único candidato de la ADM-19 exitoso en las elecciones para alcalde en marzo de 1992 (Dirección General de la Reinserción 2000, 83). 23 En las mismas elecciones, otros cinco desmovilizados del PRT entraron a cuatro consejos municipales de los departamentos de Atlántico y Sucre como candidatos de la ADM-19, uno de ellos fue Reinaldo Rivas, firmante del acuerdo de paz y antiguo comandante militar alias «Pablo». Dos años más tarde, seis antiguos miembros del partido ganaron escaños en diversos consejos municipales de la región – tres de ellos en el ámbito de la Circunscripción Territorial Especial de Paz, la cual se aplicó para la elección de un concejal adicional en determinados municipios, reconocidos por haber contado con una presencia histórica de los grupos desmovilizados resaltados en el Decreto 1388 del 1994.
Elecciones para concejales de 1992 |
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| Barrios, Gabriel | San Juan de Nepomuceno / Bolívar | ADM-19 |
| Castañada, Pedro | Galapa / Atlántico | ADM-19 |
| Esmeral, José | Malambo / Atlántico | ADM-19 |
| Pizarro, Jaime | Ovejas / Sucre | ADM-19 |
| Rivas, Reinaldo | Ovejas / Sucre | ADM-19 |
| Elecciones para concejales de 1994 | ||
| Esmeral, José* | Malambo / Atlántico | ADM-19 |
| Medrano, Never | Colosó / Sucre | ADM-19 |
| Robles, Cesar | Colosó / Sucre | |
| Tovar, Eberto | Colosó / Sucre | |
| Urueta, Jorge* | Barranquilla / Atlántico | ADM-19 |
| Zambrano, Carlos* | Baranoa / Atlántico | ADM-19 |
Tabla elaborada por los autores *Circunscripción Especial de Paz 24
Además de sus candidaturas propias, en algunas ocasiones desmovilizados del PRT también apoyaron las campañas electorales de la ADM-19 o de candidatos independientes. Como Del Rio (entrevista 2014a) recuerda, ex miembros del PRT apoyaron, por ejemplo, las campañas de Luis Miguel
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23 La ADM-19 participó con un total de 87 candidatos propios en las elecciones.
24 En Marzo de 1994, el gobierno adoptó el decreto de la ley 163 de 1994 en el artículo 15 con el que aprueba una Circunscripción Especial de Paz que le concedía favorabilidad política a los grupos desmovilizados para acceder a los concejos municipales.
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Vergara de León, quien fue elegido en Corozal (Sucre) para las elecciones de alcalde de 1992, y la de Apolinar Díaz Callejas, elegido gobernador de Sucre el mismo año.
4.2 Una forma distinta de hacer la diferencia: La obra social de la ONG CORPADEC
Adicional a su participación directa o indirecta en la competencia electoral, el grupo desmovilizado buscó llenar las diversas expectativas de otra forma. Al igual que los otros grupos insurgentes desmovilizados de la época y de manera promovida por el gobierno nacional, el PRT fundó su propia organización no gubernamental encargada de la administración de los recursos asignados para el proceso de reintegración. No obstante, durante los años 90 la Corporación para el Desarrollo de la Paz y de la Comunidad (CORPADEC) no limitó su trabajo al proceso de reinserción, sino que entendió su misión en un sentido más amplio como la promoción y la aplicación de: «proyectos de desarrollo social, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades, [a] generar procesos de participación y [a] aportar en la consolidación de la democracia en Colombia» (CORPADEC 1998, 2). En concordancia con la misión y al concentrarse no sólo en los antiguos miembros del PRT como beneficiarios, sino también en toda la población de sus áreas de influencia, la ONG se convirtió así en una herramienta para mantener el vínculo entre el PRT y sus antiguas bases, para aumentar su influencia en la región y poder sacar provecho político de esta. (CORPADEC 2000; Del Rio, entrevista 2014b). 25
Nosotros crecimos en CORPADEC […]. O sea, cuando hicimos la negociación con el gobierno teníamos unas influencias comunitarias, pero luego con CORPADEC nosotros logramos que eso creciera. Logramos llegar a más sectores. Logramos vincular a más personas que no eran del PRT, pero que sí nos reconocían nuestro liderazgo. (Del Rio, entrevista 2014b)
Tras su fundación, y de acuerdo con su misión, la ONG implementó, sobre todo en la Costa Caribe, 26 proyectos de capacitación de líderes comunitarios y de resolución de conflictos. Con fondos del Estado, fueron diseñados e implementados además una serie de proyectos económicos. Con el fin de apuntar a la transformación de la cultura política (con frecuencia violenta) del país, la socialización de valores de la paz y de los derechos fundamentales de la nueva constitución se volvieron puntos importantes de la agenda. Particularmente el proyecto Ciudadelas para la Paz, promovido por el desmovilizado Héctor Rivas, creó un impacto considerable en la región, al construir cientos de viviendas sociales en los municipios del Carmen de Bolívar, Cartagena y San Juan de Nepomuceno, entre otros (Arrieta 2006 ; Del Rio, entrevista 2014b).
Fue en el trabajo de CORPADEC, que por primera vez en la historia del PRT el enfoque de género adquirió importancia y rompió con el carácter tradicionalmente machista de la organización. Antes de la desmovilización, la participación e incidencia de las mujeres en el partido clandestino, e incluso en las negociaciones de paz, habían sido notoriamente escasas, prueba de esto es que ninguna de ellas llegó a la Dirección Nacional ni mucho menos al Secretariado. Según Flórez (entrevista 2014b), esta situación puede ser explicada por las estructuras sexistas que persisten aún en la composición socio-cultural colombiana, que no excluían a los proyectos políticos de izquierda de la época, y por la herencia machista que traían desde el PCC-ML.
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25 Adicionalmente, en algunas ocasiones, la ONG apoyó en la financiación de campañas electorales de antiguos miembros del PRT (Urueta, entrevista 2014a).
26 Aunque sus proyectos se enfocaron sobre todo en la Costa Caribe, CORPADEC también contó con oficinas en Cali y Pasto.
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A pesar de que ninguna mujer formó parte del equipo negociador, las mujeres del partido lograron poner de precedente algunas de sus inconformidades respecto al acuerdo de paz, derivadas en su mayoría de la falta de un enfoque de género en el programa de reintegración, y de las necesidades inminentes que se presentaban en las familias27 de las y los desmovilizados durante y después de las negociaciones, tal como lo relata Flórez (entrevista 2014b):
«…empiezan a luchar por incorporar una perspectiva de género, [yo diría que] la primera expresión de eso también estuvo ligada a reconocer que la desmovilización no se podía limitar a los guerrilleros sino que había que involucrar a las familias… de hecho esa demanda por involucrar a las familias empezó porque [las mujeres] se sentían excluidas, entonces las compañeras de los que estaban en la lista reclamaban también beneficios de desmovilización para sus hijos, para ellas mismas y empezó toda una lucha por el núcleo familiar…»
Ahora bien, el momento de mayor incidencia y donde se hace más visible la participación de las militantes del PRT, se da en el desarrollo y trabajo político que realizaron dentro de CORPADEC; ya que presionadas por la necesidad de empoderarse y al entrar en contacto con el movimiento de mujeres y grupos feministas (Flórez, entrevista 2014b), empezaron a generar propuestas de organización para ellas mismas, sus familias y las mujeres de las zonas donde el PRT tuvo presencia, principalmente en los Montes de María y otros municipios de la Costa Atlántica.
En uno de sus órganos de difusión, CORPADEC-Área Mujer, la ONG dió cuenta de los pilares de su trabajo y de algunos de los proyectos que gestionó y realizó en la región. Así pues, su trabajo fue fundamentado bajo tres ejes: perspectiva de género, fortalecimiento organizativo con enfoque autogestionario y generación de actividades específicas que respondieran a necesidades concretas, esto con el fin de fortalecer y empoderar los liderazgos femeninos, generando mayores niveles de incidencia de las mujeres en sus comunidades y de lograr niveles más altos de interlocución con las instancias gubernamentales de la región.
Entre los proyectos del área de mujer, el más destacado fue el trabajo adelantado con madres comunitarias28 pertenecientes a varios municipios de la Costa Atlántica, incluidos 12 barrios de Barranquilla, y algunas asociaciones de Bogotá que dió como resultado la producción de la cartilla «Construyamos entre todas las madres una propuesta pedagógica».29
Aunque el trabajo del área de mujer fue secundario en comparación con las otras líneas de trabajo de CORPADEC, las mujeres también implementaron proyectos con campesinas que tenían como principal objetivo fortalecer sus lazos organizativos y aportarles conocimientos en áreas de generación de proyectos económicos y conocimiento de sus derechos con visión incluyente. De igual manera realizaron foros y talleres que buscaban cuestionar el estado de los programas gubernamentales en el tema de mujer en la región, resultando la propuesta de crear una Oficina para la Mujer en Atlántico.
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27 La importancia de la problemática familiar radica también en que tal como lo identifican FUCUDE y ASOPROPAZ, el entorno cercano de las y los desmovilizados se vio afectado por la persecución, amenaza y demás hechos de violencia que padeció la población desmovilizada de los años 90; siendo víctimas de graves violaciones a los derechos fundamentales, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, como asesinatos, desplazamientos forzados, desaparición forzada, entre otros (FUCUDE 2006, 69ss).
28 El principal objetivo de este proyecto fue fortalecer los conocimientos de las Madres Comunitarias en pedagogía, seguridad social y perspectiva de género.
29 Se produjeron 7000 ejemplares que sirvieron como herramienta de organización y movilización de las Madres Comunitarias en torno a sus reivindicaciones.
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5 El fracaso del proyecto político: El papel de la ADM-19 y la reacción de las élites regionales
A pesar del éxito prometedor que CORPADEC y algunos ex miembros del partido pudieron alcanzar durante los primeros años después de su regreso a la vida civil, el balance que el PRT hizo algunos años más tarde sobre la situación encontrada tras su desmuvilización resultó ser negativo. Si bien los desmovilizados reconocieron en 1998 que la «constituyente del 91 [había creado] bases legales e instrumentos iniciales para avanzar en la democratización del país y en la construcción de una paz con justicia social» (CORPADEC 1998, 7), también argumentaron que «la pluralidad política [y] la profusión de movimientos cívicos […] quedaron absorbidos por la hegemonía política [de las élites] de siempre» (CORPADEC 1998, 9). Desde el punto de vista de muchos de los entrevistados, el proyecto político del PRT enfrentó especialmente dos factores que finalmente llevaron a su relativo fracaso y a esta evaluación negativa: la estructura interna centralizada, y con un mayor enfoque a nivel nacional que regional, de la ADM-19; y el contexto hostil con el cual muchos nuevos protagonistas de la política regional (y también de CORPADEC) fueron confrontados.
Por un lado, y de acuerdo con antiguos promotores del proyecto político del partido en la arena política regional de Sucre y Bolívar, como Astolfo, Barrios y Del Río, el hecho de formar parte de la ADM-19 y por lo tanto la obligación de aceptar y seguir decisiones y directrices internas que a menudo se tomaron a nivel nacional, en varias ocasiones se volvió en vez de una ventaja más bien un obstáculo. Especialmente, la indiferencia por parte de líderes de la alianza frente al contexto regional y a las bases de apoyo tradicionales, con las cuales el PRT y otros integrantes del movimiento contaron, junto con la estructura organizativa vertical que generalmente obstaculizó una incidencia de las estructuras locales en la toma de decisiones a nivel nacional, condujeron a decisiones fuertemente cuestionadas, 30 afectando a menudo el proyecto político regional de los desmovilizados. Al respecto, algunos entrevistados destacan por ejemplo, experiencias en las cuales los candidatos del PRT, con una buena reputación en la región, tenían que competir por su posición en las listas electorales del partido con candidatos en gran parte desconocidos, nombrados directamente por Navarro Wolff (Astolfo, entrevista 2014; Del Río, entrevista 2014a). Barrios (entrevista 2014) incluso se acuerda para el caso de San Juan de Nepomuceno, de una reunión entre el líder de la ADM-19 y promotores del paramilitarismo en la región, con el fin de explorar posibles alianzas electorales.
Por su parte, desmovilizados del PRT, que en ese momento estuvieron cerca de la dirección nacional de la ADM-19, como Flórez y Ortiz, no lograron incidir a favor del proyecto político regional de sus antiguos camaradas – un hecho que aumentó aún más la división entre los protagonistas regionales y sus líderes anteriores que, en la percepción del primer grupo, «dejaron [las bases] huérfanas desde el punto de vista de un liderazgo político» (del Rio, entrevista 2014a). 31 En este sentido, los espacios adquiridos en la política nacional no sirvieron para apoyar el proyecto político a nivel regional ni fueron utilizados para promover el trabajo de la ONG. «Cuando Matías [Ortiz] era Senador, no fue un Senador de puertas
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30 Según Fernández (entrevista 2014), dentro de la ADM-19 prevaleció sobre todo el liderazgo autoritario de Navarro Wolff, quien normalmente insistió en tener en decisiones importantes la última palabra. También por esta hegemonía interna, del antiguo comandante del M-19, quien al preferir un enfoque nacional por encima de un enfoque diferenciado regional con frecuencia ignoró características regionales, Ortiz decidió salir de la dirección nacional de la alianza y volverse a la política regional de Barranquilla (Ortiz, entrevista 2014).
31 Por su parte, Flórez (entrevista 2014a) destaca la insistencia con la cual intentó incidir, casi siempre en vano, en Navarro en favor del proyecto político regional de sus camaradas.
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abiertas para nosotros. Yo recuerdo que […] cuando uno iba allá no era que uno encontraba un ambiente de puertas abiertas […]. No pusieron ese Senado al servicio de consolidar unas ideas políticas» (Del Rio, entrevista 2014a).
Tal sensación de abandono de amplios sectores de la antigua base social y de los desmovilizados de bajo rango, no se limita sólo al liderazgo político, sino que se refleja también en el balance transversal que estos grupos hacen del proceso de paz y reintegración como tal. Al argumentar con indignación que: «aquí en los Montes de María la dirección política no hizo nada por nosotros» (Taller 2014b), un grupo de entrevistados de Ovejas (Sucre), por una parte, expresa sus expectativas frustradas, ya que el proceso de paz y la firma del acuerdo final, en el corregimiento de Don Gabriel de su propio municipio, no lograron traducirse en cambios concretos en términos de infraestructura y calidad de vida, y por otra parte, también muestra implícitamente, que para muchos cuadros el proyecto colectivo (lo común) no había terminado con la desmovilización del partido. A pesar de que el proceso de transición a la vida civil fue diseñado como un proceso individual, de transformación de guerrilleros en ciudadanos, 32 la esperanza de muchos participantes se centró en un proyecto colectivo con cierta orientación por parte de sus antiguos líderes. El hecho de que dichas expectativas no hayan sido cumplidas, junto con la impresión de que los antiguos comandantes disfrutaron una situación mucho más acomodada tras la desmovilización, profundizó la división entre antiguos líderes y sus bases sociales, caracterizada por desconfianza y desilusión. 33 «Entonces la dirigencia abandona a las masas y las masas ya se ponen incrédulas. No creen en nadie porque si un jefe de esos, que fue amigo personal que comió […] con uno, y luego darle la espalda de esa manera» (Taller 2014b).
Por otro lado, y con mayor fuerza desde 1994, la participación tanto de desmovilizados del PRT, como de candidatos de la ADM-19 o de otros movimientos, en la política regional y las acciones de CORPADEC se encontraron claramente afectadas por el contexto hostil de la región de la Costa Atlántica que durante la década de 1990 mantuvo e incluso reforzó su modelo tradicional de exclusión política, económica y social (violenta) de sectores que amenazan supuestamente la hegemonía de las elites regionales. En especial, desde finales de los años 1960 y 70, y como reacción a una postura radical asumida por la llamada línea Sincelejo de la ANUC, que buscó la organización del campesinado con el fin de lograr una verdadera reforma agraria, el miedo de las elites regionales de perder sus privilegios económicos y políticos condujeron a la utilización de medios violentos con el fin de conservar el statu quo (González 2014; Porras 2014, 358).
Posteriormente, partes de estas elites promovieron la creación de pequeños grupos armados responsables de responder a las tomas de tierras, con frecuencia dirigidas por la ANUC, y para llevar a cabo el asesinato selectivo de líderes campesinos con el objetivo de desarticular sus movimientos. Particularmente, en el contexto del proceso de descentralización política de finales de los años 80 y del ascenso de la Unión Patriótica, esta dinámica alcanzó nuevas dimensiones debido a una alianza tripartita entre las élites tradicionales de la zona, algunos sectores del ejército y un actor nuevo, a saber, los narcotraficantes, los cuales se convirtieron gradualmente en terratenientes importantes de las
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32 A pesar de algunos proyectos empresariales colectivos, predominó un enfoque individual en el programa de reinserción, el cual proporcionó a desmovilizados beneficios (individuales) como el indulto, un auxilio de sostenimiento inicial, niveles de escolaridad, atención en salud y acceso a créditos productivos (Villarraga 2006, 50s).
33 Es esencial resaltar que sobre todo en la interpretación de qué significó para el PRT el proceso de desmovilización y la entrada a la ADM-19, se puede encontrar claras divergencias entre las posturas de las bases y antiguos miembros de bajo rango, por un lado, y desmovilizados de la antigua dirección nacional por el otro lado. Desde el punto de vista de Flórez, por ejemplo, el proyecto PRT se ha terminado evidentemente con la disolución del partido en la ADM-19 (taller 2014c). Aunque el antiguo líder también argumenta que el enfoque individualista del programa de reinserción era un error y subraya la necesidad de que procesos de DDR tengan una fase de transición, Flórez percibe semejante fase, a diferencia del primer grupo, claramente como una disposición transitoria (Flórez 2014a).
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regiones. A pesar de que las élites tradicionales participaron en el surgimiento de grupos paramilitares en casi todas las regiones del país, la alianza mencionada fue particularmente fuerte en los departamentos del norte de Bolívar, Córdoba y Sucre (y en la Costa Caribe en general), donde algunos de los miembros tradicionales no sólo financiaron y se beneficiaron de acciones de los paramilitares, sino que también se convirtieron en integrantes de las estructuras del paramilitarismo (González 2014, 29; Verdad Abierta a).
Desde finales de la década de 1980, y en particular durante la década de 1990, dos actores adicionales complementaron el contexto regional, el ELN y más fuerte las FARC. En búsqueda del control político y social sobre la región de los Montes de María y con el objetivo de llenar el vacío que había surgido tras la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), del EPL y del PRT, ambos grupos guerrilleros comenzaron a asesinar activistas sociales y líderes de la ADM-19 (Falla, entrevista 2014; Hernández 2006, 170).
En este contexto, y a pesar del hecho que durante el proceso de negociación y justo después de la desmovilización una serie de anuncios públicos de políticos regionales, como por ejemplo el de la gobernadora de Sucre Luz Mariana Ojeda de Pinto, habían señalado una disposición general, de por lo menos algunas partes de las elites regionales, para dar la bienvenida al PRT en la vida civil (El Tiempo,
1991), el proyecto político del PRT, sus promotores y sus familias se encontraban en el centro de una campaña violenta contra todos los grupos desmovilizados de la región. Tal situación provocó el desplazamiento de la mayoría de sus miembros de la zona rural a los centros urbanos, como el ex miembro del PRT Robinson Arrieta (2006) recuerda. Muchos desmovilizados del PRT que se habían lanzado a la política e incluso habían sido elegidos en cargos políticos entre 1992 y 1994, los promotores de proyectos de CORPADEC y simples simpatizantes del partido recibieron amenazas de muerte, algunos abandonaron la región y otros fueron asesinados. En su declaración remitida en «El Tercer Foro de Víctimas en Barranquilla» convocado por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, una delegación de desmovilizados del PRT presentó una lista con 61 casos de compañeros asesinados sólo en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre; entre ellos tanto el ex alcalde de Chalán Raúl Tovar, sus hermanos Eberto y Jhony Tovar, como el ex concejal Reinaldo Rivas y su sobrino y promotor de CORPADEC Hector Rivas (PRT 2014).
Todos los entrevistados califican estos sucesos traumáticos, retrospectivamente, como una «política de exterminio» (Astolfo, entrevista 2014) o «genocidio» (CORPADEC 2000; PRT 2014; Urueta,entrevista 2014a), diseñado por las élites regionales y ejecutado por grupos paramilitares – una interpretación que después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 2003 y 2006 fue apoyado por una serie de confesiones judiciales de ex paramilitares de la región de Sucre y Bolívar, como alias ‘Javier’ entre otros (Verdad Abierta b).
Nosotros le generamos a la élite de Sucre una preocupación. […] Entonces la clase política de Sucre hizo una lectura de eso[…] y con un nivel de cultura política muy bajo como para entender esos procesos de aceptar las diferencias y de aceptar que nuevas fuerzas políticas puedan surgir, con fuertes lazos con el latifundio, con la corrupción, que habían hecho de la corrupción una fuente de enriquecimiento patrimonial, pues veían que sus intereses podían estar amenazados si eso crecía. Esa clase política comenzaba a hacer un proceso de alianza con fueras paramilitares. (Del Rio, entrevista 2014a)
Aunque esta respuesta violenta contra la naciente fuerza política siguió en cierta medida el modelo tradicional de exclusión, su dimensión, para muchos de los entrevistados, fue inesperada (Taller 2014a). Falla (entrevista 2014), por ejemplo, admite que el partido
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Sobrevaloró el momento político de la constituyente, en el sentido de que era algo nacional. […] Se nos olvidaba que lo local y lo regional tiene unas identidades propias que no entran dentro del concierto nacional y entonces nos cogió de sorpresa, en el sentido de que comienza la arremetida paramilitar, el asesinato de los compañeros y entonces quedamos por fuera de los Montes de María.
Al hacerlo, Falla plantea implícitamente la pregunta sobre el papel del gobierno nacional que, de alguna manera, se mostró incapaz de frenar los ataques a desmovilizados y candidatos políticos, a pesar de que el tema de la seguridad y las garantías había sido un punto importante de la agenda de negociación. Desde el punto de vista del antiguo PRT, la respuesta del Estado siempre ha sido «débil» (CORPADEC 2000, 4) – Arrieta (2006) destaca incluso un incumplimiento gubernamental de los acuerdos. En esta línea de pensamiento, representantes del PRT compartieron las conclusiones de la conferencia de la primera asamblea nacional de la Unión Temporal Acción Humanitaria para la Paz (Asopropaz) realizada en el 2005, en la que hubo una amplia participación de las diferentes ONG nacidas de los procesos de desmovilización de los años 90, 34 la cual destacó, además de unos «serios vacíos estatales y gubernamentales para garantizar la seguridad», la evaluación de que «el Estado, frente a las violaciones registradas, no ha cumplido con su deber de garantía, no ha brindado la suficiente seguridad y ha permitido el imperio local de los diversos grupos armados» (FUCUDE 2006, 361).
Otros entrevistados van incluso más allá y resaltan no sólo una ausencia de apoyo estatal, sino que apuntan directamente a agentes del Estado involucrados en la campaña violenta (Urueta, entrevista 2014a) – una acusación que asimismo está respaldada por testimonios de paramilitares desmovilizados (El Tiempo 2008) y académicos (Villarraga 2006, 58ss).
En resumen, la campaña violenta contra desmovilizados del PRT y otros grupos insurgentes reveló varias limitaciones del programa de reinserción de la década de 1990, en especial respecto al componente de protección. Al concentrar el esquema de seguridad principalmente en los líderes públicos más visibles de la CRS, del EPL, M-19, MAQL y PRT, sus bases y los miembros de bajo rango, a menudo estigmatizados ya sea como simpatizantes de la guerrilla (por parte del ejército y paramilitares), o como traidores de la revolución (por parte del ELN y las FARC), se fueron quedando sin protección. Aunque el gobierno nacional, afectado por la crisis política de mediados de la década de 1990 y por el acelerado conflicto armado con los grupos guerrilleros restantes, en general, respetó los acuerdos y recibió las denuncias, esta situación no provocó un reajuste del programa (Villarraga 2006, 58ss). A pesar de que los miembros del PRT, de acuerdo con los puntos acordados en la negociación de paz, podían participar sin restricciones legales en elecciones nacionales y regionales, la realidad vivida en departamentos como Bolívar y Sucre, ambos con una cultura política violenta y excluyente promovida por las élites regionales, llevó a que esta participación política fuera más que todo un peligro para la vida de aquellos que deseaban luchar por la vía legal contra las injusticias sociales y la exclusión política.
6 Conclusión
Aunque la proyección de grupos insurgentes generalmente es nacional, su desarrollo, sus bases sociales, su área de operación y, por ende, el impacto de los mismos es con frecuencia regional. No obstante, y
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34 Asopropaz fue una entidad conformada por más de mil desmovilizados de los procesos de paz de los años 1990.
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debido a su enfoque, las negociaciones de paz de grupos alzados en armas se centran normalmente en el gobierno nacional, como contraparte del diálogo. Ya sea por decisión del mismo grupo insurgente o por dictamen del gobierno nacional, tal diseño, a menudo, no tiene en cuenta las características, lógicas y relaciones de poder de las regiones – un hecho que, en últimas, puede complicar una aceptación amplia de los acuerdos, llevar a problemas de implementación y provocar rechazo por parte de actores excluidos– en fin: conducir a una paz incompleta.
El caso del PRT es una de las mejores muestras de todo lo anterior. Si bien el partido había intentado incluir cuestiones específicas (de la Costa Atlántica) en la agenda y de vincular las autoridades locales al proceso, el rechazo de esta propuesta por el gobierno nacional, junto con el desinterés de gran parte de las mismas elites regionales, impidió finalmente un encuentro y una reconciliación entre los excluidos y los excluyentes de siempre. Al menos para muchos entrevistados del PRT es claro que esta limitación, entre otros factores, produjo la campaña violenta en contra de los desmovilizados, ordenado y liderado por las élites tradicionales, obstaculizó la implementación de los acuerdos y destruyó así la posibilidad de una paz verdadera en la zona. Es por esto, que para Flórez (2014b), el proceso de paz entre el PRT y el gobierno nacional presentó sobre todo una oportunidad perdida. Según el antiguo dirigente del partido, la inclusión de factores y actores del nivel regional no se vuelve un desafío sino que es la clave para una implementación exitosa.
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Entrevistas
Astolfo (Antiguo miembro del PRT y promotor del proyecto político en la Costa). Cartagena, Colombia, 2014.
Barrios, Gabriel (Antiguo dirigente de la ANUC y del PRT, ex concejal de San Juan de Nepomuceno). Bogotá, Colombia, 2014.
Cienfuegos, Alberto (Antiguo miembro del PRT). Bogotá, Colombia, 2014.
Cuello, Rafael (Antiguo miembro del PRT y sindicalista). Bogotá, Colombia, 2014.
Del Rio, Fernando (Antiguo miembro del PRT y director de CORPADEC). Bogotá, Colombia, 2014a.
Del Rio, Fernando (Antiguo miembro del PRT y director de CORPADEC). Bogotá, Colombia, 2014b.
Falla, Ernesto (Antiguo miembro del PRT e integrante del equipo negociador). Bogotá, Colombia, 2014.
Fernández, Arcecio (Antiguo miembro del Secretariado). Bogotá, Colombia, 2014.
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Flórez, Enrique (Antiguo miembro del Secretariado del PRT, integrante del equipo negociador y ADM-19 candidato al Senado). Bogotá, Colombia, 2013.
Flórez, Enrique (Antiguo miembro del Secretariado del PRT, integrante del equipo negociador y ADM-19 candidato al Senado). Bogotá, Colombia, 2014a.
Flórez, Enrique (Antiguo miembro del Secretariado del PRT, integrante del equipo negociador y ADM-19 candidato al Senado). Bogotá, Colombia, 2014b.
Ortiz, José Matías (Ex miembro del Secretariado, integrante del equipo negociador, constituyente y ex
Senador). Barranquilla, Colombia, 2014.
Tobón, Gabriel (Antiguo miembro del Secretariado). Bogotá, Colombia, 2014.
Urueta, Jorge (Antiguo miembro del PRT y ex concejal de Barranquilla). Bogotá, Colombia, 2014a. Urueta, Jorge (Antiguo miembro del PRT y ex concejal de Barranquilla). Bogotá, Colombia, 2014b.
Zambrano, Carlos (Antiguo miembro del PRT y ex alcalde de Baranoa). Baranoa, Colombia, 2014.
Talleres:
Taller 2014a, febrero 8, Bogotá. Taller 2014b, febrero 17, Ovejas.
Taller 2014c, mayo 24, Bogotá.
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http://www.entornointeligente.com/articulo/7762974/COLOMBIA-La-paz-territorial-que-no-fue-posible
COLOMBIA: «La paz territorial que no fue posible»
El Espectador/ Un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), encabezados por Enrique Flórez, firmante del acuerdo de paz de Don Gabriel hace 25 años, conversó con El Espectador . Las memorias del proceso de paz que empezó con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1987 y concluyó con la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 tienen una sorprendente identidad con lo que ocurre hoy. No solo hacen parte de la misma escena política personalidades como Humberto de la Calle, Antonio Navarro Wolf, Gustavo Bell, Eduardo Verano de la Rosa o Rafael Pardo Rueda, sino que el diagnóstico social de la guerra continúa inmutable.
El PRT fue una guerrilla de cerca de 200 hombres en armas que se fundó en 1983. Adquirió su mayor fuerza en la costa Atlántica, especialmente en los Montes de María. Participó de los movimientos de paz que empezaron en el Gobierno de Belisario Betancur y asistieron con un cupo, con voz y sin voto, a la Constituyente. Las armas de esta guerrilla fueron lanzadas al mar el 26 de enero de 1991, un día después de firmar el acuerdo final de paz. Hoy, de cara a un acuerdo de paz con las Farc, estos exdirigentes guerrilleros hacen un balance de su proceso, de los aciertos y desaciertos, y esperan que su experiencia sea tenida en cuenta en La Habana.
¿Qué era el PRT?
Era una organización político-militar que desde comienzo de la década de los 80 se configuró, producto de las disputas internas del PCML (Partido Comunista Marxista Leninista) y creamos el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Eso fue en el 83. Básicamente agrupó sectores campesinos, del magisterio, liderazgo sindical, estudiantil, sectores de lo que se llamó el sindicalismo independiente. Alcanzamos a tener presencia en el Valle, en Cauca, Nariño, Antioquia.
¿Cuántos hombre tuvieron?
Nos desmovilizamos 200 hombres. Pero nuestra estructura política fue más amplia.
¿Cómo fue la negociación?
Arrancó dentro de la Coordinadora Guerillera Simón Bolívar después de la desmovilización del M-19. En la Coordinadora se venían haciendo reuniones para ver la posibilidad de hacer un acuerdo unidos, pero no se logró. El M-19 salió con su proceso y la Coordinadora Guerrillera hizo que nos agrupáramos el Epl, el Quintín Lame y el PRT, quienes nos encontramos con la misma decisión: transformar el acumulado militar que teníamos en fuerza política. El proceso del M-19 y la simpatía que consiguió en la población y el rechazo a la lucha armada nos impulsaron a hacer una reunión los tres grupos con Rafael Pardo Rueda y dimos inicio al proceso de paz. En esa declaración adherimos a la iniciativa de paz del gobierno de Virgilio Barco, expresamos nuestra decisión de dejar las armas y de concentrar los frentes en distintas zonas del país donde tenía influencia cada grupo. La decisión de dejar las armas y la promesa de una Asamblea Nacional constituyente permitieron que la negociación fuera rápida.
¿Qué se negoció en ese momento?
25 años después nos damos cuenta de que en ese proceso de paz no hubo temas sustantivos a las necesidades de cambio que tenía el país, a diferencia de lo que hoy ocurre con las Farc en La Habana. En la mesa llegamos al convencimiento de que esas exigencias debían ser llevadas a la Constituyente. Entonces el acuerdo se limitó a establecer las condiciones para la reintegración de los grupos a la vida política y social del país. Un primer componente del acuerdo fueron las condiciones de la desmovilización, otro de garantías de seguridad, garantías económicas para los guerrilleros y se le puso especial atención a engarzar ese proceso a las regiones donde teníamos arraigo. Allí se hicieron planes regionales de desarrollo y se creó la Comisión de Derechos Humanos en la costa Atlántica.
¿Cómo fue la participación del PRT en la Asamblea Nacional Constituyente?
Con el acuerdo se nos dio la participación en la constituyente con voz pero no voto. En ese momento se nos dijo que no nos daban voto porque se producía un desequilibrio en las fuerzas de la constituyente dado el fervor que estaba teniendo la Alianza M-19. Fue una actitud mezquina la del Gobierno en ese momento.
¿Cómo fue la desmovillización?
Lo primero fue un cese unilateral del fuego y hacer una declaración de nuestra voluntad de dejar las armas. Luego nos concentramos en un campamento en la Haya, en el municipio de San Juan de Nepomuceno, Bolívar. De ahí nos desplazamos al municipio de Ovejas, en el corregimiento de Don Gabriel, en Sucre. Ahí, en el casco urbano, se desarrolló todo el proceso de negociación. Establecimos un área en que no podía haber Fuerza Pública y había una vigilancia y unos protocolos de acceso y de salida del perímetro pactado.
¿Cómo se monitoreó la concentración?
Con un dispositivo del Ejército y dentro del casco urbano la policía. Ahí estuvimos seis meses. Luego vino la discusión sobre la dejación de las armas. Y se impuso el criterio de que las armas no se le iban a entregar al Estado. Que nosotros no estábamos derrotados, que había temas de dignidad de combatientes, que la gente debía entender que esto no era la derrota de la guerrilla, sino la transformación de una fuerza militar en una política. Y llegamos a la decisión de botar la armas al mar. Quemamos los uniformes y destruimos las municiones el 25 de enero de 1991, y al siguiente día nos llevamos las armas, que eran aproximadamente 100 fusiles, y las lanzamos al mar cerca de Cartagena. Lo hicimos en una ceremonia simbólica con invitados como Orlando Fals Borda, Eduardo Verano de la Rosa, Antonio Navarro Wolf, Gustavo Bell. Simbólicamente las armas ya no servían y las echamos al mar.
¿Y cómo fue la reinserción?
Bastante traumática. En esa época no había la institucionalidad que hay hoy ni los estándares internacionales. Nosotros fuimos la prehistoria de los modelos de DDR. Hubo muchos traumas por el incumplimiento. No estaban preparadas para reinsertar 200 hombres y se improvisó mucho. Desde el subsidio por combatiente hasta los proyectos productivos fueron muy difíciles. El programa de reinserción pasó por mil entidades del Estado y tenía principios de corresponsabilidad y cogobierno. Teníamos un comité de voceros de cada guerrilla, incluyendo al M-19. Entonces se empezaron a crear oficinas y ONG para mover los programas. El balance fue traumático. Nuestra proyección era que el proceso tardaría dos años y nos demoramos trece. De 1991 a 2003, cuando el ministro Londoño puso punto final a los acuerdos.
¿Qué rescata de ese modelo de reinserción?
En una primera, entre el 91 y el 94, se creó el Fondo de Paz, que permitió desarrollar foros de desarrollo y paz en los municipios que nos permitieron ubicar las necesidades territoriales. Creamos un Consejo de Normalización que actuaba como interlocutor entre el nivel municipal y el nacional. Pero la respuesta institucional era muy lenta. Todas las demandas que recibimos en ese momento aún están vigentes. Otro de los logros fue la creación de la primera empresa de salud regional y el proceso de vivienda. Eso nos empezó a proyectar política y en el fervor de la constituyente hubo una movilización social por llegar al poder político local. Entonces creamos los comités cívicos y a conquistar alcaldías. Conseguimos Corozal, Chalán y empezamos a emerger en el poder local. Pero entonces se vino la arremetida paramilitar.
¿Cómo fue eso?
Entre 1991 y 1994 tuvimos nuestra primavera política. Despertamos fervor y conseguimos apoyo, pero a partir de 1994 se produjo la alianza entre los sectores políticos locales que estaban perdiendo espacio y sectores oscuros del militarismo. Hoy ya se sabe, después de Justicia y Paz, que de esa alianza participaron El Gordo García, los Nule y Mancuso. Eso terminó en el exterminio del PRT. En 1995 empezaron a matar a nuestra dirigencia. Fueron asesinados cerca de 30 dirigentes y 40 militantes, es decir, 70 de 200. La alianza de políticos locales, paramilitares y Fuerza Pública tenía como objetivo aniquilar a la dirigencia social de los Montes de María, y no solo del PRT. De ahí viene esa tragedia de los Montes de María, que ha dejado 250 mil desplazados y más de 2.000 líderes asesinados. Ahí se truncó la paz. Esa fue la paz territorial que no fue posible. El Estado fue incapaz de garantizarnos la vida. Del PRT nos salvamos los que nos desplazamos.
¿Y qué pasó con la gente del PRT?
Precisamente estamos buscando hacer un balance detallado 25 años después de la firma del acuerdo de paz. Vamos a convocar a nuestros sobrevivientes, vamos a volver a nuestras regiones para recoger nuestra historia. Queremos reconstruir nuestra experiencia para que sea tenida en cuenta en este nuevo impulso de paz.
¿Cuáles son esas lecciones?
Hay que decir que una de las diferencias entre la paz de ese momento y la que se negocia hoy era un ambiente respaldo social. Hoy hay mucha polarización. Pero veo como ventaja la atención que se le ha prestado a la paz territorial. Es que si no se eliminan las causas sociales de la violencia, no va a haber paz. Se necesita desarrollo. Un tercer elemento es el peligro que significa para la paz el entronque entre poderes locales y poderes mafiosos. Hay que evitar la reacción paramilitar. Y lo último es que la institucionalidad tendrá que hacer un gran esfuerzo para recibir la paz.
Las Farc exigen el desmonte del paramilitarismo y usted me dice que una de las principales causas del fracaso del acuerdo de paz de ustedes fueron esas fuerzas oscuras. ¿Cómo hacerlo?
Hoy hay una alianza entre élites locales, factores criminales del narcotráfico y sectores corruptos de la Fuerza Pública. Esa es la alianza que hay que desarticular. Y atacar esa cultura de las élites políticas de aniquilar a sus oponentes. A nosotros nos mataron alcaldes, concejales y a nuestros mejores líderes. Y para lograr desarticular eso se necesitan dos cosas. La más importante: la verdad. Y la segunda: la justicia.
¿Cómo fue su relación con el Eln?
Con ellos configuramos la trilateral: PRT, Mir Patria Libre, PRT. Confluimos en el proceso de paz de Batancur que el gobierno buscaba derrotar por la vía legal a la guerrilla. Por eso dijimos no. Tuvimos muchas discusiones que impidieron la integración. Sobre todo, la manera como ellos tramitaban las diferencias internas. El caso de Ricardo Lara nos tocó mucho, porque terminó siendo asesinado por el mismo Eln.
Hoy que se busca una mesa con el Eln, ¿qué mensaje les manda?
El Eln puede jugar un papel muy importante en el proceso de paz. Es la fuerza que hace falta para concretar el cuadro. Ellos deben dejar sus temores y sincronizarse con lo que está ocurriendo en La Habana. La paz de Colombia necesita el Eln.
¿En qué quedaron las luchas del PRT por la transformación del campo?
La violencia cerró los espacios organizativos. Hoy se necesita retomar esos caminos organizativos de los campesinos. En los montes de María hay dos zonas de reserva campesinas, pero no han tenido desarrollo las propuestas. La economía campesina de la costa Atlántica ha retrocedido 90 %. Y uno de los problemas fue que se crearon expectativas que no se cumplieron. Y espero que no se vuelva a producir ese error de entregar beneficios solo a las guerrillas y sus desmovilzados, pues se necesita beneficiar a toda la población.
¿Qué va a pasar con los sobrevivientes del PRT?
Hoy nos reafirmamos en que fue una decisión política acertada dejar las armas, quien no ha cumplido ha sido el Estado. Los movimientos que dejamos las armas hemos cumplido y hemos puesto una alta cuota de sacrificio. Es el Estado el que no ha cumplido y ha dejado esa paz de los 90 inconclusa. El PRT ha está empezando un proceso de reagrupamiento y estamos reconstruyendo nuestra historia. Y lo primero será llevar nuestro caso a la CIDH, porque vivimos un exterminio y nadie nos ha contado ni qué pasó ni por qué.
@AlfredoMolanoJi / @luchoceliscnai
COLOMBIA: «La paz territorial que no fue posible»
Con Información de El Espectador
INFORMACION ANEXA (PRT):
Martes 26 de Enero de 2016 – 03:54 PM
Excombatientes del PRT piden blindar el proceso de paz contra genocidas
Tras cumplirse hoy 25 años de la desmovilización del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), algunos de sus sobrevivientes le pidieron al Gobierno Nacional blindar el actual proceso de paz con las Farc ante una posible amenaza de exterminio, si se da el acuerdo final de desmovilización y dejación de armas.
Excombatientes del PRT piden blindar el proceso de paz contra genocidas
(Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)
Desde el departamento de Sucre, territorio donde hace 25 años se dio la desmovilización del precitado movimiento guerrillero en el corregimiento de Don Gabriel, municipio de Ovejas, algunos de sus voceros solicitaron a los negociadores de La Habana tomar las precauciones necesarias para que no se repita el genocidio político que sufrieron los militantes del PRT y de otros movimientos izquierdistas como la Unión Patriótica, el M-19, el Quintín Lame y el EPL.
“La Asamblea Nacional Constituyente trajo al país vientos de cambio y de paz. La desmovilización del PRT como movimiento guerrillero no fue fortuita, pues con la Constitución de 1991 se abrió el camino al Pacto Político por la Paz. Pero esa paz fue parcial porque un día después de nuestra desmovilización hicimos una reunión en Sincelejo con la dirigencia de los ganaderos de Sucre y ellos tomaron una posición mezquina hacia nuestro proyecto político y emprendieron una campaña de exterminio de la mano de las Auc”, dijo José Matías Ortiz, ex jefe del grupo guerrillero PRT en rueda de prensa realizada la mañana de este martes en la gobernación de Sucre.
La reunión mencionada hace referencia a un almuerzo convocado por los desmovilizados del PRT a los ganaderos más pudientes de Sucre y Bolívar, el 27 de enero de 1991, con el fin de abrir un sendero de reconciliación. El encuentro se dio en el desaparecido Restaurante La Selva, ubicado a pocos metros del antiguo Hospital Regional de Sincelejo y sitio donde la clase pudiente de la región gozaba de los mejores bailes de las fiestas del ‘20 de Enero’ al ritmo de agrupaciones como la Billos Caracas Boys, Los Corraleros de Majagual, Los Blancos, entre otras.
Según el ex PRT fue allí donde inició una campaña de persecución que se extendió hasta Bolívar y Atlántico, pero fue Sucre el territorio donde se registró el grueso de los asesinatos.
“Hoy, 25 años después, tenemos compañeros que no pueden volver por temor”, dijo Robinson Arrieta Moncayo, ex militante del PRT.
Recordaron casos sonados como los asesinatos de Reinaldo Rivas, unos de los firmantes del acuerdo de paz entre el PRT y el gobierno del ex presidente César Gaviria. Rivas fue asesinado en Sincelejo el dos de abril de 2001.
Ramiro Jiménez, fundador de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) asesinado por paramilitares en febrero de 1993 en Ovejas (Sucre). Raúl Tovar, ex alcalde del municipio de Chalán, fue asesinado en abril de 2003 en Colosó (Sucre). Héctor Rivas, ultimado en la ciudad de Cartagena el 5 de abril de 1999; era un reconocido dirigente y fundador de la otrora EPS Mutual Bolívar.
Para los sobrevivientes ese genocidio se convirtió en un verdadero acto de injusticia, toda vez que el PRT fue catalogado por muchos como la guerrilla más insólita de la historia colombiana porque no dispararon una sola bala como estrategia ofensiva.
Ismael Menco Rivera, presidente de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado por la Paz (Asovipaz) y exmilitante del PRT, dijo que actualmente se está gestando un movimiento de víctimas del PRT en las sabanas de Sucre y Bolívar y la región Caribe en general para hacer visibles a esas personas y trabajar para que el estado reconozca el genocidio contra los integrantes del PRT y a sus víctimas como sujeto de reparación colectiva.
Además que en el marco de la Comisión de la Verdad que se conforme en el acuerdo con las Farc se esclarezcan las circunstancias y responsabilidades del holocausto en los Montes de María y los miles de líderes sociales y políticos que fueron asesinados, masacrados o desplazados de la región.
Genocidio del Partido Revolucionario de los Trabajadores (P.R.T), en los Montes de María, después del Acuerdo de Paz en 1991
Documento presentado en el Foro de Victimas de Barranquilla del 17 y 18 de Julio sobre el Genocidio del Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT,en los Montes de María, después del Acuerdo de Paz de 1991.
Barranquilla, Julio 17 de 2014
Señores organizadores del Foro de Victimas de Barranquilla.
Reciban un afectuoso saludo.
Nosotros hombres y mujeres del PRT, venimos a este Foro, como todas las Victimas a exigir VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN.
21 años después de haber hecho un Acuerdo de Paz con el Gobierno Colombiano, podemos hacer un balance de esa Paz que esperanzadora pudo significar mucho para los Colombianos y en especial para la Costa Caribe.
Como una contribución a la Paz y la Reconciliación el PRT, hizo dejación de armas el 26 de Enero de 1991 en Don Gabriel, Ovejas, Sucre, Sub-región de los Montes de María. Allí en la ruralidad, como en los centros urbanos la extrema pobreza, la corrupción y la politiquería, tenían un gran peso por lo cual tuvo la base del surgimiento de Movimientos sociales, luchando por Tierra, Trabajo y Educación. El PRT llego a tener una fuerte incidencia en la conducción política de esos Movimientos Sociales.
En el acuerdo de Paz, se pacto el respeto a la vida y la Defensa de los Derechos Humanos, como una estrategia para contribuir a la construcción de la Paz en lo local. En este proceso llegamos a tener un vocero en la Asamblea Nacional Constituyente y logramos ganar Concejales, Diputados, Alcaldes, incluida la presencia en el Congreso Nacional.
Los resultados de una posible Reconciliación y el impulso de unos planes de desarrollo para las Comunidades, donde hicimos presencia, fueron a contrapelo cambiada por desapariciones, masacres y expulsión violenta de nuestros militantes y las comunidades rurales que convivían en muchos de esos municipios. El propósito de Paz se frustro por la alianza mafiosa entre sectores de la clase política local, el paramilitarismo encabezado por Mancuso de la AUC e integrantes de la Fuerza Pública, que produjeron la tragedia humanitaria en la Costa Atlántica, especialmente en los Montes de María. Alianza que se construyó para imponer el terror en nuestros dirigentes sociales y políticos, es una historia dolorosa que aún no se cierra.
Los Montes de María y toda la Costa son testigos de cómo las AUC, solas a veces, otras en compañía de tropas del Estado, destruyeron el tejido social que en décadas había surgido a partir del Movimiento Campesino, Indígena, Estudiantil y Obrero.
Nosotros pensamos y decidimos que los demócratas y revolucionarios de Los Montes de María y de la Costa Atlántica en general, podíamos a través de este proceso creer y crecer en la vía democrática para construir desarrollo con inclusión social y pluralismo político; que la dejación de armas del M-19, El Quintín Lame, El EPL, El PRT y la Corriente de Renovación Socialista, abrirían espacios políticos para incidir de manera civilizada o racional en la solución de los problemas de la región y el país que por décadas no resuelve el Estado Colombiano ni la dirigencia política tradicional, sumiendo a los diferentes actores sociales en la desesperanza, la miseria y la violencia.
Los hechos que vamos a denunciar, demuestran que hay una dirigencia de extracción gamonal y terrateniente en la región que no está interesada en la resolución pacífica de los conflictos y de la miseria, que su rentabilidad está en la pobreza de nuestra gente y que junto a militares corruptos del Estado Colombiano y gremios de la región, buscan el statu quo y conjuntamente con sectores emergentes del narcotráfico, se empeñan en mantener un ejército de asesinos al servicio de la opulencia y el derroche del erario público. El Estado colombiano no ha sido garante de la vida, la justicia, ni de los derechos humanos en este proceso.
Las muertes violentas, masacres y desapariciones contra la base social de los desmovi lizados del PRT y actores sociales, campesinos, mujeres, indígenas y comunidades afros en la región, fueron reconocidas en las revelaciones que en Audiencias Públicas hiciera Juan Borre Barreto, alias Javier, “Juancho Dique” que junto a Sergio Córdoba Ávila y Salvatore Mancuso, reconocen sus crímenes y masacres en la región y que comprometen en estas declaraciones a la dirigencia política tradicional de la región , junto a militares, funcionarios, alcaldes y gremios económicos, que realizaron alianzas nefasta contra para la población inerme de desmovilizados y sus familias.
Con datos y cifras en la mano, venimos a este foro a denunciar los hechos que aun enlutan a centenares de familias; a solicitar a quienes negocian en la Mesa por la Paz en la Habana que el Estado Colombiano reconozca ese Genocidio. Que hacia el futuro y previendo acuerdos del Gobierno con las FARC y el ELN, estas conductas no se repitan, como condición básica para construir la tan anhelada y esperada PAZ TERRITORIAL. A continuación relacionamos algunos de los hitos más importantes en este premeditado genocidio contra excombatientes del PRT, las bases sociales y líderes políticos que acompañaron el proceso de desmovilización y construcción de una alternativa democrática:
HECHOS
- El 22 de Julio de 1991, en Coloso (Sucre) paramilitares asesinaron a Nafer Salcedo Tovar, tesorero de la ANUC y coordinador del PRT del Municipio, e hirieron a uno de sus hijos.
- El 24 de junio de 1992, en San Juan Nepomuceno (Bolívar), las AUC asesinan al compañero del PRT Humberto Antonio Olivares Castillo.
- El 27 de Enero de 1993, en Aracataca (Magdalena), las AUC, asesinan a Pedro Manuel Terán Samper, dirigente del PRT en el corregimiento del Reten Magdalena. En los hechos quedo otra persona herida.
- El 27 de febrero de 1993, en Ovejas (Sucre), paramilitares asesinan a Ramiro Jiménez, fundador de la ANUC en la región, exconcejal y exdiputado ex militante del PRT, departamento de Sucre, vereda Santa Rita.
- El 16 de diciembre de 1993, en San Juan Nepomuceno (Bolívar), las AUC, asesinan al líder agrario y militante del PRT, Leopoldo Castro Ariña.
- El 8 de Marzo de 1994, fue asesinada Alba Flórez Cardoso, Educadora, dirigente de ADES y coordinadora de una Cooperativa de Artesanos, se desempeñaba en el trabajo del área de la mujer en CORPADEC – SUCRE. Alba Flórez, fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
- El 30 de octubre de 1995, en Coloso (Sucre), paramilitares detuvieron y desaparecieron a Heberto Tovar Barreto, concejal de ese Municipio, hermano de Raúl Tovar Barreto. El hecho ocurrió cuando el compañero del PRT se dirigía hacia una reunión de Madres Comunitarias en el corregimiento EL Cerro.
- El 22 de Marzo de 1996 es asesinado Rafael Barreto Meriño, en la vereda del Tesoro bajando hacia Chengue. Rafael se vinculo a las tareas electorales del PRT tras la desmovilización del 26 de Enero de 1991.
- El 25 de Marzo de 1996, es asesinado Amaranto Sequea en la vereda del Tesoro. Amaranto fue un líder histórico del PRT. (Amaranto participo en la reunión con los delegados del Gobierno encabezados por Rafael Pardo Rueda el 12 de julio de 1990)
- El 2 de Abril de 1996, en Sincelejo (Sucre) las AUC asesinan a Luis Miguel Vergara de León, diputado de la Asamblea Departamental de Sucre, fundador del Movimiento Cívico por la Defensa de Corozal.
- El 11 de Mayo de 1996 es asesinado Jhovani López Sequea del Tesoro. A Jhovani lo asesinan cerca a don Gabriel, corregimiento donde hicimos dejación de armas el 26 de enero de 1991.
- El 2 de Mayo de 1996 fue asesinado en la casa de Jorge Jiménez González el destacado abogado Miguel Ángel Palomino Cervantes, especialista en Derecho de Familia y Derecho Agrario, defensor de Derechos Humanos. , fue candidato por la circunscripción especial de paz, nominado por el PRT y avalado por la AD-M19.
- El 4 de Mayo de 1996, en Sincelejo (Sucre), es asesinado por paramilitares de las AUC, el compañero del PRT, Nicolás Segundo Medrano Navas.
- El 6 de Mayo de 1996, en San Juan Nepomuceno (Bolívar), las AUC asesinan al compañero del PRT, Antonio Ferradanes García, presidente de la ANUC y consejero del Centro Integral del Sector Agropecuario (CAISA) del SENA, en ese Municipio..
- El día 9 de mayo de 1996 en el municipio de Repelón (Atlántico) fue baleado en su casa Eduardo Ruiz Potes, quien había sido el segundo renglón de la lista al concejo por la Circunscripción Especial de Paz encabezada por Wuarney Pérez Albor en 1994. Eduardo Ruiz recibió cuatro impactos de revolver en el pecho y salvo su vida gracias a que muchos vecinos se abalanzaron sobre los atacantes y estos huyeron. Esta lista al Concejo de Repelón fue nominada por el PRT y avalada por la AD-M19.
- El 8 de Marzo de 1997, exactamente a los 3 años de ser asesinada Alba Flórez Cardoso, en Sampués (Sucre) es asesinado su sobrino Nilson Díaz Flórez y Eustorgio Gómez Carrascal, miembros de la Cooperativa de Artesanos de San Luis, corregimiento de Sampués, la cual funcionaba desde 1991. A raíz de estos hechos el Presidente de la Cooperativa abandono la región, pues fue amenazado de muerte.
- El 14 de agosto de 1997, en San Juan de Betulia (Sucre), paramilitares bajo la etiqueta de “Asociación de Vigilancia y Seguridad Rural- CONVIVIR-, que portaban todo tipo de armas, luego de identificarse como miembros de la Fiscalía, hacia las 5 pm. Sacaron de su vivienda a Jhony Aviles Tovar, lo obligaron a subir a un campero Samuray de color azul y lo llevaron con rumbo desconocido. Horas más tarde fue hallado su cadáver en el sito la Loma del Dividivi, en la vía a Corozal. A Jhony le habían hecho un atentado 4 meses atrás.
- El 5 de abril de 1999 al salir de su casa en Cartagena fue asesinado Héctor Rivas Fontalvo, destacado dirigente de CORPADEC y del PRT del departamento de Bolívar, gestor de la Ciudadela de la Paz de ese municipio que beneficia a 125 familias y fundador y constructor de la otrora mutual Montes de María, que llego hacer en su momento la mas grande EPS de Colombia con mas de 100.000 afiliados, previamente a Héctor Rivas le habían cometido un atentado en el Carmen de Bolívar. Su sobreviviente escolta Álvaro García, corre la misma suerte siendo asesinado. García era militante del PRT.
- En San Marcos Sucre, después de haber sido desplazado el dirigente campesino de la ANUC, Alfredo Mariano Ovalle Olivera, fue activista de Anuc y simpatizante del PRT.
- El 11 de Mayo de 1999 es asesinado Julio Barreto Muñoz. Julio será uno de los 3 hermanos mártires de la familia Barreto Muñoz. Julio fue asesinado en el Tesoro.
- En el año de 1.999 es asesinados Antonio Ferradanes Garcia presidente y vicepresidente de la Ciudadela de la Paz de San Juan de Nepomuceno, Bolívar, dirigente de la asociación campesina ANUC, gracias a su trabajo evito que la antigua caja agraria rematara la propiedad de los pequeños productores del campo, fue asesinado en el municipio de San Juan Nepomuceno
- Es asesinado en San Juan Nepomuceno Bolívar Humberto Castillo Castellar, promotor de los programas de vivienda LA PAZ, de los municipios San Juan Nepomuceno y Carmen de Bolívar.
- El 16 de Enero del 2001, es salvajemente torturado y asesinado nuestro compañero Faustino Barrios Barrios: desplazado, líder del asentamiento de Villa Esperanza en el municipio de Malambo (Atlántico Faustino acompañaba al M.P.D.L. (Movimiento Por La Paz, El Desarme y la Libertad) de España en proyectos de vivienda, ecología y salud, era profesor del colegio Nelson Polo, de Villa Esperanza y organizaba los talleres de Convivencia y Derechos Humanos de CORPADEC, en la localidad. Faustino era el máximo dirigente del PRT en el Municipio de Malambo.
- El 6 de Marzo de 2002 es asesinado Fidel Barreto, padre de los 3 mártires Barreto Muñoz. También lo asesinaron en el Tesoro, vereda del municipio de Ovejas, Sucre. Tambien es desaparecido Julio Sequea Bravo. Julio también era militante del PRT.
- En Septiembre del año 2.000 en el municipio de Malambo fue asesinado Tomas Romero: presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del departamento del Atlántico.
- El 28 de febrero del 2001 son asesinados en Santa Marta Roberto Villegas Wedeford y su compañera Martha Vásquez, a quienes le sobreviven 5 hijos. Roberto Villegas dirigió varios proyectos de CORPADEC en Sucre para los municipios de Chalan y Ovejas y mas tarde hizo parte de la comisión de pesca del concejo distrital de Barranquilla.
- El 2 de abril del 2001 es asesinado en Sincelejo, Reinaldo Rivas, tesorero nacional de CORPADEC, exdirigente de la ANUC, expresidente del sindicato de tabacaleros de Ovejas, presidente de la Ciudadela de la Paz en Ovejas Sucre. Reinaldo Rivas, era tío de Héctor Rivas Fontalvo. Reinaldo Rivas fue uno de los negociadores y firmantes del Acuerdo de Paz entre el PRT y el Gobierno del presidente Cesar Gaviria.
- En febrero del 2001, fue detenido y torturado Alexander Rivera Salas, hermano de Joaquín Rivera Salas, perteneciente al capítulo de CORPADEC Atlántico.
- El 25 de abril de 2003 ocurre un triple asesinato contra el PRT. Son asesinados de Julio Segundo Sequea tras ser torturado y los hermanos Marcos Barreto Muñoz y Ulises Barreto Muñoz, los sacaron de sus viviendas y los mataron juntos llegando a Verruga cerca de Macayepo. Marcos y Ulises también eran primos de Raúl Tovar.
- El 26 de abril de 2003 es asesinado en el corregimiento del Ojito, Raúl Tovar Barreto exalcalde de Chalán y quien aspiraba a la alcaldía de Colosó. Antes (1995) Heberto Tovar Barreto hermano de Raúl es momento era concejal de Colosó, es desaparecido. Meses más tarde del asesinato de Raúl, es asesinado Franklin Tovar Barreto hermano de los anteriores. Ese mismo día por la noche, 3 compañeros campesinos, incluido un hermano de Amaranto Sequea, fueron sacados de sus casas y descuartizados con motosierra en la vereda del Tesoro municipio de Ovejas.
- El 7 de Febrero del año 2004 es asesinado José Mendivil Cárdenas quien fue director del Transito Distrital de Barranquilla, coordinador de Amnistía Internacional, durante más de 7 años, Director de CORPADEC-ATLANTICO y al momento de su asesinato era el Presidente del Consejo Directivo de COOTRAB (cooperativa de transporte de Barranquilla).
- El 2 de Abril del 2004 a las 6:51 a.m. Jorge Urueta, dirigente del PRT y exconcejal de Barranquilla, fue objeto de un atentado, cuando se dirigía al colegio San José de Barranquilla a llevar a su hija. Recibió 2 balazos de pistola 9 milímetros en la parte inferior del occipital izquierdo.
- El día 6 de Mayo de 2004, cuando llegaba a su casa fue asesinado Elías Enrique Duran Rico, miembro de CORPADEC y ex militante del PRT en Baranoa. Elías, era el presidente del Sindicato de Transito y Transportes Distrital de Barranquilla.
- También en 1996, fueron asesinados en el corregimiento de la Haya, municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, los dirigentes campesinos: Miguel Almanza Celestino, Joaquín Contreras Morales, Luis Ballesteros, Luis Andrade, militantes y desmovilizados del PRT.
- El 2 de Noviembre el año 2.000, en la ciudad de Barranquilla, fue baleado de muerte José Luis Pérez, desmovilizado del PRT, quien quedo incapacitado de una pierna.
- En el corregimiento de La Haya de San Juan Nepomuceno fueron asesinados Miguel Armanza celestino, Luis Andrade, Joaquin Contreras Morales este último fue desaparecido.
- Luis Ballesteros beneficiario de las tierras de la María Bajo Arena San Rafael duro 2 años por fuera de la parcela y cuando regreso fue asesinado
- Las tierras que el gobierno entrego a los reinsertados en los municipios de ovejas Sucre, Carmen de Bolivar y San Juan Nepomuceno todos ellos a los dos años de entrega por parte del Incora tuvieron que abandonarlas, por las amenazas y persecuciones contra ellos. En las tierras entregadas en San Juan Nepomuceno, en la región de la Maria denominada Bajo Arena San Rafael estas parcelas fueron entregadas a 10 reinsertados y 5 de ellos fueron asesinados, los otros 5 hacen parte de los desplazados que hay en Colombia.
- Nicolás Segundo Medrano, Armando Rafael Sequea Montes, Oscar Pérez Paez, Eberto Tovar Duarte, Alfredo Mariano Ovalle Olivera, Nafer Salcedo, Antonio María Ferradanes García, Leopoldo Castro Ariña, Victor Lara Guerra, Marco Antonio Avila, Aldebrando Padilla; todos estos dirigentes de la organización campesina ANUC, y relacionados con el PRT fueron asesinados.
- El 7 de Mayo de 2010 en audiencia del proceso de Justicia y Paz, el jefe paramilitar Juan Manuel Borre Barreto, identificado con la C.C. N° 73.229.124 y perteneciente al Bloque Córdoba de las AUC, reconoció explícitamente que lo que había ocurrido contra el PRT, era un proceso de GENOCIDIO, fríamente calculado entre el BAFIN, el Ejercito, los Alcaldes de los Montes de María y varios políticos. Esta declaración sirve para entender que lo sucedido no han sido hechos aislados.
PROPUESTAS:
Ante las evidencias del Genocidio contra el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, en los Montes de María y en la Región Caribe presentamos las siguientes propuestas:
- Que el Estado reconozca el Genocidio contra los integrantes del PRT y a sus víctimas como sujeto de reparación colectiva.
- Que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad por la participación de miembros de la fuerza publica, sectores de la clase política y alcaldes en este genocidio y se realice un acto de reparación simbólica en el municipio de Ovejas.
- Que en el Marco de la Comisión de la Verdad que se conforme en el Acuerdo con las FARC-EP se esclarezcan las circunstancias y responsabilidades del holocausto en la Montes de María y los miles de líderes sociales y políticos que fueron asesinados, masacrados o desplazados de la región.
- Que se inicie un proceso de reparación colectiva en las zonas de influencia del PRT donde fueron asesinados los excombatientes y se repare individualmente a las familias directamente afectadas.
Atentamente,
Desmovilizados del PRT
Barranquilla 17 y 18 de Julio de 2014
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-15036
EL PRT QUEMÓ SUS ÚLTIMOS CARTUCHOS
Ayer, al mediodía, bajo un sol de fuego, Valentín González, el comandante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), desenfundó su pistola una Browing de 9 milímetros y la puso junto a los fusiles de sus casi 200 hombres. En ese instante, ese grupo guerrillero se disolvió para siempre. Poco antes, los últimos disparos retumbaron en el cielo de este diminuto corregimiento.
Por: POR ARTURO JAIMES
26 de enero de 1991
Fue el adiós de ese grupo que existió durante nueve años.
El PRT fue, sin la menor duda, la guerrilla más insólita del mundo: jamás hizo un solo tiro ofensivo.
Nunca, como grupo atacó un puesto de policía, ni asaltó un pueblo, ni esperó a mansalva en un recodo de la carretera un camión repleto de soldados.
Es más, nunca tuvo siquiera un taco de dinamita ni el menor asomo de terrorismo.
Las veces que usó sus armas, fue con un carácter estrictamente defensivo , según explicaron Valentín González y Sergio Sierra, que hasta ayer fueron sus máximos dirigentes.
La historia del PRT empezó en marzo de 1975, cuando la contradicciones internas en el seno del Partido Comunista marxista-leninista (PC m-l) se agudizaron y varios de sus dirigentes fueron expulsados. Entonces, crearon la llamada tendencia marxista-leninista-maoísta.
Pero fue en marzo del 82, en una conferencia nacional que se realizó en una vereda de Sucre, cuando nació el PRT como movimiento insurgente.
Y su influencia se concentró en los sectores rurales de la Costa, el Cauca y Antioquia, así como en varios sindicatos.
Al año siguiente, en el 83, en el gobierno de Belisario Betancur, se opuso a cualquier diálogo de paz. En eso coincidió con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y casi se fusiona con él para siempre.
Más tarde ayudó a crear la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB). Pero, desde abril de 1990 se convenció para siempre que el monte no era su camino y comenzó el diálogo de paz.
Y así fue como ayer, a las cinco de la mañana, un puñado de guerrilleros despertó a balazos a los 1.200 habitantes de Don Gabriel: hicieron polígono por última vez.
Al mediodía, destruyeron casi todas sus armas. Las dejaron casi en pedazos.
Ya, uno a uno, habían entregando sus uniformes. Luego, los incineraron. Los quemaron en una ceremonia simbólica.
Fue como un exorcismo a la violencia, porque para ellos ya no habrá más trajes de fatiga, botas, ni cananas.
Desde ayer, al mediodía, el grupo guerrillero PRT dejó de existir.
Luego del M-19, es el segundo que deja las armas para convertirse en partido político legal.
Las pocas armas que aún le quedan, fueron empacadas ayer en tulas y hoy al mediodía, irán a dar al fondo del mar Caribe, frente a la majestuosa Cartagena de Indias.
Al acto oficial de desmovilización del PRT asitió una delegación oficial, encabezada por el Consejero Presidencial para Asuntos de Paz, Jesús Antonio Bejarano. También concurrió Antonio Navarro Wolf, jefe del M-19, en calidad de testigo.Navarro calificó de positivo todo hecho que concrete procesos de paz en marcha y confió en que existirá diálogo del ELN y las FARC con el Gobierno.
Varios miembros de la Constituyente asistirán hoy en Cartagena al último adiós a los fierros .
Ayer, al filo de las once de la mañana, en una casita pobre que le sirvió de cuartel general a la comandancia desde el pasado 4 de septiembre, el Gobierno y el PRT discutieron y ratificaron el acuerdo de paz.
El convenio contempla garantías políticas, económicas y sociales para las mujeres y hombres que ayer abandonaron disolvieron su guerrilla.
Y Valentín González, que fue el único comandante que tuvo el PRT en casi nueve años, será su vocero en la Asamblea Nacional Constituyente.
El PRT hará su presentación oficial como nuevo partido político este domingo, a las 10 de la mañana, en el parque principal de Sincelejo.
El pacto de paz reafirmado ayer incluye un plan de desarrollo para la costa Atántica, Cauca y Antioquia, las zonas donde tiene cierta influencia el PRT. Valentín González, explicó que habían tomado la decisón de desarmarse por comprender que ya el camino de la guerrilla no tiene sentido.
Mientras tanto, el consejero presidencial consideró el regreso del PRT a la vida civil como un hecho positivo en el camino de la paz del paz. Fue un feliz regreso a la vida legal.
Como un acto adicional, se entregó una cartilla de alfabetización y hubo un concurso de pintura entre los escolares, mientras que los delegados del Gobierno explicaban a la comunidad la trascedencia de la paz. Largo amanecer Desde mucho antes del amanecer, los 1.200 habitantes de Don Gabriel estaban despiertos. Sabían que ayer era el día crucial. La hora cero.
Algunos ni durmieron. Casi hasta la medianoche del jueves estuvieron reunidos en el pequeño parque principal, entre una par de banderas y una enorme pancarta roja que decía: La paz es un tesoro. PRT .
Allí, sin guerrilleros al lado, la gente del pueblo habló de sus problemas: no hay buena carretera, ni médicos, ni buenas escuelas. No hay casi nada.
Después, prendieron una fogata y se dedicaron a contar chistes. Fue como una extraña versión de Sábados Felices …un jueves.
Mientras tanto, algunos guerrilleros jugaban su último chico de billar con el fusil terciado.
Otros, deambulaban, desde temprano, preocupados porque ayer tenían que quemar sus uniformes y no tenían ropa de civil que ponerse. El Gobierno había quedado de mandarles pantalones y camisas, pero no habían llegado.
Pero luego el problema se resolvió. Llegó la ropa. Lo que algunos no tenían era zapatos.
Hoy, casi todos los ex guerrilleros del PRT saldrán hacia Sincelejo a hacer el lanzamiento del nuevo partido político. como llegaron a este diminuto pueblo el 4 de septiembre desde La Haya, en San Juan Nepomuceno (Bolívar), donde tuvieron su primer campamento de paz. La gente de ese pueblo no quería dejarlos ir.
Mientras tanto, los comandantes irán en helicóptero a Cartagena. Luego, subirán en tulas sus últimas armas a un barco para arrojarlas al fondo del mar.
Será un hermoso acto de paz. El grupo guerrillero PRT ha muerto.
Acuerdo final entre el PRT y el Gobierno de Colombia
Fecha: 1991 01 25
Grupo: Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
País: Colombia
Categoria : Comunicado
Ficheros del Artículo:
prt.pdf
ACUERDO FINAL ENTRE EL PRT Y EL GOBIERNO NACIONAL
(Firmado en Don Gabriel, municipio de Ovejas, Sucre,
el 25 de enero de 1991)
En Don Gabriel, municipio de Ovejas (Sucre) y como producto de las negociaciones establecidas en los últimos seis meses entre el Gobierno Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores se establece el siguiente Acuerdo Final.
I. PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El Presidente de la República, facultado por el Acuerdo político del 2 de Agosto de 1990 y dado la definición en el Acuerdo firmado el 28 de Diciembre por el Gobierno Nacional con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el cual se fija como fecha de dejación de la armas el 26 de Enero de 1991, concede a esta organización guerrillera una vocería permanente en la Asamblea Nacional Constituyente. Esta participación será en condiciones iguales a la de los demás Constituyentes, a excepción del voto.
Ante la aceptación que hace de este ofrecimiento, el PRT ratifica su aspiración de que su representante sea de pleno derecho.
II. GARANTIAS POLITICAS Y PROMOCION DEL PROCESO
1. El Gobierno Nacional facilitará los medios jurídicos y administrativos para la legalización del PRT como partido político.
2. Para la promoción del proceso se utilizará la prensa y la televisión, para lo cual el Gobierno Nacional garantizará un programa especial de televisión y se compromete a gestionar la publicación de notas o programas especiales sobre el proceso, en la radio y la prensa del país.
III. PROMOCION DEL PROYECTO POLITICO
Esta promoción se establece con el fin de apoyar la acción pública del Partido Revolucionario de los Trabajadores y señalar ante la opinión nacional su importancia como proyecto político nacido de una negociación de paz y de destacar su contribución al desarrollo de las formas de participación en la vida democrática nacional. Para tal fin se establece lo siguiente:
1. Presentación de un segundo programa de televisón y de tres segmentos en la franja «Amarillo, Azul y Rojo» durante la misma semana.
2. Un aviso de una página en dos periódicos nacionales y cuatro regionales, y otra de media página en uno nacional y tres regionales. Los textos serán a elección del PRT.
3. Como complemento el Gobierno Nacional se compromete a gestionar la realización de notas o programas especiales sobre el PRT, en los distintos medios de comunicación.
4. Para la dejación de las armas el Gobierno Nacional apoyará con recursos y transporte la Celebración Cívica de la Dejación de las Armas en Sincelejo el 17 de Enero.
5. Para la presentación del proyecto político del PRT el Gobierno pagará el alquiler de un local en un lugar de Bogotá.
6. El Gobierno financiará la instalación y funcionamiento de cinco CASAS POR LA VIDA durante cuatro meses, a razón de $2’000.000 mensuales, las cuales funcionarán en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Sincelejo y otra más a opción del PRT.
IV. LEGALIZACION DEL PARTIDO POLITICO
Para facilitar la accion pública del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Consejería se compromete a gestionar ante las autoridades correspondientes la inscripción y legalización de su partido, previa la entrega de la documentación necesaria por parte de los interesados. Se entiende que estas gestiones sólo podrán iniciarse una vez realizada la dejación de armas.
V. GARANTIAS JURIDICAS
1. A partir de la lista establecida por el PRT el Gobierno Nacional entrará a aplicar el decreto de indulto, para la extinción de la pena y la acción penal por los delitos políticos y conexos, con las excepciones que en él se preveen.
2. En la lista, el PRT incluye los miembros de la organización que se encuentran encarcelados, los cuales deben estarlo por procesos que los relacione con los delitos considerados en el Decreto a que se refieren las garantías del numeral anterior.
VI. PLAN DE SEGURIDAD
l. Para la seguridad de los miembros del PRT, el Gobierno prestará un servicio de seguridad compuesto por un total de siete unidades. El equipo de seguridad del vocero en la Constituyente consistirá de un vehículo especial y de cuatro escoltas. El resto, estará conformado por un escolta por vehículo. Cada servicio incluirá la dotación correspondiente de armas, equipos de comunicación y chalecos. Los equipos de seguridad serán mixtos. Para la protección de los dirigentes del PRT, el Gobierno asignará 14 chalecos antibalas.
2. La Consejería hará las gestiones ante la Policía Nacional para garantizar la prestación de un servicio de vigilancia y seguridad permanente a las sedes de las casas del PRT.
3. El Jefe Nacional de seguridad del PRT tendrá asiento en la Comisión del Plan de Seguridad adscrita al Consejo Nacional de Normalización, y como tal, estará facultado para coordinar con la DIJIN, con el DAS y con el Fondo Especial para la Paz todos los aspectos relativos a la seguridad de los miembros del PRT.
4. El PRT podrá adicionar miembros al servicio de escoltas, siempre y cuando asuma el costo de este personal, el cual previamente deberá ser entrenado por el DAS. Las armas que este personal ulilice deberán contar con la documentación legal. La Comisión de Seguridad del Consejo de Normalización acordará el plan a seguir.
5. La Comisión de Seguridad realizará evaluaciones periódicas sobre el Plan de Seguridad y, al cabo de un año de la firma del presente acuerdo, realizará una evaluación general que permita replantear la cobertura del mismo.
VII. DEJACION DE LAS ARMAS
1. El Gobierno Nacional encuentra satisfactorio el listado completo del armamento, munición, material explosivo y prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, entregadas por el PRT.
2. Tanto el armamento como la munición, el material explosivo y las prendas militares, serán inutilizadas para la guerra. En el campamento de Don Gabriel el material explosivo será detonado y las prendas destruidas.
3. Para inutilizar el armamento en poder del PRT éste se arrojará en un lugar del Mar Caribe a mar abierto, en una ceremonia que tendrá lugar el 26 de Enero en presencia de una comisión del PRT, la Consejería de Paz y los invitados especiales.
4. El acto de inutilización deberá realizarse ante la comisión de veeduría conformada por miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y con testigos por parte del Gobierno Nacional. La Comisión comprobará que el material inutilizado concuerde con la lista previamente entregada.
VIII. DERECHOS HUMANOS
1. El Gobierno Nacional se compromete a crear una Oficina Delegada para la Costa Atlántica de la Consejería Presidencial para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Esta oficina tendrá dentro de sus objetivos implementar para la Costa Atlántica las acciones ya establecidas por la Consejería en mención a nivel nacional.
2. El Gobierno Nacional creará una Comisión Gobernamental Delegada para los Derechos Humanos en la Costa, la cual será coordinada por la Oficina Delegada de la Consejería Presidencial. Esta Comisión estará integrada por los gobiernos de los departamentos de la Costa, las Procuradurías Regionales, dos delegados de los personeros municipales los Comandantes de la Fuerza Naval del Atlántico y de las divisiones del Ejercito y los Comandantes de los Departamentos de Policía. Igualmente formarán parte de ella un delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana, y dos representantes de organizaciones de Derechos Humanos de la Costa Atlántica, uno de los cuales podrá ser de las organizaciones sociales. Estos últimos serán designados por la Presidencia de la República.
3. La Comisión de Derechos Humanos de la Costa Atlántica facilitará mecanismos para que organizaciones sociales y la comunidad en general puedan acceder a ella con el fin de adelantar campañas de promoción y defensa de los derechos humanos, y hacer conocer la situación de estos derechos en la región; todo ello sin desconocer las instancias legales e institucionales existentes para investigar las denuncias que se presenten. Particular importancia habrá de dársele a la constitución de los Comités Municipales de Defensa, Protección y Promoción de los Derecos Humanos en los Municipios de la Costa Atlántica, para lo cual se recomienda que el Gobierno Nacional disponga la instrucción necesaria a todos sus agentes regionales para que este cometido se cumpla con el acompañamiento de la comunidad. Con esta orientación, sería conveniente la iniciación de una campaña regional utilizando medios de comunicación.
4. Como complemento a la labor que realizará la Comisión Gubernamental, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y otras instituciones nacionales que se consideren pertinentes, la Consejería Presidencial para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos realizará diez reuniones de análisis y diagnóstico de los Derechos Humanos en distintos municipios del país. Estas reuniones servirán para establecer programas educativos que en materia de derechos humanos, es necesario realizar.
5. En el departamento de Sucre se creará una oficina para la recepción de denuncias relacionadas con la violación de derechos humanos en la región.
6. La Fundacion para el Apoyo a los Familiares de las victimas de la Violencia destinará recursos por 30 millones de pesos, para atender a los familiares de las victimas de la violencia en las zonas de conflicto relacionada con la presencia del PRT, el cual podrán reajustarse según las necesidades que se presenten. La subcomisión bilateral en coordinación con la Fundación en mención definirán las personas y familias que serán atendidas por este programa.
7. La comisión de Análisis de la Violencia del Departamento del Cauca se ampliará con el delegado del PRT.
8. El Gobierno adelantará ante el Consejo Nacional de Televisión la propuesta de creación de una franja de televisión en la que los organismos oficiales (grupo interinstitucional) informe o pida información sobre los casos de desaparición de personas.
9. Difusión nacional y amplia de lo adelantado en relación con el punto IV del «Pacto Político por la Paz y la Democracia» suscrito por entre el Gobierno Nacional y el M-19.
10. Dar a conocer a la nación las gestiones adelantadas por la «Comisión Asesora y Coordinadora» de las acciones contra Escuadrones de la Muerte , bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados «Paramilitares» constituido mediante decreto 813 de 1989.
11. A partir de la promulgación del Estatuto de Defensa de la Justicia, el Gobierno se compromete a considerar la propuesta del Comite Internacional de la Cruz Roja, acerca del envío a dicha institución de los nombres de las personas capturadas por razones de orden publico, so pena de sanción administrativa.
12. La Comisión Bilateral establecida por el Gobierno y el PRT en los acuerdos anteriores continuará sus funciones hasta finales del mes de marzo, con el fin de presentar las recomendaciones finales que se producirán como consecuencia de la aplicación de la agenda de trabajo trazada desde un principio. Igualmente, la Comisión Bilateral cooperará, en lo que sea pertinente con la puesta en marcha de los puntos anteriores.
IX. POLICIA INDIGENA
Se conviene proponer dentro del reordenamiento de la Polícia Nacional planteado para el actual Gobierno, que se tenga en cuenta la creación de la Policía Indígena. El Gobierno Nacional contratará un estudio a realizarse en tres meses para que presente la propuesta.
X. PLAN DE RECONCILIACION EN LA PAZ
El Plan de Reconciliación en la Paz se propone garantizar el reencuentro de los miembros del PRT con la sociedad civil en un marco de tolerancia política y respeto a la vida. El Plan busca la reincorporación de la fuerza desmovilizada a la sociedad, en condiciones economicas y sociales dignas de manera concordante con la legalización del PRT como partido político con su consecuente libre ejercicio de la política, con las garantías de seguridad de sus miembros y con el apoyo al proceso de desarrollo regional.
La formulación, diseño, ejecución y seguimiento será responsabilidad conjunta del Gobierno y del PRT, para lo cual el primero garantizará los recursos financieros técnicos y humanos que se requieran, mientras el segundo se compromete al cumplimiento de los programas y acciones que se definan y, en la medida de sus posibilidades, a gestionar recursos complementarios. El Plan contempla una fase de iniciación, una de transición, una de consolidación y una permanente de seguimiento y evaluación, todo lo cual durará tres años a partir de la firma del presente Acuerdo.
Se establece que para poder ser beneficiario del Plan de Reconciliación en la Paz, expuesto mas adelante, es necesario ser indultado. No obstante, puede haber indultados que no participen en este plan.
A. FASE DE INICIACION
Como signo de cambio de vida de los excombatientes, en el primer mes el Gobierno dotará a cada uno de los beneficiarios de un avío personal.
B. FASE DE TRANSICION
1. Subsidio de vida
El Gobierno Nacional entregará un subsidio mensual global a través de una Fundación encargada de distribuir las asignaciones correspondientes a los beneficiarios. Este subsidio será concedido por un máximo de seis meses, con la posibilidad de ser prorrogado por responsabilidades no cumplidas por el Gobierno durante la fase de Reencuentro. Los recursos destinados para seis meses serán de:
2. Salud.
Una partida para cubrir los gastos de atención en salud, fórmula que se acordará por las partes, en función de las oportunidades que ofrece el sector Salud. Además serán atendidos los casos médicos especiales.
3. Educación.
Consta de un programa de alfabetización y de un programa especial de educación formal acelerada (primaria y bachillerato), para lo cual los partes estudiarán diversas fórmulas.
4. Capacitación.
Consiste en la contratación de asistencia técnica especializada por parte del Gobierno, dirigida a capacitar a los beneficiarios en la formulación de proyectos productivos y de servicios urbanos o agroindustriales y a garantizar el debido seguimiento a los mismos. Las partes harán un diseño integral de este programa y examinarán diversas alternativas que ofrezcan entidades gubernamentales y no gubernamentales.
5. Programas complementarios.
Apoyo a los programas presentados por la Fundación en actividades culturales, de administración pública, recreativas, deportivas, culturales y de manejo del medio ambiente. Igualmente se llevará a cabo un programa de asistencia sicosocial.
C. FASE DE CONSOLIDACION
En esta fase, los beneficiarios adoptarán una de las tres opciones de proyecto de vida que a continuación se presentan:
1. Proyectos productivos y de servicios. Urbanos o rurales
Para este fin el Gobierno otorgará un crédito de 2 millones de pesos por beneficiario, con dos años muertos, pagaderos a cuatro años a partir de la concesión, interes del 12% anual y tasa de mora del 24%. El crédito se otorgará siempre y cuando haya concepto favorable de la entidad contratada por el Gobierno para la asistencia técnica y seguimiento de proyectos, y se atenderá el criterio de garantizar una debida continuidad entre las fases de transición y de consolidación. Para el caso de proyectos agroindustriales, el Gobierno diseñará un programa especial de adjudicación de tierras y de asistencia técnica. Estos proyectos se concebirán como demostrativos de manejo ambiental.
2. Estudios postsecundarios
Para este fin, se constituye un fondo de becas para cubrir matrículas y sostenimiento en una cuantía de dos millones por beneficiario para sostenimiento, con gastos de matrícula cubiertos por un fondo complementario. El crédito tendrá intereses del 12 % anual, con condiciones de pago iguales a las establecidas por el ICETEX.
3. Empleo estable
Consiste en la gestión gubernamental de búsqueda de empleo estable en el sector público o Privado.
D. FASE DE EVALUACION GLOBAL DEL PLAN
1. El PRT tendrá dos miembros en el Consejo Nacional de Normalización, uno de los cuales formará parte de la Comisión del Plan de Seguridad de este Consejo, y un técnico en el equipo que se establecerá para la política de reinserción en el Fondo Especial para la Paz.
2. Se instalarán Consejos Regionales de Normalización en Sucre, Córdoba, Bolívar y Magdalena. El PRT tendrá, además, delegados en los Consejos Regionales de Cauca, Antioquia y Atlántico.
3. El Gobierno incorporará a miembros del PRT en los equipos regionales de reinserción y normalización en regiones cubiertas por el Plan.
4. Se establecerán reuniones periódicas entre el Gobierno y las diferentes subcomisiones, con el ánimo de coordinar los diferentes componentes del proceso de paz con el PRT.
5. Las partes buscarán conjuntamente recursos nacionales e internacionales complementarios para el éxito del proceso de paz.
XI. POLITICA DE NORMALIZACION; PLANES REGIONALES
Los Planes Regionales constituyen una serie de inversiones a realizar para benecifio de la comunidad, con recursos estatales, y cuyo objetivo es afectar el desarrolo regional mejorando las condiciones de vida y bienestar de los pobladores. Se busca, así, contribuir e eliminar las desigualdades económicas y sociales, los factores de violencia, a la vez que se profundice en la democratización de la producción y en el fortalecimiento de la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones respecto a la planeación de la inversión y orientación del desarrollo.
A. CRITERIOS OBJETIVOS
1. Elementos fundamentales de los Planes Regionales es que la decisión final sobre la inversión a realizar sea realizada por la comunidad, mediante un ejercicio de participación y concertación.
2. En su conjunto los Planes Regionales deberán proponer alternativas de planeación que posibiliten dinamizar procesos de producción económica, social, política, y cultural, de modo que, a través de la participación comunitaria en la formulación, ejecución y seguimiento de la planeación total, se afecten las condiciones de miseria y las desigualdades existentes.
3. Los espacios de participación de la comunidad deberán buscar la concertación y la gestión de las fuerzas vivas locales y regionales comprometidas en lograr un desarrollo más armónico y efectivo para las regiones.
4. Los Planes Regionales deberán contar con la conjunción de esfuerzos entre el Gobierno Nacional y el PRT, que incluye el compromiso de todas las entidades que por alguna razón sea necesario que se involucren en la planeación y ejecución de los planes regionales. Igualmente se debe lograr la realización de un diagnóstico para las distintas regiones, el cual será presentado a las comunidades para su toma de decisiones.
5. Las inversiones a realizar fortalecerán los procesos de producción de riqueza colectiva producto de la organización empresarial de la comunidad con fines específicos, lo que necesariamente requiere de procesos específicos de capacitación.
6. Se preservarán los recursos y condiciones naturales vitales para la reproducción de la vida.
B. DESARROLLO DE LOS PLANES REGIONALES
1. El Fondo para la paz destinará la suma de 300 millones de pesos para la realización de programas y proyectos en la zona de conflictos de influencia del PRT.
2. Esta cifra será distribuida en los municipios que define la comisión bilateral que estará conformada por un delegado de la Consejería y un delegado del PRT.
3. Los municipios propuestos por el PRT que no puedan formar parte de los Planes Regionales tendrán un tratamiento especial. En estos municipios, las comunidades que sean de intéres específico del PRT, el Gobierno Nacional se compromete a que hagan presencia en los Consejos de Rehabilitación con todas las implicaciones que ello pueda traer. En los lugares en que no haya Consejos de Rehabilitación se buscará con las Gobernaciones, DRI, IPC, entre otras, el que dichas comunidades sean objeto de atención por parte del Estado.
4. Las comunidades indígenas de Cauca, Sucre, y Córdoba, en la zona de influencia del PRT, que no queden cobijadas por los Planes Regionales, formarán parte de proyectos integrales que para estos sectores sociales está implementando el Gobierno.
5. Los Planes Regionales se realizarán a partir de la elaboración de un diagnóstico y de un plan de trabajo producto del análisis y recopilación de los distintos planes de desarrollo regional existentes y de los planes sectoriales, que en las regiones definidas estén desarrollando las distintas entidades estatales, nacionales, departamentales o municipales.
6. El diagnóstico deberá realizarse en un término no mayor de tres meses a partir de la firma del Acta de Compromiso, para lo cual se convocarán sesiones extraordinarias de Consejos de Rehabilitación. En los municipios en donde no existan dichos Consejos se convocará a una reunión similar presidida por los alcaldes.
7. Entre el Gobierno Nacional y el PRT se buscarán mecanismos para vincular al desarrollo de los Planes Regionales a organizaciones no gubernamentales y al sector académico.
8. Establecido el diagnóstico, éste se presentará nuevamente en sesiones extraordinarias de Consejos de Rehabilitación, en las cuales la comunidad optará por la realización de determinado proyecto. Igualmente se hará en los municipios en donde no existen dichos Consejos.
9. A partir de la constitución del PRT como partido ploítico legal, sus representantes podrán participar en los Consejos de Rehabilitación.
10. El Gobierno Nacional estudiará la inclusión de municipios en el PNR propuestas por el PRT.
11. La comisión bilateral continuará su trabajo realizando la propuesta final del plan integral de Desarrollo Regional participante, que incluye los criterios de regionalización y de formación del plan, la metodología y la coordimación para la puesta en ejecución de los proyectos y obras a realizar.
12. La comisión bilateral encargada del diagnóstico contará con los recursos necesarios en materia de pasajes, así como el acceso a la información sobre planes de desarrollo existentes en distintas entidades.
XII SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS
1. Se crea una Comisión Bilateral para el seguimiento de todos los puntos del acuerdo, conformada por el Consejero para la Paz y un delegado del PRT.
2. Se crea una Comisión Técnica para el seguimiento de la política de normalización, reinserción y seguridad, compuesta por un delegado del Consejero para la Paz y un vocero del PRT.
3. Sin perjuicio de su autonomía operativa, la Comisión Técnica coordinará su trabajo con la política general de normalización y de reinserción, trazada por el Consejo Nacional de Normalización, organismo creado por el Gobierno para asegurar la debida representación del PRT, este organismo se amplía con la participación plena de un vocero de dicho movimiento, que hará parte de la secretaría técnica plural del Consejo.
4. Las comisiones bilaterales continúan su trabajo hasta que se implementen las propuestas establecidas por cada una de ellas, trabajo que debe coordinarse con el Consejo Nacional de Normalización.
DON GABRIEL, MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE
ENERO 25 DE 1.991
Por el Gobierno Nacional:
JESUS ANTONIO BEJARANO
Consejero Presidencial
CARLOS EDUARDO JARAMILLO
Asesor Consejería
GONZALO DE FRANCISCO
Asesor Consejería
ALVARO HERNANDEZ
Asesor Consejería
GABRIEL RESTREPO
Asesor Consejería
TOMAS CONCHA SANZ
Asesor Consejería
Por el PRT:
VALENTÍN GONZÁLEZ
SERGIO SIERRA
PABLO RONCALLO
RAFAEL GONZÁLEZ
ERNESTO FALLA
CUADERNOS DE REENCUENTRO 